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A principios de diciembre de 2024, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, adelantó en una entrevista televisiva su previsión de que el producto interno bruto (PIB), del país, crecería 4% ese año, y otro tanto en 2025. Poco más de once meses después, en noviembre de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI), detalló que el crecimiento de la economía nicaragüense para ambos años era de 3.6% y 3.8%, respectivamente.
La previsión para 2026 es aún más baja: solo 3.4%. Eso, según los datos consensuados con el Gobierno, porque los cálculos del mismo FMI, incluidos en el informe de Perspectivas Económicas para el continente americano, preveían un crecimiento de solo 3.0% en 2025, y de 2.9% en 2026.
El desempeño de 2025 estuvo acompañado de un aumento de 27.6% en las exportaciones de mercancías al tercer trimestre del año, lo que se explica por un fortísimo incremento en el precio del oro (que en diciembre superó la barrera de los 4500 dólares por onza troy) y del café. Por su parte, la inflación estuvo notablemente controlada, marcando 2.17% a noviembre. El riesgo mayor para la economía nicaragüense, como advirtió en septiembre la Fundación sin Límites, estuvo marcado por varios factores externos.
Varios de esos factores se originan en Estados Unidos, como la guerra arancelaria iniciada por el presidente Donald Trump, o la expulsión de migrantes, que afecta el crecimiento de la recepción de remesas. La presencia china, que ha sido una pesadilla para comerciantes y pequeños industriales nicaragüenses, también atenta en contra de la estabilidad de la economía local.
Amenazas apuntan contra el CAFTA
Las amenazas más potentes son las que atentan contra la capacidad comercial del país. En especial, las que pueden golpear al aparato exportador, que en 2025 llegaron por partida doble.
En octubre, una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) encontró que las leyes, políticas y prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “restringen el comercio estadounidense”. Con base en esos hallazgos, se propuso la suspensión total o parcial de los beneficios para Nicaragua, contenidos en el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) y la imposición de aranceles de hasta el 100% sobre nuestras exportaciones.
Al concluir el período que dio por cerrada esa investigación, el USTR comunicó la decisión de imponer aranceles escalonados que comienzan con 0% en 2026, y aumentan en 2027 y 2028. Desde antes del anuncio, empresarios y obreros de Zonas Francas comenzaron a buscar opciones para mantener sus empresas y empleos a flote.
La aplicación de ese cobro a partir de 2027 vendrá a profundizar la pérdida de competitividad que ya sufre Nicaragua, al recibir aranceles más altos que el resto de la región. Mientras toda Centroamérica —y a la mayor parte de los países del continente— se le impuso una recarga del 10%, a Nicaragua se le cargó con el 18%. Aunque hay varios rubros que sufrirán por esa medida, destacan las exportaciones de textiles y de arneses automovilísticos, sectores que emplean a decenas de miles de personas.
ZEE: una iniciativa con poca opción de éxito
La reacción del régimen fue operativizar un elemento que ya estaba en el artículo 161 de la nueva Constitución nicaragüense, que establece los “regímenes especiales de desarrollo”. El nombre elegido para ellos fue el de Zonas Económicas Especiales (ZEE), y aunque la ley no apunta a país alguno, la iniciativa legal hace referencia a “la Franja y la Ruta”, nombre de una estrategia global de China.
Adicionalmente, Laureano Ortega Murillo, hijo de los codictadores, ofreció terrenos estatales, exoneración de todos los impuestos durante todo el tiempo que operen en el país, así como mecanismos de facilitación para la instalación y operación en Nicaragua. El escenario fue la 18ª Cumbre Empresarial China–América Latina y el Caribe que se desarrolló en la ciudad china de Zhengzhou.
El problema es que el régimen no podrá resolver el hecho geográfico de la lejanía entre ambos países, lo que hace que sea más rentable producir para exportar a China desde cualquier nación vecina al gigante asiático. Perder las ventajas comerciales que nos otorga el CAFTA, haría desaparecer el atractivo de Nicaragua como plataforma para que las empresas chinas produzcan localmente para exportar a Estados Unidos.
La invasión de negocios y productos chinos
Desde que el régimen restableció relaciones con la República Popular China, la presencia e influencia de ese país en el nuestro no ha hecho más que crecer. En especial cuando entró en vigor el tratado de libre comercio entre ambos países, después de lo cual ha crecido el desbalance comercial en favor del gigante asiático.
El Informe de Comercio Exterior del tercer trimestre de 2025, elaborado por el BCN, muestra que al cierre de septiembre, Nicaragua había exportado 70.3 millones de dólares a ese país, a la vez que importaba 1341.5 millones en ese mismo período. La relación es de 19 a 1. A favor de China, evidentemente.
El aumento en las importaciones desde ese país (crecieron 51.1% entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025), significó una mayor presencia de mercadería fabricada en China, y apuntaló la invasión de negocios chinos. Aunque la inauguración del Supermercado Sogo fue un fenómeno comercial de alto nivel, en realidad solo fue una muestra de esa invasión que tanto consumidores como pequeños industriales y comerciantes vienen viendo desde hace unos años.
Si los consumidores celebran el aumento de la oferta a precios que son tan bajos como la calidad de los productos en exhibición, los comerciantes observan la caída de sus ventas, que ocurre en la misma proporción en que crece la invasión. El calvario alcanza a los dueños de pequeños talleres industriales, que han tenido que innovar y reinventarse para mantenerse a flote, procurando no tener que despedir personal.
1435 millones de razones para beneficiar a chinos
2025 fue también el año de la explosión de concesiones mineras a nombre de empresas de capital chino, proceso que había comenzado un año antes. En febrero de 2025, la dictadura otorgó a la empresa Brother Metal Sociedad Anónima, dos lotes que suman 31 572 hectáreas, ubicadas en Nueva Segovia y Chinandega. En julio, la premiada fue Global Group S.A., que recibió ocho concesiones que suman 121 877 hectáreas.
A finales de julio, la empresa china Thomas Metal S.A., recibió 47 410 hectáreas para explotación minera. El área concesionada está dentro de la Reserva de Biosfera Río San Juan, y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz. A mediados de octubre, Toyar Inversión Minera S.A., también de origen chino, recibió permiso para “aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos”. La superficie es de 2500 hectáreas, y está ubicada en Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
La generosidad de la dictadura significó la entrega de 568 251.3 hectáreas, que equivalen a unos 5682.51 kilómetros cuadrados (km2), entre octubre de 2023 y octubre de 2025, según datos oficiales analizados por CONFIDENCIAL. Eso supera holgadamente la superficie total de departamentos como Managua, (3465 km2 de extensión); Chinandega, (4822 km2 de extensión); y Estelí, que tiene 2230 km2 de extensión.
Para diciembre, ese número había crecido tanto, que se acercaba al millón de hectáreas entregadas en concesión.
En paralelo, se conoció que Calibre Mining, renunció a 260 000 hectáreas que había recibido en concesión en la región Caribe del país. Esto ocurrió mientras el Gobierno impulsaba un reclamo fiscal por USD 36.6 millones en contra de Equinox Gold, que anunció en marzo haberse fusionado con Calibre Mining.
La otra explosión registrada es la del crecimiento de los ingresos por exportaciones de oro, que pasaron de 949 millones de dólares a septiembre de 2024, hasta los 1435 millones a septiembre de 2025. Ese aumento de 486 millones se explica por un aumento de 9% en los volúmenes exportados, y de 39% en los precios recibidos.
Corrupción, confiscaciones, coimas y cobros
La corrupción oficial —y la “corrupción no autorizada”— siguió siendo la marca del régimen, que nunca respondió a las denuncias periodísticas por la creación y uso de Credicoop, cooperativa financiera creada para colocar en el sistema la riqueza que ha acumulado la familia. En vez de eso, el régimen ascendió a su exgerente de Bancorp, y luego gerente de Credicoop, Óscar Danilo Mojica Aguirre, al cargo de ministro de Hacienda, en el que permaneció menos de 100 días.
Otro de los negocios controlados por la familia presidencial es el de la paquetería. Esa actividad aprovecha el auge del envío de miles de paquetes con compras personales, otorgando permisos a decenas de pequeños empresarios que reciben trato especial por parte de las aduanas. A cambio, estos afortunados pagan un monto fijo a varios intermediarios que se reportan con hijos y nietos de la pareja presidencial.
En el modus operandi del régimen también permanece -y de manera activa- la figura de las confiscaciones. Es lo que le ocurrió a los inversionistas mexicanos y guatemaltecos que se aliaron con Álvaro Baltodano Monroy para que les manejara la concesión recibida sobre el campo geotérmico Momotombo. Cuando su padre, el general Álvaro Baltodano Cantarero cayó en desgracia con el régimen, él y su hijo fueron encarcelados, alegando lavado de dinero. Esa misma acusación fue la que se usó para confiscar la inversión. Los afectados guardaron absoluto silencio.
El cobro de coimas y la imposición de multas, reparos fiscales, sanciones y dudas de valor, continuó en 2025, apuntando contra empresas de origen extranjero para favorecer a los capitales chinos aliados de la familia gobernante. Entre los más afectados destacan la Compañía Recicladora de Nicaragua, con C$ 2899 millones (USD 79.2 millones). Hemco Nicaragua, con C$ 1447 millones (USD 39.5 millones, monto que el régimen incrementó hasta hacerlo llegar a los USD 49.3 millones). Equinox Gold (antes, Calibre Mining) C$ 1340 millones (USD 36.6 millones), y Agricorp con C$ 476 millones (USD 13 millones). No hay trazas de que eso vaya a cambiar en 2026.
Algo pasa con las remesas
Conforme con el discurso oficial que sitúa la inflación en 2.17% al mes de noviembre, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), asegura que la canasta básica total creció en solo 775 córdobas (3.9%) entre noviembre de 2024 (19 993 córdobas) y noviembre de 2025 (20 768 córdobas). El problema es que la realidad de las amas de casa que se surten en los mercados cuenta una historia diferente, en la que los precios siempre suben, y a un ritmo mayor que el admitido por la propaganda oficial.
El INIDE también es el responsable de generar la estadística que asegura mes a mes, que en Nicaragua prácticamente se acabó el desempleo. Su informe de agosto aseguró que “la tasa neta de ocupación nacional fue del 97.8%”. El dato se moderó en los dos siguientes meses, hasta situarse en 97% en octubre, pero volvieron a mejorarlo en noviembre de 2025, cuando supuestamente llegó a 97.6%.
Las remesas fueron la gran incógnita a lo largo de todo el año. Entre enero y abril de 2025, Nicaragua recibió 1943 millones de dólares en envíos familiares. Eso es 22.2% más que en el mismo período del año pasado, según este informe del Banco Central de Nicaragua (BCN). Si ese porcentaje de crecimiento se mantenía más o menos constante, el país terminaría recibiendo alrededor de 6400 millones en todo el año, pero lo cierto es que el último dato que publicó el BCN fue el de abril.
La “bendición” fondomonetarista
Como todos los años, una Misión Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitó Managua para reunirse con autoridades del ámbito económico. Al final de la visita, la Misión publicó un informe (con el visto bueno del Gobierno), en el que enlistaron sus hallazgos, e integraron sus recomendaciones.
Usando el lenguaje diplomático que le caracteriza, el documento insta a mejorar la transparencia, seguir reforzando el marco anticorrupción, y mejorar la puntualidad y la calidad de las estadísticas publicadas. A la vez, ignoró el ilícito de las confiscaciones, y la imposición de un Estado policial que limita la iniciativa de los ciudadanos para hacer negocios en el país.
El cierre de las fuentes multilaterales de crédito empujó al régimen a aumentar cada vez más su dependencia de las fuentes chinas que no solo ofrecen condiciones onerosas, sino que exigen que el país les entregue a ellos, el 20% del costo del proyecto a ejecutar. El problema es que las empresas chinas con las que se contrataron esos préstamos, no han estado cumpliendo su parte.
Todo ello, en un panorama en el que el presupuesto de cada año muestra cómo disminuyen los recursos, tanto externos como internos. En 2025, el régimen calculó que obtendría más de 31 200 millones de córdobas (27 575.5 millones en concepto de donaciones más préstamos externos, y otros 3662.4 en venta de bonos), para cumplir sus planes.
La realidad les hizo moderar sus expectativas para 2026, año para el que solo esperan obtener un poco más de 23 900 millones, sumando 22 085.7 millones de fuentes externas, con 1831.2 millones en colocación de Bonos de la República. La sequía de recursos les llevó incluso a buscar dinero en fuentes más lejanas… como Bielorrusia. En solo dos años, la deuda del país con esa antigua república soviética, pasó de cero a 104.3 millones de dólares.
Conscientes de que por la forma en que están alineados los astros, ese escenario no hará más que empeorar, la respuesta del régimen fue dictar una nueva Ley de Inversiones Extranjeras supuesta a atraer más recursos, aunque su apuesta para lograrlo, es aumentar el control sobre esas inversiones. El nuevo texto legal aprobado puso a Laureano Ortega Murillo al frente de la comisión gubernamental que supervisará esas inversiones.
La aprobación del Reglamento de esa Ley, no solo confirmó los poderes discrecionales otorgados al hijo de los copresidentes, sino que también se aseguró de proteger al socio chino. A ver si ellos corresponden a tanta deferencia.
