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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, destituyó a Bruno Gallardo Palaviccine, de 80 años de edad, como ministro de Hacienda y Crédito Público, por “retiro por jubilación” y en su lugar nombró a Óscar Mojica Aguirre, hijo del ministro de Transporte e Infraestructura, el mayor general en retiro, Óscar Mojica Obregón.
El ahora ministro Mojica Aguirre confirmado en La Gaceta estaba en la gerencia de Credicoop, entidad que funciona como caja chica del régimen para evadir sanciones y lavar los fondos de Bancorp y Caruna.
A inicios de la década de 2010, Mojica Aguirre ocupó la presidencia ejecutiva de Viviendas Económicas de Nicaragua S.A. (Vienicsa), que junto con Tecnosa, empresa propiedad de Francisco López, hacían negocios con los fondos venezolanos en viviendas de interés social. También aparece como dueño de la empresa que construyó la urbanización Valle de Sandino, administrada por Caruna, en donde los propietarios de esas casas denunciaron irregularidades en el pago de sus mensualidades.
Los Mojica ganan más poder
Una fuente que conoce las interioridades del MHCP, explicó a CONFIDENCIAL que esto representa un ascenso del general Mojica dentro de la escala familiar del poder. Al exmilitar ya le fue conferido el control sobre el MTI, así como sobre la Empresa Portuaria Nacional, el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, y la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales (EAAI). “Ahora sumale la red de empresas vinculadas a ellos”, observó.
La fuente prevé que esto reste poder al superministro Ovidio Reyes, que hasta ahora había suplantado algunas responsabilidades del titular de Hacienda, como cuando presentó el Presupuesto General de la República, en octubre de 2024. Lo que está ahora por verse, es cómo se comportará el nuevo ministro: si como un apéndice de Reyes, o como un allegado de su padre.
La fuente objeta la idoneidad de este nombramiento, considerando que “Mojica junior no tiene un muy buen historial en el manejo de las empresas donde ha estado”, además de considerar que “generalmente se ha movido en empresas que hacen movimientos turbios, operaciones de lavado de activos. Es peligroso que una figura con estas credenciales esté a cargo de las finanzas públicas, porque eso implica que habrá menos transparencia”.
Un empresario que también pidió el anonimato, expresó sus sospechas que la “jubilación” de Gallardo, se enmarque en la desintegración del entorno empresarial que respondía al comandante Bayardo Arce. “Bruno fue el abogado de Bayardo en el robo de empresas y activos que se suponía eran del partido y, como tal, escrituró muchas propiedades de la piñata. Él era uno de los abogados de confianza de Bayardo”, aseveró.
Gallardo, educador y abogado, pero no financiero
El historial de Gallardo, publicado por el Banco Central de Nicaragua, muestra que es miembro pleno del Consejo Nacional de la Educación desde 1990. Él llegó al Ministerio de Hacienda en 2007, el mismo año que el entonces ministro Alberto Guevara, un protegido de Arce.
Desde el puesto de director de Asesoría Legal, el abogado, exdiplomático, autor y educador, ascendió primero a director general de Contrataciones del Estado. De ahí, a asesor principal de la Dirección Superior, viceministro de Hacienda en noviembre de 2021, y ministro en junio de 2024. Su currículo no muestra estudios en materia financiera, pero sí un máster en Alta Gerencia en la Administración Pública.
Su carrera se vio beneficiada indirectamente por la política de sanciones de Estados Unidos en contra de los funcionarios públicos a los que señala de cómplices de la dictadura. Así, cuando Iván Acosta fue sancionado en mayo de 2020, Gallardo lo sustituyó en el cargo de representante de las acciones del Estado en las distribuidoras de energía DISNORTE y DISSUR, según el acuerdo 46-2020.
El 17 de junio de 2020, Acosta nombró a Gallardo como su “suplente exoficio” en el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército, donde el ministro tenía un asiento en la junta directiva.
Al asumir como viceministro, se le otorgó poder de firma para los “documentos necesarios para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros y los derivados de la ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional”.
Finalmente, el régimen le instaló al frente del ministerio en sustitución de Iván Acosta, que hasta ese momento era uno de los dos hombres fuertes al frente del aparato de control económico.
