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La más reciente ola de multas tributarias en contra de empresas de capital extranjero afincadas en Nicaragua pretende favorecer a los capitales chinos, aliados de la familia gobernante, según dos analistas y un empresario consultados por CONFIDENCIAL.
La práctica común del régimen ha sido cobrar coimas, imponer multas, reparos fiscales, sanciones, dudas de valor, entre otros recursos de extorsión al capital privado en Nicaragua. Ese modus operandi se ha vuelto más evidente en las últimas semanas, al conocerse la imposición de multas gigantescas en contra de empresas alimenticias, recicladoras y mineras, entre otras.
- C$ 2899 millones (USD 79.2 millones) a la Compañía Recicladora de Nicaragua.
- C$ 1447 millones (USD 39.5 millones) a la minera Hemco Nicaragua
- C$ 1340 millones (USD 36.6 millones) a Equinox Gold (antes, Calibre Mining)
- C$ 476 millones (USD 13 millones) a Agricorp
Protegiendo al socio chino
Para Félix Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad, la política extorsiva del régimen persigue tres objetivos.
El primero, hacer “caja inmediata en un contexto de restricciones externas”. El segundo, imponer “disciplina política sobre el gran capital”, enviando un mensaje implícito: “obedecen o los destruyo”. El tercero, “reconfigurar el mapa de rentas a favor de actores alineados con el régimen y con intereses chinos”. Maradiaga señala que los embargos y multas a la Compañía Recicladora de Nicaragua (filial de la CCN), y los reparos a las mineras Calibre/Equinox y Hemco, “ilustran un patrón de cobros arbitrarios que no busca justicia tributaria sino sumisión”.
El economista Juan Sebastián Chamorro valora que “lo de la recicladora, en estricto rigor es una multa, pero ese monto es prácticamente una confiscación o un cierre obligado de la empresa”. Advierte que el objetivo fue hacer que dejara de operar, porque “los chinos están construyendo una planta de fundición para que los metales puedan ser reciclados y vendidos en Nicaragua”. Y no quieren que tenga competencia.
Beneficios a planta de fundición china
La planta siderúrgica de los chinos en Nicaragua está en construcción. Establecida en los altos de Nindirí, llama la atención de todo aquel que pasa por ahí, y ve el tamaño de las obras. Un empresario que accedió a hablar con CONFIDENCIAL desde la seguridad del anonimato, dijo que esta será la más grande de Centroamérica, contando con capital chino. Así también lo dijeron los medios afines a la familia gobernante, asegurando que se trata de una inversión de 50 millones de dólares.
El empresario no descarta que los asiáticos sean socios de la familia Ortega – Murillo. O de algún general del Ejército. “Es impresionante lo que están construyendo”, aseguró después de verlo. Adelantó que se fabricarán varillas de hierro, liso y corrugado como las que se usan para construir desde una casa hasta un edificio. Además, planean surtir el mercado interno y, si producen lo suficiente, comenzar a exportar a Centroamérica.
Al igual que Chamorro y Maradiaga, este empresario también advierte la intención de pavimentar el camino de la recicladora china, sacando de circulación a cualquiera que pueda hacerle competencia. “¿Con qué materia prima opera esa empresa?”, se pregunta de forma retórica. “Con chatarra”, se responde. “¿A quién le hicieron el reparo de 69 millones de dólares? A la recicladora”, insiste. A partir de ahí, su conclusión es simple: “le están eliminando la competencia a los chinos”.
Liquidando al capital tradicional en Nicaragua
Su análisis le lleva a asegurar que el régimen está “decidido a liquidar el capital tradicional, y sustituirlo por un capital emergente… como sustento del poder político. Quieren liquidar la élite económica tradicional, a la cual consideran su rival estratégico, y acusan de haber financiado el ‘intento de golpe’. Además de neutralizarlo, quieren sustituirlo con un capital emergente que esté vinculado al régimen”. En ese grupo caben tanto las empresas ligadas a la familia gobernante, como las que son propiedad de los generales del Ejército.
Cita como ejemplo los barcos cargados de cemento vietnamita que entran cada seis semanas por Puerto Sandino para construir carreteras y hospitales, en detrimento de la producción que podrían proveer Holcim y Cemex. O las empresas familiares que importan y surten de medicinas al Minsa y al INSS. O las nuevas empresas de construcción que reciben la mayor parte del pastel, en detrimento de las constructoras tradicionales que edificaron muchas obras en el país, incluso durante los primeros 11 años de administración Ortega.
El ‘pecado’ de no ser dignos de confianza
La deuda externa del Estado nicaragüense creció en 4018 millones de dólares entre 2015 y 2025. Eso representa un incremento de 86.3%. Lejos de cuestionar el hecho, el empresario citado señala que “en ningún quinquenio en la historia de este país, he visto la magnitud de inversión pública que ha hecho este Gobierno en los últimos cinco años. No tiene comparación”.
En la lista que puede recordar hay carreteras y hospitales. Estadios y parques de feria. Puertos marítimos y pistas de aterrizaje. Sin embargo, señala que, pese a realizar esa gigantesca inversión pública, no han logrado generar una explosión de inversión privada.
La razón, a su criterio, son las políticas antidemocráticas que aplica el régimen. Añade a eso un elemento que ayuda a entender el por qué del fracaso del régimen: sus erradas políticas económicas y fiscales.
A modo de ejemplo, cita que China no es una democracia, pero su desarrollo económico es innegable. En su momento, Taiwan, Corea del Sur y Singapur, tampoco eran democracias, “pero desarrollaron un ecosistema de inversión que generó confianza y certidumbre. Crearon un sistema educativo para formar el capital humano que le dio soporte a la estrategia para transformarse de países agrícolas, a países desarrollados”, rememoró.
Por el contrario, la administración Ortega Murillo “implementa un extraordinario programa de inversión pública, y a la par, aplica una política fiscal draconiana que prácticamente vacía las cajas de las empresas”, contrastó. Esa política fiscal sirve para recaudar, y permite debilitar a las empresas, grupos empresariales o sectores a los que quieren atacar, pero también envía un mensaje al sector privado y a la inversión extranjera.
El Estado-partido como parte interesada
A criterio de Maradiaga, “el mensaje es pavorosamente claro: el Estado dejó de ser árbitro y se convirtió en parte interesada. Quien no sea políticamente funcional al régimen puede enfrentar reparos fiscales retroactivos, embargos expeditos y asfixia regulatoria. Es la antítesis de un clima de inversión serio; no hay contrato ni exoneración que compense el riesgo político”, sentenció.
A primera vista, parece un sinsentido seguir aplicando esa política extorsiva mientras se acerca el momento en que Washington decida cómo responder a los hallazgos de la investigación del USTR. Maradiaga no lo ve así. Explica que “en los autoritarismos, la lógica no es el crecimiento inclusivo sino la supervivencia del clan: extraer rentas del sector formal para comprar lealtades, financiar el aparato represivo y hacer ‘espacios a medida’ para capitales aliados (hoy, principalmente chinos)”.
El experto hace notar que, mientras se acerca el fin del plazo del 19 de noviembre que se dio el USTR para escuchar lo que tengan que decir empresas y ciudadanos acerca del resultado de su investigación contra el Estado de Nicaragua, el régimen hace su propia jugada. Crea las ZEE con perdón fiscal ilimitado y control directo del Ejecutivo.
A la par, “exprime a quienes aún generan divisas y empleo”. Pero no hay falta de concordancia con lo que debería ser una respuesta razonable para enfrentar esta situación. No lo es siendo que, como dice Maradiaga, para este régimen “el choque con Washington no es una externalidad: es una estrategia”.
