AA
Share
El nieto de la pareja presidencial, Rafael Ortega (hijo de Rafael “Payo” Ortega) y su esposa Margarita Sánchez, forman parte del grupo selecto de empresarios que dirigen la red millonaria de negocios de paquetería, que opera con el favor del Estado, y con el visto bueno de Laureano y Maurice Ortega Murillo.
CONFIDENCIAL desveló la existencia de un mecanismo que fomenta la compra de miles de productos en el extranjero y su internación en el país sin pagar los impuestos correspondientes. Si bien el esquema ofrece ventajas a los consumidores, son dos miembros de la familia gobernante —los hermanos Laureano y Maurice Ortega Murillo a la cabeza— los que manejan con “los dados cargados”, la llave de entrada para participar en el negocio, a costa de la evasión fiscal autorizada.
Los hermanos Ortega Murillo no aparecen como dueños de ninguna de las empresas del negocio de la paquetería, que se maneja a través de testaferros y gestores.
En el segundo nivel del escalafón hay un grupo de agencias grandes, autorizadas para traer mercadería, y para prestar ese servicio a agencias más pequeñas. La principal es el Grupo Garza, cuyos dueños (aunque no figuren legalmente), son el nieto Rafael Ortega (hijo de Rafael Ortega), y Margarita Sánchez, su esposa.
La lista incluye a Amaru Mojica, dueño de la agencia Rapidus. Él es hijo de José Mojica Mejía, conocido testaferro de Daniel Ortega.
Aereoman, Inversiones Payita, el Grupo Khatib, Compras Express, 1Click, y Roambeth, también forman parte de ese grupo selecto.
Si alguien quiere entrar al negocio debe ponerse en contacto con los operadores que responden a estas Laureano y Maurice Ortega Murillo -o con alguna de las agencias del segundo escalafón que dependen de ellos- para obtener el permiso.
“Las agencias no tratan directamente con la figura, (se refiere específicamente a Laureano Ortega) sino con operadores, que son los que se arreglan directamente con la gente de arriba. Ellos negocian, establecen el precio que podés cobrar, y listo”, explicó el empresario. Y después, a instalar la empresa.
Este negocio multimillonario —en el que el fisco es el gran perdedor— viene desde años atrás. En 2012, CONFIDENCIAL y el programa Esta Semana, revelaron la existencia de dos privilegiados que eran los únicos que podían importar mercadería para abastecer al gigantesco Mercado Oriental. Eran Félix Hernández y Roberto Rivas Méndez, de Importaciones Payita y Comercializadora Roambeth, respectivamente. Los dos siguen activos, pero fueron desplazados por las importaciones de “paquetitos”.
Hasta 2020, “Payita” y “Roambeth”, como les conocen sus clientes, habían escalado su negocio. Si antes la mayor parte de la mercadería que importaban provenía de Panamá -de la Zona Libre de Colón, específicamente- para ese año ellos también estaban trayendo mercadería desde Estados Unidos. El secreto de su éxito estaba en la relación con las más altas esferas del poder, conexión que les facilitaba introducir sus contenedores al país, mientras ponían infinitas trabas a cualquier competidor.
Diversas fuentes vinculadas al negocio de importación explicaron a CONFIDENCIAL —desde el anonimato— que Hernández y Rivas tuvieron que ceder parte del pastel a los dos hermanos Ortega-Murillo. Si antes aquellos decidían lo que se hacía y lo que no, y cómo hacerlo, ambos tuvieron que dar un paso atrás al entender que pasaban a ocupar el papel de “segundones”.
Un empresario del sector relató que una persona que trabajaba para él, visitó una sede de Inversiones Payita en Estados Unidos: “Antes rentaban dos bodegones, ahora solo tienen la oficina y una bodega muy pequeña. Ya no manejan los volúmenes que tenían antes”, explicó.
Las pérdidas en Aduanas son millonarias
No hay certeza acerca de cuántos paquetes llegan por día, semana o mes al país, aunque el empresario citado antes no duda que los administradores de la Aduana lo sepan, “porque ellos llevan ese registro. Ellos saben cuándo viene mercadería de ese tipo”, dijo reconociendo que también es cierto que viene mercadería muy variada, lo que hace que sea muy difícil de cuantificar.
Un profesional con experiencia en gestiones aduaneras, explica que Nicaragua no es la única entidad interesada en saber cuánto dinero se pierde por esa vía. “Eso no lo ha podido hacer ningún organismo internacional: ni el GAFI (el Grupo de Acción Financiera Internacional), ni la Unctad (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). Ni siquiera la OMA. Nadie lo ha podido cuantificar”, reitera.
Los expertos de esas organizaciones se limitan a calcular que el costo global de ese esquema asciende a cientos de millones de dólares. El empresario reconoce que “es un dato bien difícil de aproximar, pero es evidente que son millones de dólares los que se le burlan al fisco” con este esquema de corrupción autorizada.
Empresas formales del negocio de la paquetería salen perdiendo
La lista de damnificados incluye a las empresas aduaneras y las importadoras que ven perjudicados sus negocios. Atrasos, en el caso de los primeros, al efectuar las gestiones para poder desaduanar la mercadería. Competencia desleal, en el caso de los segundos.
Muchas tiendas medianas y pequeñas están aprovechando este mecanismo para surtirse de productos, explica el empresario. Lo hacen porque saben que los inspectores de Aduanas tienen instrucciones de apartar la mirada al revisar la mercadería que viene en paquetes. “A esa no se le hace el mismo tipo de inspección que la que recibe un furgón con mercadería de una gran empresa, y eso permite introducir al país una docena de esto o dos docenas de lo otro”, graficó.
El empresario explica que toda esa actividad comercial que se mueve de manera semi informal, se surte a través de estas agencias. “No solo estamos hablando de Managua, y no necesariamente del Mercado Oriental. También de tiendas que están en los módulos de los centros comerciales. Mucho del comercio que vemos en las cabeceras departamentales se surte por estas mismas vías”, señaló.
Explicó que esto afecta a las empresas grandes que pagan impuestos y tienen que esperar hasta que se realicen los trámites normales para recibir su mercadería. Un ejemplo es el mercado de celulares. Las empresas que importan celulares no pueden competir con el mercado negro, ni con el ciudadano que decide comprar en línea y hacer que se lo envíen a Nicaragua.
“Alguien puede comprar el último modelo de iPhone directo al fabricante por 800 dólares, más 15 o 20 dólares por el transporte. Ese mismo aparato, el mercado negro lo vende en 1000 dólares y las tiendas formales en 1500. Todo eso afecta directamente a estos grandes negocios, pero ellos no van a hablar porque no quieren problemas”, relató.
Permitir ese tipo de actividad pone en desventaja al sector formal con respecto al informal, “que es lo que ocurre cuando hay empresas que trabajan al amparo de este tipo de padrinos”, advirtió el profesional.
Dado que esto no es contrabando, sino defraudación aduanera, cuando hay empresas que utilizan este mecanismo de forma regular, “el fisco debe determinar con precisión qué es lo que están trayendo, y confirmar si se pagó o no el impuesto justo. Si confirman que no fue así, habría que hacer los ajustes correspondientes” a todas esas empresas, señaló.
