AA
Share
La nueva Ley de Inversiones Extranjeras y su reglamento, aprobadas por la Asamblea Nacional, harán que el país sea menos atractivo para la inversión extranjera, “si es que Nicaragua puede ser menos atractiva de lo que ya es”, opina el economista Juan Sebastián Chamorro. De paso, exaltan y dan más poder a la figura de Laureano Ortega Murillo, y sirven para proteger las inversiones chinas, al eliminarles cualquier competencia, añade.
El 24 de febrero de 2025 se publicó en la edición número 36 de La Gaceta, Diario Oficial, la Ley 1240, Ley de Inversiones Extranjeras. Su objetivo declarado es fortalecer “la promoción, el fomento, la facilitación del proceso de registro de las inversiones, y la formalización empresarial”. Luego, el 4 de junio, se publicó el Decreto 8902 de la Asamblea Nacional, con el Reglamento de la referida Ley, para dejarla operativa.
Algunos de los elementos más importantes de esa ley son la conformación de una Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), coordinada por el asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional. O sea, por Laureano Ortega Murillo. El otro elemento es la creación de un registro obligatorio de inversiones extranjeras, que deberá hacerse ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Para el economista Chamorro, ambos elementos apuntan al fortalecimiento del proyecto dinástico, por una parte, y a otorgar base legal a la familia Ortega-Murillo, para que puedan apropiarse de una empresa que les resulte atractiva.
“Esta ley muestra tres elementos bastante característicos de la dictadura Ortega-Murillo y de las dictaduras en general. Primero, una alta discrecionalidad”. El segundo es la “extrema ambigüedad” porque no establece parámetros claros ni bien definidos, y el tercero el hecho que suma enormes poderes discrecionales a Laureano Ortega, de cara a la permanencia de la familia en el poder, dijo el economista.
Estos tres elementos son recetas para ahuyentar a los inversionistas, asegura Chamorro, aunque no se detiene ahí. El también exviceministro de Hacienda señala que el hecho que ellos son quienes definen cuáles son los sectores que se van a considerar ‘estratégicos’, le confiere más ambigüedad y discrecionalidad a esta política que supuestamente está para promover inversiones, “pero es todo lo contrario”.
En beneficio de la familia
Revisando la historia de la familia en materia de su comportamiento empresarial, Chamorro detecta que esta nueva Ley y su reglamento apuntan a facilitar que los Ortega-Murillo puedan hacerse con cualquier empresa que les resulte atractiva. Al respecto, recordó que cuando identifican sectores o proyectos que les interesan -como el energético- “el Estado pedía una participación accionaria, que es básicamente una coima institucionalizada”.
Por ello, no descarta que se implemente esa práctica. “Al tener participación accionaria se abre la puerta para la confiscación, a través de este registro que es igual de discrecional, como discrecional es la ley entera. Al registrarse la inversión, está sujeta a que se cancele dicho registro y que por lo tanto se confisque sin poder apelar. Quienes inviertan a partir de ahora, tienen que tener claro que el clima de inversión es aún más restrictivo”, advirtió.
“¿Que tanta oferta de inversión extranjera directa tiene Nicaragua para darse el lujo de discriminar a ese extremo quiénes entran y quiénes no, y amenazarlas con que si no cumplen lo planeado, se van?”, se preguntó por su parte un profesional con experiencia en finanzas que pidió mantener su identidad en reserva.
“¿No será que estamos leyendo mal las cifras, y Ortega tiene tan bien la creación de empleo, la generación de ingresos al fisco, las exportaciones, la balanza de pagos, las reservas internacionales, etc., que realmente puede darse ese lujo?”, cuestionó.
Datos del Banco Central de Nicaragua muestran que la IED neta casi se duplicó en los últimos cinco años: desde los 746.5 millones de dólares registrados en 2020, hasta los 1352.3 millones de 2024. Las fuentes principales fueron la reinversión acumulada de utilidades (882.7 millones); los nuevos aportes de capital (329.2 millones), y el endeudamiento externo con empresas relacionadas, con 140.4 millones de dólares.
El registro de inversionistas, Chamorro lo ve como “un elemento fundamental que pone en desventaja al país con relación a otros países” con los cuales compite por atraer capitales extranjeros. Su tesis es que cuando un inversionista vea cuál es el estatus y el ambiente legal que protege la inversión en nuestro país, “se va a encontrar con esta ley totalmente abusiva, y obviamente va a ser ahuyentado”.
Protegiendo al socio chino
El exviceministro de Hacienda identifica una razón más para aprobar una ley como esa, con ese contenido: promover las inversiones de China en Nicaragua, y restringir la competencia. Cita la historia reciente en materia comercial y contractual, para sustentar esa tesis.
Al referirse al tema comercial, mencionó que “los chinos se están apoderando de los mercados, coludidos con funcionarios de Gobierno para hacer competencia desleal al sector comercio, y acabar con ese sector tal como lo conocemos”. Adicionalmente, recordó que Nicaragua se está endeudando aceleradamente con la esperanza de ver a empresas constructoras chinas invirtiendo en el país.
Al respecto, señala que “esas inversiones tienen dos componentes: una es la opacidad característica de los chinos y de los señores Ortega-Murillo con la contratación de esas obras”. Lo dice recordando que las mismas “no se rigen por los estándares de contrataciones y compras internacionales como son la transparencia, la publicidad, la competencia y la igualdad de condiciones, sino que lo hacen de forma totalmente opaca”.
En este proceso, la familia Ortega-Murillo cuenta con la complicidad de la Asamblea Nacional que aprueba todos los proyectos de ley que se le envían. Ese modus operandi “endeuda de manera significativa al Estado nicaragüense con condiciones en extremo onerosas que se traducen en más altas tasas de interés, menores periodos de gracia y menores plazos de pago de la deuda”, detalló.
Una deficiencia más -de cara a los intereses de la nación- es que las cláusulas de los contratos firmados con empresas chinas otorgan autonomía y plenos poderes al contratista, para que haga los cambios que considere pertinentes, obligando al Estado a pagar por esos cambios. “Esto deja en completa indefensión y socava la soberanía del Estado de Nicaragua”, opinó Chamorro.
Al tratar de entender las razones que llevan a Ortega a dictar leyes como la 1240 y su reglamento, el profesional experto en finanzas se pregunta si el dictador decidió “con una lógica antieconómica, arrojarse a los brazos chinos creyendo que lo proveerán de todo”. Su respuesta es que sería ideal revisar bien las cuentas nacionales, y los detalles de los planes de Ortega con la inversión china.
