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El aparato gubernamental de la dictadura en Nicaragua lo integran, de acuerdo con la Ley, por lo menos dieciocho ministros y más de veinticinco directores de entes descentralizados, y un número aún mayor de viceministros y codirectores, que de forma calculada contribuyen a diluir la autoridad ejecutiva en las instituciones públicas, con un sistema de chequeos políticos y contrapesos.
El universo total de cuadros clave del Gobierno se amplía a más de doscientos funcionarios, cuando se incluyen a los alcaldes de los principales municipios que, desde 2022, el FSLN se adjudicó en su totalidad. Además, están los mandos del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, y los magistrados de los poderes del Estado, ahora reducidos a “órganos” que funcionan como ramas del Ejecutivo.
Sin embargo, solamente unos veinticinco altos funcionarios, entre ellos por lo menos cinco hijos de la pareja presidencial —Laureano, Rafael, Daniel Edmundo, Camila y Maurice— son quienes mantienen aceitada la maquinaria transmitiendo las órdenes y las líneas del poder.
Estos son los operadores que manejan los cuatro pilares del poder: la represión política; el control del Estado-partido; el manejo de la economía y la corrupción; y la censura y la propaganda oficial.
La presidencia —ahora “copresidencia”— también tiene una veintena de asesores en la planilla del Estado registrados en decretos publicados en La Gaceta. Unos pocos tienen funciones específicas, la mayoría son exministros que jugaron algún papel relevante, o funcionarios destituidos a quienes se les ha asignado un cargo ficticio de consolación, como el “exnúmero dos” del Ejército, mayor general Óscar Balladares, nombrado “asesor en asuntos de infraestructura”, cuando se abortó su proceso de ascenso a la jefatura de la institución en 2013.
Una investigación de CONFIDENCIAL, publicada en septiembre de 2024, detalló que desde 2007 Ortega ha nombrado a 47 asesores presidenciales para premiar, castigar o jubilar a funcionarios, con altos salarios y sin funciones concretas, como un cargo “comodín” en la dictadura. De estos, menos de 11 siguen “activos”, dos de ellos (Bayardo Arce y Steadman Fagot) están presos en condición de desaparición forzosa, y otros dos (Iván Acosta y Horacio Rocha), están caídos, y no ejercen ninguna función.
Los operadores políticos entran y salen del núcleo de la pareja presidencial, en función específica de su ámbito de acción. Intervienen y supervisan, y algunos externan opiniones, pero no deliberan, solo ejecutan órdenes.
La lealtad es el requisito fundamental para calificar en esa función y, sobre todo, contar con la confianza de Rosario Murillo. Pero nada garantiza su permanencia en un orden político dominado por un férreo verticalismo.
Tras la aprobación de la Constitución “Chamuca” y la purga sin fin de Murillo, estos son —por ahora— los anillos del poder y los operadores más influyentes que manejan los pilares del régimen.
El control de Gobierno, el FSLN y los paramilitares
La administración cotidiana del Gobierno, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y la fuerza represiva de los paramilitares, es manejada de forma directa por Rosario Murillo, a través de sus dos principales operadores políticos: Fidel Moreno y Gustavo Porras.
Porras y Moreno también han supervisado los programas sociales de impacto político (el Bono Productivo, Usura Cero, Plan Techo, Calles para el Pueblo) en coordinación con las estructuras partidarias territoriales del FSLN.
Aunque Moreno y Porras se coordinan para ejecutar las tareas asignadas por Murillo, cada uno maneja su propio feudo de poder, y compiten por extender su propio radio de influencia reclutando lealtades de los cuadros subalternos.
Fidel Moreno, el hombre de confianza de Murillo
El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, representa el poder real en la comuna, y es el enlace con el sector empresarial que ejecuta las grandes obras de infraestructura.
Moreno es también el secretario de organización del partido FSLN, y actúa como el director de recursos humanos del régimen, elaborando las propuestas de candidatos a ubicar en los principales puestos, en un gobierno que tiene un alto grado de rotación de personal.
Fidel Moreno coordina las operaciones de los paramilitares con la Policía y la inteligencia del Ejército y es el principal enlace con los gobiernos municipales y las estructuras partidarias del FSLN. También es el interventor político de Murillo en la Corte Suprema de Justicia, y de otras instituciones como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (Sinapred).
Gustavo Porras, el agitador que controla a los diputados
El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, controla el Poder Legislativo, la bancada del FSLN, las alianzas con los partidos “zancudos”, y los sindicatos a través del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
También actúa como el operador-interventor de un vasto sector del área social del Gobierno, que incluye los Ministerios de Salud y Educación, el Instituto de Turismo y el Ministerio de Agricultura. Porras sufrió una pérdida importante con la intervención política y el cierre del desaparecido Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).
En coordinación con Porras, Roberto López dirige el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y es descrito como uno de los funcionarios “más cercanos” a Murillo, ordenando la confiscación de pensiones de ciudadanos, disidentes, ex empleados públicos y opositores en el exilio.
Campbell y los súper alcaldes: el control en los territorios
En un segundo plano, Lumberto Campbell es el único de los operadores políticos tradicionales que sobrevive bajo el mando de Murillo, para los asuntos relacionados con el Frente Sandinista, la Costa Caribe, y el Consejo Supremo Electoral, donde permanece tras haber renunciado a la Presidencia, alegando problemas de salud.
Los secretarios políticos del FSLN también tienen presencia en todas las instituciones públicas y cumplen funciones clave en la “red de vigilancia e inteligencia del aparato estatal”.
Entre los secretarios políticos más sobresalientes en la represión están los alcaldes Sadrach Zeledón Rocha, en Matagalpa, y Leónidas Centeno Rivero, en Jinotega, quienes “lideraron la represión en sus respectivos departamentos”.
Los “tres jefes policiales”: Francisco Díaz, Victoriano Ruiz y Zhukov Serrano
Desde 2007, los asuntos policiales han estado bajo la intervención política de la secretaría del FSLN y, desde 2018, bajo la supervisión directa de Rosario Murillo.
Al inicio era con la intermediación del asesor presidencial en temas de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau; después, a través del comisionado general en retiro Horacio Rocha, y ahora bajo la intervención de Murillo a través de la tríada de jefes policiales: el primer comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, y consuegro de la pareja presidencial; el codirector de la Policía, Victoriano Ruiz nombrado en 2025. Con ellos también manda el subdirector general y jefe de de Investigación e Inteligencia Policial desde de 2022, Zhukov Serrano Pérez.
“En la Policía, Rosario Murillo manda a través de los tres jefes policiales”, precisó un exoficial de la Policía que conoce de primera mano los mecanismos de intervención política de Murillo.
La lealtad de la Policía se selló con sangre en 2018, cuando codo a codo con los grupos paramilitares ejecutaron la represión y masacre contra las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril, con más de 350 asesinatos y miles de heridos.
La Policía también dirige el estado policial de facto, impuesto desde septiembre de 2018 para prohibir cualquier tipo de manifestación contra la dictadura, en un aparato de vigilancia, espionaje y hostigamiento que ha obligado a cientos de miles de nicaragüenses al exilio.
En febrero de 2025, Francisco Díaz juró “lealtad y obediencia” a los dictadores, en su investidura como jefe de la Policía para un segundo período consecutivo. Durante el acto, Murillo aprovechó para tomar la promesa de ley a una “selección” de 30 000 encapuchados designados como policías voluntarios.
A principios de 2025, en un período de seis semanas, la dictadura quintuplicó el tamaño de su principal brazo represor en Nicaragua, al integrar a la Policía a más 76 800 “policías voluntarios”, un término que la dictadura usa desde 2018 para justificar la actuación de grupos paramilitares. Con ellos el número de policías pasó de 20 474 oficiales en 2024 a 105 285 en febrero de 2025. Este “ejército” de Murillo es el mayor número de policías en la historia del país, pese a que la dictadura dice que se viven tiempos de paz.
El general Julio César Avilés y el “tapón” de generales del Ejército
Bajo la presidencia de Ortega, las relaciones entre el Ejecutivo y la institución militar nunca se han canalizado a través del Ministerio de Defensa o de algún otro intermediario: hay una administración delegada a cargo del jefe del Ejército, el general Julio César Avilés.
El propio Daniel Ortega atendía de forma directa al general de Ejército, Julio César Avilés, por una petición expresa de la cúpula militar, hasta que esta delegación pasó a manos de Rosario Murillo a mediados de 2025.
En febrero de 2025, Avilés juró lealtad a Ortega, Murillo y a la Constitución “Chamuca”, que le confiere a la pareja dictatorial un poder absoluto. El general de Ejército asumió un cuarto período consecutivo como jefe del Ejército, en un acto oficial en el que también se entronizó la veintena de generales que integran la cúpula militar y el “tapón” que impide los ascensos en la carrera militar.Tres meses después, en mayo, Avilés reiteró ante los militares que el Ejército respetará la reforma a la Constitución que incluyó la figura de los “copresidentes” y designó a Murillo, junto a Ortega, como jefes supremos de las Fuerzas Armadas.
Al frente del “tapón”, junto con Avilés en la Comandancia General, están el jefe del Estado Mayor, Bayardo Rodríguez, y el inspector general, Marvin Corrales, ambos estrenados con el nuevo rango de “coronel general”, en mayo de 2025. La “copresidenta” Rosario Murillo atiende de forma directa al general Avilés y a la Comandancia General, sin la participación de Daniel Ortega, que preside únicamente en los actos ceremoniales.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
(GHREN), en febrero de 2025, aseguró que, durante las manifestaciones de 2018, el jefe del Ejército “ordenó la participación de militares en la represión”, que conllevó a la pérdida de vidas humanas de nicaragüenses, consideradas ejecuciones extrajudiciales. “Esto ocurrió en varias ocasiones y también su participación como grupos armados de una manera camuflada en las ejecuciones”, indicó el jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del GHREN.
Como jefe del Ejército, el general Avilés es el operador que, con autonomía, reúne más poder político, militar, y económico, después de Rosario Murillo y Daniel Ortega.
A través del Instituto de Previsión Social Militar, Avilés controla el brazo empresarial e inversionista del Ejército en negocios de construcción, comercio, sector agropecuario, desarrollo inmobiliario, y servicios de salud. A la vez, actúa como protector de la red de negocios privados de los exmilitares y como promotor de la colocación de los exoficiales del Ejército como funcionarios del régimen.
Ovidio Reyes: el “superministro” de Economía
Durante su segundo y tercer gobierno, el régimen cosechó un reconocimiento a nivel nacional e internacional, por facilitar una administración responsable de la macroeconomía. Ese mérito se atribuyó al expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, y al economista y representante de Nicaragua ante el BCIE, Silvio Conrado, quien fue una de las personas más influyentes ante Ortega en temas económicos, y falleció en 2018.
Pero bajo el mando de Rosario Murillo, el principal operador económico es Ovidio Reyes, nombrado presidente del BCN en 2014, como sucesor de Alberto Guevara. Reyes es un técnico altamente calificado, que actúa como “superministro” de Economía después de asumir el control del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tras la caída de Iván Acosta a finales de 2023, y funciona como “el hombre para todo” en la materia económica.
Como presidente del Consejo Directivo del Banco Central, es el responsable de diseñar la política monetaria y cambiaria del país y está a cargo de la política fiscal. Tras la salida de Acosta, Reyes presentó el anteproyecto del Presupuesto General de la República, confirmándose como “el zar de las finanzas públicas” del régimen de Ortega y Murillo, y su principal interlocutor ante los organismos internacionales.
En diciembre de 2024, la dictadura ordenó una reforma a las operaciones del BCN y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), y en enero de 2025, amplió lo poderes de Reyes, para que presida el Comité de Estabilidad Financiera (CEF), dándole incidencia sobre más entidades estatales.
En la práctica, Reyes controla el Ministerio de Hacienda, la Siboif, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Fogade. La UAF ha sido señalada como parte de la red de vigilancia para identificar a opositores, vigilar sus actividades, e identificar las cuentas bancarias de opositores que deben embargarse.
Bajo la supervisión de Reyes se ejecutan las políticas de captura del Estado, “lavado” de las confiscaciones, y la administración de las actividades de “corrupción oficial”.
Luis Cañas: Ministerio del Interior y represión nacional y transnacional
A finales de diciembre de 2023, la presidencia ordenó a la Asamblea Nacional eliminar el nombre al Ministerio de Gobernación (Migob) y renombrarlo “Ministerio del Interior (MINT)”, como se llamó en los años 80, cuando se encargó de espiar, perseguir, encarcelar y reprimir a los considerados “enemigos de la revolución”.
La resurrección MINT fue la última etapa de un proceso de “mutación” que ejecutó la dictadura. A mediados de 2022 ya le había asignado el poder de perseguir, confiscar, expulsar y desterrar a los opositores y organismos independientes.
En la resurrección también se confirmó otro objetivo de la dictadura: “intimidar” a la población “reviviendo” el fantasma de los años ochenta, y ejecutar la represión transnacional.
Con el regreso de Ortega al poder, el antiguo Ministerio de Gobernación comenzó a cargo de Ana Isabel Morales, quien en 2017 fue sustituida por María Amelia Coronel Kinloch, antes ministra consejera con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en Panamá.
Sin embargo, el poder real en el Ministerio del Interior lo ejerce el viceministro Luis Cañas, un expolicía, que formó parte de las unidades especializadas en lucha antidroga en los años 90. Cañas es el principal operador de Rosario Murillo para el manejo del Ministerio del Interior, en el que la ministra Amelia Coronel tiene una función decorativa.
El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) asegura que el Ministerio tuvo un papel importante en la infraestructura represiva del Gobierno, a través de tres de sus unidades subordinadas: el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Dirección General de Control y Registro.
Al SPN lo señalan por torturas físicas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra los presos políticos, durante interrogatorios exhaustivos para obtener información o castigarlos por su participación en las protestas. Los actos incluyen: golpizas, violencia sexual, amenazas, insultos, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, aislamiento en celdas de castigo, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes, y cortes de agua y luz en las celdas, acceso médico limitado.
La DGME está a cargo del retiro de pasaportes en puntos fronterizos, la no renovación de documentos de viajes expirados, y la expulsión del territorio o destierros de facto, siguiendo órdenes directas del viceministro del Interior, Luis Cañas, quien dirige un equipo para decidir si una persona entra o no a Nicaragua, bajo el mando de Murillo.
También dentro del Ministerio de Interior, la Dirección General de Registro y Control, a cargo de Franya Urey Blandón, tiene la tarea de cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones sin fines de lucro y facilitar la lista de los bienes a confiscar, desmantelando el espacio cívico con la anulación de aproximadamente 5500 oenegés nacionales y extranjeras.
Wendy Morales, la “súper Procuraduría”, y su acumulación de poder
Bajo el cuarto mandato consecutivo de Ortega, y el segundo al lado de Murillo, la Procuraduría de Nicaragua ha experimentado una drástica transformación, convirtiéndose en un instrumento de represión, acumulado poderes sin precedentes y absorbiendo funciones que históricamente correspondían a otras entidades.
Su ascenso se evidencia en su papel como ejecutora de despidos masivos de funcionarios públicos de todos los niveles, incluyendo alcaldes y rectores de universidades. También ha asumido tareas de auditoría en municipalidades, una labor que antes realizaban la Contraloría General de la República y el extinto Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
Además, se ha erigido como el brazo legal del régimen para justificar y ejecutar confiscaciones de propiedades, ya sea a ciudadanos desnacionalizados, oenegés, opositores o disidentes. Incluso ha asumido el control de registros públicos, la emisión de permisos ambientales y la resolución de conflictos, centralizando funciones de diversas carteras estatales.
Una reforma constitucional formalizó su vasto poder, renombrándola como “Procuraduría General de Justicia” y asignándole las funciones de acusación del Ministerio Público o Fiscalía. Este cambio, sumado al aumento significativo de su presupuesto, consolida su rol como una entidad de control y vigilancia sobre el resto del Estado y un ejecutor directo de las políticas represivas de la dictadura, rindiendo cuentas únicamente a los copresidentes.
Al frente de esa “súper Procuraduría” está Wendy Morales Urbina, quien ha ascendido hasta convertirse en una figura central del régimen, identificada como una funcionaria de máxima confianza de Murillo. Morales es el rostro visible de las confiscaciones y el traspaso de propiedades privadas a favor del Estado y, a nivel internacional, ha representado a la dictadura en foros donde ha negado la represión y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
La resurrección de Valdrack Jaentschke en Relaciones Exteriores
Contrastando con la fortaleza institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores en los años ochenta, liderado por el padre Miguel D’Escoto, bajo el actual régimen la Cancillería se proyecta como una de las instituciones más débiles del Gobierno, bajo la intervención de Rosario Murillo y Laureano Ortega Murillo.
A inicios de 2017, el entonces embajador ante la Organización de Estados Americanos y “ministro asesor del presidente para Políticas y Asuntos Internacionales”, Denis Moncada Colindres asumió las funciones, y luego el cargo de canciller.
Todos esos años fungió como viceministro de Relaciones Exteriores Valdrack Jaentschke, quien llegó a ocupar hasta 15 cargos simultáneos en el escalafón diplomático hasta su salida, por una “decisión inapelable” de Murillo, en febrero de 2021. Pero seis meses después, cuando algunos de sus adversarios en el Gobierno lo creyeron caído en desgracia, Jaentschke reapareció como operador político del régimen en Centroamérica, ocupando puestos en varias embajadas.
En los ochenta, trabajó en la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), donde realizó actividades de inteligencia y espionaje y, desde Honduras, recabó información sobre los contras y los somocistas. En los noventa, fue consultor en la sociedad civil e interlocutor para gestionar financiamiento de proyectos con fondos estadounidenses, aunque en el regreso de Ortega fue uno de los encargados de atacar la cooperación internacional y a las organizaciones de la sociedad civil, clasificándolas de “intervencionistas” y “agentes extranjeros”.
En agosto de 2024, la dictadura fracasó por segunda vez en su intento de imponerlo como secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), pero nueve días después lo nombró canciller, como premio de consolación.
En septiembre de 2025, Murillo nombró “cocanciller” a Denis Moncada, también rechazado como candidato a secretario general del SICA, manteniendo por encima de los dos “cocancilleres” a su hijo Laureano Ortega Murillo, a cargo de las relaciones diplomáticas con China, Rusia y los principales aliados del régimen. A finales de 2025, Moncada fue nombrado encargado de negocios en la embajada de Nicaragua en Estados Unidos, con la misión de abrir canales de comunicación con la Administración de Donald Trump.
Mientras tanto, la representación diplomática de Nicaragua en el exterior descansa en dos tipos de funcionarios. Por un lado, cuatro diplomáticos que se reparten una treintena de embajadas como “superembajadores”, pese a los cuestionados vínculos de algunos de ellos, como el libio-nicaragüense Mohamed Farrara Lashtar y el italiano-nicaragüense Maurizio Gelli. Y por el otro, una decena de nuevos embajadores sin experiencia diplomática, “premiados” con representaciones en países de África por sus “méritos” en la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios (UNEN) y la Juventud Sandinista.
Óscar Mojica, el comisario de la infraestructura
En un opaco gabinete, donde la norma es que los ministros no sólo no tienen voto, sino que tampoco tienen voz, la excepción a la regla es el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Óscar Mojica Obregón, mayor general en retiro del Ejército de Nicaragua, y quien antes también fue presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Desde su nombramiento, en agosto de 2017, Mojica sigue como titular del MTI pese a las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque se traspasó el poder administrativo a una secretaría del Ministerio.
Mojica perdió poder administrativo y financiero en el MTI, sin poder firmar ningún documento legal. Sin embargo, sigue siendo el operador más influyente para el desarrollo de obras de infraestructura, primero con fondos del BCIE, y desde 2025, con los préstamos onerosos de las empresas chinas. Además, Mojica maneja una red de negocios privados a cargo de exmilitares.
Su hijo Oscar Mojica Aguirre, exgerente de crédito de Bancorp, fue el principal operador de la pareja presidencial en Credicoop, la nueva “caja chica” de la dictadura, y luego ocupó por cuatro meses el cargo de Ministro de Hacienda y Crédito Público. Otro operador importante en esta área ha sido el ministro de Energía y Minas, y también titular de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Salvador Mansell, quien llegó a los cargos como operador de Murillo, desplazando al veterano ministro Emilio Rappaccioli. Y, cerca de él, el representante de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), Ernesto Martínez-Tiffer, a quien en agosto de 2025 le encargaron consumar la toma de las instalaciones de la Planta Geotérmica Momotombo, confiscada al otrora comisionado de la dictadura para inversiones Álvaro Baltodano, su hijo Álvaro Baltodano Monroy y tres inversionistas extranjeros.
Francisco “Chico” López, el tesorero de los negocios de la familia
El ingeniero Francisco “Chico” López, tesorero del FSLN y vicepresidente de Albanisa, fue el principal operador de la administración de la millonaria cooperación venezolana a través de los canales privados de Caruna, Albanisa, bajo la estrecha supervisión de Rosario Murillo y de su hijo Rafael Ortega Murillo.
En julio de 2018, López “renunció” a sus cargos como presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), y como presidente de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), después que el Gobierno de Estados Unidos lo incluyó a él —y a otros dos funcionarios afines al régimen— en la lista de sancionados por medio de la Ley Magnitsky Global.
Dos días después, López fue cancelado como representante “de las acciones de capital propiedad del Estado, en las entidades Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur)”.
Con menor relevancia e influencia, López continúa siendo el Tesorero del FSLN, y conserva su cargo como vicepresidente de la sancionada Albanisa, y actúa a través de representantes —y junto con otros operadores— en Credicoop, la nueva “caja chica” del régimen para evadir las sanciones internacionales y “lavar” los fondos de Bancorp y Caruna. Ese es un fondo de más de 500 millones de dólares para financiar negocios agropecuarios, comerciales e inmobiliarios, vinculados a Ortega, Murillo y allegados, según reveló un reportaje de CONFIDENCIAL, de diciembre de 2024.
Tras la detención del hijo de Bismarck López, hijo de “Chico” López, circularon versiones en algunos medios de comunicación sobre la supuesta captura de “Chico” López. Sin embargo, fuentes vinculadas a la secretaría del FSLN sostienen que, aunque con menos poder, “Chico” López sigue siendo un operador de “utilidad” para Rosario Murillo, y “aunque ha estado bajo vigilancia, tiene demasiada información sobre los negocios y el manejo del patrimonio familiar de los Ortega Murillo y sobre los negocios del régimen en el campo energético”.
Nahima Díaz, la censura y el control de las telecomunicaciones
Desde el inicio de la protesta en abril de 2018, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) jugó un rol instrumental en la censura sistemática de periodistas, monitoreo y criminalización de redes sociales de los ciudadanos, y cierre de medios de comunicación independientes, como parte de la estrategia del Gobierno para silenciar a todas las voces críticas.
Desde la dirección de Telcor se transmitieron mensajes intimidatorios a los responsables de al menos dos canales de televisión, amenazandolos con “atenerse a las consecuencias” en caso de dar cobertura mediática a las manifestaciones públicas en contra del Gobierno, y sugiriendo que se ocuparan de otros temas.
Telcor también alberga “granjas de trolls” controladas por la Red de Jóvenes Comunicadores para acosar, amenazar y desacreditar a los opositores, y difundir desinformación, bajo órdenes de Murillo.
Nahima Janett Díaz Flores, directora general de Telcor, también es parte de los operadores que identifican “personas sujetas a expulsión” en coordinación con el Ejército, la Policía Nacional, el FSLN, el Ministerio del Interior. Ella es quien “entrega toda la información sobre llamadas, mensajes de telefonía celular e internet”, asegura el GHREN. Es hija del director de la Policía, Francisco Díaz.
Con la entrada en vigencia de la nueva ley mordaza de Telcor en noviembre de 2025, Nahima Díaz emerge, junto con Wendy Morales, como las dos operadoras políticas más importantes, leales a Rosario Murillo, desplazando a un segundo plano a la vieja guardia de magistradas y fiscales leales a Ortega como Alba Luz Ramos, Juana Méndez, y Ana Julia Guido.
Los 54 altos funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad
En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) identificó a un total de 54 altos funcionarios nicaragüenses como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país. Es la primera lista con nombres, apellidos y cargos identificados como operadores de la represión. Varios de ellos ya sancionados por la comunidad internacional.
El listado incluye a seis generales y cinco coroneles del alto mando el Ejército de Nicaragua, y el primer comisionado, ocho comisionados generales y un comisionado mayor de la Policía Nacional, que forman parte del aparato represivo, controlado directamente por Ortega y Murillo.
El documento de 234 páginas también detalla de forma exhaustiva las estructuras institucionales, las cadenas de mando y las responsabilidades “estatales e individuales” de cada uno de los implicados en la represión dirigida por el Estado tras el estallido de la insurrección de abril de 2018.
“Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del GHREN, quien adelantó que continuarán investigando responsabilidades, para ampliar la lista de los operadores y sus responsabilidades en la maquinaria de la represión.
Este reportaje es parte de la serie especial de CONFIDENCIAL: Los Anillos del Poder de Rosario Murillo, que describe el nuevo mapa de la cadena de mando que administra los cuatro pilares del poder: la represión política; el control del Estado-partido; el manejo de la economía y la corrupción; y la censura y la propaganda oficial.
Lee aquí: Los nuevos anillos del poder: Rosario Murillo al mando de todo
