Entrevista | “Jefe del Ejército ordenó la participación de militares en la represión”

Durante las manifestaciones de 2018 en Nicaragua, el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, “ordenó la participación de militares en la represión”, lo que conllevó a la pérdida de vidas humanas de nicaragüenses, consideradas ejecuciones extrajudiciales, revela el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en su nuevo informe presentado ante Naciones Unidas (ONU).

El jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del GHREN, explicó en entrevista con CONFIDENCIAL que la participación de militares se hizo con “pleno conocimiento” por parte del general Avilés de que no tenía “las competencias en materia de seguridad pública”.

 “Esto (el involucramiento de militares) ocurrió en varias ocasiones y también su participación como grupos armados de una manera camuflada en las ejecuciones”, indicó el jurista.

El presidente del GHREN apuntó que el detalle sobre las responsabilidades individuales de la cúpula militar, que “está identificada plenamente”, se conocerá en un reporte más amplío que se publicará a más tardar el 1 de abril de 2025.

El GHREN confirma por primera vez en este informe la participación y el liderazgo activo del Ejército de Nicaragua en la represión de 2018 y también su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. A pesar de que las autoridades militares siempre lo han negado. ¿Cuáles son las evidencias que encontraron?

Encontramos que el comandante en jefe del Ejército ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones, a pesar de no tener las competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento. También que eso implicaría la pérdida de vidas humanas. Esto en varias ocasiones y muy en particular también permitió que participaran como grupos armados de una manera camuflada en las ejecuciones.

En esto, algunos van a decir no es ninguna novedad, porque ya en su momento, el jefe (del Ejército) lo había establecido. Pero aplicando nuestros niveles de umbral probatorio, que nos permitiera llegar a esa conclusión, lo podemos afirmar (en este informe) con este nivel de convicción. Todo esto, daría suficiente base para abrir una causa penal en esta materia.

La participación de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército en el mecanismo de inteligencia que está activo actualmente en Nicaragua, permite entender que el Ejército no solamente participó en las ejecuciones, sino más bien juega un rol activo en el procesamiento de información y recaudación de información.

También al Ejército siempre se le responsabilizó de no desarmar a los grupos paramilitares al margen de la ley, pero el informe ahora confirma que también eran parte de esos grupos armados. ¿Qué impacto tiene la participación directa del Ejército en las ejecuciones extrajudiciales y también en el suministro de armamento militar para la represión de civiles?

El impacto es que tuvieron un aporte sustantivo en la ejecución de estas personas y por lo tanto tienen una responsabilidad, no solamente política, ni moral, sino más bien de derecho. Y en lo particular es que se pueda probar la participación individual en la cadena de mando de ciertas personas.

El informe cita una reunión celebrada el 20 de abril de 2018 entre oficiales del Comando de Operaciones Especiales y las Direcciones de Doctrina y Adiestramiento e Inteligencia y la Contrainteligencia, el Estado Mayor y también su dirección, en la que bajaron órdenes de la Presidencia para reprimir un supuesto golpe de Estado planificado por organizaciones sociales. Usted mencionaba ya que podría individualizarse responsabilidades penales en el Ejército. ¿Qué relevancia tiene ese hallazgo para el curso de esta investigación?

En cuanto a los individuos que tenemos identificados, nosotros los vamos a publicar, no en este informe, sino a más tardar el 1 de abril en un reporte más amplio y sí, la cúpula estará identificada plenamente.

¿Por qué explico esto? Por una simple formalidad, nosotros tenemos una restricción en términos de extensión del informe que presentaremos y este no nos permite ampliar la información sobre la base de por qué llegamos a la posible responsabilidad individual de personas. Así que les quiero decir que tengan un poco de paciencia, hasta que esto suceda.

También señalan en este informe al Ejército de tener un papel clave en la captura y el destierro de centenares de opositores en 2023 y 2024. ¿En qué consiste esa participación?

Eso es a nivel de inteligencia sobre todo. Y en el fondo es información que converge con otro tipo de información recaudada por otras entidades del Estado para poder identificar las personas, que luego serían capturadas en el Centro de Inteligencia que opera en el país.

Un alarmante aparato de inteligencia

¿Cuál es el hallazgo más alarmante del estado de represión en esta última fase?

El hallazgo más alarmante es que ya hemos tenido 1500 entrevistas y más de 7000 informes e información sobre el aparato total que maneja el Gobierno de Nicaragua para perpetrar estas violaciones. Y cuando me refiero al aparato, me refiero sobre todo al aparato de inteligencia responsable de generar información sobre a quién seleccionar para las violaciones, como también para controlar a la población por un lado, y también a las cadenas de mando responsables para operacionalizar una vez seleccionadas las personas para poner en practicas estas violaciones.

En el informe describen que en Nicaragua se ha creado una amplia estructura de inteligencia para un estado de vigilancia total, con la participación del Ejército. ¿Cómo opera esta estructura de espionaje y quiénes la integran?

Los que integran esta estructura es tanto la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ejército.

Lo que sucedió es que el Centro de Información e Inteligencia Policial, que es una estructura que se utiliza normalmente para poder monitorear la criminalidad en países que tienen un estado de derecho, en Nicaragua se ha instrumentalizado para recopilar y analizar datos sobre opositores o percibidas como tales. A esto se agrega también información que es levantada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ayuda a identificar y embargar incluso cuentas bancarias de los opositores. Aquí es instrumentalizada para quitar e identificar los bienes y quitar los bienes de las personas que se tiene en la mira.

Luego está la Dirección de Auxilio Judicial, como también estaciones de policías y centros del sistema penitenciario nacional, que también son utilizadas en los interrogatorios de las personas detenidas. Y a eso también habría que agregar de una manera más formal el Comité de Inteligencia Nacional, que es una estructura inorgánica que aglutina a los representantes de instituciones en materia de seguridad del Estado en su totalidad y que es en el fondo el centro en donde entra toda la información que luego será utilizada para seleccionar a las personas.

Además de eso, obviamente hay un sistema de vigilancia electrónica, y también juega un rol Telcor, que no solamente juega un rol para la interceptación de comunicaciones, sino más bien para vigilancia e incidencia híbrida, incluyendo granjas de troles que funcionan para hostigamiento.

Lo otro también es la estructura del Frente Sandinista (FSLN) en sus Unidades de Victoria, que operan en todos los niveles de las instituciones públicas y de la estructura territorial del partido, desde los departamentos hasta los barrios y que también participan activamente en la recolección de la información. Esas unidades tienen un papel clave en asegurar la lealtad tanto del aparato estatal y la sociedad en general al partido y realizan las labores de control social y monitoreo.

Los secretarios políticos del partido juegan un rol muy importante tanto en la instituciones del Estado, como también en las estructuras más abajo. También el Ministerio de Salud, que realiza sus censos poblacionales, que han interrogado a los ciudadanos sobre su ubicación y la de sus familiares, así como sus afiliaciones políticas.

¿Y en este  mecanismo de inteligencia y de represión, quién y cómo deciden encarcelar, acosar o desterrar a los ciudadanos?

En dónde exactamente está ubicada esa decisión, esto todavía es una incógnita. Hay mucho que indica que en el Comité de Inteligencia Nacional, que es donde entra toda la información, estaría el núcleo y la base para esa decisión. La decisión final, la toma quien está controlando ese aparato y eso es obviamente la jefatura del Estado. Vamos a ver si podemos, en el transcurso de un futuro mandato, obtener más información de personas que estarían dispuestas a hablar con nosotros y aportar evidencia en este sentido.

¿Pero han logrado identificar si en esta cadena de mando los funcionarios toman decisiones autónomas sobre las víctimas o están directamente subordinados a las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo?

Hay algunos que tendrían, una cierta autonomía. Pero, no vamos a identificarlos ahora. Eso quizás se puede ver más adelante.

Sobre los paramilitares encapuchados

¿Han logrado identificar a nuevos operadores de la represión en esa cadena de mando, además de los militares que ha mencionado?

Cuando hablamos de la cadena de mando estamos hablando de la operacionalización de la información en violaciones. Y ahí, sí hay muchos más nombres de los que son conocidos públicamente y están resguardados con dossiers que dan información sobre la base probatoria sobre la cual nosotros llegamos a la conclusión de esta persona que estaría implicada, como sus conexiones en cuanto a las violaciones.

Esas informaciones no serán públicas y podrán ser utilizadas para sanciones y acciones judiciales.

¿Qué papel juegan en esa estructura los encapuchados que el régimen de Daniel Ortega está juramentado por miles como policías voluntarios?

Los policías voluntarios, hasta ahora, los tenemos solamente a nivel de personas que estarían implicadas en hostigamientos. Todavía esa estructura no está tan clara y tan precisa para que en este momento podríamos, más allá del papel de hostigamiento que juegan llegar a conclusiones e integrarlos en nuestros esquemas que vamos a presentar en el anexo a nuestro informe.

¿Tienen una evaluación sobre la juramentación de miles de encapuchados? ¿es común que las fuerzas de seguridad juramentan a encapuchados como policías voluntarios?

No, obvio que ninguna autoridad pública que tenga un mandato de fuerza del orden debería juramentar encapuchados. No lo hemos visto en ninguna parte. Y si bien hay algunos precedentes, en cuanto a funcionarios públicos relacionados con law enforcement (aplicación de la ley), que por razones de seguridad tendrían que enmascararse, no es a la hora de su juramentación que esto suceda, sino más bien en operativos concretos. Eso no es un tema que hemos abordado en este momento a detalle.

Necesitan recoger más evidencia y denuncias

Además de los nicaragüenses excarcelados y desterrados por la dictadura. Hay centenares más a quienes les niegan el retorno al país y miles más a quienes les niegan renovarle su pasaporte en el extranjero, recetando de esa forma un destierro de facto y apatridia. ¿Qué pueden hacer los Estados democráticos y la comunidad internacional para ofrecer una solución a esos ciudadanos que no pueden volver a su país?

Primero hay que ser un poquito cauteloso, con el (término) de facto acá. Tenemos información que muchas de esas personas son desnacionalizadas. Entonces, eventualmente podrían incluso calificar bajo la definición de apátridas de la Convención de 1954 de Naciones Unidas.

Nos hace falta todavía información fidedigna, en ese sentido. Pero ahí no sería de facto, sino en el sentido de la Convención.

En segundo lugar, lo que hace falta, es que los países que en el fondo son impactados por esas practicas de Nicaragua, deberían tener solidaridad frente a prácticas de esta naturaleza y darles documentación necesaria y aplicar los criterios más amplios posibles para su protección.

¿Continuarán recabando evidencias y testimonios de las víctimas de Nicaragua?  ¿Las víctimas o informantes cómo pueden tener una comunicación segura con el Grupo de Expertos y brindarle esos testimonios e información?

Siempre utilizando la dirección que tenemos en nuestra página. Esta es absolutamente segura, pero también por las vías que ya están estabilizados después de tres años para comunicarse con nosotros. Mucha de la información que vamos a publicar ahora se basa en información de personas de adentro del sistema, por lo cual es cada vez más importante que aporten más información para que podamos e identificar más nodos centrales en esa amplia red de violaciones que hemos detectado. Y poder también, con el nivel de certeza que nosotros aplicamos, saber cuáles son los nodos que tienen autonomía de decisión en ese aparato (represivo), más allá de las cabezas del aparato.