23 de septiembre 2024
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El jueves 5 de septiembre, el dictador nicaragüense Daniel Ortega hizo canciller al asesor presidencial Valdrack Jaentschke Whitaker, y al entonces ministro de Exteriores, Denis Moncada Colindres, lo democionó a asesor presidencial. Nueve días después, mandó a echar preso al asesor para políticas hacia pueblos originarios, Steadman Fagot Müller, a quien había reafirmado en su puesto a mediados de agosto.
Estos movimientos muestran que la plaza de “asesor presidencial” es un cargo “comodín” dentro de la dictadura, y que se usa —según opositores nicaragüenses— para premiar, castigar, y jubilar a altos funcionarios y militantes del Frente Sandinista con alta remuneración económica y sin ninguna responsabilidad concreta.
Durante sus cuatro períodos presidenciales consecutivos, Ortega ha nombrado a 47 asesores presidenciales, de los que solamente 15 se mantienen “activos”, según una revisión parcial de CONFIDENCIAL, basándose en acuerdos presidenciales, unos listados publicados en otros medios de comunicación, una lista difundida por el Gobierno el 16 de agosto de 2024 y los últimos cambios del dictador en su equipo de asesores.
De estos 47 asesores, sólo tres sobreviven del primer periodo presidencial de Ortega (2007-2011): Bayardo Arce Castaño, asesor para asuntos económicos y financieros; Manuel Ali Rivas Vallecillo, asesor de Seguridad; y Salvador Vanegas Guido, asesor para todas las modalidades de educación.
En su actual período presidencial —que inició en 2022—, Ortega ha nombrado a once asesores presidenciales, siendo la segunda cifra más alta. En su primer período y entre 2017 y 2021 designó a 14 asesores en cada uno de los lapsos; mientras, entre 2012 y 2016 nombró a ocho.
Doce asesores en un “limbo”
La existencia de los asesores presidenciales adquirió relevancia a mediados de agosto pasado, luego que la vicepresidenta y vocera gubernamental, Rosario Murillo, leyó en su monólogo diario una lista de 16 asesores presidenciales, con rango de ministros, ratificados en su cargo.
La confirmación de esos asesores se dio en medio de una “reorganización” estatal, que hasta ese momento se había llevado por delante a más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), mientras se contabilizaban otros despedidos en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Al momento de la lectura de ese comunicado, el dictador tenía bajo el cargo de asesor presidencial a 28 funcionarios, 18 de estos con rango de ministro. Hasta la fecha, el régimen no ha indicado si los doce asesores “no nombrados” fueron separados de sus cargos o ejercen otras funciones dentro de la dictadura.
Ortega no ha publicado ningún acuerdo presidencial en el que se destituya a ninguno de los doce asesores sin mencionar, de acuerdo con una revisión hecha por CONFIDENCIAL a las Gacetas posteriores al 16 agosto.
Para el exprecandidato presidencial y expreso político, Juan Sebastián Chamorro, estos doce “no ratificados o corridos van a pasar al desempleo de manera más clandestina, un poco más callada, sin poco anuncio”.
El excarcelado político y exaspirante presidencial, Félix Maradiaga, comentó que “el hecho de que algunos asesores no hayan sido ratificados, pero tampoco oficialmente destituidos podría interpretarse como un despido de facto”.
“Sin embargo —continuó—, es importante considerar que la dictadura maneja el Estado a su antojo utilizando las posiciones de poder como mecanismos de premios y castigos”.
“En ese contexto, la ausencia de menciones no necesariamente implica que esos asesores hayan sido depurados o corridos. De hecho, la dinámica interna de la dictadura sugiere que en muchos casos, el mantener a ciertos individuos en posiciones de poder, en roles ambiguos o en roles marginales puede ser parte de una estrategia más amplia”, explicó.
Entre estos doce asesores no citados por Murillo, hay nueve funcionarios que tienen entre siete y diecisiete años en el cargo. Uno llevaba dos años, otro un año y el último unos meses.
“Es plausible que esos asesores estén en una especie de limbo político, donde su salida del entorno inmediato podría representar tanto un castigo, pero también podría ser una recompensa, dependiendo de la perspectiva”, subrayó Maradiaga.
“Para algunos, permanecer cerca del régimen puede ser peor que ser despedidos, mientras que para otros ser olvidados podría ser una forma de retiro dorado”, añadió el politólogo nicaragüense.
Solo cuatro mujeres asesoras
De acuerdo con los datos analizados por CONFIDENCIAL, de los 47 asesores solo cuatro han sido mujeres, de estas, dos se mantienen “activas” (Sonia Castro González y Carolina Dávila Murillo), y las otras dos (Arlette Cristina Marenco Meza y Martha Elena Ruiz Sevilla) fueron destituidas oficialmente en julio de 2024.
Castro y Dávila son asesoras, con rango de ministras, para temas de salud. Mientras, Marenco y Ruiz fueron asesoras para políticas y relaciones internacionales.
Arlette Marenco se desempeñaba, desde 2016, como vicecanciller del régimen, y en julio de 2019 se le sumó el cargo de asesora. De ambas plazas fue destituida a través del acuerdo presidencial 113-2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 23 de julio de 2024. La funcionaria fue defenestrada de su cargo a inicios de ese mes y puesta bajo arresto domiciliario, mientras que su esposo, Reynaldo Martínez Vidaurre, exfuncionario de la Cancillería, era investigado en la cárcel de El Chipote por “actividades de corrupción”, dijeron a CONFIDENCIAL tres fuentes vinculadas al FSLN.
Durante casi una década, Marenco fue la correa de transmisión de las órdenes de Murillo en la Cancillería y el canal de comunicación con la mayoría de las misiones diplomáticas.
Martha Elena Ruiz Sevilla fue ministra de Defensa entre 2014 y 2019. La nombraron asesora, sin rango de ministra, el 30 de abril de 2021, para reemplazar en el cargo a Paul Herbert Oquist Kelley, quien falleció a mediados de ese mes, y con quien había trabajado de cerca en los últimos años. Ella es esposa del jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, el mayor general Bayardo Rodríguez Ruiz.
En la lista de asesoras presidenciales no se incluye a la extitular del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), Justa Pérez Acuña, quien junto a varios altos funcionarios de esa institución fueron separados de sus cargos, a inicios de agosto, mientras la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional escudriñaba sus actos administrativos y sus finanzas personales.
El pasado 9 de agosto, Ortega destituyó a Pérez Acuña de su cargo como ministra del Mefcca, pero ese mismo día la nombró asesora presidencial “para la promoción y el desarrollo del turismo y los emprendimientos turísticos”. Sin embargo, una semana después, Murillo, la ratificó como “asesora de la Vicepresidencia para temas de turismo”, un cargo que no existía en el organigrama del Ejecutivo.
¿Qué hacen los asesores presidenciales?
Hasta 2022, el salario de los asesores presidenciales oscilaba entre los 3730.83 dólares (unos 133 710.59 córdobas, al cambio de la época) y los 3859.84 dólares (unos 138 259.41 córdobas), reveló el medio Nicaragua Investiga, con base en unos datos del Seguro Social.
Se desconoce cuál es el rol o las funciones concretas de los asesores presidenciales dentro del Estado. La Ley 290 o de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, así como su reglamento no establecen las tareas de estos funcionarios, solo ordenan específicamente que los asesores presidenciales “serán nombrados por el presidente de la república”.
Salvador Vanegas Guido es el único asesor presidencial que constantemente aparece en público, ya sea en entrevistas con los medios de comunicación del Estado o dirigiendo las presentaciones de informes —como el proceso de matrículas escolares— o jornadas conmemorativas de la Cruzada Nacional de Alfabetización.
Vanegas Guido fue nombrado, el 29 de septiembre de 2010, como asesor con rango de ministro para “todas las modalidades de educación”.
Durante sus 17 años en el poder, Ortega ha distribuido principalmente las asesorías presidenciales entre exmilitares, militantes sandinistas o familiares de estos, además de excompañeros de los años 80.
Existe el caso de otros operadores políticos cercanos a Ortega y Murillo como Néstor Moncada Lau, quien ejerce como “asesor” para asuntos de Seguridad Nacional y mantiene un control sobre la Policía Nacional, pero su cargo nunca ha sido oficializado a través de un acuerdo presidencial.
El 9 de diciembre de 2021, Estados Unidos sancionó por actos de corrupción a Moncada Lau y su familia —esposa e hijos—, y lo citó como “asesor de seguridad nacional del régimen nicaragüense Ortega-Murillo”.
Ortega y Murillo exigen una fidelidad cien por ciento
El destino de los asesores varía en relación a cómo está su suerte con la pareja presidencial. Por ejemplo, el 28 de agosto de 2024, doce días después de que Murillo leyera el decreto de ratificación, el asesor presidencial para temas de medioambiente y recursos naturales, Jaime Incer Barquero, fue desterrado de facto, al impedirle el ingreso a Nicaragua desde Miami, Estados Unidos.
El nombre de Incer Barquero, de 90 años, no fue mencionado por la primera dama y vicepresidente en su comunicado. De acuerdo con algunas fuentes cercanas al Gobierno, el conocido biólogo y científico nicaragüense aconsejaba a Ortega en temas medioambientales y del canal interoceánico, pero “nunca fue tomado en cuenta”.
Juan Sebastián Chamorro sostuvo que no destituir oficialmente a los doce asesores o hacerlo de forma clandestina, “es una excusa y forma de deshacerse de gente que no le era cien por ciento fiel” a la pareja presidencial.
Maradiaga coincidió con Chamorro y afirmó que “la utilidad más relevante de todo funcionario de alto nivel, ya sea ministro o asesor de la pareja dictatorial, es el servilismo ciego y absoluto”.
“Los Ortega-Murillo no permiten ningún margen de autonomía profesional o de libertad de criterio. Eso hace, intelectualmente imposible, que las funciones de asesoría profesional se puedan realizar debidamente”, destacó.
Recordó el caso reciente del asesor presidencial Steadman Fagot, quien fue detenido por el Ejército y entregado a la Policía Nacional, por supuestos vínculos con el narcotráfico y crimen organizado de Honduras.
El 16 de enero de 2017, Steadman Fagot fue designado como asesor presidencial para políticas hacia pueblos originarios, y fue ratificado en el cargo por Murillo en agosto de 2024. Su detención ocurrió un día después de que el funcionario denunció la invasión y despale de territorios indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua, por la que culpó a las autoridades locales y eximió a Ortega y Murillo.
“El régimen es impredecible y claramente se está volviendo volátil y peligroso hasta para su círculo más cercano”, alertó Maradiaga.
