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La procuradora general de la república, Wendy Morales Urbina, es el rostro visible de las confiscaciones y el robo de propiedades privadas en Nicaragua, y ahora será la procuradora general de justicia, un cargo que la convierte en una de las funcionarias con mayor poder en la dictadura, ubicada en la tendencia que responde directamente a la codictadora Rosario Murillo. ¿Pero quién es esta mujer que pasó a convertirse en una de las fichas de mayor confianza de la dictadura?
Según contó la misma Morales, a un medio oficialista, ingresó a la Procuraduría en 2003 y continuó en la institución a la llegada de Daniel Ortega a la presidencia, en 2007, “para restituir derechos”.
Fue secretaria del entonces procurador general de la República, Hernán Estrada (2007-2019), quién renunció alegando supuestos problemas de salud y era uno de los hombres de confianza de Daniel Ortega, recordado por su frase: “Si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles, no quedaría piedra sobre piedra sobre en este país”, dicha en un ya lejano 2008.
Algunas publicaciones en medios de comunicación han identificado a Morales únicamente como asistente de Estada, pero CONFIDENCIAL verificó que, el 3 de junio de 2014, Ortega la nombró subprocuradora general de la república, y en septiembre fue ratificada por la Asamblea Nacional, según requisito de ley. Luego, en enero de 2017, fue parte de los funcionarios confirmados en el gabinete del segundo mandato consecutivo de Ortega.
Cinco años después de ejercer como subprocuradora, y con solamente un año inscrita como abogada y notaria, Morales fue nombrada a cargo de la Procuradora General de la República, para relevar a Hernán Estrada, el mismo 9 de mayo de 2019.
Medios de comunicación independientes denunciaron en esa fecha que la nueva procuradora no cumplía los requisitos legales para desempeñar el cargo. La Ley Orgánica de la Procuraduría señalaba que, para ostentar los puestos de procurador o subprocurador, se requería por lo menos haber ejercido la profesión durante diez años. Sin embargo, según el diario La Prensa, Morales había sido incorporada como abogada y notaria solo un año antes, en julio de 2018, durante una sesión expedita de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Desde su cargo, a Morales se le ha visto entregando a la dictadura propiedades confiscadas ilegalmente a ciudadanos, organizaciones y universidades, y también defendiendo a la dictadura en foros internacionales, donde repite el discurso de un “fallido intento golpe de Estado” en 2018 y niega la brutal represión y la muerte de al menos 355 nicaragüenses durante las protestas de ese año, documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Defiende la “súper” Procuraduría
La Asamblea Nacional, controlada por el régimen, aprobó, el 6 de agosto de 2025, una reforma a la Constitución Política que crea la Procuraduría General de Justicia, en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, la nueva entidad asumirá las funciones del Ministerio Público o Fiscalía.
Fuentes vinculadas al régimen confirmaron a CONFIDENCIAL que la fiscal Ana Julia Guido —otra leal operadora de la dictadura— dejará el cargo, y al frente de la nueva Procuraduría quedará Morales. La antigua Fiscalía también será absorbida como una Dirección Penal de la Procuraduría, indicó la fuente.
Un día después de la reforma, Morales dio una entrevista a medios oficialistas, para defender esta nueva “súper” Procuraduría, que según ella tendrá como finalidad “ir contra todos los delitos relacionados con corrupción”.
La funcionaria, descrita como una operadora leal al “murillismo”, habló de “cero tolerancia a la corrupción”. Una declaración que no resulta casual, considerando que, una semana antes, la Procuraduría publicó un comunicado citando a comparecer por una investigación de “transacciones al margen del Estado” a Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial en Asuntos Económicos, exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años ochenta, y leal operador político del dictador Daniel Ortega, pese a sus diferencias con Murillo.
Morales adelantó que trabajan en la creación de una Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia para “incorporar” todas las “dependencias que a lo largo de todos estos años han venido siendo adscritas” a la institución que dirige, e insistió que actuarán “con firmeza” y “mayor rigor” para proteger los recursos del pueblo nicaragüense.
“En la medida que nosotros vayamos avanzando en contrarrestar cualquier actuación (de corrupción) o evitar cualquier actuación desde su raíz nos va a permitir a nosotros como Procuraduría y al resto de instituciones del Estado continuar trabajando en los distintos programas que se tienen”, apuntó.
La dictadura ha despedido funcionarios públicos, incluyendo ministros y viceministros, por supuestas investigaciones de “corrupción no autorizada”.
“Una defensora de los dictadores”
La procuradora Wendy Morales se comenzó a hacer notar como una de las voces en representación y defensa de la dictadura Ortega-Murillo. Tras la represión en contra de las protestas ciudadanas de 2018, apareció en foros y audiencias internacionales, negando la represión y el asesinato de manifestantes.
En marzo de 2021, después de más de cinco años de ausencia, la dictadura reapareció en una de las audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA. La delegada fue Morales, y asistió para negar “cualquier tipo de desprotección” a los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense, y destacar las supuestas “reivindicaciones” alcanzadas en temas de acceso a la justicia, salud, educación, titulación y seguridad.
Dos meses después, en mayo, Morales tergiversó la realidad nicaragüense en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Aseguró que la Policía “no acosa” a los organismos de derechos humanos y dijo que las patrullas afuera de esas oficinas “es la forma del Estado para darles seguridad y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por ese organismo regional”.
Más tarde, en marzo de 2022, la dictadura rechazó de forma rotunda la resolución que dio paso a la integración del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la solicitud del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para cooperar con el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022.
En nombre de la dictadura, Morales argumentó que la resolución para crear el GHREN era una “valoración instrumentalizada” y “derivada de intereses económicos y políticos de los países imperialistas” que no respetan la autodeterminación de los pueblos.
“No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido”, dijo.
En diciembre de 2023, Morales volvió a representar a la dictadura para expresar el “rechazo total” a una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Nicaragua. La procuradora dijo que esos diálogos “son una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las personas nicaragüenses y nuestra soberanía”.
En febrero de 2024, durante la presentación de un informe del GHREN, que denunció la “persecución generalizada en el país, la procuradora tomó la palabra por videollamada para afirmar que el GHREN “sigue la misma narrativa de quienes adversan” al Gobierno de Ortega, y que cualquier reporte o actualización de este “carece de credibilidad”.
Entregando propiedades robadas
En un acto improvisado y sombrío, realizado el 23 de agosto de 2022, la procuradora general de la República, Wendy Morales, entregó a la directora ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), Loyda Barreda, unas supuestas escrituras del edificio del diario La Prensa, en las que hacía constar que el inmueble fue “debidamente inscrito a favor del Estado”.
Sin embargo, no mencionó ningún argumento legal que justificara la entrega de esa propiedad, ocupada manu militari desde el 13 de agosto de 2021, bajo el supuesto argumento de una investigación por fraude y lavado de dinero.
La dictadura anunció la instalación del Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho”, bajo la administración del Inatec, mientras La Prensa denunció el robo y la confiscación del diario, fundado el 2 de marzo de 1926.
“Este espacio que hemos formalizado con la entrega de la escritura va a permitir capacitarnos, especializarnos en las distintas disciplinas que tanto nos llaman la atención”, manifestó la procuradora Morales.
Un día antes, el 22 de agosto de 2022, Morales también fue la encargada de entregar las llaves y las supuestas escrituras del edificio que expropió a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua. En otro acto fugaz, se las entregó a la entonces directora del Centro Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, para la construcción del Centro de Estudios del Desarrollo, “Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto Brockmann”.
En abril de 2023, una investigación de CONFIDENCIAL, sobre cómo Daniel Ortega premia con propiedades la fidelidad del Ejército de Nicaragua, reveló que la institución castrense había recibido 184 lotes de terrenos donados, que suman 97 propiedades y más de 4100 hectáreas. Esas donaciones del orteguismo al Ejército fueron ejecutadas por los procuradores Hernán Estrada Santamaría y Wendy Morales Urbina, ambos señalados de legitimar las confiscaciones de propiedades a ciudadanos, empresas y organizaciones, para favorecer al régimen.
Ambos procuradores —detalló la investigación— también han sido los encargados de llevar a buen puerto los requerimientos inmobiliarios del Ejército y las concesiones de Ortega, un proceso que ha incumplido la Ley de Disposiciones de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos.
Sancionada internacionalmente
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Morales el 21 de marzo de 2024, señalándola de permitir el “robo de propiedades” y de ser “cómplice de la opresión del régimen” Ortega-Murillo.
El subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia financiera, Brian Nelson, señaló que la procuradora Wendy Morales “ha explotado su cargo para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de opositores políticos del Gobierno sin base legal”.
En julio de 2023, el Gobierno de Estados Unidos ya había incluido a Morales y otros 12 personajes del régimen en su lista de “actores corruptos y antidemocráticos”, conocida como “Lista Engel”.
En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, incluyó a Morales entre los 54 altos funcionarios nicaragüenses identificados con nombres y apellidos como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país.
El Grupo describió que la procuradora “remite al Catastro Físico los listados de propiedades que deben traspasar al patrimonio del Estado o a instituciones específicas, incluyendo propiedades decomisadas arbitrariamente tras procesos judiciales fabricados o aquellas que son identificadas y confiscadas tras identificar que sus propietarios son opositores”.
Pese a las sanciones y señalamientos de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, Wendy Morales, la funcionaria más leal a Rosario Murillo, sigue acumulando poder al frente de una “súper” Procuraduría que engulle institutos, direcciones y ministerios, engordando sus funciones y también su presupuesto.
