4 de abril 2025
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El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) ha señalado, en varios informes, a personas e instituciones responsables de la brutal represión a la población nicaragüense que, con total impunidad, después de siete años, continúan reprimiendo a las personas consideradas opositoras al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El abanico de violaciones a los derechos humanos y la cantidad de víctimas es cada vez más amplio, pero los abusadores siguen siendo los mismos. Los mismos que desde las sombras o detrás de un escritorio estatal manejan a su antojo el destino de los nicaragüenses dentro y fuera del territorio nacional.
Estas son algunas de las instituciones estatales identificadas por el Grupo de Expertos, luego de tres años de investigación de la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
1. Presidencia
El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han utilizado las instituciones del Estado para mantenerse en el poder y reprimir sistemáticamente a la población opositora. De acuerdo con el Grupo de Expertos, la pareja gobernante ha consolidado un “control absoluto” sobre la población mediante “una represión generalizada y una extensa red de vigilancia e inteligencia” que incorpora las instituciones del Estado, las estructuras políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los grupos armados progubernamentales. Esta amplia red les ha permitido silenciar cualquier forma de oposición o disidencia.
Además, durante la represión a la protesta social del 2018, Ortega y Murillo tuvieron “conocimiento actual y permanente” de la actuación ilícita y sistemática de la Policía Nacional y de los grupos armados progubernamentales, así como del uso de armas letales contra los manifestantes, y no hicieron nada para frenar sus acciones contra la población civil. Al contrario, en sus discursos “instigaron” a la violencia contra las personas opositoras.
2. Ejército de Nicaragua
El Grupo de Expertos determinó que el Ejército de Nicaragua “participó activamente en la represión” contra las manifestaciones de 2018, “proporcionó armamento a la Policía y a los grupos armados progubernamentales, realizó operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos”. Aseguran que el 20 de abril de 2018, cuando las protestas estaban en su pico más álgido, los altos mandos del Ejército celebraron una reunión en la que leyeron una orden presidencial que “instaba a los jefes de diversas unidades militares a ‘neutralizar’ a los implicados en las manifestaciones”.
Siguiendo esas directrices, el comandante en jefe del Ejército (que es el general de Ejército Julio César Avilés) “ordenó la intervención militar en la represión de las manifestaciones, a pesar de que el Ejército no tenía competencia en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que la intervención de personal militar podría resultar en pérdida de vidas”.
En su reciente informe incluye a seis generales y cinco coroneles del alto mando el Ejército de Nicaragua, como encargados de la represión y las violaciones de derechos humanos.
3. Policía Nacional
El Grupo de Expertos constató que, en el contexto de la represión de las protestas de 2018, la Policía Nacional, cometió ejecuciones extrajudiciales y utilizó la fuerza letal de manera arbitraria, deliberada y sistemática contra la población. Los agentes de la Policía también participaron sistemáticamente en la comisión de cientos de detenciones arbitrarias y en la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, participaron en la manipulación de prueba testimoniales y documentales, órdenes de allanamiento y de detención y fabricación de evidencia en contra de los detenidos.
A partir de 2021 la mayoría de los presos políticos, fueron interrogadas, juzgadas y privadas de su libertad tras ser sentenciadas, en las instalaciones del Dirección de Auxilio Judicial. En este sentido, las víctimas quedaron sometidas a la jurisdicción de la Policía Nacional y, por ende, a la autoridad civil directa del Presidente de la República. El GHREN documentó los malos tratos infligidos a las víctimas detenidas en las instalaciones de la DAJ, que en muchos casos constituyen actos de tortura.
En su reciente informe detallan que el primer comisionado y director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, así como ocho comisionados generales y un comisionado mayor de la Policía, formaron parte del aparato represivo, controlado directamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
4. El Poder Judicial
El Poder Judicial instrumentalizó el derecho penal como herramienta de persecución de las personas opositoras, de acuerdo con los expertos. Desde 2018, los procesos judiciales en contra de los presos políticos estuvieron marcados por dilaciones deliberadas, el rechazo generalizado de los recursos de exhibición personal, incumplimiento de las garantías mínimas procesales, incumplimiento del debido proceso judicial, rechazo de las pruebas de la defensa, la imposición de prisión preventiva de manera generalizada y la ampliación de los tiempos de investigación y detención sin acusación por un periodo de 90 días. Además, condenó de manera generalizada a todas las personas consideradas opositoras.
En otra etapa de la represión, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) ordenó la privación de la nacionalidad de los 222 nicaragüenses que estaban expulsando a los Estados Unidos por los delitos de “traición a la patria”. Ese mismo día, la Asamblea Nacional modificó el artículo 21 de la Constitución sobre la prohibición absoluta de la privación de la nacionalidad para permitir la revocación de la nacionalidad de las personas designadas como
“traidores a la patria”. El despojo de la nacionalidad ha continuado de manera sistemática.
5. Ministerio Público
Funcionarios del Ministerio Público, junto con otros actores del sistema de justicia y de la Policía Nacional, realizaron acciones concertadas para garantizar y extender sistemáticamente la privación arbitraria de la libertad de los presos políticos, violar sus derechos procesales, generar sistemáticamente acusaciones, fabricar evidencia, instruyendo a testigos de cargo y redactando escritos de acusación que no se ajustaban a la realidad.
El Ministerio Público y la Policía Nacional también actuaron en complicidad para no presentar a las personas detenidas ante la autoridad judicial competente dentro de los plazos previstos por ley, prolongando así sistemáticamente su permanencia bajo custodia policial. Estos retrasos sistemáticos ayudaron a que las secuelas físicas de las torturas perpetradas en contra de las personas detenidas desaparecieran o se disimularan, antes de que éstas fueran presentadas ante un juez competente.
El reciente informe del GHREN detalla que la Fiscalía estuvo directamente involucrada en la “fabricación de casos” contra personas consideradas opositoras.
6. Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional ha adoptado una serie de leyes y reformas que restringen los derechos humanos, las libertades fundamentales y socavan el estado de derecho. Estas leyes se han utilizado para legitimar y justificar acciones autoritarias, como detenciones arbitrarias, criminalización de la disidencia, privaciones arbitrarias de nacionalidad, cierres forzosos de organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación independientes, y confiscaciones arbitrarias de bienes.
Entre las leyes restrictivas aprobadas por la Asamblea Nacional destacan la Ley de Amnistía, que dejó sin efecto los cargos contra todas las personas involucradas en la comisión de crímenes en el contexto de las protestas sociales de 2018; la reforma a la Constitución Política, que cambió el sistema de gobierno en el país; la Ley contra el Lavado de Activos, la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Soberanía y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Además, adoptó numerosos decretos legislativos que cancelaron la personalidad jurídica de más de 3000 organizaciones de la sociedad civil nacionales.
7. Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior, antes Ministerio de Gobernación, bajo la dirección de María Amelia Coronel Kinloch, tuvo un papel importante en la infraestructura represiva del Gobierno a través de tres de sus unidades subordinadas: el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Control y Registro. A esta institución se le atribuyen tratos crueles y degradantes contra los presos políticos. También ha sido una institución encargada de cerrar el espacio cívico con la cancelación de organizaciones no gubernamentales.
8. Sistema Penitenciario Nacional
El Sistema Penitenciario Nacional tuvo en custodia a la mayoría de los presos políticos a nivel nacional, a quienes sometió a actos equivalentes a tortura física y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante interrogatorios exhaustivos para obtener información o castigarlos por su participación en las protestas. Los actos documentados por los expertos incluyen: golpizas, violencia sexual, amenazas, insultos, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, aislamiento en celdas de castigo, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes, y cortes de agua y luz en las celdas.
El acceso a atención médica fue muy limitado, y se brindó en raras ocasiones o cuando la situación médica de la persona se había agravado. Además, varias víctimas detenidas en la cárcel La Modelo fueron sometidas a un régimen de aislamiento prolongado e indefinido en la sección de máxima seguridad, conocida como “La 300” y en celdas de castigo conocidas como “El Infernillo,” en condiciones aún más precarias. Algunos detenidos permanecieron en dicho régimen por más de dos años.
9. Dirección General de Migración y Extranjería
La Dirección General de Migración y Extranjería fue instrumentalizada por el régimen para limitar el derecho a circular libremente de las personas opositoras, así como de sus familiares e incluso de trabajadores y trabajadoras de instituciones del Estado. El Grupo de Expertos corroboró que esta dependencia del Ministerio del Interior restringe el derecho tanto de salir como el de volver a ingresar dentro del territorio nicaragüense a nacionales opositores en el exterior, tanto a través de prohibiciones expresas de funcionarios, retiradas de pasaportes en puntos fronterizos y la no renovación de los títulos de viajes expirados, motivando la salida del país por puntos ciegos.
La Dirección de Migración también participó en la retirada arbitraria de la nacionalidad y expulsión del territorio de personas nicaragüenses. El Grupo obtuvo información que confirma que las instrucciones de denegar a los y las nicaragüenses la entrada en su propio país procedían de la Dirección General de Migración y Extranjería, siguiendo órdenes directas del viceministro del Interior
10. Dirección General de Registro y Control
La Dircción General de Registro y Control, del Ministerio del Interior; bajo la dirección de Franya Urey Blandón, así como la Asamblea Nacional son responsables de la cancelación generalizada de la personalidad jurídica de las organizaciones sin fines de lucro y la confiscación arbitraria de sus bienes. Estas acciones han contribuido significativamente al desmantelamiento del espacio cívico y garantizado el monopolio del Estado sobre las actividades comunitarias, de desarrollo y de bienestar social. Entre las organizaciones afectadas se encuentran las dedicadas a los derechos humanos, las de mujeres, indígenas y religiosas, y las cámaras empresariales.
11. Grupos armados progobierno
El Grupo de Expertos verificó que desde el 18 de abril de 2018, grupos armados progobierno, actuando con el consentimiento de altos mandos de la Policía Nacional y de la jerarquía del Estado, participaron sistemáticamente en la represión de las protestas contra del Gobierno, utilizando para ello fuerza letal de manera deliberada y sistemática, lo que resultó en la muerte de personas manifestantes. Integrantes de grupos armados pro-gobierno también participaron sistemáticamente en las detenciones violentas y arbitrarias de personas opositoras, así como en la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Estos grupos armados pro-gobierno fueron identificados por el jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, como una “policía voluntaria” integrada por miembros de la sociedad civil. Este cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional fue institucionalizado mediante la Constitución Política “Chamuca” aprobada en febrero de 2025.
12. Frente Sandinista de Liberación Nacional
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha utilizado todos sus recursos y estructuras para infiltrarse en todas las instituciones públicas y gobiernos locales, consolidando así su control sobre las entidades estatales en todo el país. Las “Unidades de Victoria”, integradas por miembros del FSLN y conocidas anteriormente como Comités de Liderazgo Sandinista, se han establecido dentro de todas las instituciones públicas con la misión de ejecutar las directivas del partido dentro de su respectiva institución.
Estas Unidades de Victoria desempeñan un rol esencial en la vigilancia de las personas opositoras. A través de ellas el FSLN asegura el control “desde abajo”. Están presentes en todos los distritos, municipios y barrios de Nicaragua. Recogen información que los secretarios políticos transmiten a la dirección del FSLN, que la comparte con la Dirección de Información para la Defensa del Ejército o con los servicios de inteligencia de la Policía. Según el Grupo de expertos, esta red de inteligencia y control “ha permeado todos los niveles de la sociedad, desde los barrios hasta las alcaldías, los departamentos y las delegaciones ministeriales”.
13. Las alcaldías
La participación de algunas alcaldías, como por ejemplo las de Estelí, Masaya, Jinotepe, Tipitapa (Managua), Matagalpa y Jinotega, en el reclutamiento, movilización y coordinación de grupos progobierno, fue “notoria y sistemática” según el Grupo de Expertos.
Además, durante la represión a las protestas en 2018, pudo observarse el uso de las estructuras y recursos de las alcaldías por parte de estos grupos armados progobierno.
14. Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
Desde el inicio de la protesta en abril de 2018, TELCOR jugó un rol instrumental en la censura sistemática de periodistas, interrupción de retransmisiones, y cierre sistemático de medios de comunicación independientes, como parte de la estrategia del Gobierno para silenciar a todas las voces críticas. Desde la dirección de TELCOR se transmitieron mensajes intimidatorios a los responsables de al menos dos canales de televisión, amenazándoles con que se tendrían que “atener a las consecuencias” en caso de dar cobertura mediática a las manifestaciones públicas en contra del Gobierno, y sugiriendo que se ocuparan de otros temas.
TELCOR también alberga “granjas de trolls” que trabajan desde el Centro de Convenciones PAEBANIC, el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (INATEC), las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y la sede de TELCOR. Estas granjas son controladas por la Red de Jóvenes Comunicadores y la Secretaría Nacional de Organización del FSLN y responden a la Vicepresidenta. Acosan, amenazan y desacreditan a los opositores, al tiempo que difunden desinformación.
15. Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido la institución encargada de ejecutar confiscaciones de propiedades de Organismos sin Fines de Lucro, opositores y sus familiares, despojándoles de recursos económicos. En el caso de las 452 personas privadas de su nacionalidad, el Tribunal de Apelaciones de Managua emitió resoluciones ordenando a la Procuraduría ejecutar la confiscación de sus bienes. La Procuraduría ejecutó estas órdenes tomando posesión de las propiedades y otros bienes, con el apoyo de la Policía, y adjudicándolos a instituciones del Estado.
La Procuraduría también transmitía información sobre las propiedades confiscadas al Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, indicando la institución estatal a la que debía asignarse la propiedad. El Grupo identificó algunos casos en los que la Procuraduría transfirió la titularidad de las propiedades al Estado de facto; es decir, sin que las víctimas tuvieran conocimiento de ningún proceso en su contra.
16. Unidad de Análisis Financiero
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) también ha sido identificada por el Grupo de Expertos como parte de la red de vigilancia estructurada por el régimen para identificar a opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos. Esta estructura también determina a quién detener, expulsar, impedir el regreso o despojar arbitrariamente de la nacionalidad. La Unidad de Análisis Financiero ayuda a identificar las cuentas bancarias de los opositores que deben embargarse.
17. Consejo Nacional de Universidades
El Consejo Nacional de Universidades (CNU), dirigido por su presidenta Ramona Rodríguez y su director ejecutivo, Jaime López Lowery; se coordinó con la Dirección General de Control de Organizaciones sin Fines de Lucro para cancelar las personalidades jurídicas de 37 universidades privadas y confiscar sus propiedades, de acuerdo con investigaciones del Grupo de Expertos.
El CNU también es señalado por la expulsión de una cantidad indeterminada de estudiantes, como forma de castigo por haber participado en protestas contra el régimen de Ortega y Murillo; por desmantelar completamente la autonomía universitaria, fomentar el proselitismo político dentro de las universidades y violar los derechos laborales de los trabajadores despedidos por manifetarse en contra del régimen.
18. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
El Grupo de Expertos también constató que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, dirigido por Maribel del Socorro Duriez González, participación activamente, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Consejo Nacional de Universidades, en la cancelación de las personalidades jurídicas de las universidades privadas y la ulterior confiscación de sus patrimonios. “Esto se ha ejecutado mediante la generación de causales con el fin de dar una apariencia de legalidad y justificar las cancelaciones de la personalidad jurídica de algunas universidades privadas”, precisaron los expertos.
19. Ministerio de Salud
Altos funcionarios del sistema de salud, incluyendo la ministra de Salud, Sonia Castro González en 2018, el secretario general de Salud, Carlos Sáenz Torres, y el sindicato de trabajadores de la salud, ordenaron a profesionales y centros de salud públicos que no atender a las personas heridas en el contexto de las manifestaciones. Testimonios recabados por el Grupo de Expertos y fuentes abiertas afirman que el Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), Gustavo Porras, quien además es presidente de la Asamblea Nacional, ejerció un poder significativo dentro del Ministerio e igualmente estuvo vinculado al papel que dicho órgano jugó en el contexto de la represión de las protestas.
20. Consejo Supremo Electoral
Previo a las elecciones generales de 2021, el Consejo Supremo Electoral canceló tres partidos políticos de oposición, con base a legislación restrictiva del derecho a la participación, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos, y sin motivar debidamente sus resoluciones. El Grupo de Expertos analizó las resoluciones de disolución de los tres partidos, y encontró que éstas fueron “flagrantemente arbitrarias y poco transparentes”.
