3 de abril 2025
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Un total de 54 altos funcionarios nicaragüenses con nombre y apellidos y cargos son identificados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país, en un nuevo y detallado informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), publicado el 3 de abril de 2025 en Ginebra, Suiza.
La lista incluye a seis generales y cinco coroneles del alto mando el Ejército de Nicaragua, el primer comisionado, ocho comisionados generales y un comisionado mayor de la Policía, que forman parte del aparato represivo, controlado directamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El documento también detalla de forma exhaustiva las estructuras institucionales, las cadenas de mando y las responsabilidades “estatales e individuales” de cada uno de los implicados en la represión dirigida por el Estado tras el estallido de la insurrección de abril de 2018.
“Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
Según el documento de 234 páginas estas personas desempeñan funciones clave en la ejecución de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y los medios de comunicación, así como en la desnacionalización y confiscación de propiedades privadas.
“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”, dijo Ariela Peralta, experta del Grupo. “Estos no son incidentes aleatorios o aislados —agregó Simon— son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas”.
Los expertos reiteraron su llamado a que la comunidad internacional tome medidas urgentes y concretas, incluyendo acciones legales, sanciones y mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil.
“Este informe es una hoja de ruta para la justicia”, dijo Reed Brody, experto del Grupo. “Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas”, agregó el experto del Grupo.
Además, el informe describe y analiza la situación de derechos humanos en Nicaragua, detallando violaciones y abusos sistemáticos. También expone patrones de represión, incluyendo:
- Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales
- Encarcelación y detenciones arbitrarias
- Tortura y tratos crueles
- Desapariciones forzadas
- Deportaciones
- Persecución
- Negación de derechos fundamentales
CONFIDENCIAL muestra quiénes son los 54 funcionarios y operadores políticos identificados por el GHREN en el aparato represivo de la dictadura, organizado según las instituciones y cargos que representan y el rol que desempeñaron o continúan desempeñando en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses dentro y fuera del país.
Presidente y brazos represores
Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentran en la “cúspide de la cadena de mando” y dirigen las acciones represivas. A través de los asesores presidenciales, como Néstor Moncada Lau, emiten “órdenes operativas” a las principales instituciones del Estado. Murillo, según el GHREN, ejerce un “control estrecho” sobre la Policía Nacional, encabezada por Francisco Javier Díaz Madriz, que constituye el principal “brazo político y represivo” de la dictadura.
Julio César Avilés Castillo al mando del Ejército de Nicaragua y Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Ministerio del Interior participan en esta cadena represiva y otras entidades claves que integran el Comité de Inteligencia Nacional, que centraliza la información de vigilancia y responde directamente a Ortega.
Daniel Ortega, “copresidente”
Controla junto con su esposa todos los poderes (ahora reducidos a órganos) e instituciones del Estado. Se aseguró un tercer mandato consecutivo tras anular a los partidos políticos de oposición y encarcelar a los precandidatos.
Rosario Murillo, “copresidenta”
Junto con su esposo dio órdenes para dirigir la represión. El Grupo la señala a cargo de la cadena de mando de la represión, dando la orden “vamos con todo” que derivó en la masacre contra la protesta, que dejó cientos de asesinados.
POLICÍA NACIONAL
Francisco Díaz Madriz
Primer comisionado y director de la Policía Nacional. Ordenó que los policías usarán “fuerza letal contra los manifestantes” para responder “con toda la fuerza disponible, sin escatimar recursos ni reservar ningún tipo de acción”.
Zhukov Serrano Pérez
Comisionado general, subdirector general y jefe de Investigación e Inteligencia Policial desde de 2022. Uno de los encargados de “identificar a las personas a expulsar” con vigilancia política.
Justo Pastor Urbina
Comisionado general y jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales. Dirigió la participación de la DOEP en la represión y el desmantelamiento de las barricadas.
Ramón Avellán Medal
Exsubdirector general. Participó activamente en acciones represivas con los grupos armados progubernamentales y lideró personalmente la represión en Masaya y Monimbó.
Adolfo Marenco Corea
Exsubdirector general y jefe de Investigación e Inteligencia Policial, hasta 2022. Otro de los encargados de “identificar a las personas a expulsar” con vigilancia política.
Luis Pérez Olivas
Comisionado general, Jefe de Auxilio Judicial (Managua). Utilizó centros de detención clandestinos y estaciones policiales para interrogar a personas detenidas arbitrariamente.
Juan Victoriano Ruiz
Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, desde 2023. También utilizó la DAJ, estaciones y otros centros para interrogatorios a personas detenidas arbitrariamente.
Horacio Rocha
Comisionado general en retiro, exministro asesor. Dió órdenes de detención con motivo de expulsión del país y desalojó a la presidenta de la CSJ sin procedimiento legal.
Juan Valle Valle
Comisionado general y jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje. Transmitía órdenes de represión y aseguraba que cada orden estuviera “controlada y supervisada”.
Farle Roa Traña
Comisionado mayor, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (2018 a octubre de 2019). Asistió a Luis Pérez Olivas en la DAJ.
EJÉRCITO DE NICARAGUA
Julio César Avilés
Jefe del Ejército. Ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública.
Bayardo Ramón Rodríguez
Jefe del Estado Mayor. El 20 de abril de 2018, en reunión con los altos mandos del Ejército leyó una “orden presidencial” que “se asimilaba a una disposición de combate” orientando a las unidades militares a “neutralizar” a los líderes de las manifestaciones, que presuntamente promovían un golpe de Estado.
Rigoberto Balladares Sandoval
General de Brigada. Por catorce años fue el jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), hasta que Murillo ordenó su caída en julio de 2024. Parte de la unidad que mantuvo el “control sobre las operaciones de inteligencia” en 2018.
Leonel Gutiérrez López
General de Brigada y jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia. Parte de las direcciones que asumieron el “control operativo de la represión” en 2018.
Álvaro Peña Núñez
Coronel, y jefe de la Dirección de Información para la Defensa, tras la caída de Rigoberto Balladares. Está dedicado a labores de “vigilancia política de personas críticas” de la dictadura
Marvin Antonio Paniagua
General de Brigada y jefe de la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales, antes jefe del Sexto Comando Militar Regional. Ordenó la participación de personal de su unidad en la represión del 2018, “vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la Policía y a los grupos armados progubernamentales”.
Manuel Salvador Gaitán
General de Brigada, Jefe de la Dirección General de Doctrina y Enseñanza, antes Coronel de Infantería, Jefe, Comando de Operaciones Especiales, Ejército Nacional (2018). En 2018, ordenó el “despliegue de francotiradores con rifles de precisión diseñados para disparos de largo alcance con gran exactitud”.
Denis Hernández Martínez
Coronel de Infantería, Jefe del Quinto Comando Militar Regional. En 2018, ordenó la participación del personal de su unidad militar en la represión, “vistiendo uniformes policiales o ropas civiles”.
Vladimir Ilich Martínez
Coronel de Artillería, Jefe, Segundo Comando Militar Regional. Parte de los comandos militares que ordenaron la participación de personal de sus unidades militares en la represión del 2018.
Álvaro Rivas Castillo
Coronel de Infantería, Jefe del Destacamento Militar Sur. Ordenó reprimir las protestas, como consecuencia de la “orden presidencial” leída el 20 de abril.
José Hilcias Rizo
Coronel de Infantería, Jefe del Primer Comando Militar Regional. También ordenó a su personal reprimir las protestas ciudadanas en 2018.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Luis Roberto Cañas
Viceministro del Interior. Instruyó a directores de los centros de detención a obstaculizar el acceso de los abogados defensores y desobedecer órdenes judiciales de liberación y exhibición personal. Además, dio orden de implementar una política sistemática de trato discriminatorio contra reos políticos, y dirige un equipo para decidir si una persona entra o no a Nicaragua.
Franya Ya-Rue Urey Blandón
Encargada de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio del Interior. Su trabajo ha incluido cancelar y justificar la anulación masiva de la personalidad jurídica de organismos sin fines de lucro. Aproximadamente 5500 oenegés han sido canceladas desde finales de 2018. Primero por la Asamblea y ahora por el Mint.
ASESORES PRESIDENCIALES
Néstor Moncada Lau
Asesor presidencial de seguridad e inteligencia. Uno de los encargados, junto con Fidel Moreno, de recabar información de la red de inteligencia. Transmitían a la Policía las órdenes de ejecutar detenciones de personas identificadas. Encargado del canal de transmisión de órdenes presidenciales al Poder Judicial.
Fidel Moreno, alcaldes y FSLN
El aparato de represión incluye a Fidel Moreno Briones, quien como hombre de confianza de Rosario Murillo, dirige la reestructuración del Poder Judicial desde 2024, y es el encargado de “perfilar a las personas que son consideradas una amenaza”.
Los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tienen presencia en todas las instituciones públicas y cumplen funciones clave en la “red de vigilancia e inteligencia del aparato estatal”.
Entre los secretarios políticos más sobresalientes en la represión están los alcaldes Sadrach Zeledón Rocha, en Matagalpa, y Leónidas Centeno Rivero, en Jinotega, quienes “lideraron la represión en sus respectivos departamentos”. La Juventud Sandinista, bajo el liderazgo de figuras leales a Murillo como Pedro Amilkar Orozco, también promueve las “ideas y los objetivos del Frente Sandinista”.
Fidel Moreno Briones
Secretario general de la Alcaldía de Managua y secretario de organización nacional del Frente Sandinista. Es uno de los dirigentes de los secretarios políticos a nivel nacional. El 18 de abril de 2018 dio la orden de reclutar a las fuerzas de choque con el “fin de defender la revolución”. Un día después, el 19 de abril, transmitió la orden conocida como “vamos con todo”, de Murillo, para justificar la represión. El GHREN tiene “motivos razonables” para creer que, por su orden, funcionarios de algunas instituciones del Estado fueron armados, y en algunos casos obligados, a participar en la represión.
ALCALDES Y SECRETARIOS
Leónidas Centeno Rivera
Alcalde de Jinotega. Fue uno de los líderes de la represión en ese departamento del norte.
Sadrach Zeledón Rocha
Alcalde de Matagalpa. Fue uno de los líderes de la represión en ese departamento.
Evertz Delgadillo Moreno
Hasta 2022, fue secretario político departamental del FSLN en León y fue uno de los líderes represores.
JUVENTUD SANDINISTA
Pedro Amilkar Orozco
Excoordinador de la Juventud Sandinista 19 de Julio en Managua. Leal a Rosario Murillo. Coordinó los “grupos de choque” en 2018. Aunque dejó el cargo, según testimonios y documentos del GHREN, sigue ejerciendo de facto en contacto directo con Fidel Moreno. Fue apoyado por un alto mando de la Policía, con oficiales de civil armados para la represión, consolidando “grupos de choque”.
Milton Ruiz García
Excoordinador nacional de la JS. Uno de los dirigentes de las “granjas de trolls”. Facilitó la participación de los “grupos de choque” en acciones de intimidación y vigilancia, lideró brigadas de choque por órdenes de Murillo. Con estructuras locales del FSLN y la Policía, facilitó la movilización de militantes armados que atacaron en universidades y barrios identificados como opositores.
Poderes u Órganos del Estado e instituciones públicas
El Grupo de Expertos señala que Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional, ha sido clave en la aprobación de leyes que facilitaron la confiscación de bienes a organismos sin fines de lucro, defensores de derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones religiosas y universidades privadas.
El informe detalla que la Procuraduría General de la República (PGR), con apoyo de la Policía, ha dirigido estas confiscaciones ejecutando órdenes judiciales y de la Presidencia.
Dentro de este modus operandi, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por el magistrado Marvin Aguilar García, junto con jueces del Órgano Judicial, magistrados del Tribunal de Apelaciones y el Ministerio Público, se encargan de fabricar casos contra presos políticos para justificar las detenciones arbitrarias.
En la cadena de mando, Murillo ordena al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) confiscar las pensiones. El GHREN tiene información de 452 personas desnacionalizadas y sus familias a las cuales les han confiscado pensiones.
Además, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), dirigido por Nahima Janett Díaz Flores, trabaja en interceptar ilegalmente comunicaciones y gestiona las “granjas de trolls” para campañas de desinformación y hostigamiento.
ASAMBLEA NACIONAL
Gustavo Porras
Presidente de la Asamblea Nacional. Ha tenido un rol esencial en la utilización del Poder Legislativo para cumplir con los objetivos represivos del Poder Ejecutivo, con la aprobación de leyes represivas.
Filiberto Rodríguez
Diputado, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022 firmó la mayoría de las iniciativas para cancelar oenegés.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Marvin Aguilar García
Vicepresidente de la CSJ y presidente en funciones. Transmitía instrucciones de la Presidencia a la entonces presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos y el entonces presidente del TAM, Gerardo Rodríguez.
Juana Méndez
Magistrada. El 11 de mayo de 2023 suspendió de manera “arbitraria y permanente” del ejercicio de la profesión a 25 abogados entre las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en 2023.
Alba Luz Ramos
Expresidenta de la CSJ. Tuvo conocimiento de las decisiones que facilitaron medidas judiciales contra 222 exreos políticos desterrados “sin que se garantizara el debido proceso”.
FISCALÍA
Ana Julia Guido
Fiscal General. Era la encargada de transmitir instrucciones políticas a fiscales y jueces en relación con las personas que debían ser enjuiciadas y en la “fabricación de casos”.
Douglas Vargas Flores
Inspector general y secretario político en la Fiscalía. Desempeñó un papel clave en la fabricación de casos que dieron pie a una ulterior confiscación de ciudadanos.
Javier Antonio Morazán
Jefe de la Unidad de Crimen Organizado. Encabezó un grupo reducido de fiscales de confianza que se reunía con policías para fabricar cas políticos.
MAGISTRADOS
Henry Antonio Morales. Tribunal de Apelaciones Managua (TAM) hasta 2023. Encargado de supervisar a los jueces de Managua.
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía. Presidente TAM a partir de 2021. Transmitía las orientaciones del magistrado Marvin Aguilar García y supervisaba a los jueces con el apoyo de Henry Antonio Morales. Convocaba reuniones previo a las audiencias de presos políticos en su despacho, a las cuales asistían jueces de distrito penal, fiscales, defensores públicos y policías. Juntos se “aseguraban de que todos los involucrados conocieran y siguieran el guion predeterminado del proceso”, que incluía “desestimar las objeciones de la defensa, incluso aquellas que señalaban irregularidades procesales, aceptar sin cuestionamiento las pruebas presentadas por la Fiscalía e ignorar las pruebas de descargo”.
Luis Gerardo Rodríguez Olivas. Presidente TAM hasta 2021. Parte de quienes “entorpecieron o impidieron deliberadamente la ejecución de los recursos de exhibición personal (habeas corpus) interpuestos a favor de personas opositoras”, negando a las víctimas su derecho a comparecer y a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal.
Octavio Ernesto Rothschuh Andino. Presidente Sala Penal Uno desde 2021. El 9 de febrero de 2023 emitió una resolución declarando “traidores a la patria” a 222 nicaragüenses privados arbitrariamente de su libertad y ordenando su “deportación inmediata”.
JUECES
Karen Vanessa Chavarría Morales. Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua. Como cosecretaria política del FSLN a nivel del Tribunal de Apelaciones de Managua, transmitía orientaciones y supervisaba a los jueces de Managua.
Gloria María Saavedra Corrales, Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua. Fue la encargada de ordenar la toma y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).
Nadia Tardencilla Rodríguez, Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua. Privó arbitrariamente de su nacionalidad a monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa.
SISTEMA PENITENCIARIO
Roberto Clemente Guevara Gómez. Alcaide, Director de la Dirección Penitenciaria de Máxima Seguridad, “La 300”. Uno de los encargados de dar instrucciones de un trato “aún más severo, con afectaciones intencionalmente infligidas” en contra de las personas detenidas por motivos políticos. Este trato discriminatorio “equivale a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en algunos casos a tortura”.
Venancio Miguel Alaniz Ulloa. Subdirector General Administrativo, Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional. Ha estado directamente involucrado en la gestión de las personas privadas de su libertad por motivos políticos y su ubicación dentro del penal. “Su participación en la aplicación de estrategias de control ha sido constante, consolidando un sistema de trato diferenciado y discriminatorio en los centros de detención que en muchos casos califican como tratos crueles e incluso tortura”. Ha supervisado directamente la aplicación de medidas disciplinarias, incluyendo aislamiento prolongado, restricciones arbitrarias de visitas familiares y legales, así como negación de atención médica. Bajo su gestión se han registrado operativos represivos dentro de la cárcel La Modelo, caracterizados por el uso desproporcionado de la fuerza.
Julio Guillermo Orozco. Director General del Sistema Penitenciario Nacional. Ordenó la “desobediencia y el desacato a las órdenes judiciales”, instruyendo a los directores de los centros de detención para “obstaculizar el acceso de los abogados defensores a sus clientes y negarse sistemáticamente a cumplir órdenes de liberación y exhibición personal”.
William Trujillo Vega. Subalcaide de la Dirección Penitenciaria de Máxima Seguridad “La 300”. Involucrado en “actos de tortura, malos tratos, amenazas y golpizas” contra personas privadas de libertad por motivos políticos.
TELCOR
Nahima Janett Díaz Flores
Directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), parte de las instituciones que identifica “personas sujetas a expulsión” en coordinación con el Ejército, la Policía Nacional, el FSLN, el Ministerio del Interior. Ella es quien “entrega toda la información sobre llamadas, mensajes de telefonía celular e internet”.
SEGURIDAD SOCIAL
Roberto José López
Presidente ejecutivo del INSS y secretario político en esa institución. Es uno de los funcionarios “más cercanos” a Murillo. Ha ordenado la confiscación de pensiones a adultos mayores, entre ellos a privados arbitrariamente de su nacionalidad por resolución judicial, “afectando negativamente sus condiciones de vida”. También pensiones de exempleados públicos y opositores en el exterior.
PROCURADURÍA GENERAL
Wendy Morales Urbina
Procuradora general. Remite a Catastro Físico listados de propiedades que deben traspasar al patrimonio del Estado o a instituciones específicas. Incluye propiedades decomisadas arbitrariamente tras procesos judiciales fabricados o aquellas que son identificadas y confiscadas tras identificar que sus propietarios son opositores. Obtienen información a través de “visitas a las viviendas”.
La centralización de la represión
El informe del GHREN concluye que Daniel Ortega y Rosario Murillo “han ejecutado una estrategia progresiva para afianzar un control absoluto” y para lograrlo han llevado a cabo “sistemáticamente graves violaciones de los derechos humanos”.
“Esta tendencia ha culminado en una reforma constitucional diseñada para cimentar una autoridad ejecutiva sin control: el golpe final al estado de derecho y a las libertades básicas en Nicaragua, desmantelando lo poco que quedaba de controles y equilibrios institucionales”, detallan.
Mencionan que todo el aparato represivo del país “está controlado centralmente” por Ortega y Murillo, apoyados por altos funcionarios del Estado y del partido.
El GHREN advierte que la situación de los derechos humanos en Nicaragua “sa deteriorado hasta el punto de que restaurar la democracia y el estado de derecho llevará años y recursos considerables”.
“Cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga”, insisten.
