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La cancelación, “de manera definitiva”, del contrato de concesión de la Planta Geotérmica Momotombo, en Nicaragua, confisca a tres inversionistas extranjeros que durante más de una década han desarrollado negocios en el país. Se trata de los socios mexicanos Arturo Gamboa Rullán y Pablo Monroy, y del guatemalteco Fernando Paiz, miembro de uno de los grupos empresariales más poderosos del istmo centroamericano.
Poco antes de adquirir la empresa geotérmica, en sociedad con Álvaro Baltodano Monroy a través de Momotombo Power, los mexicanos Monroy y Gamboa habían incrementado su fortuna al vender el 33% de las acciones de la empresa Genomma Lab, en la que ambos eran accionistas. Una transacción estimada en 300 millones de dólares. Paiz, por su parte, en 2005 vendió sus operaciones de Supertiendas Paiz y Despensa Familiar en Guatemala y El Salvador a Walmart Stores, y es el inversionista de Mangosa en Nicaragua, entre otras sociedades.
La Procuraduría —al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo— justificó la cancelación de la concesión a la empresa Momotombo Power, alegando que Álvaro Baltodano Cantarero, expresidente de la Corporación Nacional de Zonas Francas, y su hijo, el empresario nicaragüense-mexicano Álvaro Baltodano Monroy, estaban coludidos en una operación de “lavado de dinero” con “otras personas”, que no identifican. Pero ninguno de los empresarios socios de Baltodano Monroy —que invirtieron en la empresa durante 12 años— tiene el perfil de un lavador de dinero.
Detienen, confiscan… y luego acusan
En 2013, la empresa Momotombo Power Company, encabezada por el empresario Álvaro Baltodano Monroy con empresarios guatemaltecos y mexicanos, adquirió por 7.5 millones de dólares la concesión que antes estaba a nombre de Ormat Momotombo Power Company.
Doce años después, el régimen decidió cancelarla, tras encarcelar a Baltodano Monroy, hijo de Álvaro Baltodano Cantarero y sobrino del inversionista mexicano Pablo Monroy.
La detención de Baltodano Monroy ocurrió dos meses después del arresto de su padre, ahora condenado a 20 años por la supuesta comisión del delito de traición a la patria.
Días más tarde, a principios de agosto de 2025, la dictadura envió a tomar posesión de la Planta Geotérmica Momotombo, a Ernesto Martínez-Tíffer, quien ha sido presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) desde 2007.
Y fue hasta casi una semana después, el 15 de agosto, que la Procuraduría publicó su comunicado asegurando que los dos Baltodano “y otros”, habrían diseñado un esquema societario ilegal para “lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la Hacienda Pública”.
Murillo celebró 40 años de Momotombo en 2023
El 14 de julio de 2023, la entonces vicepresidenta, Rosario Murillo, celebraba los 40 años de puesta en servicio de la planta geotérmica, reconociendo su aporte a la generación de energía con fuentes renovables. “Muchas felicitaciones a todos los compañeros que han trabajado y siguen trabajando tan duro para que la energía fluya… y muchas felicitaciones a Ernesto con todo el cariño, el respeto y el reconocimiento de todos nosotros”, dijo Murillo.
El otro argumento de la Procuraduría es que “Momotombo Power Company incumplió con su obligación de realizar inversiones que potenciarán la máxima operación del recurso geotérmico”. La meta mencionada es que se alcanzara un nivel de producción de energía de 37 a 40 megavatios. “También se corroboró que la empresa Momotombo Power Company tampoco ejecutó las obras acordadas en el contrato para dicho fin”, añadió la entidad.
El último dato disponible (sin fecha) en el sitio web del Centro Nacional de Despacho de Carga, detalla que Momotombo Power Company tenía una capacidad instalada de 77.5 MW, y una capacidad efectiva de solo 28 MW.
Un ejecutivo del sector energético explicó a CONFIDENCIAL, desde el anonimato, cómo es que esa falta de inversiones propició que la planta estuviera debajo del potencial que tiene el reservorio. La geotermia es una actividad que demanda mucha inversión. La Planta Geotérmica Momotombo requería de una inversión para reinyectar agua al sistema y poder elevar la capacidad de generación. Desde el inicio, los inversionistas podían financiar las operaciones con recursos propios. Sin embargo, decidieron buscar préstamos para perforar nuevos pozos, pero no lo consiguieron.
El resultado es que la generación se quedó bastante congelada, porque no se perforaron nuevos pozos, ni se invirtió para reinyectar agua al sistema, lo que impidió cumplir la meta de aumentar la producción de electricidad. Ese hecho, que ahora usa la Procuraduría, deja a ambos Baltodano en la cárcel, y a los extranjeros confiscados preguntándose qué pueden hacer para recuperar su inversión.
Clima de negocios en Nicaragua ya no puede ser peor
La decisión de confiscar a tres inversionistas extranjeros empeora más el clima de negocios en Nicaragua, y distorsiona aún más la imagen del país como un lugar propicio para hacer inversiones, según seis expertos consultados por CONFIDENCIAL.
“Ya no hay nada que pueda afectar más al clima de negocios en Nicaragua, pues esto es más de lo mismo, en el sentido de que no hay un clima de negocios del que se pueda hablar”, aseveró el economista y exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro, exreo político desterrado en febrero de 2023.
El exfuncionario público asevera que el clima que hay en Nicaragua es de “agresión total al inversionista, de acoso, terrorismo fiscal y chantaje. Este patrón viene desde hace años, así que no es que esto vaya a deteriorar el clima de negocios, porque más deteriorado ya no puede estar”, sentenció.
Confiscados tienen varias opciones legales, pero…
“Una concesión es un contrato entre el Estado y actores privados que pueden ser inversionistas extranjeros o nacionales”, explica desde el exilio, un abogado que solicita proteger su identidad. Añade que, tanto al otorgar una concesión, como al firmar un contrato, el Estado y su contraparte siempre deben dejar establecido cómo se van a resolver los conflictos que pudieran surgir.
“Debe haber un acápite que detalle cómo se resuelven los conflictos entre las partes”, insiste el abogado. Las opciones van desde el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Grupo del Banco Mundial, hasta una corte en Nueva York. También puede ser el Cafta, recuerda Chamorro, en referencia al Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
El ejecutivo del sector energético dijo que además de la ‘opción CAFTA’, se puede recurrir a la Organización Mundial de Comercio, si los demandantes pueden plantear el suyo, como un caso del ámbito comercial.
Otra posibilidad —dada la nacionalidad de dos de los afectados— es que se recurra a los mecanismos definidos en el acuerdo de libre comercio con México. “Los mecanismos de resolución de controversias típicamente involucran primero que las partes traten de llegar a acuerdos, pero si no, tienen opciones de resolverlo mediante árbitros, donde participa uno de cada parte y otro independiente”, explicó.
Nicaragua: el Estado forajido
Aunque es claro que existen opciones legales, también lo es que no existe voluntad del Estado nicaragüense, cooptado por Ortega y Murillo, para cumplir cualquier resolución que les sea adversa, opinan las fuentes.
“Como Nicaragua se ha salido de varios foros internacionales, y desconoce todo foro que contradiga la política soberanista de los dictadores, muy probablemente van a desconocer cualquier tipo de arbitraje. Tampoco van a respetar las cláusulas [del contrato de concesión] que tengan que ver con la resolución de conflictos”, complementó el abogado.
Chamorro recuerda que en el país se han visto casos de inversionistas violentados por la dictadura, pero “en este caso, que se trata de un recurso natural con un régimen muy especial, además declarado de interés público, no hay nada qué hacer. Estos señores la perdieron y aunque vayan a pedir justicia a algún lado, el Estado no va a aceptar ningún tipo de resolución como vinculante. Estamos hablando de un Estado forajido que ignora el Derecho Internacional, y el local mismo. Ahí no hay nada que hacer”, insistió.
Tampoco existen posibilidades de presentar un recurso en el país, “¿quién protege a los ciudadanos y a las empresas, si las instituciones están colapsadas y sometidas? En el país ya no hay un Poder Judicial independiente: lo que hay es un órgano judicial supeditado a la copresidencia”, reseñó el abogado.
Cuando ya no funciona tener amigos en la dictadura
Mientras en Nicaragua estuvo en vigencia el ‘esquema de acuerdos y consensos’ que le dio una posición privilegiada al sector privado organizado, las empresas y los empresarios contaban con un colchón de seguridad que les daba margen de maniobra para gestionar ante el Estado. Tener en la junta directiva alguien cercano al poder, representaba una garantía adicional.
Hasta ahora.
La confiscación de la Planta Geotérmica Momotombo “se inscribe en un contexto progresivo de contaminación letal, tóxica, del ambiente inversionista en Nicaragua, porque ha sido una sucesión de hechos los que han intoxicado ese ambiente”, observa el economista Enrique Sáenz.
“Lo que ocurrió con Momotombo”, explica un experto en finanzas y comercio internacional, que también pidió mantenerse en el anonimato, “es que se le dio la concesión a unos ciudadanos extranjeros, a quienes les dijeron que tenían que buscar socios nicaragüenses. Cualquier inversionista hubiera pensado lo mismo que pensaron ellos: buscar gente que tenga influencia con el Gobierno, influencia política para evitar las confiscaciones”, añadió en referencia a Baltodano.
La razón por la que falló esa garantía, es porque “eso cambió. Y cambió porque cambió el Gobierno”, reitera el experto, “Es la siguiente etapa en el guion de los dictadores: sembrar terror porque la seducción ya no funciona”.
El costo de hacer negocios en dictadura
Aunque los resultados a corto plazo parecen sugerir que el matrimonio copresidencial puede seguir actuando de esta forma sin que haya consecuencias, tanto Chamorro como el economista Marco Aurelio Peña advierten contra esa euforia triunfalista.
La decisión de cancelar la concesión geotérmica “muestra un interés claro de violentar todo tipo de derechos, y esto termina afectando la misma capacidad del Estado de otorgar concesiones”, explica Chamorro. “Cuando exista la necesidad de encontrar un inversionista interesado en una concesión estatal en cualquier rubro, no solamente el energético, este la va a pensar dos veces. A la postre, eso termina acabando con la inversión”, alerta.
Peña considera que el régimen asume “un riesgo enorme”, al actuar por la fuerza. Aquí hay un costo de oportunidad, que se mide por aquello que está dejando de percibir el país porque no es una democracia. “¿Cuánta inversión llega a Panamá, a Costa Rica, a Guatemala, que no tienen una situación política como la que tiene Nicaragua? Esa es la pregunta que nos debemos hacer”, señaló.
“Sufrir una dictadura, una autocracia, tiene un costo económico. Tiene un costo de oportunidad altísimo en términos de captación de inversión extranjera directa, porque la marca país se ve seriamente perjudicada”, ilustró el economista. Ese costo, abundó, se incrementa por la decisión de algunos gobiernos que le están recomendando a sus ciudadanos no visitar Nicaragua.
