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Poco después de las dos de la tarde del miércoles 11 de septiembre de 2024, un grupo de personas, identificadas como trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR), llegaron al despacho de Erling Valdivia García, hasta entonces alcalde de Mulukukú, en el Caribe Norte de Nicaragua. El motivo: desalojarlo y comunicarle su despido inmediato. Para entonces, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya había destituido a 12 de las autoridades municipales electas para el período 2023-2026. Sin embargo, esa era la primera vez que la Procuraduría se encargaba públicamente de portar la guillotina.
Antes, los encargados de evaluar la función pública de los alcaldes eran la hoy reducida Contraloría General de la República (CGR) y el ya extinto Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
El rol de la Procuraduría, como decapitadora de alcaldes, no acabó con el caso en Mulukukú. Desde entonces, empezó a estar presente en cada una de las destituciones de alcaldes y cualquier autoridad municipal.
En otras áreas, su creciente poder ya era evidente desde algunos años atrás. En 2021, comenzó a destacarse por justificar la confiscación ilegal de la embajada de Taiwán y siguió ampliando sus funciones ejecutando despidos masivos en instituciones públicas como el también ya desaparecido Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), el Ministerio de Salud (Minsa), universidades públicas y otras instituciones; y asumiendo funciones del Poder Judicial, “tierra arrasada” por órdenes de la codictadora Rosario Murillo.
Así, la Procuraduría, que nació como “el abogado del Estado”, se ha convertido en el verdugo de turno de la dictadura en Nicaragua, a cargo de confiscar, vigilar y despedir a trabajadores públicos de cualquier rango, ganando más poderes, como un monstruo que engulle institutos, direcciones y ministerios.
Su papel de los últimos años siempre fue al margen de sus atribuciones legales, pero ahora la dictadura le asigna un nuevo nombre para formalizar (y fortalecer aún más) su alcance represivo. Con una nueva reforma a la Constitución Política, aprobada el 6 de agosto de 2025, la dictadura creó la “Procuraduría General de Justicia”, en sustitución de la Procuraduría General de la República. La nueva entidad asume así las funciones del Ministerio Público o Fiscalía, vieja fábrica de delitos de la dictadura para acusar a ciudadanos y opositores.
Procuraduría “rodando cabezas” en universidades
Quedaban pocas horas para terminar la semana laboral, cuando varios funcionarios —identificados como trabajadores de la Procuraduría— llegaron a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a entregar cartas de despido. Era el viernes 18 de octubre de 2024. “Entraron a la oficina de la rectora, Glenda Velásquez, preguntaron por ella y se encerraron. Minutos después supimos que se venía una barrida”, explica Maritza, trabajadora de esa casa de estudios.
“La Procuraduría llegó con la orden de despido para la rectora —que salió sin nada de su oficina— y a otros tres altos cargos de la universidad. Pero luego vino una ola de despidos que incluyó profesores, personal de limpieza y administrativos”, indica la empleada pública.
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Para Maritza, era “extraño” que la Procuraduría fuera la encargada de ordenar despidos en una institución educativa “cuando aparentemente ni siquiera en ese momento el Consejo Nacional de Universidades participó en esa barrida”.
“Es un comportamiento extraño, pero hemos sabido que la Procuraduría se ha hecho presente, cada vez más, en despidos masivos como estos. Puede que las destituciones de estas personas sean justificadas, pero no se entiende por qué lo hace la Procuraduría”, insiste.
Auditando alcaldías, “como si fueran contralores”
“La Procuraduría ha ido ganando poder, tanto que ha sido la institución que encabeza unas supuestas auditorías que se realizan en diversas alcaldías de Nicaragua”, afirma Héctor, un trabajador de una municipalidad del sur del país.
Han sido funcionarios de la Procuraduría quienes han ordenado directamente la destitución de alcaldes, como sucedió en Granada y El Rosario (Carazo).
“En la alcaldía que yo trabajo llegaron repentinamente y estuvieron varias semanas. Estuvieron pidiendo libros contables, analizando proyectos, y todo lo manejaron con mucho secreto. Pero el temor era generalizado, porque en otros municipios donde han llegado ha habido despidos e incluso han cambiado autoridades”, detalla Héctor.
A finales de 2024, alcaldías de los departamentos de Granada, Carazo y Rivas empezaron a ser auditadas por funcionarios de la Procuraduría, confirmaron a CONFIDENCIAL, varios trabajadores municipales.
“Al parecer en algunos municipios salieron limpios, pero en otros hubo llamados de atención”, indica el trabajador del Estado.
Los funcionarios de la Procuraduría llegaron a las cabeceras departamentales a instalarse y desde ahí investigan a los diversos municipios, de acuerdo con Ivania Álvarez, del observatorio nicaragüense en el exilio Urnas Abiertas.
“Esto no era así, antes, (las auditorías) se hacían en dependencia de las fechas que tenían los proyectos en las alcaldías y generalmente las hacía la Contraloría de la República y el Inifom”, precisa Álvarez.
El observatorio alerta que las nuevas tareas asignadas a la Procuraduría no benefician el desarrollo local o la gestión municipal, porque “será solamente un mediador y un organismo nacional para la vigilancia”, mientras la totalidad de las 153 alcaldías siguen operando bajo las órdenes de la dictadura, “sin ejercer plenamente la autonomía municipal política, administrativa y financiera”.
Héctor, quien lleva varios años trabajando en una municipalidad, insiste que es “una actuación anormal” que la Procuraduría, “ande haciendo auditorías como si fueran contralores, ordenando despidos, pidiendo rendición de cuentas”.
“La verdad es que por ahora se ve que es la institución que anda decapitando y midiendo las costillas a todos los trabajadores públicos”, sostiene.
El verdugo de turno de un régimen desconfiado
En un intento previo de legalizar las acciones de la Procuraduría, en abril de 2024, el régimen ordenó la creación de las Procuradurías Municipales, que en la práctica establecen un mayor control sobre las alcaldías de Nicaragua.
Tres meses después, en julio, la dictadura terminó de desaparecer al ya inoperante Inifom, y transfirió todas sus facultades y bienes a la cada vez más poderosa Procuraduría.
En sus discursos, el régimen justificó que estos cambios eran parte de un proceso de “transformación y remodelación del Estado”, pero lo que los trabajadores públicos perciben es que la Procuraduría es su nuevo verdugo.
Para la organización Urnas Abiertas, estas decisiones son el resultado de la desconfianza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus propias instituciones y servidores públicos en los municipios de Nicaragua.
“La pareja presidencial parece haber perdido la confianza en las instituciones y poderes que anteriormente ejecutaban sus órdenes políticas, debido a la corrupción desenfrenada en estas entidades. En respuesta, el régimen ha optado por centralizar aún más su control, transfiriendo facultades y funciones a la Procuraduría”, estima Urnas Abiertas.
Igualmente, la Procuraduría ha asumido funciones que desempeñaban otras entidades del Estado, como la emisión de certificaciones y permisos ambientales, que solían ser aprobadas por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
Desde 2023 también es la encargada de administrar todos los registros públicos. El 31 de octubre de ese año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE), ordenando que todos los registros públicos pasen a la administración de la Procuraduría, ya entonces destacada por ejecutar las confiscaciones ilegales contra cientos de oenegés canceladas y de opositores y disidentes de la dictadura.
“La Procuraduría es la institución que ejerce como abogada del Estado y al darle control total de los registros públicos, va en detrimento de las personas particulares y socios de empresas mercantiles, lo que vulnera la seguridad jurídica”, alertó entonces el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena.
Pero la concentración de funciones no acabó ahí. Menos de seis meses después, el 25 de abril de 2024, la Asamblea aprobó el traslado de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), que antes era parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Procuraduría fue creada en agosto de 1979, para tener la representación legal del Estado y defender sus intereses. En 2001, se separó su función del Ministerio Público. Pero hasta antes de la llegada de Daniel Ortega al poder, en 2007, su rol más conocido era el de “atender los procesos de legalización y titulación de propiedades a nivel nacional”, a través de la Intendencia de la Propiedad. Ironía del caso, fue separada del Ministerio Público, y ahora este Ministerio se suma a la larga lista de las instituciones bajo su control.
La supuesta lucha contra la “corrupción no autorizada”
La dictadura Ortega-Murillo ya había refrendado parte del poder que ha transferido en los últimos años a la “súper” Procuraduría.
En la llamada Constitución “Chamuca”, aprobada en segunda legislatura en enero de 2025, el artículo 160 redefine a la Procuraduría como “la institución líder en la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, en la seguridad jurídica del derecho de propiedad y en la promoción del control social a la gestión pública”.
La Constitución “Chamuca” también arrebató a la Asamblea Nacional el poder de ratificar o destituir el nombramiento de los procuradores o subprocuradores, dejando estas decisiones bajo el control absoluto e incuestionado de los dictadores.
En la retórica del régimen, según el artículo 160, todos estos cambios son parte de la “defensa de los intereses del Estado” y del “fortalecimiento de la cultura de honestidad, legalidad, justicia y equidad social”.
El régimen ha despedido a funcionarios públicos, incluyendo ministros y viceministros, exmilitares y expolicías, por supuestas investigaciones de “corrupción no autorizada”. Algunos de los caídos en desgracia han sido: Arlette Marenco, defenestrada de su cargo de vicecanciller; y el extesorero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Juan José Montoya, a quien también confiscaron seis lujosas propiedades, que la Procuraduría repartió más tarde.
La medianoche del 30 de julio de 2025, fue el turno del asesor presidencial en Asuntos Económicos, Bayardo Arce Castaño, también exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años ochenta, y leal operador político del dictador Daniel Ortega. Cinco horas después de que la Procuraduría divulgó un comunicado, citándolo a comparecer por una investigación por “transacciones al margen Estado”, decenas de policías de la Dirección de Operaciones Especiales allanaron su casa y se lo llevaron detenido.
A cargo de confiscaciones ilegales y traspasos
La Procuraduría ya era “célebre” por ejecutar las confiscaciones ilegales de la dictadura. En diciembre de 2021, el régimen de Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, para reconocer a China continental como “único Gobierno legítimo”. Taiwán decidió liquidar sus bienes donándolos a la Iglesia católica. Sin embargo, fueron arrebatados por órdenes de Ortega y Murillo y entregados a China “con absoluta e irrestricta propiedad de dominio”.
En una nota de prensa, la diligente Procuraduría indicó que “el reconocimiento de parte de un Estado, de la realidad de una sola China, como ocurrió en el caso de Nicaragua el 9 de diciembre de 2021, implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios, a favor del Estado reconocido, la República Popular China”.
El 1 de marzo de 2023, la Procuraduría también oficializó la confiscación de las propiedades de 94 personas opositoras despojadas de su nacionalidad en febrero de ese año, entre ellas: el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el periodista y director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro; el excomandante de la Dirección Nacional del FSLN en los años ochenta, Luis Carrión; la exguerrillera Mónica Baltodano; el excanciller Norman Caldera, y el exfuncionario judicial, Yader Morazán.
En la nota de prensa, la Procuraduría llamó a las personas que se encontraran ocupando dichos inmuebles, “mediante arriendo, usufructo u otras similares”, se presenten a las oficinas a “formalizar” su estatus ocupacional.
El medio Divergentes reportó en marzo de 2023 que los habitantes de los 16 apartamentos Amazonia, donde vivían la activista feminista y abogada nicaragüense, Azahálea Solís y la periodista Sofía Montenegro (ambas desnacionalizadas en esa lista) fueron confiscados y empujados a abandonar sus viviendas o pagar un arrendamiento de 500 dólares al Estado. Otros desnacionalizados denunciaron vivir situaciones similares e incluso seguir recibiendo cobros de bancos, a pesar de la confiscación.
En octubre de 2024, la Procuraduría también se apropió de 35 propiedades privadas en Managua que supuestamente estaban “abandonadas”, alegando que los terrenos podrían usarse “para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana”. Los lotes sumaban 21 643.13 metros cuadrados y fueron declarados de “utilidad pública”.
“Lavando la cara” a los robos de la dictadura
A través de la Procuraduría, el régimen también ha intentado justificar las confiscaciones masivas en Nicaragua, aduciendo que ellos simplemente han “recuperado para el pueblo de Nicaragua”, centenares de propiedades que, valoran, eran “usufructuadas indebidamente” por particulares.
En una nota del 17 de mayo de 2024 señalan que la “transferencia al Estado” de centenares de propiedades, es el resultado de una serie de procesos penales relacionados con el “narcotráfico, lavado de dinero y la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberanía, la paz y el buen vivir de las familias”.
De acuerdo con la narrativa del régimen, el Estado de Nicaragua también habría “recuperado propiedades” que pertenecían a Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), debido al incumplimiento de la legislación que los regula, y alegan que “lo que ha prevalecido, es la restitución del Estado sobre propiedades que particulares usufructuaban indebidamente, mediante subterfugios legales”.
Su gran poder viene con un gran presupuesto
Junto con sus múltiples funciones, la Procuraduría también ha visto engordar su presupuesto. A partir de 2024 los fondos asignados a esa institución crecieron más del 200%, pasando de 163.9 millones de córdobas en 2023 a 503.9 millones de córdobas en 2024. Y para este 2025 creció otro 43% más, pasando a una asignación de 721.7 millones de córdobas, según el Presupuesto General de la República que se está ejecutando.
“La Procuraduría ha pasado a contratar más personal, a centralizar a funcionarios que estaban en otras dependencias y a ejercer una vigilancia sobre el resto del Estado”, afirma Antonio, un abogado y empleado del sector público desde hace casi 20 años.
Según Antonio, la procuradora general Wendy Morales “se ha convertido en una de las funcionarias públicas más leales y de mayor confianza de la dictadura”, siendo el rostro visible de las confiscaciones y el robo de propiedades privadas.
También, la procuradora ha sido una de las pocas voces que representan internacionalmente a un régimen cada vez más aislado. En foros internacionales, Morales se ha encargado de desmentir la brutal represión y la muerte de al menos 355 nicaragüenses durante las protestas de 2018, documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La Procuraduría es el abogado del Estado, pero en la práctica se ha convertido en un tribunal inquisidor que mide las costillas al resto del Estado y también ha desatado una cacería contra opositores, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y todo lo que consideren amenaza”, apunta Antonio.
Este trabajador público afirma que la Procuraduría es el brazo jurídico de la dictadura y al tener control de los registros públicos “no se sabe a nombre de quién están colocando las propiedades confiscadas ilegalmente”.
“Es probable que en nuestras narices esté ocurriendo una ‘piñata sandinista’ de bienes, como ocurrió en los años ochenta”, advierte. Pero mientras la “súper” Procuraduría confisca, vigila y despide, con cada vez más instituciones y atribuciones a cargo, solamente le rinde cuentas a los dictadores que complace.
