28 de febrero 2025
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Aproximadamente 300 nicaragüenses han quedado en un limbo migratorio, tras ser desterrados de facto, debido a que recibieron negativas de ingreso a Nicaragua, según un monitoreo independiente con datos de enero de 2024 a mediados de febrero de 2025. En las órdenes, además, participa una cadena de mando a cargo de Rosario Murillo, según detalles revelados en el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, rechazado por la dictadura.
Creadores de contenido, empresarios, familiares de presos políticos, sacerdotes, activistas, e incluso ciudadanos sin ningún vínculo político, son algunos de los nicaragüenses que han sido desterrados de facto, por las autoridades migratorias, que cumplen órdenes de la dictadura orteguista, de acuerdo a información analizada por CONFIDENCIAL en el artículo ¿Qué hacer si te niegan volver a Nicaragua? Una guía urgente para desterrados, publicado en febrero de 2025.
Listas y búsqueda en Internet y redes sociales
En marzo de 2024, un informe anterior del GHREN confirmó que las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería, con antelación, las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua.
Las autoridades de Migración utilizan esas listas para comparar los nombres con otro listado actualizado que reciben periódicamente proveniente del Ministerio del Interior, sobre a quienes podría haber alerta, para prohibir su salida, ingreso o reingreso Nicaragua.
En Migración, los funcionarios complementan la información con búsquedas de información sobre las personas señaladas en Internet y redes sociales, y cualquier dato, publicación en redes sociales o vínculo considerado “sospechoso”, es suficiente para armar una ficha sobre la persona que viaja y considerarla no apta para salir o ingresar al país.
Notificación llega unas 24 horas antes
La mayoría de las personas afectadas por estas negativas de ingreso a Nicaragua han optado por no hablar de su situación. Algunos esperan recibir una respuesta que cambié la orden y les permitan ingresar al país, aunque hasta ahora no se conoce ningún caso en el que la decisión se haya revertido.
Sin embargo, de los casos conocidos se sabe las personas suelen recibir un correo electrónico de la aerolínea, generalmente 24 horas antes de su vuelo de regreso a Nicaragua, informándoles que "las autoridades migratorias no han autorizado su ingreso al país" y que, por tanto, no podrán embarcar. Otros se han enterado hasta llegar al mostrador de la aerolínea.
Quiénes deciden las negativas de ingreso
El informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, detalla cómo funciona la cadena de mando de quiénes deciden las negativas de ingreso al país. El Grupo de Expertos describe que el proceso comienza con la recopilación de información sobre ciudadanos considerados "una amenaza para la soberanía nacional y la sociedad". Esta labor, afirman, está a cargo de:
- La Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial
- La Dirección de Información para la Defensa del Ejército
- Operadores del Frente Sandinista
La "red de inteligencia entre la Policía, el Ejército y un responsable del FSLN" investigan a las personas. "Esta información es transmitida al responsable del Ministerio (del Interior) para que autorice o no el ingreso de la persona a Nicaragua", detallan.
Luego, hay una notificación escrita u oral de prohibición de ingreso al país por parte del Ministerio del Interior hacia los medios de transporte o los puestos fronterizos para entrar a Nicaragua, que estas transmiten a los nacionales a quienes les impiden el ingreso.
El Grupo de Expertos también menciona la Ley 1228, aprobada en noviembre de 2024, para "denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social", con la cual la dictadura ha institucionalizado las negativas de ingreso y expulsiones. En las negativas de ingreso también influyen directamente el viceministro del Interior, Luis Cañas, y la declarada "copresidenta", Rosario Murillo.
"La prohibición impuesta a muchos nicaragüenses de volver a entrar en su país, junto con la negativa consular a renovar los pasaportes, constituye otra violación con repercusiones transnacionales. Estas medidas han dejado a numerosos nicaragüenses, incluidos niños, en una situación de extrema vulnerabilidad, convirtiéndolos en apátridas de facto", afirma el GHREN.
Agregan que "la falta de documentación oficial impide los procedimientos de regularización o reubicación en otros países. Estas prácticas —expulsiones, prohibiciones de entrada y denegación de pasaportes— también han desgarrado familias y obstaculizado gravemente la reunificación familiar, afectando de forma desproporcionada a los niños".
Las denuncias de este informe del GHREN, que también detalla la participación activa del Ejército en la represión de 2018, fue el argumento de la dictadura para anunciar su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Otras formas de represión y sus consecuencias
La "represión migratoria" contra otro medio centenar de nicaragüenses también incluye negación para renovar pasaportes o para salir del país, según un informe de la organización Monitoreo Azul y Blanco, publicado por CONFIDENCIAL el 23 de febrero de 2025.
El GHREN describe que en la cadena de mando para la expulsión de nacionales o denegación de ingreso a su propio país también participan el Ministerio de Educación, para negar la entrega de certificados de estudios de primaria y secundaria, incluidos niñas y niños con prohibición de ingreso al país y/o en el exilio.
Igualmente, consulados y embajadas de Nicaragua que se niegan a tramitar solicitudes de los nicaragüenses desterrados o exiliados. La negativa de ingreso a Nicaragua también incluye entre sus consecuencias:
- Pérdida de empleos
- Negación posterior de documentos de identidad
- Negación de certificados o autenticacione
- Pérdida de derechos de seguridad social, con datos eliminados y confiscación de pensiones de jubilados
- Confiscaciones de propiedades a desterrados y/o desnacionalizados.
A quiénes les niegan ingreso a Nicaragua
Las primeras negativas de ingreso se centraban en opositores políticos y activistas, pero el perfil de las personas afectadas se ha ampliado significativamente. Según el informe de Monitoreo Azul y Blanco, entre los afectados:
- 27% son sacerdotes, religiosas o feligreses católicos
- 22% son ciudadanos comunes
- 17% son familiares de víctimas, activistas o exiliados
- 17% son opositores políticos
- 10% son empresarios
- 4% son periodistas
- 2% son médicos
El informe detalla que en enero de 2025 se identificó un pico de denegación de entrada que dejó a unas 45 personas desterradas de facto, con un número significativo de empresarios privados entre los afectados.
