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La aparente calma en las calles de Nicaragua esconde un aparato represivo de control y miedo. Siete años después de que una circular de la Policía intentara acallar las protestas de abril, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene un Estado policial de facto disfrazado de paz, bienestar y normalidad. Ese aparato de vigilancia y persecución ha forzado a la población a evitar conversar sobre temas que incomodan al Gobierno, incluso entre familiares y amigos. La represión también se extiende de forma sistemática al ámbito legal, social y hasta transnacional.
En este reportaje de CONFIDENCIAL, documentamos la cronología de cómo se construyó y cómo se sostiene el Estado policial de facto en Nicaragua.
La narrativa oficial, promovida por medios oficialistas y “encuestas a la carta” presentan a Ortega y Murillo con una supuesta aprobación del 86%, mientras culpa a los opositores de “golpistas”. En su monólogo diario, Murillo destaca una Nicaragua “bendita”, con miles de actividades culturales y recreativas cada fin de semana para mantener a la población distraída en una falsa tranquilidad.
La represión ha logrado su objetivo principal: generar un clima de miedo que ha forzado la autocensura. La amenaza de perder la libertad, la nacionalidad o los bienes personales ha silenciado a la mayoría de la población. La dictadura también manipula a su conveniencia, alegando que acciones como la prohibición de procesiones religiosas son decisiones de seguridad pública para evitar la confrontación, aunque sólo es un acto más de censura y control.
La cronología del Estado policial en Nicaragua
Tras la prohibición de las protestas, con una circular policial el 28 de septiembre de 2018, el régimen se enfocó en eliminar cualquier forma de organización y disidencia. En un inicio, la represión fue la violencia física. La primera marcha, dos días después de la prohibición, fue violentamente reprimida.
En respuesta, la población organizó “piquetes”, “plantones exprés”, y pequeñas acciones de resistencia ciudadana, como soltar por las calles globos o papelillos de color azul y blanco, pegar calcomanías, colgar pancartas, o llevar agua a las madres de los presos políticos que improvisaron una huelga de hambre en una iglesia rodeada por la Policía. Pero la estrategia de represión evolucionó para disuadir cualquier acción ciudadana.
Anular cualquier contrapeso o crítica
El régimen no solo ha recurrido a la violencia, sino que ha desmantelado de forma sistemática cualquier contrapeso, cerrando, asaltando, confiscando y censurando oenegés, universidades y medios de comunicación.
La embestida comenzó en noviembre de 2018, cuando la Asamblea Nacional ordenó las primeras cancelaciones de personería jurídica a once oenegés. Hoy son más de 5600 las organizaciones sin fines de lucro canceladas, incluyendo más de 1300 oenegés religiosas.
El ataque se extendió a la prensa independiente con el asalto y confiscación de CONFIDENCIAL y 100% Noticias, en diciembre de 2018. La criminalización del ejercicio periodístico con más de 60 citas e interrogatorios a periodistas y directores de medios en la Fiscalía, que forzó a centenares al exilio. El diario La Prensa, de casi cien años de historia, también fue asaltado y confiscado en agosto de 2021. Hoy el número de medios cerrados supera los 50. Solo algunos de ellos logran sostenerse en el exilio, pese a los intentos de censura como la cancelación de los dominios “.ni” de los sitios web de los medios independientes, en marzo de 2025.
El objetivo de callar también alcanzó a universidades. Más de treinta de universidades —entre ellas la jesuita Universidad Centroamericana (UCA)— han sido cerradas y confiscadas. Tras ellos, la dictadura ha construido un negocio redondo, a la vez que promueve el adoctrinamiento partidario. De igual manera las Iglesias católica y evangélica que han sido atacadas, perseguidas y confiscadas, y sus obispos, sacerdotes o pastores que han sido encarcelados y desterrados.
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El arsenal jurídico de la represión
El régimen no solo recurrió a la violencia, sino que instrumentalizó la ley para construir un Estado de terror, fabricando un andamiaje jurídico diseñado para justificar la represión y la persecución contra quienes tilda de “traidores a la patria”. Su verdadero objetivo: anular los contrapesos para ejercer un poder absoluto, en completa impunidad.
En menos de seis meses, entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, la aplanadora sandinista aprobó una decena de leyes represivas que suspendieron las libertades y derechos constitucionales de los ciudadanos:
- Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (octubre de 2020): Conocida como “Ley Putin” obliga a organizaciones y personas que reciben fondos del extranjero a registrarse como “agentes” bajo amenaza de multas de hasta 500 000 dólares. La ley forzó el cierre de varias organizaciones, incluyendo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que luego igualmente fue perseguida y criminalizada por apoyar a medios independientes y defender el derecho a la libertad de prensa.
- Ley Especial de Ciberdelitos (octubre de 2020): También llamada “Ley Mordaza” regula el contenido en internet con penas de hasta ocho años de cárcel. El régimen la usa de forma discrecional para acusar de “noticias falsas” a denuncias probadas, criminalizando al periodismo de investigación y dando luz verde al espionaje.
- Reforma al Código Procesal Penal (febrero de 2021): Amplía de 48 horas hasta 90 días el plazo de detención sin acusación. Este cambio, denunciado por defensores de derechos humanos, elimina el principio de presunción de inocencia, ya que a una persona la “meten presa y hasta después la investigan”. En la práctica, la Policía hoy arresta a núcleos familiares completos y mantiene a decenas en condición de desaparición forzada, sin dar cuenta de su paradero ni acceso a la defensa y la justicia.
- Ley de Defensa de la Soberanía (diciembre de 2020): Anula la competencia política y prohíbe la participación en elecciones a quienes el régimen califica de “vendepatria” o de “traidores a la patria” por pedir sanciones internacionales.
- Cadena perpetua (enero de 2021): Aprobada bajo el pretexto de castigar “delitos de odio”, esta reforma a la Constitución para establecer la cadena perpetua es vista por opositores como otra estrategia para castigar a quienes se atrevan a expresarse en contra del régimen.
- El delito de “traición a la patria”: La dictadura también ordenó el despojo de la nacionalidad nicaragüense por supuestos delitos políticos, incluyendo el de “traición a la patria”. En febrero de 2023, la dictadura despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos excarcelados y expulsados a Estados Unidos. Su base: una “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense” o Ley 1145, aprobada el mismo día. Cinco días después, volvieron a usarla para despojar de la nacionalidad y ordenar la confiscación de otros 94 opositores y críticos de la dictadura. Defensores internacionales de derechos humanos han alertado que ningún país del mundo promueve la apatridia como Nicaragua.
La demolición del Estado de Derecho
Las leyes de los años anteriores fueron la antesala para el asalto final al Estado. El régimen ha utilizado reformas legales para reconfigurar por completo el ordenamiento jurídico y concentrar el poder de forma totalitaria.
- La Constitución “Chamuca”: Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el régimen aprueba una reforma constitucional “parcial”, que en realidad modifica más del 90% de los artículos, que concentra poderes casi ilimitados en la “copresidencia”, e incluso amplía por un año más el período presidencial actual, anulando la posibilidad de un proceso electoral en noviembre de 2026. Igual desde las votaciones de 2021, el régimen ordenó la cancelación de la personería jurídica de partidos políticos de oposición, eliminando la competencia electoral y encarcelando a todos los precandidatos de la oposición, líderes políticos y cívicos, que luego desterró y desnacionalizó.
- Poder Judicial, tierra arrasada: Para consolidar el control, el régimen reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial. El poder judicial pasa a ser un órgano dependiente de la “copresidencia”, eliminando los criterios de mérito y capacidad, y sepultando la independencia judicial.
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La represión, el pan de cada día
El control del régimen no se limita a las grandes leyes o instituciones; se filtra en la vida cotidiana de los ciudadanos, generando un clima de autocensura y miedo. Mientras una mayoría sigue su vida normal —en silencio— para muchos, la represión es el pan de cada día, con asedio y vigilancia continua.
Desde la prohibición de las marchas en septiembre de 2018, la Policía ha perseguido a ciudadanos por portar la Bandera Nacional, ha allanado centros comerciales para arrestar a manifestantes, ha acosado a madres por llevar flores a las tumbas de sus hijos asesinados y ha impedido la salida de opositores de sus casas. Incluso varias procesiones religiosas fueron prohibidas desde septiembre de 2022, eliminando otra forma de reunión social.
La represión también suele ser focalizada, con el objetivo de silenciar a cualquier voz crítica, sean figuras públicas o ciudadanos comunes. Entre ellos hay periodistas, médicos, académicos, defensores de derechos humanos, empresarios, activistas, campesinos, obispos y sacerdotes y políticos de oposición. La represión también ha alcanzado a militantes sandinistas y figuras históricas del partido de Gobierno o de la lucha antisomocista, para enviar un mensaje claro: la crítica no se tolera, sin importar de dónde provenga.
En Nicaragua siguen ocurriendo arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas. Cientos de familias sufren la angustia de no saber nada de algún pariente que un día se llevaron de la casa o el trabajo, y ni siquiera les confirman en qué cárcel se encuentran. También se ha impuesto la “casa por cárcel” de facto, sin un proceso judicial, a decenas de opositores y ciudadanos. Y algunos son obligados a firmar a diario en delegaciones policiales para poder permanecer en Nicaragua.
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La represión sin fronteras
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha extendido su represión más allá de las fronteras de Nicaragua, desplegando una estrategia para hostigar, silenciar y castigar a la disidencia en el exilio.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), publicado en septiembre de 2025, identificó ocho violaciones transnacionales de derechos humanos que buscan eliminar toda forma de oposición:
- Privación arbitraria de la nacionalidad: A partir de 2023, la dictadura ha despojado de su nacionalidad a 452 personas, declaradas “traidoras a la patria”. La mayoría de ellas han quedado en una situación de apatridia, sin la protección de ningún Estado.
- Prohibición de entrada en su propio país: El GHREN ha documentado 318 casos de nicaragüenses a quienes se les ha negado la entrada a su país, forzándolos a vivir en el exilio en situación de extrema vulnerabilidad.
- Denegación de pasaportes y eliminación de documentos: El régimen ha obstaculizado o negado el acceso a documentos oficiales a exiliados, borrando su documentación de los registros civiles con el fin de cortar sus vínculos con el país y privarlos de su identidad jurídica.
- Confiscación de bienes y otros activos: Desde 2018, y de manera intensificada a partir de 2023, las autoridades han confiscado viviendas, empresas, cuentas bancarias e incluso pensiones de personas en el exilio y sus familiares, como castigo por su disidencia.
- Vigilancia, amenazas y acoso: El régimen utiliza una extensa red de inteligencia que opera más allá de las fronteras de Nicaragua para monitorear, hostigar, desacreditar y amenazar a exiliados.
- Violencia física: El Grupo de Expertos ha registrado casos de violencia física, incluyendo asesinatos e intentos de asesinato, contra nicaragüenses exiliados en países como Costa Rica y Honduras.
- Uso indebido de mecanismos internacionales de control: Las autoridades han abusado de notificaciones de Interpol y han reportado pasaportes como robados para conseguir la detención de opositores en otros países.
- Castigo a familiares y personas asociadas en el país: Familiares de exiliados han sido objeto de vigilancia, hostigamiento, amenazas y confiscación de bienes, por el simple hecho de estar asociados con personas opositoras.
La Policía, el pilar de la represión
El control del Estado policial de facto de Nicaragua recae en la Policía Nacional, que ha dejado de ser una fuerza de seguridad para convertirse en el principal brazo armado represivo del régimen. La institución ha concentrado un poder sin precedentes, asegurando la lealtad total a la pareja presidencial.
El crecimiento de la Policía ha sido exponencial. Entre 2019 y 2021, en la consolidación del estado policial de facto, aumentó más de un 27% (con 4000 nuevos efectivos), y siguió creciendo.
A principios de 2025, en solamente seis semanas, la dictadura quintuplicó el tamaño de su fuerza policial, juramentando al “ejército de Rosario Murillo”: más de 76 800 encapuchados bautizados como “policías voluntarios” para reavivar el recuerdo de los grupos paramilitares que reprimieron las protestas de 2018. Con ello, el número de policías se elevó de 20 474 en 2024 a 105 285 en 2025, el mayor número en la historia del país.
En febrero de 2025, al ser ratificado para un nuevo período como jefe de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz, también consuegro de Ortega y Murillo, juró “lealtad y obediencia” a la pareja presidencial, en un claro mensaje de que la institución está subordinada por completo al poder político.
A La Policía, la dictadura le ha conferido poderes que van más allá de la seguridad pública, convirtiéndola en un brazo judicial y económico.
En agosto de 2025, la dictadura creó una jefatura policial bicéfala, nombrando como “cojefe” al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, hasta entonces a cargo de la cárcel de torturas conocida como “El Chipote”.
En las calles, la Policía es la encargada de ejecutar las acciones represivas que trastocan la vida diaria de los nicaragüenses. Es el actor central en los arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, y tiene un papel clave en la persecución contra la Iglesia, hostigando a sacerdotes, obispos y feligreses, señala nacional e internacionalmente como responsable de la represión, en un papel de pilar principal del control totalitario del régimen, y su Estado policial de facto.
