Eliminan “de facto” la carrera judicial en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, eliminó de facto la carrera judicial en Nicaragua, al aprobar una nueva “Ley de Carrera Judicial” que anula los concursos de méritos y pruebas de oposición. Además, según juristas, establece un sistema de centralización, control disciplinario y disminuye las oficinas de Gestión de Despacho.

La nueva normativa, aprobada de urgencia el 13 de mayo de 2025, deja sin efecto la Ley de Carrera Judicial que estaba vigente desde enero de 2005, en la que se establecieron los “los concursos de mérito y pruebas de oposición”, como el principal requisito para ingresar a la carrera judicial. 

Estos “concursos de mérito y pruebas de oposición” fueron eliminados totalmente en la nueva Ley de Carrera Judicial. Ahora los nombramiento de los magistrados de los Tribunales de Apelaciones, jueces de distrito, jueces locales, y secretarios judiciales, serán de manera discrecional.

La nueva legislación agrega a la carrera judicial a los peritos forenses y a los asesores de los tribunales, tanto de apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El abogado Juan Diego Barberena valora que el régimen “creó una nueva Ley de Carrera Judicial, pero sin que exista la carrera judicial”. Debido a que al eliminar las convocatorias públicas y las competencias para subir en el escalafón, se borra la esencia de la carrera judicial. 

“Es una ley nominativa que establece la carrera judicial, pero que en los hechos deja de existir la carrera judicial”, sostiene Barberena.

Ley de Carrera Judicial impone nuevos criterios de selección

El abogado y exdiputado, Eliseo Núñez, enfatiza que la nueva Ley de Carrera Judicial deja los nombramientos a discreción del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que a su vez es nombrado por la Presidencia de la República.

“Estos ahora van a ser cargos políticos”, advierte Núñez, quien agrega que la nueva normativa, únicamente, señala que los aspirantes a la carrera judicial deben tener “las características o las credenciales profesionales, sin especificar si es abogado o qué cosa es”. 

De acuerdo con la nueva legislación, la Dirección General de Carrera y Gestión Judicial se encargará de revisar cada solicitud y una vez concluida la revisión, presentará al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial una lista con los nombres de los aspirantes que consideren idóneos.

“El Consejo, por mayoría de sus miembros, tomará la decisión de la lista propuesta”, detalla el artículo 12 de la nueva Ley de Carrera Judicial.

Otro cambio en los requisitos de ingreso a la carrera judicial es no poseer doble nacionalidad. Quienes hubiesen adquirido otra nacionalidad, “deberán haber renunciado a ella al menos seis años antes de su ingreso”, según el artículo 9, numeral 1.

La nueva legislación repite en varias partes que los aspirantes a la carrera judicial no deberán haber “violentado los principios fundamentales de la Constitución Política”. Estos principios fundamentales, a los que se refiere la ley, fueron modificados a finales de 2024, cuando el régimen aprobó una reforma “parcial” que cambió más del 93% del texto constitucional.

Un sistema judicial a la medida del régimen

Para Núñez, la nueva Ley de Carrera Judicial refleja “una enorme discrecionalidad” por parte de la Presidencia de la República, ya que han diseñado un Órgano Judicial “a su gusto y antojo”.

“Simplemente estas son piezas de un rompecabezas más grande, de lo que ya desmontó (el régimen), de la separación de poderes. Lo que se está haciendo ahora es generar un procedimiento mínimo para sustituir la separación de poderes por un método que le dé al Ejecutivo suficiente fuerza para mantener el control”, subraya el exdiputado.

En ese mismo sentido, Barberena refiere que la nueva normativa es “la continuidad, jurídicamente hablando, del control absoluto sobre el desaparecido Poder Judicial por medio del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que fue creado en la nueva Constitución, en la Constitución “Chamuca”. 

El abogado valora que esta nueva ley básicamente establece “mayor control” sobre los funcionarios judiciales e intenta “controlar de manera más eficaz” a los abogados y los notarios públicos. 

Centralización y control disciplinario

Con la nueva Ley de Carrera Judicial también se establece un “régimen disciplinario” sobre el sistema judicial. En ella se contemplan aspectos como: “ingreso, promoción, permisos, sanciones, suspensiones, separación del cargo, hasta la destitución, así como otros aspectos relacionados con la Carrera Judicial”, señalan Ortega y Murillo en la exposición de motivos.

Para el abogado y exfuncionario judicial, Yader Morazán, esta ley “marca el fin de la carrera judicial”, mientras “el extinto Poder Judicial, lejos de recuperar su independencia, ni siquiera alcanza el estatus de un ministerio de justicia”.

Agrega que en esta nueva ley se manifiesta una mayor “centralización, control disciplinario, fortalecimiento del Consejo Nacional de Administración y reducción de las 11 oficinas de la gestión de despacho”.

Sobre los aspectos disciplinarios, la nueva ley establece tres niveles de infracciones en las que pueden incurrir los funcionarios judiciales: leves, graves y muy graves. 

Entre las faltas graves destaca el “no ejercer control sobre sus auxiliares subalternos y no notificar al Consejo para lo pertinente”, mientras entre las faltas muy graves se señala el “resolver contra norma expresa constitucional o legal”.

También se establecen sanciones que van desde una amonestación por escrito, suspensiones sin goce de salario por un periodo de tres meses, hasta la “destitución, sin perjuicio de la acción penal y responsabilidad civil”, de acuerdo con el artículo 48.