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Victoria recuerda la presión en el pecho y el dolor en el estómago cuando supo que la Policía secuestró a su hijo. “Es un sufrimiento terrible, era mi temor más grande”, afirma. Al joven la dictadura lo mantiene bajo “desaparición forzada”, una recurrente forma de castigo del régimen Ortega-Murillo.
La Policía detuvo al hijo de Victoria en una de las redadas que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en lo que va de 2025. Se lo llevaron y, de inmediato, la madre preguntó en la delegación de su ciudad y le negaron que estuviera ahí. Después se plantó horas bajo el sol en la cárcel “El Chipote”, en Managua, y le dijeron que tampoco estaba ahí.
“No me dan ninguna prueba de vida, sé que ellos lo tienen, porque todo el barrio vio cuando lo detuvieron, pero lo niegan cuando les reclamo por qué lo tienen preso”, lamenta.
A la casa de Victoria nadie se acerca. Tímidamente cuando la encuentran en la calle o en el mercado, algunos vecinos y amigos conversan con ella y le preguntan por su hijo. “La gente evita contactarme porque tienen miedo que me estén vigilando y porque han visto patrullas por mi casa”, confiesa.
“He seguido preguntando por mi hijo y pidiendo que me dejen entregarle algo de comida o pastillas para la migraña que sufre, pero me dicen que no lo tienen e incluso me amenazan que me vaya y deje de molestar”, explica.
33 en “desaparición forzada”
La angustia que sufre Victoria se repite en muchas familias. En Nicaragua, al menos 73 personas están detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 33 permanecen en condición de “desaparición forzada”, según el informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas actualizado hasta el 30 de agosto de 2025.
Esta organización señala que la desaparición forzada “se ha consolidado como una práctica sistemática” del régimen.
Aunque las detenciones sin notificación oficial empezaron desde el inicio de las protestas de 2018, incluyendo encierros en cárceles clandestinas, la práctica de negar los secuestros de personas se ha intensificado desde finales de 2023, señala el informe “¿Dónde más busco?”: Vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes les buscan, elaborado por Raza e Igualdad, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, IM-Defensoras y el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.
Ahora, los períodos de desaparición pasaron de un máximo de 90 días a duraciones indefinidas, advierten estas cinco organizaciones.
¿Quiénes son los “desaparecidos”?
Los 33 presos políticos en condición de desaparición forzada son personas a cuyas familias se les niega “sistemáticamente” saber su paradero, obligando a las familias a recorrer delegaciones, cárceles y hospitales sin recibir respuesta.
“El silencio deliberado del Estado prolonga la incertidumbre y la angustia”, según el informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Esta es la lista de los 33 “desaparecidos”:
- Douglas Gamaliel Álvarez Morales.
- Eddie Moisés González Valdivia.
- Eveling Carolina Matus Hernández.
- Brooklyn Rivera Bryan.
- Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda.
- Carmen María Saénz Martínez.
- Fabiola del Carmen Tercero Castro.
- Steadman Fagot Müller.
- Víctor Boitano Coleman.
- Leo Catalino Cárcamo Herrera.
- Fabio Alberto Cáceres Larios.
- Julio Antonio Quintana Carvajal.
- Angélica Patricia Chavarría Altamirano.
- José Alejandro Hurtado Díaz.
- Álvaro Baltodano Monroy.
- Rudy Antonio Palacios Vargas.
- Armando José Bermúdez Mojica.
- Olga María Lara Rojas.
- Jessica María Palacios Vargas.
- Pedro José López Calero.
- Marcos Adony Cruz Moncada.
- Yolanda del Carmen González Escobar.
- Mario José Rodríguez Serrano.
- Luis Francisco Ortiz Calero.
- Yerri Gustavo Estrada Ruiz.
- Marvin Antonio Campos Chavarría.
- María José Rojas Arburola.
- Carlos Ramon Brenes Sánchez.
- Salvadora del Socorro Martínez Aburto.
- Anónimo.
- Anónimo.
- Anónima.
- Anónima.
“No quieren que denunciemos”
El estudio “¿Dónde más busco?” documenta cómo la dictadura utiliza la desaparición forzada como un “mecanismo de castigo y control social”, para afectar tanto a las personas detenidas como a sus familias que son “condenadas a una búsqueda interminable en medio del silencio oficial”.
“Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, remarcan.
Para Dalilah, lo que más impotencia le da es “no poder denunciar con todas las palabras la crueldad de la dictadura” que mantiene a su hermana desaparecida desde 2024.
“Muchas personas no denunciamos públicamente porque tenemos miedo de que le hagan algo a nuestro familiar en la prisión o porque sabemos que nos pueden meter presos a nosotros también”, confiesa en entrevista con CONFIDENCIAL.
“Es evidente que ellos nos silencian porque no quieren que denunciemos, no quieren que sepan las condiciones en las que los tienen encerrados (…) es un crimen horrendo el no saber siquiera cómo están”, expresa Dalilah.
Un patrón general
Más allá del tiempo de la desaparición forzada, las cinco organizaciones mencionan en el informe que hay un patrón general que se caracteriza por:
- Las personas son detenidas por agentes policiales o paramilitares que apoyan a la Policía.
- Luego son trasladadas a distritos policiales y/o eventualmente a centros penitenciarios.
- Sus procesos penales se desarrollan en ausencia de abogados de su confianza y el expediente judicial no es accesible para nadie.
El documento explica que en algunos casos, las autoridades policiales o penitenciarias, les permiten a los familiares “buscadores” dejarles insumos de higiene personal, medicamentos o comida. Sin embargo, “no les confirman si están ahí, ni les permiten verles para corroborar fehacientemente su paradero”.
“El único acto de humanidad que tienen con nosotros es permitirnos dejarles algunas cosas, pero esto no ocurre siempre. Tampoco tenemos certeza de que se las entreguen, solo nos queda tener fe”, asegura Dalilah.
Mujeres se enfrentan al silencio estatal
El informe denuncia el impacto del ocultamiento en “las personas buscadoras, en su mayoría mujeres, quienes enfrentan hostigamiento, desinformación, costos económicos insostenibles y graves afectaciones emocionales”.
“Muchas son madres, hijas o esposas que cargan con la doble responsabilidad de sostener a sus familias y de mantener viva la búsqueda”, insisten.
Estas organizaciones han documentado “el agónico y prolongado camino de las personas buscadoras en Nicaragua, quienes enfrentan un sistema marcado por la impunidad y el silencio oficial frente a la desaparición forzada de sus seres queridos”.
Algunas de las personas buscadoras son adultas mayores, lo cual agudiza su vulnerabilidad. “Muchas de ellas deben desplazarse más de 200 kilómetros desde comunidades rurales o alejadas hacia la capital del país, Managua, donde con frecuencia se centralizan las detenciones y se ubican los principales centros de reclusión”, detalla el informe.
El calvario: de estación en estación
Las personas buscadoras a menudo se enfrentan a “tratos crueles, inhumanos y degradantes” por parte de oficiales de la Policía y del Sistema Penitenciario.
La primera violencia—advierte el informe “¿Dónde busco?”—es la desinformación: “se les indica que sus familiares podrían encontrarse en determinada estación policial, pero al llegar no reciben respuesta, sino que son enviadas a otra dependencia y, posteriormente, a otra más”.
“Es un ciclo de desgaste interminable que no ofrece certeza ni resultados. Esta dinámica no solo constituye violencia psicológica, sino que impacta gravemente en la salud integral de las familias y en su precaria situación económica, pues deben destinar recursos que no poseen para trasladarse constantemente”, menciona.
El documento sostiene que “la carga es aún más devastadora cuando se trata de hogares en los que la persona detenida era la principal proveedora, lo cual genera empobrecimiento forzado y profundiza la vulnerabilidad de las familias”.
Familiares obligados al exilio
El estudio elaborado por Raza e Igualdad junto a las otras cuatro organizaciones subraya que han documentado “múltiples incidentes de hostigamiento directo contra quienes buscan”, que van desde “amenazas de represalias si denuncian, requisas humillantes con perros dentro de centros policiales, e inspecciones corporales que incluyen tocamientos sexuales sin justificación alguna”.
Con esto, la dictadura “también busca deliberadamente quebrar la voluntad de las familias y desincentivar el ejercicio del derecho a la verdad”.
En muchos de los casos, ante “las amenazas y el clima de terror” que viven los familiares de las personas desaparecidas, se ven obligados a abandonar Nicaragua.
Rosa Ruiz lleva más de 20 días buscando a su hijo, Yerri Estrada, un joven médico leonés arrestado el 13 de agosto de 2025, cuando regresaba de una brigada médica al Hospital Amistad Japón-Nicaragua, en Granada.
“Admitieron tenerlo, pero no nos dicen dónde está. Mucho menos verlo ni pasarle alimento ni sus cosas de prioridad”, dice Rosa.
Ese mismo 13 de agosto, pero en Masaya, fue detenido Luis Francisco Ortiz cuando almorzaba en su vivienda. Tampoco han informado de su paradero.
“Ha sido un calvario. Ha sido duro. No están matando psicológicamente, pero no los van a vencer porque hay un Dios que sabe que es injusto lo que se está haciendo”, denunció su papá, Francisco Ortiz, a CONFIDENCIAL.
Ambos padres salieron al exilio y desde ahí alzan sus voces reclamando saber si sus hijos siguen vivos y en qué condiciones están.
Ya en el exilio, describe el informe, los familiares se enfrentan “además de la precariedad económica derivada de su destierro, a una profunda ansiedad y frustración por el desconocimiento del estado físico y de salud de sus familiares”.
“Son frecuentes los pensamientos sobre si su ser querido podría estar enfermo, hospitalizado o incluso haber muerto. En la mayoría de los casos, deben apoyarse en familiares que aún residen en Nicaragua para intentar obtener información, aunque estos viven con el temor constante de que su búsqueda provoque represalias por parte de las autoridades”, reitera el documento.
Los traumas de la búsqueda
El estudio indica que un análisis del área forense de la Unidad de Defensa Jurídica ha determinado que la falta de acceso a la información sobre sus familiares, tanto de su paradero como de su situación legal, provoque distintas afectaciones en la salud mental de los familiares, como:
- Angustia.
- Depresión.
- Insomnio.
- Hipervigilancia.
- Estrés postraumático.
- Un duelo patológico o prolongado que mantiene un dolor persistente.
- Incapacidad de retomar la vida cotidiana.
- Sentimientos de culpa por seguir viviendo o experimentar momentos de felicidad.
- Aislamiento y estigmatización social.
La censura del otro lado: Dentro de la cárcel
Mientras a las familias se les niega información, a los prisioneros se les castiga para que se imponga la censura. Las cinco organizaciones han documentado que el régimen tiene “la práctica de amenazar con no autorizar las visitas familiares”, para que las personas presas no divulguen de ninguna manera lo que pasa al interior de los centros de detención.
Los encarcelados también “enfrentan amenazas de muerte contra sus familiares” o les repiten frases para inducirles a la depresión: “tu familia ya te abandonó”, “tu mujer, seguro ya anda con otro”, “no vas a salir de aquí”, “aquí te morís” o “tus hijos se van a olvidar de vos”.
En algunos casos, además les retienen los insumos que les llevan “como método de castigo y tortura”.
La muerte de dos “desaparecidos”
El estudio menciona que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés) y el Comité de Desapariciones Forzadas han alertado que “no hay límite de tiempo, no importa cuán corto, para que se produzca una desaparición forzada. Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley”.
Por ello, alertan de la muerte de Mauricio Alonso, ocurrida 38 días después de ser secuestrado de su vivienda en Jinotepe.
Su familia, a la que nunca le informaron sobre los motivos de su detención, recibió su cuerpo el lunes 25 de agosto de 2025 y les obligaron a enterrarlo de manera exprés bajo custodia policial.
Cuatro días después, el 29 de agosto de 2025, el régimen entregó muerto al abogado Carlos Cárdenas Zepeda, quien había sido secuestrado 15 días antes una redada contra personas opositoras.
En ambos casos, la dictadura ha guardado silencio. Las cinco organizaciones alertan que “cuando la desaparición se prolonga por días o semanas, cada momento en que la persona es sustraída del amparo legal incrementa exponencialmente el riesgo de tortura, tratos crueles” y, como en estos dos casos, la pérdida de la vida.
El estudio de las cinco organizaciones concluye que “cada desaparición forzada representa un ultraje contra la dignidad humana, un crimen de lesa humanidad imprescriptible y una violación grave y continuada de derechos fundamentales”.
