11 de enero 2025
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se autodefine como “cristiana” y “solidaria”, acabó en sólo dos años y tres meses con 1323 asociaciones, fundaciones, ministerios y congregaciones religiosas vinculadas principalmente a la Iglesia evangélica y católica de Nicaragua, revela un análisis de datos de CONFIDENCIAL.
De estas 1323 organizaciones religiosas, 1277 fueron cerradas por decisión unilateral del Ministerio del Interior (MINT) —antes Ministerio de Gobernación—, por supuestamente “no reportar” sus estados financieros o tener vencidas sus juntas directivas.
Mientras, otras 46 asociaciones religiosas pidieron su “disolución voluntaria”, una de las vías que han tomado las oenegés ante las “trabas” que les han puesto la dictadura Ortega-Murillo para operar en Nicaragua, y así evitar que sus bienes sean confiscados como ocurre con las organizaciones cerradas vía resolución ministerial.
El análisis de CONFIDENCIAL se fundamenta en una base de datos construida a partir de más de un centenar de resoluciones ministeriales, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, entre el 29 de noviembre de 2018 y el 8 de enero de 2025, en las cuales se ordenó el cierre de 5604 oenegés, 5413 canceladas por decisión del (MINT) y 191 cerradas por “disolución voluntaria”.
El registro de estos cierres revela que al menos un 23.6% de las 5604 oenegés cerradas tienen orígenes religiosos. Entre ellas hay:
- 1185 asociaciones, fundaciones y ministerios evangélicos.
- 132 asociaciones y congregaciones católicas.
- 3 asociaciones judías.
- 2 asociaciones islámicas.
- 1 asociación hinduista.
El cierre de estas asociaciones acabó con los proyectos de caridad, educativos, humanitarios, de evangelización, salud, cultura y otras iniciativas que venían ejecutando estos organismos, según muestran sus sitios web y redes sociales.
Reformas afectan a oenegés religiosas
Los cierres de las organizaciones religiosas empezaron en 2022. Ese año, la dictadura ordenó la anulación de 311 de estas oenegés. En 2023 clausuraron 99 más, en 2024 otras 909 asociaciones y en la primera semana de 2025 se sumaron cinco.
Los cierres han sido acompañados de la persecución religiosa a sacerdotes, laicos y pastores evangélicos. Además de reformas a las leyes y a la Constitución Política que buscan controlar las actividades y el financiamiento que reciben las oenegés, incluidas las religiosas.
La Constitución “Chamuca”, que ya fue aprobada en primera legislatura, establece en el artículo 14 que “el Estado es laico y asegura la libertad
de culto”; sin embargo, “al amparo de la religión, ninguna organización puede realizar actividades contra el orden público” y las “organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.
“Este artículo lo que pretende es que la Iglesia católica —como todo el plan— no tenga ninguna injerencia exterior. El problema es que no se concibe una Iglesia aislada”, opinó el obispo hondureño, José Antonio Canales.
El 28 de noviembre de 2024, se aprobó una ley que regula la cooperación brindada por los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en Nicaragua. Esta ley completa una serie de reformas que obligó a los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) a trabajar “en alianzas” con el Ministerio del Interior.
La nueva ley establece que toda cooperación “deberá contar con la anuencia y autorización del Gobierno, tanto inicialmente como en su implementación”. Asimismo, establece que la cooperación internacional se “realizará sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales, con estricto respeto a la soberanía nacional”.
En varios de los discursos presidenciales, Ortega ha acusado —sin pruebas— a las oenegés de recibir dinero de otros Gobiernos “para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras”. Sus palabras pronto se convirtieron en persecución.
“Ya no le servimos para nada a la dictadura”
David era colaborador de una oenegé evangélica en un municipio de León que tiene como principio “difundir el amor de Dios a través de ayuda social”. Pero ahora, no sabe qué pasará con su trabajo ni con todos los proyectos que ejecutaban porque el régimen les canceló la organización.
“Es duro no saber qué pasará con nuestro trabajo porque apoyábamos a muchas comunidades rurales con educación y con ayudas económicas”, insiste.
Para David el cierre de tantas organizaciones en Nicaragua, incluyendo evangélicas, “demuestra que la dictadura está preparada para monopolizar la ayuda, la fe y todo lo que pueda”.
“En general muchas iglesias evangélicas, aunque no la mayoría, le sirvieron a Daniel Ortega y Rosario Murillo en esa guerra que tienen con la Iglesia católica, pero ahora no les servimos para nada porque ya se quitaron la careta de que son una dictadura”, opina.
Uno de los cierres de asociaciones evangélicas más conocidas es el de Puertas de la Montaña. Una ministerio cristiano que realizaba jornadas masivas de evangelización en el ámbito nacional y era favorecido con cobertura mediática de los medios oficialistas y, en ocasiones, hasta ordenaron a varias cooperativas de transporte urbano e interurbano que dispusieran sus buses para trasladar a los nicaragüenses a sus eventos.
Este ministerio llegó a movilizar en 2023 hasta un millón de nicaragüenses en sus jornadas, pero sus tiempos de gloria acabaron en diciembre de ese mismo año cuando en un acto sorpresivo la dictadura canceló su personería jurídica y encarceló a once de sus pastores por supuesto lavado de dinero y crimen organizado. Sus dirigentes, de origen estadounidense, alegan que es otro acto de persecución religiosa.
“El evangelio quiere libertad. Libertad de hacer, de pensar y cosas así son una amenaza contra un Gobierno que quiere controlar todo”, dijo a CONFIDENCIAL, en abril de 2024, el presidente de Puerta de la Montaña, Jon Britton.
La dictadura de Ortega ha eliminado de facto 1153 organizaciones evangélicas desde 2022. A estas se suman 32 más que pidieron la disolución de su personería jurídica desde marzo de 2023.
Se deshace de los “serviles”
Maritza trabajaba desde hace 12 años en la oenegé de una iglesia evangélica en el norte del país y se sorprendió cuando la organización salió en la lista de canceladas. “Era algo que esperábamos, pero igual nos impactó”, dice.
El Ministerio del Interior impidió a la organización entregar su documentación. “Desde 2018 nos habían parqueado nuestra acreditación anual y nos dejaban trabajar con la guillotina en la cabeza, sabiendo que nos cerrarían cuando quisieran”, explica.
Según Maritza, con el cierre masivo de organizaciones evangélicas “se cae el velo de que solo los católicos eran las únicas víctimas de la represión de la dictadura”.
“La realidad es que la dictadura persigue a todos aquellos a quienes no los adoran, pero incluso se ha deshecho de gente que les era serviles y por eso en esta nueva limpia se fueron muchos de los que los justificaban”, afirma.
El ataque dejó de ser silencioso
El reportaje “Persecución a evangélicos: La realidad que algunos pastores ocultan” publicado por CONFIDENCIAL en mayo de 2024 recapitula los ataques que vivían diferentes iglesias en el país y cómo algunos pastores defendían al régimen Ortega-Murillo.
En el caso de las iglesias evangélicas, se denunciaba la represión contra pastores y el exilio de al menos 21 de ellos, el cierre arbitrario de medios de comunicación, universidades y proyectos sociales.
Teresa Flores, directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, declaró a CONFIDENCIAL que como la Iglesia evangélica “no tiene un liderazgo unificado”, la persecución es “más difícil de percibir”.
“Algunos líderes, algunas congregaciones, preferían e incluso no dar opiniones relacionadas con lo político y no referirse a lo que sucede con la Iglesia católica, o simplemente se dedicaban o se dedican a su misión evangelizadora, por eso no se hacían muy evidentes estos casos de hostilidades en contra de ellos”, explicó.
Apuntó que, entre 2019 y 2023, el Observatorio calcula que ocurrieron alrededor de 100 arrestos de personas vinculadas a organizaciones religiosas.
“Quiere desaparecernos a todos”
Patricia salió al exilio en 2021, pero su familia en Jinotepe seguía participando en la iglesia a la que han asistido toda su vida. “Es triste ver que hoy cierran la organización que ayudaba a sostener la iglesia y no sabemos qué pasará”, admite.
Sin embargo, afirma que “la fe es algo que ninguna dictadura puede robarle a la gente y de alguna manera las iglesias seguirán funcionando”.
“Parece que quieren desaparecernos a todos, no sé si con la idea de que la religión sea en catacumbas, pero estoy segura que de alguna manera seguiremos existiendo”, insiste Patricia.
Un centenar de organizaciones católicas
Contra la Iglesia católica, la dictadura Ortega-Murillo ha ejecutado una campaña de odio aún más directa. Además de cancelar sus organizaciones, ha hostigado a los religiosos bajo una ola de asedio, represión, encarcelamiento, destierro y desnacionalizaciones de sacerdotes y obispos.
“Una de las técnicas de represión utilizada por la dictadura Ortega-Murillo en contra de los religiosos es obligarlos a no seguir ejerciendo su labor pastoral en Nicaragua”, señaló la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, en la quinta entrega del Informe: “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida”.
Subrayó que los mandatarios “han usado arbitrariamente al poder punitivo del Estado para que 245 hombres y mujeres, entre ellos obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y monjas ya no tengan presencia física en Nicaragua”.
En el listado de organizaciones religiosas canceladas hay varias congregaciones religiosas que fueron despojadas de su personería jurídica y fueron confiscadas por la dictadura entre ellas la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac.
Las religiosas de esta congregación administraban el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, en San Sebastián de Yalí, Jinotega, tras 31 años de su fundación, arbitrariamente el colegio fue intervenido y ellas fueron expulsadas del país.
Otras congregaciones afectadas son: la Compañía de Jesús, que dirigía la Universidad Centroamericana (UCA); la Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís en Nicaragua, que estaban al mando del Instituto San Francisco de Asís en Matagalpa; o la Congregación Religiosa Madre del Divino Pastor, que administra tres colegios católicos, uno en Managua, Carazo y el Caribe Sur, y según denuncias a medios nacionales al menos uno de estos ya fue intervenido por el Ministerio de Educación.
En el informe “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida, Molina detalló que, hasta diciembre de 2024, 19 propiedades pertenecientes a la Iglesia católica habían sido confiscadas por la dictadura y que se conocía el caso de 14 congregaciones religiosas de monjas fueron expulsadas de manera parcial o total de Nicaragua, pero solo siete de estas congregaciones han sido públicamente conocidas. “El resto se mantiene en el anonimato por la seguridad de las religiosas que continúan prestando servicio en el país”, afirmó.
El 19 de agosto de 2024, el régimen anuló de un plumazo a 1500 oenegés, siendo la más grande barrida de asociaciones. Entre las canceladas estaba la Asociación de Hermanas Trapenses- Monasterio Santa María de la Paz.
La congregación de religiosas trapenses había pedido la disolución de su personería jurídica en febrero de 2023, cuando decidieron abandonar Nicaragua después de 22 años de presencia en el país por “falta de vocaciones, ancianidad de varias hermanas". Sin embargo, tres días después de que salieron del país, la dictadura confiscó su monasterio, ubicado en San Pedro de Lóvago, Chontales.
La propiedad había quedado a cargo del obispo de Juigalpa, monseñor Marcial Guzmán Saballos. Y sin que existiera una resolución sobre el caso, la dictadura los confiscó e instaló en el inmueble un Centro de Desarrollo de Tecnologías “Compañero Cornelio Silva”, que administra el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Arrasa con Cáritas en Nicaragua
Ortega canceló la personería jurídica a unas 118 asociaciones católicas. A estas se suman otras 14 que pidieron su disolución voluntaria. Entre estas 132 organizaciones están cinco asociaciones de Cáritas de la Iglesia católica:
- Cáritas de Nicaragua
- Cáritas Diocesana de Jinotega
- Cáritas Diocesana de León
- Cáritas Diocesana de Matagalpa
- Cáritas Diocesana de Granada
- Cáritas Diocesana de Estelí
Cáritas es una organización formada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y está integrada por Cáritas Diocesanas en Managua, Bluefields, Juigalpa, Estelí, Jinotega, Granada, Matagalpa y León.
Estas ejecutan programas de entrega de alimentos, de gestión rural, construcción de huertos, proyectos de agua potable y saneamiento, donaciones de herramientas agrícolas, atención a niños con VIH, comedor infantiles, dispensarios médicos, entre otros proyectos.
En la guillotina orteguista también fue eliminada la Asociación Pro Fondo de Seguros Sacerdotales "Fondo de Seguro Sacerdotal", instituida en 2004 por la Conferencia Episcopal de Nicaragua. A través de este fondo, los sacerdotes de más de 65 años reciben una pensión de entre 150 y 300 dólares.
Aunque el Fondo de Seguro Sacerdotal fue una de las 1500 oenegés cerradas este 19 de agosto de 2024, desde mediados del año pasado se encuentra congelado cuando la dictadura abrió una investigación por un supuesto caso de lavado de activos.
Los cierres de asociaciones también han incluido a aquellas integradas por los laicos entre ellas: el Comité Permanente De Festejos De Santo Domingo De Abajo, la Asociación de Pobladores Fe en Dios de la Chota de Santa Teresa, Asociación Nacional de Voluntarias Vicentinas, la Asociación de Damas Salesianas, la Asociación Movimiento Indígena Reivindicado de las Tradiciones Religiosas y Bienes de la Virgen del Hato y otras.
Ante la represión generalizada que mantiene la dictadura, ninguna de las asociaciones canceladas recientemente se ha pronunciado públicamente, en un intento por preservar la integridad de sus miembros y sus familiares; o de dejar estables los proyectos que venían ejecutando, como los que están relacionados con la administración de colegios.
