3 de agosto 2023
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La cancelación y confiscación de universidades privadas en Nicaragua es un negocio redondo para la dictadura Ortega-Murillo. En los edificios y recintos robados, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha instalado cuatro nuevas universidades estatales, que reciben dinero del 6% constitucional y cobran mensualidades a los estudiantes como si fueran centros privados. Aunque lo más importante para la dictadura —según académicos— ha sido borrar de un plumazo la autonomía universitaria y ejercer un control sobre la población estudiantil.
Las cuatro nuevas universidades, que agrupan a los estudiantes de las que fueron confiscadas, reciben unos 9.25 millones de dólares al año solo en cobro de mensualidades, según una estimación de CONFIDENCIAL. A estos se le suman 13.18 millones que reciben como parte del 6% constitucional.
El cálculo está basado en el número oficial de estudiantes matriculados en la Universidad Nacional Politécnica (UNP), la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA), creadas en 2022, y una proyección de los universitarios que agrupará la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL), creada en marzo de 2023.
Sin embargo, esta estimación sigue en aumento con el cierre de más universidades. El pasado 28 de julio de 2023, el CNU canceló y confiscó los recintos de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King (UENIC) y de la Universidad de Occidente (UDO), que suman unos ocho mil estudiantes más que tendrán que integrarse a la UNMRMA. Con estos se sumarán unos 2.8 millones de dólares más en cobro de aranceles.
Las cuatro nuevas universidades estatales, a pesar de que son públicas y reciben fondos del 6% constitucional, cobran mensualidades de 30 dólares, matrículas de diez dólares y cinco dólares más por la extensión del carnet estudiantil, según datos públicos.
CNU justifica cobro de aranceles
En total, las cuatro universidades estatales, que nacieron para agrupar a diez de las 26 universidades privadas canceladas por el Ministerio de Gobernación —en complicidad con el CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA)— tienen una matrícula de 25 704 estudiantes, distribuidos en 25 sedes a nivel nacional. Estos pagan mensualmente unos 771 120 dólares, que al año suman más de USD 9.25 millones.
En 2023, tres de las cuatro nuevas universidades creadas por el CNU recibirán 13.18 millones de dólares (equivalentes a 481 millones de córdobas), revela el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2023. En este listado no se incluye a la extinta UCAN, que ahora es UNPGGL porque el CNU no ha informado cuánto recibirá del 6% constitucional.
La presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, asegura que el cobro de aranceles es para “garantizar el pago de los docentes y gastos administrativos de las universidades”. Sin embargo, aún se desconoce cómo usan este dinero porque no se ha publicado el informe de rendición de cuentas 2022.
“La pregunta es ¿hay control sobre esos recursos? (...) Y si se estuviera rindiendo cuentas hasta el último centavo, ¿cuál es la base legal de la discriminación? Si los estudiantes de la (Universidad Nacional) Ricardo Morales son tan estudiantes de la universidad pública, como los de la UNAN-Managua”, cuestiona Adrián Meza, rector y fundador de la confiscada Universidad Paulo Freire (UPF).
En total han sido eliminadas y confiscadas 26 universidades, de estas seis eran de origen extranjero y tenían hasta 62 recintos a nivel nacional. En el listado van universidades que tenían vínculos al Ministerio de la Juventud (Minjuve), pero que aun así fueron acusadas de no contar “con los mínimos de calidad” y hasta de “falsear información”, como es el caso de la Universidad Metropolitana Nicaragua (UNIMET), que en febrero pasado participó en una feria de becas del Minjuve, y fue eliminada este 24 de abril, o la UENIC que días antes de ser cerrada colocó una pancarta en saludo al 44 Aniversario de la Revolución Sandinista afuera de uno de sus recintos.
Cierre afectó al menos 37 mil estudiantes
Oficialmente no existe un registro detallado de la matrícula estudiantil de las universidades privadas de Nicaragua, como sí lo hay de las once universidades que pertenecen al CNU. Sin embargo, se estima que hubo al menos 37 091 universitarios afectados por el cierre abrupto de sus casas de estudios, según una revisión de CONFIDENCIAL a reportes periodísticos, sitios web y declaraciones de funcionarios.
Estos estudiantes quedaron en el “limbo” de un día a otro, sólo con la promesa del CNU de recuperar sus registros académicos y reubicarlos en las nuevas universidades estatales, pero en muchos casos aún no cumplen.
Sammy, una estudiante de la extinta Universidad Hispanoamericana (Uhispam), comentó a CONFIDENCIAL que no ha podido recuperar su historial académico. Este centro fue cancelado el 13 de diciembre de 2021.
“Fue un caos, perdieron mucha información nuestra, muchas notas. Todavía estoy tratando de recuperar las notas que me deben y por eso muchos decidimos salirnos de esa universidad”, comentó bajo anonimato, la joven que tenía la opción de integrarse a la UNMRMA.
Meza describe que en la UNMRMA, que agrupó cuatro universidades distintas, hubo un problema de “revisión curricular grave” porque todas estas tenían sus propios planes de estudios y perfiles académicos distintos.
“Por eso cuando el CNU decía que todo iba a seguir normal, nosotros obviamente teníamos reservas técnicas, ¿por qué? Porque no es normal que agarrés cuatro universidades y las querrás artificialmente que funcionen en una sola. Eso genera problemas académicos y curriculares”, explica.
El exrector de la Universidad Americana (UAM) y académico, Ernesto Medina, apunta que la creación de estas nuevas universidades partió de una “gran inconsistencia”, porque fueron creadas sobre la base de otras instituciones que, supuestamente, no cumplían los requisitos mínimos de calidad, pero “ahora sin mayores cambios, las convierten en universidades públicas y siguen con los mismos profesores, las mismas carreras y los mismos programas”.
Opina que “estas son universidades de segunda o tercera categoría porque si son públicas por qué las autoridades no son electas por las comunidades universitarias como dice la ley (de Autonomía Universitaria)” y por qué les siguen cobrando a los estudiantes, cuestiona.
Con el cierre de las universidades privadas, coinciden ambos expertos, el régimen también se asegura extender el control sobre la población estudiantil, que en 2018 encabezó las protestas cívicas, que fueron brutalmente reprimidas. Ahora el CNU es el encargado de instalar a las autoridades de las nuevas universidades y estas, en su mayoría, son operadores del Frente Sandinista o personal de las UNAN Managua y UNAN- León.
“Hay una decisión de silenciar eso y de no permitir que jamás de las universidades vuelva a salir alguna señal de crítica o de protesta en contra del régimen”, lamenta Medina.
Nicaragua tiene una población universitaria de 194 876 estudiantes, según reveló el CNU en el documento “Plan Nacional de Educación Universitaria 2023”. El 70% de estos pertenecen a las universidades miembros de este órgano rector (con influencia orteguista) y solo 57 714 son de universidades privadas.
No se conoce el detalle de cuántas universidades privadas quedan en Nicaragua, pero según el CNEA hasta diciembre de 2022 había 22 que estaban acreditadas, entre éstas no se incluye a la Universidad Centroamericana (UCA), que aún está en el proceso de acreditación que está realizando este órgano rector desde 2021.
Orteguismo acaba con autonomía universitaria
Meza, exiliado en Costa Rica, señala que “la expropiación de la universidad pública por un partido político” —en este caso el Frente Sandinista— es “cien veces más grave” que las confiscaciones. “Toda la estructura, todo el aparato, todos los bienes y todo el funcionamiento académico de la universidad pública están de cara a los deseos y la voluntad de un partido político. Los académicos, que tenemos un mínimo de experiencia internacional, sabemos la enorme trascendencia que eso tiene”.
“Eso significa —prosigue— que un partido es el que decide quiénes son las autoridades, cuál es el plan académico que se va a desarrollar, quiénes son profesores en esa universidad. Eso es un crimen y nadie habla de eso. Todo el mundo habla de la confiscación de la universidad privada, pero lo grave es que el país perdió su universidad”.
El control en las universidades ha sido un objetivo del FSLN y se agudizó tras las protestas de 2018. En un primer intento, la dictadura expulsó a más de un centenar de estudiantes que se atrincheraron en los recintos, eliminó sus registros académicos y les prohibió el ingreso a los campus.
Asimismo, aumentó la vigilancia dentro de los recintos y castigó con una reducción de su partida del 6% a las universidades privadas que eran miembros del CNU: la Universidad Centroamericana (UCA) y la extinta Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse). Hasta que finalmente, en marzo de 2022, expulsó a la UCA del CNU y confiscó la Ucatse, de la cual monseñor Abelardo Mata, crítico al régimen de Ortega, ocupaba el cargo de “rector magnífico”.
El cierre de las universidades privadas comenzó con la cancelación masiva de personerías jurídicas por parte del Ministerio de Gobernación. Inicialmente, se les acusó de lavado de dinero, en el caso de la Uhispam, de no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. Sin embargo, desde diciembre de 2022 están justificando las cancelaciones por supuestamente no contar con los indicadores de calidad en su oferta académica con el apoyo del CNU y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
“Al CNEA también lo están convirtiendo en un instrumento político para justificar decisiones que no tienen nada que ver ni con la calidad de la educación superior de Nicaragua, ni con la preocupación sobre el futuro del país. Y es lamentable que las personas que dirigen el CNEA en lugar de estar cumpliendo con el papel para el cual fueron creados están más preocupados por demostrarle al régimen que son leales y serviles”, lamenta Medina.
El académico añade que “la creación de estas universidades lo que ha hecho es complicar la situación de las universidades privadas que habían crecido desordenadamente” y se habían convertido en un negocio.
Por su parte, el CNU asegura que el cierre de universidades privadas se debe a un “ordenamiento” de la educación superior en Nicaragua. “No podemos, como autoridad, permitir que haya inconsistencia y que no se garantice esa calidad de la formación de los profesionales que nuestro país necesita”, dijo la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez.
Sin embargo, ahora el control y el proselitismo político en las universidades públicas es evidente, con la presencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), la realización de actos conmemorativos sandinistas y actividades universitarias en las que predomina la bandera del FSLN y los invitados de honor son los secretarios políticos, alcaldes sandinistas, los hijos de la pareja presidencial y personajes afines al régimen.
Pocas opciones para universitarios afectados
Los estudiantes de la Universidad Juan Pablo II, perteneciente a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), presentían el cierre de la misma. Kenia, una estudiante de segundo año Marketing Digital, cuenta que cuando ocurrió la cancelación de la personería jurídica no hubo sorpresas, pero sí muchas interrogantes, sobre todo por el registro académico.
La preocupación fue tanta, que Kenia, quien es de Rivas y estudiaba sabatino con beca en la sede de Managua, viajó hasta la universidad a preguntar qué pasaría con ellos, pero no pudo entrar al edificio porque estaba rodeado de policías y sintió temor de ser encarcelada.
“Supe por una compañera que logró entrar a la universidad que van a volver a abrir todas las carreras, excepto teología, y que ellos nos van avisar cuándo podemos ir a retirar las notas, pero aún no nos han dicho nada. Todos los de mi grupo nos queremos mover de esa universidad, pero no podemos hacerlo sin las notas”, comenta.
Kenia ya había pagado los 30 dólares por la mensualidad y el carnet estudiantil porque el sábado antes que cancelaran la universidad, habían comenzado las clases. “Yo no fui el primer sábado, pensaba ir hasta el siguiente, pero ya no puede porque en la semana cancelaron la universidad”, dice.
Describe que en esa universidad la mayoría de estudiantes eran becados. “El recinto era pequeño, pero bonito y en él estudiaban jóvenes que estaban en orfanatos, personas de escasos recursos y religiosas”. Ella ahora no sabe qué va hacer, lo único seguro es que seguirá estudiando, pero quizás en una universidad más cercana y con un precio similar al que pagaba.
En esta situación están decenas de estudiantes. Ante la falta de opciones y sus deseos de titularse, muchos jóvenes decidieron seguir en las universidades donde los colocó el CNU. A muchos no les gusta hablar sobre lo que pasa adentro porque tienen miedo a las represalias.
En la lista de afectados destacan los estudiantes de la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival), que fue cerrada y confiscada el 14 de diciembre de 2022, pero hasta ahora no han recibido respuesta del CNU de qué pasará con ellos.
De lo poco que se sabe es que los egresados de la carrera de Derecho de esta universidad, cuyas calificaciones se perdieron entre la cancelación de la personería jurídica y el intento de un proceso legal en los meses siguientes, recibirán su título emitido por la UNAN-Managua.
“Por favor ayuden a los egresados de la UNIVAL, nuestro esfuerzo no puede quedar sin respuesta, tantos años de sacrificios no es posible que los tiren a la basura”, comentó en la página del CNU, una egresada de esa universidad.
Las opciones para los universitarios afectados y los bachilleres se han reducido. Por un lado, las universidades estatales históricas no abarcan con la alta demanda de postulantes. Este año hubo 22 799 aspirantes a la UNAN-MANAGUA, pero solo hubo cupos para 13 775.
Incluso, la presidenta del CNU ha admitido que “las universidades públicas no tenemos capacidad para captar la demanda de todos los bachilleres” del país, por lo cual “las universidades privadas eran complementarias”.
