16 de mayo 2025
AA
Share
El jefe de las fuerzas policiales de Nicaragua, primer comisionado general Francisco Díaz Madriz, concentrará en él, así como en el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, comisionado general Victoriano Ruiz Urbina, la potestad de capturar a individuos acusados de cometer delitos en contra de la propiedad, de acuerdo con una circular no oficial de la Policía Nacional.
La presunta instrucción dada a los jefes de delegaciones policiales, jefes de especialidades nacionales y órganos de apoyo, manda que “previo a la ejecución de órdenes u oficios judiciales que impliquen el embargo, ocupación de bienes por deudas o desalojo de propiedades”, deberán tener autorización de Díaz Madriz y de Ruiz Urbina.
Díaz, consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanece en el cargo desde 2018, cuando sustituyó a Aminta Granera. Ruiz Urbina por su parte, fue colocado al frente de la DAJ en septiembre de 2023. Ambos están en la lista de 54 altos funcionarios responsables de la represión preparada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), publicado el 3 de abril de 2025 en Ginebra, Suiza.
La supuesta circular, fechada el 4 de mayo de 2025, establece que para ocupar una propiedad, lotes de terrenos, vehículos y otros bienes, se requerirá la autorización de ambos jefes policiales “cuando se trate de denuncias recibidas por los delitos de estelionato, estafa, o usurpación de dominio privado”.
Lo mismo es válido para la ejecución de las órdenes de captura por delitos patrimoniales (estafas, estelionatos o vinculadas a temas de propiedad o deudas). La solicitud para conseguir la respectiva autorización tendrá que fundamentarse con los resultados del levantamiento de la situación operativa, criterios del tendido territorial, caracterización de las personas implicadas, y datos de los jueces que emitieron los oficios u órdenes de captura.
“Esta última aclaración es algo típicamente policial, destinado a fortalecer el control territorial”, explicó a CONFIDENCIAL una fuente que conoce el funcionamiento de los sistemas de control dentro de Nicaragua, “lo que dice ese texto es lo que ha hace de forma habitual la Policía”.
Impunidad por escrito
Esa práctica policial conlleva el riesgo de desincentivar, aún más, la colocación de préstamos y el desarrollo de proyectos, por cuanto el Órgano Judicial está subordinado a la discrecionalidad de los jefes policiales.
Además, “aumenta los riesgos de impunidad”, explicó un empresario que aceptó hablar con CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato. El riesgo para un banco o casa comercial, es que cualquiera que cometa un estelionato o estafa, desvíe prenda o decida no honrar una garantía hipotecaria, puede librarse de la justicia si tiene un buen contacto policial.
Esta persona “estará exenta de cumplir las sentencias de los jueces, que pasan a subordinarse a la voluntad de dos jefes policiales. Eso hará que la colocación de créditos disminuya enormemente”, sentenció.
Un abogado que ha tenido que recurrir a la autoridad policial para efectuar desalojos u ocupación de propiedades que estaban prendadas con un banco, recordó que “de todos modos la Policía no atiende las órdenes judiciales. Y después, cuando el ciudadano o su abogado reclamaba, le decían que no tenían orden de sus mandos para actuar”.
“En el caso de los bancos, estos tienen acuerdos con los altos mandos policiales para que procedan a efectuar las capturas, embargos o desalojos”, aseguró.
Su lectura de esa circular es que “le está diciendo al banquero que tiene que pedir permiso a la autoridad policial para que los uniformados acompañen a un juez a hacer un embargo. En la práctica, esto significa que es Ortega quien autoriza o deniega, y es una prueba de la intervención del sistema de garantías”, añadió.
Aseguró que en ese documento “pusieron en un papel lo que ya se sabe, lo que es práctica común en Nicaragua desde hace tiempo, ¿qué banquero, inversionista o fondeador internacional le va a prestar dinero a un banco en Nicaragua?”, cuestionó.
