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El régimen orteguista devolvió la minera BHMB a su dueño, el inversionista Baruch Rapoport, de nacionalidad estadounidense y británica. La empresa fue confiscada en septiembre de 2025, y entregada para su explotación, a un empresario de origen chino, identificado como Minhui Sun.
BHMB es una empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión extranjera de origen estadounidense y canadiense. La minera tiene sedes en Managua y en Palacagüina (Madriz).
En un comunicado difundido por los medios oficialistas, el 27 de mayo de 2026, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nicaragua informó que habían “alcanzado un entendimiento orientado a la normalización y reactivación operativa de la planta BHMB Palacagüina de manera ordenada y segura”.
El documento no hace referencia al pago de algún tipo de indemnización por el lucro cesante acumulado durante los más de ocho meses que duró la confiscación. Lo que sí dice es que “de conformidad con lo acordado entre las partes, los términos y condiciones de este entendimiento mantienen carácter confidencial”.
Desde el principio, la confiscación de BHMB fue un hecho que tuvo altas repercusiones. La primera fue la publicación de un inopinado comunicado, por parte de la Procuraduría, en el que trataron de justificar el decomiso de la propiedad, así como las afectaciones a otras empresas mineras.
La segunda fue cuando Richard Grenell, enviado especial para Misiones Especiales del presidente del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el robo como un hecho “indignante”, en una publicación hecha en su perfil de X.
La tercera fue la introducción en el Senado de Estados Unidos, de un proyecto de ley denominado Ley de Asociación Legal de Oro y Minería de los Estados Unidos. El texto declara que busca frenar la actividad minera ilícita en el continente, apunta a Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela en Suramérica.
En el caso de Nicaragua, se propone interrumpir el comercio ilícito de oro, incluso “mediante el uso de medidas específicas de los Estados Unidos contra el Gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y sus colaboradores”. Todo ello, “de conformidad con la Orden Ejecutiva 14088… que se emitió el 24 de octubre de 2022”.
Sancionando el negocio minero familiar
La cuarta se conoció el 16 de abril de 2026, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Daniel Edmundo Ortega y Maurice Ortega, hijos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las sanciones también alcanzaron a cinco operadores del régimen en el sector minero y siete empresas mineras chinas cómplices de la dictadura. Entre ellas, a los operadores y nuevos dueños de BHMB.
El Tesoro de Estados Unidos sancionó a las empresas Zhong Fu y Santa Rita, a quienes se les identificó como “compañías vinculadas al régimen de Murillo-Ortega que participaron en la toma forzosa de la planta de procesamiento de oro de BHMB Mining Nicaragua S. A.”.
Según la entidad estadounidense, que cita “informes públicos”, “un grupo de individuos irrumpieron en las instalaciones de BHMB, expulsaron al personal de seguridad y tomaron el control físico de la propiedad”. Hasta ese momento, la empresa no había recibido ninguna compensación por la incautación de su propiedad, la que fue seguida de la revocación formal de su licencia de operación.
Añade también que Zhong Fu es una empresa nicaragüense que opera principalmente en el comercio de oro. El operador sancionado Feiwu Bian, presidente y representante legal de Zhong Fu, fue identificado como una de las personas involucradas en la ocupación de la planta de BHMB. También se sancionó a Aníbal Vladimir Matus Buitrago, representante legal de Zhong Fu, al que se identificó como “una de las personas involucradas en la ocupación de la planta de BHMB”.
Nicaragua, el reino de la seguridad jurídica
Según la nota de prensa de la Procuraduría, “este entendimiento tiene como propósito contribuir al desarrollo ordenado de las actividades vinculadas al proyecto, en observancia del marco jurídico aplicable y en condiciones que favorezcan su adecuada operación y aporte a la dinámica económica y productiva de la región”.
También se asegura que “todas las partes de este entendimiento reconocen la importancia de mantener mecanismos de cooperación que permitan contribuir al desarrollo productivo dentro de un marco de responsabilidad y respeto a las disposiciones vigentes”.
Finalmente, se hace énfasis que “Nicaragua… cuenta con un sólido marco regulatorio en materia de minería que garantiza la seguridad jurídica de todo inversionista, nacional o extranjero, dedicados al aprovechamiento de los recursos minerales, quienes han encontrado en nuestro territorio la seguridad de sus inversiones”.
