AA
Share
La Corte Suprema de Justicia en Nicaragua permanece intervenida y paralizada por la dictadura, dos años después del “humillante” desalojo de su presidenta Alba Luz Ramos y una purga masiva que “sigue activa”. En esa Corte “aniquilada” hay direcciones inoperantes, magistrados que cobran salarios, pero no firman nada sin autorización de la “Copresidencia”, y un temor permanente a más despidos, interrogatorios y orden de cárcel. Todas son condiciones que juristas y analistas nicaragüenses en el exilio ven “sin señales de renovación”.
“Hay una parálisis total de la CSJ (…) Los magistrados casi no están llegando a sus oficinas y no se les permite firmar resoluciones sin el visto bueno de El Carmen”, detalló a CONFIDENCIAL una fuente vinculada a la Corte.
Varias fuentes también confirmaron que las Salas de la Corte Suprema de Justicia no tienen sesiones y que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial tampoco se está reuniendo.
“Es una institución fallida y casi totalmente inoperante”, agregó la fuente.
Dos años con un “presidente en funciones”
Luego de más de tres décadas como magistrada del Poder Judicial, Alba Luz Ramos fue desalojada de su oficina durante un operativo policial ordenado por Rosario Murillo, el 24 de octubre de 2023.
Tras la caída de la presidenta de la CSJ, el vicepresidente Marvin Aguilar fue identificado como “presidente en funciones”, en el que parecía un ascenso inmediato. Sin embargo, Aguilar nunca fue ascendido, e incluso “también cayó en desgracia”, aunque tras un breve período de ausencia volvió a aparecer —bastante relegado— en algunas actividades oficiales.
“Es una figura decorativa, sin mayor rol que aparecer en actos públicos y, como los demás magistrados, firmar cualquier documento o resolución que le sea orientado desde El Carmen”, señaló la fuente judicial.
Otro jurista, que conoce la situación en la Corte, aseguró a CONFIDENCIAL que “Marvin Aguilar pretendió tener su poder y un combo de seguidores nombrados por él, pero, con la experiencia de poder que había acumulado Alba Luz, ya no quisieron que nadie siguiera acumulando tanto”.
“Rosario Murillo y Daniel Ortega —porque yo no los veo trabajando por separado— no permiten que nadie tenga una concentración de poder que pueda retar en el futuro de ambos”, agregó el jurista.
La fuente vinculada a la CSJ sostiene que Aguilar, “como el resto de magistrados, en este momento no tiene ninguna capacidad de acción, decisión o maniobra independiente, como sí la tenía hasta 2023”, cuando era el poderoso secretario político del FSLN en el Poder Judicial y canal de transmisión de las órdenes de El Carmen, en coordinación con Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en temas de seguridad, también alcanzado por la “purga” de Murillo.
Las sillas vacías y los magistrados que siguen cobrando
A finales de 2023, la CSJ mantenía siete de 16 sillas vacantes, entre ellas la de la desalojada magistrada presidenta y seis puestos vacíos desde hace varios años por muertes y renuncias.
A la lista se sumó después el magistrado Gerardo Arce Castaño, hermano del comandante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años ochenta y asesor presidencial en temas económicos, Bayardo Arce, encarcelado desde finales de julio de 2025.
Sin embargo, la reforma a la Constitución Política, aprobada por órdenes de Ortega y Murillo entre finales de 2024 y principios de 2025, redujo de 16 a 10 el número de magistrados de la CSJ.
Actualmente, los magistrados “activos” son ocho: Marvin Aguilar, Juana Méndez (restablecida tras una efímera renuncia en un intento de presidir la Corte Centroamericana de Justicia), Armando Juárez López, Armengol Cuadra y Ellen Joy Lewin Downs. Además, Yadira Centeno, Manuel Martínez y Virgilio Gurdián, que fueron apartados temporalmente de sus funciones durante la intervención de 2023, pero ahora siguen asistiendo esporádicamente a la CSJ, con su salario intacto.
A ellos se suma Patricia Delgado Sáenz, esposa del diputado y presidente de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro. Delgado, en su calidad de conjueza, tiene facultades para sustituir a magistrados, y ejerce como “magistrada en funciones”, aunque no ha sido juramentada como tal.
Las propuestas de los nuevos magistrados se esperan desde noviembre de 2023, antes de que la Constitución “Chamuca” redujera el número de sillas. Sin embargo, la lista se sigue postergando por la pugna que persiste entre la pareja dictatorial, ahora proclamada como “copresidentes”.
“Ortega y Murillo están compartiendo plenamente el control sobre el Poder Judicial, que ya dejó de ser de la tutela exclusiva de Ortega (…) se podría afirmar que, hoy por hoy, es Murillo quien tiene mucho mayor control de la Corte y los tribunales”, comentó la fuente vinculada a la CSJ.
Intervención de Murillo mantiene parálisis de la CSJ
El “visto bueno” de El Carmen —residencia y despacho de Ortega y Murillo— llega a los magistrados a través del nuevo secretario general administrativo y secretario político del FSLN en el Órgano Judicial, Róger Martínez.
Además, en una nueva reestructuración de funcionarios, dirigida por Fidel Moreno, se nombraron 60 jueces sin carrera judicial en julio de 2024. Moreno actúa como secretario de organización del FSLN, bajo órdenes de Murillo.
La fuente vinculada a la CSJ comentó que “todo esto afecta gravemente a la Corte y al ‘órgano judicial’ en su conjunto, porque se ha convertido en una institución prácticamente inoperante”.
El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena, quien ha seguido esta crisis, valora que “lo que el régimen necesita es tener un sistema judicial inoperante y que la Corte Suprema de Justicia, como el principal órgano jurisdiccional que en teoría tiene el Estado, no tenga capacidad ni siquiera de constituirse en salas para dictar resoluciones mínimas de mero trámite”.
La fuente judicial agrega que esta parálisis va “en detrimento del derecho constitucional a la Tutela Judicial Efectiva, el acceso a la justicia y a la resolución de los casos dentro de los tiempos establecidos en las leyes, en especial, aquellos que son elevados al conocimiento de la Corte”, entre estos Casación Penal y Civil, Recursos Contenciosos Administrativos, Recursos de Amparo, de Constitucionalidad, entre otros.
A juicio de la fuente especializada “los índices de retardación de justicia, que habían tenido una disminución progresiva entre los años 2010 y 2017, ahora están en niveles muy elevados, no solo en la CSJ, sino en todas las instancias judiciales” de Nicaragua.
Barberena, por su parte, sostiene que “no existía una independencia judicial, porque esta ya había sido abolida de hecho por el régimen Ortega Murillo desde un poco antes de 2018 y luego se dio la instrumentalización”.
Menos funciones, direcciones y presupuesto
Tras el desalojo de Ramos, Murillo aceleró su intervención en la Corte, restándole funciones, direcciones y recursos a la institución.
En octubre de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE) que ordenó traspasar la administración de todos los registros públicos de la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría General de la República (PGR).
En enero de 2024, la dictadura también eliminó el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República, que se asignaba por ley al sistema de justicia. Meses después, en abril, ordenó el traspaso de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), a la “super” PGR, más tarde rebautizada como Procuraduría General de Justicia, bajo el control directo de la “Copresidencia”, a cargo de Wendy Morales, otra ficha leal a Murillo.
“En la etapa de transición de Daniel Ortega a la sucesión dinástica, no pueden tolerar ningún centro de poder alternativo por muy pequeño que sea”, señaló a CONFIDENCIAL el jurista nicaragüense en el exilio.
El golpe final fue reducir el Poder Judicial a un “órgano” del Estado, en la nueva Constitución “Chamuca”.
Para el abogado Barberena, “estos fueron los primeros pasos para garantizar en el plano político la sucesión dinástica”.
El abogado sostiene que “no han nombrado a un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque el régimen Ortega Murillo lo que necesita —ya en un plano más político, luego de tener garantizada la sucesión en el plano jurídico a través de la aprobación de la Constitución Chamuca— es tener un órgano judicial inoperante”.
La purga de empleados públicos no ha cesado
La purga en el aparato judicial es de larga data. En octubre de 2021, fue destituido el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). Por años, Rodríguez fue la ficha del régimen, pero perdió el puesto por dar trámite a un recurso de amparo por el despojo de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL).
En 2022, también “cayeron”:
- El director del Instituto de Medicina Legal, Zacarías Duarte, por asistir a un congreso sin permiso de la dictadura, en mayo de 2022.
- La magistrada y presidenta de la Sala Civil y de Familia, Ileana Pérez, envuelta en varios escándalos de corrupción.
- El vocero y director general del área de Comunicación, Roberto Larios, acusado de “traición a la patria”, encarcelado y desterrado en 2023.
- La directora de relaciones internacionales Katia Jaentschke Acevedo, hija del ahora canciller Valdrack Jaentsche.
- La directora de protocolo Ruth Tapia Roa, destituida pese a su larga trayectoria con el régimen.
Entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, unos 120 trabajadores fueron despedidos u obligados a renunciar. Luego, en septiembre de 2023, un mes antes del desalojo de Ramos, fueron destituidos tres funcionarios sandinistas que coordinaban la “granja de trolls” dentro de la CSJ: el secretario de organización del Frente Sandinista, Berman Martínez, el exdirigente de la Juventud Sandinista en Managua y director de Servicios Generales en la Corte, Walter Sobalvarro, y el líder sindicalista Carlos Alberto López Tinoco.
Los tres operadores estaban involucrados en difundir propaganda oficial y atacar a opositores a través de redes sociales desde oficinas de la CSJ. Aunque su destitución fue por desobedecer las órdenes de El Carmen.
Un mes después de la salida de Ramos, el número de trabajadores despedidos ascendía a 900. Las purgas continuaron en 2024, con una nueva ola de destituciones que elevó la cifra a 1100 personas. La purga alcanzó a más operadores políticos, pese a su rol en la represión nacional y transnacional de la dictadura. Entre ellos:
- El presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh Andino. El mismo que anunció el destierro de 222 excarcelados políticos el 9 de febrero de 2023.
- El titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Luden Martín Quiroz García, quien condenó a 9 presos políticos en 2022.
- El juez del Quinto Distrito Penal de Juicio, Félix Ernesto Salmerón Moreno, quien condenó a dirigentes empresariales, precandidatos presidenciales y líderes campesinos.
- El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, quien leyó sentencia que despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, el 15 de febrero de 2023.
“La purga no ha cesado, aunque había disminuido sustancialmente su intensidad en el último año”, aseguró la fuente vinculada a la CSJ. Sin embargo, desde octubre de 2025, la purga se reanudó en todos los niveles y a nivel nacional, incluyendo a jueces, secretarios judiciales, trabajadores del área administrativa, conductores y guardas de seguridad. “Despiden a los funcionarios sin previo aviso y sin prestaciones de ley”, agregó.
El jurista que conversó con CONFIDENCIAL sostiene que “en un modelo de estado totalitario se requiere la purga para afianzar la sumisión a través del temor y el terror, y es donde nadie se siente seguro en su cargo”.
