26 de octubre 2023
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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la magistrada Yadira Centeno González, de la Sala Civil de la CSJ, fueron desalojadas de sus oficinas en el alto tribunal y enviadas a sus viviendas, por una orden de la Presidencia y la Secretaría del FSLN en El Carmen, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas al Poder Judicial.
El desalojo abrupto de Ramos —ocurrido la mañana del martes de 24 de octubre de 2023— fue ejecutado por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional.
Ramos se retiró de su oficina visiblemente afectada y se quejó de estar siendo “ultrajada”, aseguraron las fuentes judiciales, testigos de la expulsión. Veinticuatro horas después, se desconoce cuál será el destino de la presidenta de la Corte, cargo en el que ha permanecido desde 2010, cuando fue electa por la Asamblea Nacional con el respaldo político de Daniel Ortega.
La Corte está descabezada institucionalmente y administrativamente, intervenida políticamente por Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, a través de órdenes ejecutadas por el comisionado Rocha, comentaron las fuentes judiciales.
La “suspensión de facto de la doctora Alba Luz Ramos evidencia la toma del control, del Poder Judicial, por parte de Rosario Murillo”, dijo una fuente vinculada a la Corte Suprema.
Desalojo de Centeno y detención de hija
Mientras el desalojo de la magistrada Centeno González ocurrió la mañana de este 26 de octubre y siguió el mismo patrón que con Ramos: llegó la Policía y la enviaron a su vivienda.
Horas después se conoció que la abogada Carla Lucía Flores Centeno, hija de la magistrada, fue detenida por la Policía del régimen, según fuentes de la CSJ.
Centeno es simpatizante del Frente Sandinista y tiene más de 27 años como magistrada. Ella era la presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema.
Además, es coordinadora de la circunscripción oriental, que atiende los departamentos de Masaya y Carazo. Los magistrados se dividen cada año el territorio nacional por circunscripción y lo atienden políticamente, según un reportaje de la plataforma Connectas.
Destitución de Berman Martínez y Martín García
La fuente señaló que la acción contra Ramos es consecuencia inmediata de la destitución de Berman Martínez, secretario de organización del Frente Sandinista y secretario general administrativo de ese poder del Estado, y del director de Informática Martín García. Ambos exfuncionarios están siendo investigados por supuestos actos de corrupción en las licitaciones para la construcción de nuevos edificios y la compra de equipos informáticos.
De acuerdo con las fuentes, Martínez y García fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
La Policía se tomó el lunes 23 de octubre la oficina de Martínez, quien fue destituido en septiembre de 2023 de su cargo partidario, junto a Walter Sobalvarro, exdirigente de la Juventud Sandinista en Managua y director de la oficina de Servicios Generales en la Corte, y Carlos Alberto López Tinoco, líder sindicalista, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua (CONFETRAJUN).
Los tres funcionarios y activistas partidarios coordinaban la “sucursal” de la granja de troles del FSLN instalada en la Corte y dedicada a difundir propaganda y a atacar a quienes el régimen considera opositores a través de las redes sociales, reveló un reportaje de CONFIDENCIAL.
Martínez fue retirado de su cargo como secretario general administrativo de la Corte este lunes. Pablo Corea, un coronel retirado del Ejército, fue nombrado como “director interino”. El exmilitar es “el administrador del nivel central de la Corte”, confió una fuente judicial. Sin embargo, éste fue retirado del cargo el viernes 27 de octubre.
Disputas con el magistrado Marvin Aguilar
La Secretaría, a cargo de Martínez, administraba la asignación constitucional del 4% del Presupuesto General de la República correspondiente al Poder Judicial. Tenía bajo su coordinación todo lo relativo a la administración de recursos humanos (operativización de contratación, pago o liquidación del personal); procesos de compras y licitación de todo tipo de bienes o servicios, incluyendo construcción y mantenimiento de edificios, adquisición de equipos informáticos y mobiliarios.
Martínez se encargaba además de garantizar la participación de los trabajadores del Poder Judicial en las actividades partidarias del Frente Sandinista: visitas casa a casa, plantones en rotondas, marchas, participación en las votaciones y asambleas políticas.
En los últimos meses, Martínez tuvo desavenencias con el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ y ejecutor directo de las órdenes de Moncada Lau. “Iniciaron a medir fuerzas y lógicamente Aguilar se impuso”, indicó la fuente.
Explicó que, además de la superioridad jerárquica institucional de Aguilar, éste cuenta con el respaldo de Moncada Lau, “quien quería poner a alguien totalmente fiel a la línea de El Carmen en la Secretaría General Administrativa, porque eso le representaría acceso directo a la asignación presupuestaria del Poder Judicial”.
Destituyen al director de DGTIC
La Policía también intervino el fin de semana la División General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), y el ingeniero Martín García fue destituido de su cargo como director de esa dependencia.
Desde 2008 se implementó el Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, lo que ha significado un fuerte crecimiento en el uso de las tecnologías en la función judicial, con la digitalización de los expedientes judiciales y los procesos. Este proceso convirtió a la DGTIC en una dirección clave dentro del Poder Judicial, no solo por el número de sus integrantes —más de 500 en toda Nicaragua—, sino también por el alcance de sus funciones. De esa área depende el funcionamiento de toda la estructura digital de la Corte.
Una de las fuentes apuntó que García es un militante sandinista y exmiembro del Ministerio del Interior en la década de los ochenta, pero la estructura dirigida por Moncada Lau necesitaba “poner en su lugar a alguien de mayor confianza del magistrado Aguilar”.
De acuerdo con las fuentes, de la DGTIC fueron despedidos este miércoles 25 de octubre los funcionarios Haziel Canda y Juan Carlos Zeas, este último era el director de redes.
Magistrados Méndez y Aguilar en sustitución de Ramos
En círculos de la Corte Suprema, circulan versiones de que la magistrada Alba Luz Ramos se vería obligada a presentar su renuncia como presidenta de la Corte ante la Asamblea Nacional en los próximos días, mientras que en la Secretaría del Frente Sandinista, ubicada en El Carmen, “barajan el nombramiento de la magistrada Juana Méndez como sustituta”.
Lo único seguro, por el momento, es que el poder político de la Corte seguirá a cargo del magistrado Aguilar, secretario político del FSLN.
Ramos y Aguilar, han sido sancionados por la comunidad internacional por la complicidad del Poder Judicial en el enjuiciamiento de presos políticos.
Las fuentes de la CSJ consideran que esta situación en la Corte obedece a “las luchas de poder internas entre Ortega y Murillo”, porque la vicepresidenta aspira a obtener cada vez más espacio en las dos instituciones que el dictador ha manejado con más celo: el Ejército y el Poder Judicial.
Marvin Aguilar toma más poder
Ramos tiene 35 años de ser magistrada de la Corte, desde 1988. Ha sido presidenta de ese poder del Estado en dos ocasiones: la primera, entre 2002 y 2003 y la segunda, desde 2010 hasta la fecha. Su última reelección fue en junio de 2022. La alta funcionaria, de 74 años, estaba al borde de su jubilación.
Un reportaje publicado por CONFIDENCIAL reveló que la magistrada Ramos ha presentado su renuncia en varias ocasiones, sin que esta sea aceptada por Ortega. En cambio, el magistrado Aguilar es señalado como el verdadero poder de la Corte, con el respaldo de Moncada Lau.
Según la sanción impuesta por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2021, el vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar, es el secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista. “Como secretario político nacional, Aguilar está en contacto directo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y, según se informa, coordina la persecución de los miembros de la oposición a favor de la democracia”.
Es así que las “fichas” de Lau y Aguilar en la Corte “seguirán acumulando poder”, señalaron las fuentes, en referencia a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Rothschuh Andino —ambos sancionados—, y Henry Morales.
