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Unas cinco horas después de que la Procuraduría General de la República (PGR) divulgara un comunicado citando al asesor presidencial en Asuntos Económicos, Bayardo Arce Castaño, a comparecer ante una investigación por “transacciones al margen Estado”, decenas de policías de la Dirección de Operaciones Especiales allanaron la casa de Arce en la medianoche del miércoles 30 de julio de 2025.
Vecinos de la zona en que está ubicada la residencia de Arce, al sur de Villa Fontana, en Managua, revelaron a CONFIDENCIAL que vieron subir y bajar una caravana de varias camionetas transportando efectivos policiales, que ejecutaron el allanamiento por la fuerza.
Los vecinos desconocen si Arce fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, donde se encuentra detenido sus asistente Ricardo Bonilla, o si fue llevado a las oficinas de la PGR, que dirige Wendy Morales Urbina.
La amenaza de la PGR
La PGR informó el miércoles 30 de julio de 2025 que había citado en dos ocasiones a Arce Castaño, al conocer de “transacciones y negociaciones” realizadas por sus oficinas que “no cumplían con lo establecido” en el marco legal de Nicaragua y le advierte que puede enfrentar un proceso judicial si se niega a presentar la documentación requerida.
Fuentes vinculadas a Arce, confirmaron que su asistente ejecutivo Ricardo Bonilla, quien trabajó con Arce en funciones partidarias y de gobierno en los últimos 30 años, permanece detenido desde la noche del sábado 26 de julio de 2025. La PGR admite que lo citó porque “aparecía operando esas transacciones y/ o negociaciones”.
“El Señor Bonilla se negó a acatar la orden de la máxima autoridad del Estado para estos propósitos y, por lo tanto, fue remitido al Sistema Penitenciario Nacional donde continúa siendo interrogado al respecto”, indica la PGR en el comunicado.
Según el comunicado, Arce ha sido citado en dos ocasiones. En una primera ocasión se le instruyó sobre “su deber de responder la indagación patrimonial de la PGR”, a lo que Arce “se limitó a argumentar que todo eso le pertenecía, y por lo tanto, no tenía ninguna obligación de responder a la PGR o a sus investigaciones”.
La PGR indica que ante su negativa, Arce fue convocado nuevamente “a presentar la documentación requerida y responder satisfactoriamente las preguntas que cumpliendo con su deber Constitucional la PGR realiza”.
“El señor Bayardo Arce Castaño hasta la fecha no ha consentido en presentarse como corresponde, desconociendo la autoridad Constitucional de las instituciones del Estado nicaragüense”, menciona el documento.
En el texto indican que le recuerdan a Arce que “es deber de todo ciudadano” respetar la Constitución y las instituciones “establecidas para velar por los derechos, deberes y bienes de Nicaragua” y que “incumplir o irrespetar estas obligaciones ciudadanas constituyen delitos graves que ameritan procesos”.
En la noche del sábado 26 de julio de 2025, la Policía Nacional despojó al asesor presidencial de su escolta policial en su casa, y desalojó a los guardias de seguridad privada de sus oficinas ubicadas en el reparto El Carmen, que quedaron bajo resguardo policial.
La caída de Arce
Arce, exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y aliado de Daniel Ortega, fue nombrado asesor presidencial en 2007 y ratificado en el cargo el 16 de agosto de 2024, aunque desde hace varios años había sido un asesor sin funciones en asuntos de Gobierno, dedicado a sus negocios privados.
En el ámbito político, Arce Castaño, fue el responsable partidario del FSLN en la Corte Suprema de Justicia desde 1997, cuando el FSLN aún estaba en la oposición, hasta que fue separado de ese cargo con la intervención ordenada por Rosario Murillo en octubre de 2023, y sustituido por Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN.
Fuentes cercanas a Arce afirman que también fueron citados y comparecieron ante la PGR, Ajax Delgado, socio en varios negocios con Arce, y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Arce, hermano del asesor presidencial. Después del interrogatorio, Delgado y Arce quedaron en libertad.
Arce sería el tercer exmiembro la Dirección Nacional del FSLN, al que los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo, le imponen un régimen de arresto domiciliario de facto junto al excomandante de la revolución Henry Ruiz Hernández (“Modesto”).
El también exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN, Humberto Ortega Saavedra, exjefe del Ejército y hermano de Daniel Ortega Saavedra, falleció el 30 de septiembre de 2024 como “prisionero político”, después de haber sido arrestado y aislado en su casa por cuestionar la sucesión dinástica de Daniel Ortega a favor de Rosario Murillo.
Arce mantenía su cargo, pero relegado y sin funciones
Arce fungió como diputado ante la Asamblea Nacional por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante diez años consecutivos: entre 1997 y 2007.
Eso cambió a principios de enero de 2007, cuando Ortega asumió la presidencia de Nicaragua, y designó a Arce como su asesor en materia de economía, lo que le otorgó protagonismo en la coordinación del gabinete económico y en las relaciones con los grandes empresarios del sector privado con el Gobierno de Ortega.
Sin embargo, empezó a ser relegado desde el inicio del tercer mandato presidencial consecutivo de Daniel Ortega (2017–2021); cuando había incertidumbre sobre cuál sería el rol de Arce y el mayor protagonismo de Murillo en ese entonces ya como vicepresidenta. A pesar de eso, el antiguo miembro de la dirección histórica del FSLN se mantuvo en el cargo de asesor de la presidencia para Asuntos Económicos y Financieros, puesto en el que se mantiene formalmente.
Desde esa posición, además de aceitar las relaciones entre el sector público y el sector privado, Arce también defendía al Gobierno de Ortega, en especial de las críticas que llegaban desde el extranjero, como cuando Estados Unidos decidió sancionar al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, por actos de “corrupción significativa”, entre otros señalamientos.
“¿Cuáles son los actos de corrupción y de violación de los derechos humanos con los que acusaron a Roberto Rivas?”, retó Arce al ser cuestionado por los periodistas con respecto a ese tema, afirmando que lo sancionaban porque “se creen dueños del mundo”.
También criticó a Ortega
El 26 de abril de 2018, solo ocho días del inicio de las protestas ciudadanas, Arce admitió que hacer la reforma al Seguro Social sin consenso con el sector empresarial fue un error, pero lo justificó en que era urgente aprobarla ante el riesgo de “iliquidez” que impida pronto pagar las pensiones.
“Yo no diría que hubo una represión, solo de la policía hubo una situación como suele suceder en estos fenómenos sociales en que hay un momento en que perdés el control”, declaró en entrevista con Univisión.
Con su estilo desenfadado, que usó muchas veces para enfrentar al periodismo crítico con el Gobierno al que él servía, también criticó al gobierno en reuniones a puertas cerradas con los partidarios de ese Gobierno, como en mayo de 2019, durante una asamblea de trabajadores del Poder Judicial de León y Chinandega celebrada en el Auditorio Ruiz Ayestas de la UNAN León, Arce admitió que en Nicaragua no debería haber presos políticos, y que el preso político Eddy Montes nunca debió haber muerto en la cárcel Modelo a manos de un custodio.
Sancionado por la Unión Europea, el asesor presidencial también fue incluido en una investigación efectuada por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional de España, para determinar si el cónsul honorario de Nicaragua en Las Palmas de Gran Canaria, José Herrero de Egaña, había cobrado comisiones de entre 3% y 5%, a empresas para desarrollar proyectos en el país, con la presunta complicidad de Arce, según reportes del diario El Español.
