16 de marzo 2025
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“¡Lo único que tengo son deudas!”, exclama Beatriz, de 50 años, cuando se queja por una nueva orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que obliga a los empleados públicos de Nicaragua a declarar sus propiedades ante la Contraloría General de la República (CGR). Ella trabaja, desde hace una década, en el Ministerio de Salud (MINSA) y “jamás” le habían exigido revelar sus cuentas bancarias, préstamos o sus bienes ni el de sus dos hijos.
A inicios de febrero de 2025, Beatriz recibió una circular de Recursos Humanos en la que le indican que, “de carácter obligatorio”, deberá llenar una “declaración de inicio para el cargo actual en el sistema en línea” de la CGR.
Horas después que firmó el recibido del documento, a la empleada pública le llegó un correo electrónico con un “nombre de usuario y contraseña” para que accediera a la página de la Contraloría e hiciera su declaración patrimonial.
En la circular se informa que “para el llenado en línea”, el empleado necesita tener a mano:
- El número de registro, folio y tomo de los títulos de propiedades a su nombre.
- La circulación vehicular para poner los datos del o los vehículos en el sistema.
- Los números de todas las cuentas bancarias, incluyendo la de pago.
- Los números de referencia de los préstamos que tengan.
En la notificación se advierte que también deberán declarar los bienes y cuentas bancarias de los cónyuges. Así como “los bienes a nombre de los hijos menores de edad”.
Una vez que llenan un formulario en línea, los empleados públicos deben imprimir la declaración y entregar una copia en las oficinas de Recursos Humanos, para que la incluyan en su expediente laboral.
Otra opción para los servidores públicos es asistir personalmente, con toda la documentación, a las oficinas centrales de la Contraloría, en Managua.
Espionaje contra los empleados públicos de Nicaragua
CONFIDENCIAL consultó a más de una docena de trabajadores estatales, quienes señalaron que la disposición, aparentemente, se aplica de manera escalonada, ya que unos lo llenaron desde 2024, a otros les llegó en 2025 y algunos no han sido notificados.
“Esa circular me la enviaron el pasado 25 de enero. A mí ya me dieron un ultimátum porque no la he llenado. Mi jefa me llamó y me ‘solicitó’ que hiciera la declaración, sino voy corrido (despedido)”, afirma Raúl, un médico en un hospital público de Managua.
Otro empleado público sostiene que conoce la orden de declarar todos los bienes, pero que a él todavía no le han informado oficialmente de ella. “Colegas de otros ministerios me han preguntado si me llegó, pero nada. Espero que no lo hagan con nosotros”, añade.
Helena es funcionaria de los Juzgados de Managua y recibió la orden a mediados de 2024. Ella asumió que era una disposición solo para el Poder Judicial, como parte de la purga y reestructuración que ejecuta Rosario Murillo —con la venia de su esposo, el dictador Daniel Ortega— en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde noviembre de 2023.
“Acá nos dijeron que era para averiguar si había gente (empleados públicos) que recibía dinero de los terroristas (así es como el régimen llama a los opositores). Pero, todos sabemos que es para tenernos bajo más control”, comenta Helena.
Qué establece la Ley de Probidad sobre declarar propiedades
El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, explica que la disposición está apegada a derecho, aunque se debe considerar el contexto de opresión y acoso en que se ejecuta. “La represión se ha trasladado a las estructuras del Estado, sobre todo a purgar a aquellas personas que no están directamente alineadas con Rosario Murillo”, subraya.
La Ley 438 o de Probidad de los Servidores Públicos, en vigencia desde 2002, establece en su artículo 20 que “todo servidor público del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir el cargo y después de entregarlo”.
Sin embargo, el mismo artículo detalla que esta disposición atañe particularmente a los empleados de alto rango que tengan “a su cargo la administración de un patrimonio público, o la recepción, el control o fiscalización de los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza u origen”.
“En el Poder Judicial (esa declaración) la hacían los magistrados, directivos y funcionarios de alto rango, pero no los subordinados. La disposición no se alinea con el fin legítimo de la ley, sino con un fin de espionaje”, apunta Morazán.
“No todos los empleados públicos —prosigue— tienen una función decisoria ni tampoco un puesto donde puedan recibir coimas, por eso la nueva medida tiene más un fin de espionaje”.
La última declaración de probidad de Daniel Ortega
La ley 438 enlista a más de una veintena de altos funcionarios que deben rendir la declaración patrimonial, entre ellos el presidente de la república, ministros, diputados, magistrados, alcaldes, funcionarios del Servicio Exterior, presidentes y directores de organismos colegiados y entes descentralizados, así como rectores, decanos y secretarios de universidades que reciben fondos del Estado.
Daniel Ortega hizo su última declaración de probidad en agosto de 2006, cuando ejercía de forma nominal el cargo de diputado de la Asamblea Nacional. Según aquella declaración, poseía un patrimonio estimado en 377 000 dólares, que incluía su residencia y vehículos.
Ortega no declaró sus bienes cuando regresó a la Presidencia en enero de 2007, aunque debía hacerlo según la Ley 438. Ni lo hizo su esposa Rosario Murillo, como cónyuge ni cuando asumió la vicepresidencia en 2017, ni ahora que fue impuesta como “copresidenta”.
Tampoco lo ha hecho ningún miembro de su familia —todos vinculados al Estado—, pese al enriquecimiento que han experimentado desde que Ortega volvió al poder. Una investigación de CONFIDENCIAL reveló que, hasta 2022, la familia Ortega-Murillo tenía bajo su poder unas 22 empresas privadas, que controlaba a través de testaferros.
Otra herramienta más de represión
Beatriz, Helena y Raúl no tienen cargos de dirección. Sus posiciones son de rango medio dentro de sus instituciones, lo que según el exfuncionario revela que la nueva disposición “es una campaña para infundir temor y extender la vigilancia”.
La declaración patrimonial generalizada se suma a una “ficha de militante” como herramientas de “espionaje” y “represión” del régimen, según Morazán.
Desde finales de 2023, la dictadura obligó a todos los trabajadores del Estado y a sus militantes a llenar una “ficha única de registro”, en la que preguntaban datos personales y de contacto, así como información de los familiares fallecidos.
Los empleados estatales debían detallar también sus cuentas en las redes sociales —Facebook, Twitter (ahora X), Instagram y TikTok—, así como la información laboral de los últimos cinco trabajos y los datos académicos y de formación.
“Esta última fase de la represión está sustentada en los bienes. La dictadura ha perseguido los bienes de la oenegés, los disidentes políticos y opositores. Ahora, amenazan a los empleados públicos con que, cualquier movimiento en falso, van tras tus bienes o los de tu familia”, sostiene el exfuncionario judicial.
Morazán alerta que no hay forma legal de que los trabajadores públicos se “escapen” de esta declaración patrimonial. Sin embargo, Helena y Beatriz admiten que buscaron opciones para no declarar todo.
“Tenía una cuenta personal que cerré para que ellos no sepan si tengo o no dinero. Mis ahorros los puse en otro sitio”, relata Helena.
Beatriz cuenta que antes de llenar el formulario habló con sus dos hijos, ya mayores de edad, para que dejaran lo mínimo en sus cuentas bancarias. “En el trabajo ya saben que tengo carro y casa propia, así que no iba a ocultar eso. Pero si tengo dinero o no, eso no les importa. De mis deudas les puse todo”, reconoce la trabajadora estatal.
