9 de enero 2024
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Miles de trabajadores públicos iniciaron el lunes 8 de enero de 2024 sus labores en las diversas instituciones del Estado, de la misma manera que finalizaron 2023: bajo una mayor vigilancia y presión política del régimen orteguista. La dictadura exige información hasta de los familiares muertos de los empleados del Estado.
Trabajadores estatales enviaron reportes a CONFIDENCIAL en las que denuncian la “obligatoriedad” de llenar una “ficha de militantes” del Frente Sandinista.
“Los trabajadores de cada institución del Estado serán sometidos a llenar fichas de militantes, a leer una circular de Rosario Murillo y recibir los ejes, tanto institucionales como políticos, que regirán en las instituciones, bajo el seguimiento de los secretarios políticos de cada institución y de los departamentales”, detalla una de las comunicaciones.
Otras informaciones indican que los médicos y el personal del hospital Bertha Calderón fueron de los primeros obligados a rellenar esa ficha política desde la mañana del 8 de enero.
“Es una ficha para nuevos afiliados y censo interno del Gobierno. El problema de llenarlo es dar toda tu información y poner en evidencia si sos o no parte del Frente Sandinista”, denunció otro trabajador público.
“Ficha única de registro”
A mediados de noviembre de 2023, circuló en redes sociales y medios independientes, que la dictadura estaba obligando a todos los trabajadores del Estado, además de a sus militantes, llenar una “ficha única de registro” para obtener la militancia en el marco del 45 aniversario de la revolución sandinista, que se cumplirá el próximo 19 de julio.
En el formulario de seis páginas, titulado “ficha única de registro”, se exigen datos personales y de contacto e información de las redes sociales —Facebook, Twitter (ahora X), Instagram y TikTok—, así como la información laboral de los últimos cinco trabajos y los datos académicos y de formación.
“Sabíamos que nos vigilaban, pero en las últimas semanas han empezado a estar más pendientes de nuestras redes sociales, nos controlan todo lo que hacemos, en lo personal y ahora también en lo virtual”, dijo Enrique, un funcionario del Poder Judicial en Managua, en un reportaje de CONFIDENCIAL publicado en diciembre del año pasado. Además Enrique añadió que son varias personas “las que han despedido por publicar algo que genera molestia en redes”.
En la ficha solicitan también datos socioeconómicos como: estado civil, cantidad de hijos, personas dependientes, si tienen licencia de conducir y la categoría, si tienen carros o motos y la cantidad, el ingreso mensual y el tipo de vivienda.
Asimismo, el “historial partidario y político”, donde los empleados públicos deben detallar las “responsabilidades” que han tenido en el FSLN, la experiencia en las elecciones desde 1990 hasta las municipales de 2022.
Información de los familiares fallecidos
“Es un filtro porque cada persona que trabaja para el Estado será obligado a llenar la ficha de militantes, que en su contenido lleva una serie de información personal y familiar de cada trabajador del Estado”, advierte un empleado público.
En el apartado de “datos de miembros del núcleo familiar” se aclara que deben dar la información de estos aunque estén muertos. Piden el nombre completo, el número de cédula y la fecha de nacimiento. Si está difunto exigen detallar la “causa” y los “años de fallecido”.
En el caso de los familiares vivos demandan además los números de teléfonos celulares, la información del domicilio y clasificarlos si son partidarios del FSLN, opositores “suaves o duros” o indiferentes a la política.
De los familiares se pide la información del cónyuge, los padres, todos los hijos y todos los hermanos, no importa la cantidad.
Una violación más a los empleados públicos
El rellenado obligatorio de esta ficha se suma a las violaciones de los derechos y la dignidad de los funcionarios públicos, que ha ejercido el Frente Sandinista desde su regreso al poder en 2007, pero que se recrudeció tras el estallido de la Rebelión Cívica de 2018.
Los trabajadores estatales se consideran “rehenes” de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en los últimos cinco años ha radicalizado la vigilancia política y el control partidario en contra de los empleados del Estado.
La lista de violaciones incluye la reducción de las indemnizaciones laborales, el voto “obligatorio y comprobado”, despidos sin prestaciones sociales, autocensura y adoctrinamiento.
