9 de diciembre 2023
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La tolerancia del régimen a las críticas en redes sociales ha llegado a nivel cero. En Nicaragua cualquier ciudadano que opine en contra de Daniel Ortega, Rosario Murillo, su familia o fanáticos caerá preso; no importa si tiene uno o miles de seguidores, el objetivo es “criminalizar” y “neutralizar” cualquier voz crítica, consideran abogados penalistas tras analizar el secuestro y encarcelamiento del catedrático Freddy Quezada y el tiktoker Geovany López Acevedo.
“El mensaje del Gobierno (con estas detenciones) es claro. El que abra la boca y exprese sus pensamientos (en contra la política del Estado) va para la cárcel”, afirma Manuel, un abogado penalista.
El experto subraya que, a tres años de la aprobación de la “Ley Mordaza” o Ley Especial de Ciberdelitos, su uso se ha generalizado contra la ciudadanía, ya que, en los primeros años, fue utilizada como “instrumento político” para procesar y condenar a líderes políticos y sociales, actualmente desterrados.
El abogado y opositor Juan Diego Barberena considera que esta legislación ya no es una ley para acallar la disidencia política, sino que ahora funciona como una herramienta legal para “implantar” más temor entre la población, sin importar el tamaño de la crítica vertida en redes sociales.
López Acevedo fue detenido por la Policía el miércoles 22 de noviembre por criticar, en una trasmisión desde TikTok, la actitud burlesca de los presentadores del oficialista Canal 13, en relación a la historia de vida de la Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, quien se convirtió en Miss Universo el sábado 18 de noviembre de 2023.
Mientras que Quezada, un crítico a la dictadura desde su cuenta en X —antes Twitter—, fue sacado de su casa por hombres de civil el pasado 29 de noviembre. Ambos fueron trasladados a la cárcel La Modelo, según diversos reportes de prensa.
No importa el número de seguidores
Un día antes de su detención, Quezada, filósofo y sociólogo, cuestionó la publicación del régimen orteguista sobre las “condiciones preferenciales” otorgadas en la cárcel La Modelo al obispo Rolando Álvarez.
“La dictadura tuvo presas a 222 personas que luego se vio obligada a excarcelar y expatriar. Todas han contado su experiencia y las escenificaciones que sufrieron. ¿Cómo cree, ahora, esa dictadura cabeza de zorro que alguien le creerá esa «mise à scene» del obispo Rolando Álvarez?”, publicó Quezada el 28 de noviembre, además de comentar un artículo sobre la reforma agraria sandinista.
La cuenta del catedrático en X tiene 1766 seguidores, mientras que el tiktoker registra 39 000 seguidores en esa red social. Para los abogados, esta diferencia de alcance y públicos muestra que ambos fueron secuestrados “solo por opinar”.
López y Quezada publican contenido variado y no, exclusivamente, político, por lo que en este caso “prevalece la necesidad de criminalizar el derecho a expresarse libremente”, contemplado en el artículo 30 de la Constitución Política de Nicaragua, por parte de la dictadura, indica Manuel.
Una escalada de la Ley Mordaza
La aplicación de la “Ley Mordaza” ha evolucionado. Empezaron con líderes políticos, luego con activistas y dirigentes estudiantiles hasta la actualidad, cuando apresan a personas que no tienen participación política, señala el abogado y opositor Juan Diego Barberena.
Más de una treintena de presos políticos —desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023— fueron acusados por el supuesto delito de “propagación de noticias falsas”, contemplado en el artículo 30 de la Ley Mordaza. Sin embargo, en ninguno de los casos la Fiscalía probó la culpabilidad de los imputados, ya que, en el mismo artículo, se establece que la supuesta información falsa debe provocar “alarma, temor, zozobra en la población”.
El Ministerio Público se dedicó a citar tweets, publicaciones en Facebook, entrevistas en medios de comunicación, pero no demostró con informes técnicos el supuesto daño causado a una parte de la población, detalla Manuel.
Una publicación en TikTok sobre las burlas de los presentadores orteguistas contra el trabajo de la Miss Universo nicaragüense, o una publicación de Quezada en X, criticando al régimen orteguista, “no causa zozobra”, sostiene Barberena.
Tras varias semanas de ambos secuestros se desconoce la situación legal del catedrático y el tiktoker, pero si la dictadura ejecuta el patrón que ha mantenido contra los últimos presos políticos, es probable que los incrimine por supuesto ciberdelitos, señalan los consultados.
Policía ejecuta amenazas
En mayo de 2023, la Policía amenazó con arrestar a opositores que criticaban en redes sociales la gestión del régimen. Los agentes aparecieron en las casas de periodistas, profesionales independientes y activistas para advertirles que se abstuvieran de publicar sus inconformidades en sus perfiles en redes sociales. No podían hablar mal de la pareja presidencial, sus hijos o sobre la Rebelión Cívica de 2018. De lo contrario, serían arrestados y acusados por “traición a la patria”.
Un ingeniero agrónomo recibió la visita policial, después de demandar al Estado que garantizara el servicio de agua potable en su ciudad en verano, cuando la temperatura rozaba los 40 grados centígrados. “Llegaron a mi casa y me tomaron hasta fotos”, reprochó el profesional, quién desde entonces, dejó de publicar por temor a ser encarcelado.
A otro joven, los policías le explicaron que aparecía en una lista elaborada por militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que dan seguimiento a las redes sociales de los opositores y críticos del Gobierno en cada uno de los 153 municipios de Nicaragua. El señalamiento fue el mismo: no más publicaciones.
