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La delegación de Canadá solicitó ante la presidencia de la Comisión Preparatoria de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) incorporar una sesión sobre la “Situación en Nicaragua” durante el próximo período ordinario de sesiones, previsto para junio de 2026, para analizar la crisis política y las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en el país.
La misión permanente de Canadá ante la OEA realizó la solicitud, en nombre propio y en representación de Chile —como “cofacilitadores del Grupo Voluntario sobre Nicaragua—, además de Argentina y Costa Rica.
Según comunicación enviada el 21 de mayo de 2026, las misiones permanentes buscan “que el tema Situación en Nicaragua sea incluido en el proyecto de temario” oficial de la próxima Asamblea General del organismo regional, que se realizará del 22 al 24 de junio de 2026 en Panamá.
Misiones condenan violaciones a derechos humanos
La iniciativa de los cuatro países se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde existen al menos 47 personas presas políticas.
La última vez que la OEA discutió formalmente sobre la crisis nicaragüense fue el 4 de febrero de 2026, cuando el Consejo Permanente aprobó por aclamación una resolución que condenó “las graves violaciones y abusos” atribuidos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En esa sesión, el organismo regional exigió la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento del espacio cívico y el fin de las detenciones arbitrarias y de la represión contra opositores y voces críticas.
Durante la sesión, la delegación de Canadá señaló que el país permanece bajo un “estado policial caracterizado por el control, la vigilancia y la represión estatal en contra de cualquier persona percibida como opositora”.
Tras la aprobación de la resolución denominada Seguimiento de la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua, Costa Rica sostuvo que la misma “no cierra las puertas, sino que reitera la disposición de la OEA a un diálogo constructivo”. La representante costarricense ante la OEA hizo un llamado al “restablecimiento del espacio cívico y la recuperación de la institucionalidad democrática en beneficio del pueblo nicaragüense”.
Asimismo, Argentina denunció la existencia de una “maquinaria represiva” en Nicaragua orientada a “eliminar toda voz crítica, incluso más allá de las fronteras”; mientras que, Chile reiteró que la resolución adoptada en febrero de 2026 reafirma la “decisión de la organización de mantener atención sobre Nicaragua”.
¿Qué es la Asamblea General de la OEA?
Pese a la salida formal del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo del organismo el 19 de noviembre de 2023, los países siguen abordando la situación de Nicaragua.
Cuatro meses después de que Nicaragua dejó de ser miembro de la OEA, el Consejo Permanente aprobó por aclamación una resolución que, entre otras cosas, dio por concluido el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y creó “un grupo voluntario” que le asiste en sus esfuerzos por prestar especial atención a la situación del país.
Desde las protestas de 2018, Nicaragua enfrenta una profunda crisis sociopolítica, denuncias de persecución política, cierre de organizaciones civiles, restricciones a la prensa independiente y encarcelamiento de dirigentes opositores, activistas, periodistas y líderes religiosos.
La Asamblea General de la OEA se considera el “órgano supremo” del organismo hemisférico y tiene la facultad de “decidir la acción y la política generales de la Organización”, además de analizar “cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos”, según establece la propia Carta de la OEA.
En febrero de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas concluyó que Ortega y Murillo, junto con altos funcionarios del Estado y del partido, son “responsables de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos —algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad— cometidas desde abril de 2018.
Según el GHREN las violaciones de derechos humanos ocurren contra un segmento cada vez más amplio de la población, tanto dentro como fuera del país.
