17 de noviembre 2023
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Las diez vacantes de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua serán asignadas a “funcionarios leales” a Rosario Murillo hasta enero de 2024, aseguraron a CONFIDENCIAL, fuentes ligadas al Poder Judicial, basadas en versiones de diputados del FSLN. Los nombres se esperaban el 15 de noviembre de 2023, pero tomarían más tiempo debido a la pugna persistente entre la pareja dictatorial de Daniel Ortega y su esposa, vicepresidenta y vocera.
Mientras tanto, el Poder Judicial sigue paralizado y los únicos magistrados que están asistiendo a sus despachos en la Corte, son los magistrados Marvin Aguilar, secretario político del FSLN, y la magistrada Juana Méndez. La barrida en el Poder Judicial –que dejó más de 900 despidos en menos de quince días– continúa contra empleados que están abajo en la jerarquía judicial, aunque el régimen se vio obligado a reintegrar a algunos funcionarios despedidos de áreas administrativas.
Las diez vacantes en la CSJ
Hasta el 25 de octubre de 2023, la CSJ mantenía seis vacantes: dos por muertes y cuatro por renuncias. Sin embargo, otros cuatro magistrados fueron destituidos de facto. Entre ellos la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos desalojada por oficiales al mando del policía “superministro”, Horacio Rocha, con órdenes de la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, para obtener el “control total” de ese poder del Estado.
Un día después de Ramos, también fue destituida de facto la magistrada Yadira Centeno, de 80 años. Le siguieron los magistrados de tendencia liberal, plegados desde hace varios años al gobernante Frente Sandinista: Virgilio Gurdián (de 75 años), y Manuel Martínez Sevilla (de 81 años).
Como magistrado, Gurdián también era miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, un órgano colegiado que es la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial y se encarga de confirmar nombramientos y destituciones en las áreas centrales y direcciones de este poder del Estado. El Consejo estaba a cargo de Ramos, como presidenta de la CSJ. Los otros dos de sus cuatro miembros son los magistrados sandinistas Marvin Aguilar y Juana Méndez, que sí conservan sus cargos.
Fuentes del Poder Judicial aseguraron a CONFIDENCIAL que Gurdián fue presionado a firmar acuerdos del Consejo para formalizar las destituciones, pero se negó. En represalía, su sobrino y asesor Iván Eduardo Ortega Gurdián fue sacado con violencia de las instalaciones administrativas de la Corte. Testigos lo escucharon gritar: “Me están llevando preso, avísenle a mi tío”.
Gurdián salió de la Corte y su sobrino fue liberado esa misma tarde. Nuevas versiones indican que ahora a Gurdián lo están llamando para completar el quórum requerido de tres magistrados en el Consejo, para formalizar las destituciones, y que él ha accedido aunque ya le confirmaron que no será reelecto.
Al magistrado Martínez Sevilla y su personal, policías de civil les impidieron el acceso a su oficina, cuando intentaron entrar, y tuvieron que retirarse.
La CSJ está a cargo de su vicepresidente y secretario político de los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), Marvin Aguilar, según se confirmó oficialmente a través de una circular del 31 de octubre, en la cual se orientó a los trabajadores del Poder Judicial sobre los asuetos por el Día de los Difuntos, identificándolo como “magistrado presidente en funciones”.
Días antes, el personal del nivel central en la CSJ ya había sido notificado “de boca”, pero no hubo detalles sobre los despidos que, en los días posteriores, paralizaron el Poder Judicial a nivel nacional.
Los “premiados” por la “compañera Rosario” en la CSJ
Fuentes ligadas a la Corte aseguraron a CONFIDENCIAL que, en esa ocasión, también se les informó que los nuevos nombramientos (refiriéndose entonces a los magistrados y menos de una decena de despidos) los hará la “compañera Rosario”, y les advirtieron que “quién no esté de acuerdo debe irse”.
Más de veinte días después, Murillo ha tenido quince de sus monólogos del mediodía en los canales de la propaganda oficialista y dos intervenciones en una aparición pública. Sin embargo, no se ha referido en ninguna ocasión al tema.
Antes, circuló que las propuestas para los nuevos magistrados llegarían el 15 de noviembre a la Asamblea Nacional, pero la fecha pasó sin que se conociera la lista. Además, el Parlamento no ha aprobado la renuncia o destitución oficial de los últimos cuatro magistrados, según establece la legislación nicaragüense.
Abogados y opositores sostienen que la dictadura premiará a sus más leales con las vacantes. “Van a premiar a magistrados de Apelaciones, algunas juezas que estuvieron en las sentencias en contra de los presos políticos”, afirmó el economista y exreo de conciencia, Juan Sebastián Chamorro, en entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana.
Las cinco vacantes más antiguas en la CSJ
Después de varios años con sus cargos vencidos, once de dieciséis magistrados de la CSJ fueron reelectos por la Asamblea Nacional, en junio de 2022, aunque dos de ellos ya habían cumplido el límite de 75 años de edad para ser electos.
Desde aquel año, el Parlamento dejó cinco vacantes:
- Antonio Alemán Lacayo, hermano del expresidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2001) que pactó con Ortega para repartirse los poderes del Estado. Antonio Alemán Lacayo fue nombrado magistrado de la CSJ en 2008 y se desempeñaba en su segundo período cuando falleció en agosto de 2016.
- Carlos Aguerri Hurtado, que renunció tras cuatro años en su cargo, en agosto de 2018, alegando “razones personales”, aunque su renuncia fue aceptada por la Asamblea Nacional hasta finales de enero de 2019.
- Rafael “Payo” Solís Cerda, antiguo operador político del FSLN en el Poder Judicial, padrino de bodas de Ortega y Murillo, e ideólogo de la reelección inconstitucional de Ortega en 2011, renunció como magistrado de la CSJ, el 11 de enero de 2019, tras 19 años en el cargo. Solís también anunció su ruptura con FSLN, desde Costa Rica, donde permanece exiliado. En su renuncia, criticó la represión contra las protestas cívicas de 2018, y afirmó que su salida fue una “decisión personal” y no una negociación de términos con algún Gobierno extranjero para su protección.
- José Adán Guerra, exministro de Defensa, también nombrado en 2014. Guerra entregó su cargo como magistrado de la CSJ el 9 de abril de 2019, un día antes de que venciera su período constitucional de cinco años.
- Francisco “Chicón” Rosales Argüello, otra ficha histórica de Ortega en la CSJ, nombrado como magistrado en 1996, falleció en mayo de 2021, tras varios días hospitalizado con síntomas asociados a la covid-19. Rosales estuvo 25 años en el cargo y fue quien leyó y dio por válida la resolución de la Sala Constitucional de la CSJ que aceptó el recurso de Ortega contra los candados constitucionales que prohibían la reelección presidencial en Nicaragua.
La “renuncia” de la magistrada Ileana Pérez
La lista de once magistrados en la CSJ se encogió más en octubre de 2022, cuando la reelecta magistrada sandinista Ileana Pérez renunció a su cargo, envuelta en varios escándalos de corrupción y una pugna de Ortega y Murillo en la CSJ. Pérez llegó al cargo el 25 de noviembre de 2014, en sustitución de la magistrada Ligia Molina Argüello, fallecida el 19 de noviembre de ese año.
Días antes de su renuncia, Pérez fue democionada por “órdenes superiores” de la Secretaría del FSLN, de su rol a cargo de la Circunscripción Sur, que comprende los departamentos de Rivas y Granada, donde el sistema de justicia administra litigios de valiosas propiedades costeras y casos vinculados al narcotráfico.
En febrero de 2022, Pérez también fue interrogada en la cárcel El Chipote. El detonante: una propiedad decomisada a un narcotraficante que fue asignada a un hermano suyo, que era juez de lo civil en Rivas.
En su renuncia, Pérez argumentó “motivos de salud que requieren ser atendidos”, aunque se conoció que permanecería en su casa bajo “custodia policial”. La Asamblea aceptó su renuncia de forma expedita y unánime.
Con la salida de Pérez, el número de vacantes en la CSJ aumentó a seis y volvió a subir a diez con las destituciones de facto de Ramos, Centeno, Gurdián y Martínez.
Los últimos seis magistrados en la CSJ
La ahora magistrada presidenta desalojada, Alba Luz Ramos, y Marvin Aguilar –ambos sancionados por la comunidad internacional– fueron reelectos como presidenta y vicepresidente de la CSJ en junio de 2022, junto con otros nueve magistrados. De aquellos once reelectos, solamente seis aún no han sido destituidos u obligados a renunciar, aunque no todos gozan de la confianza de Murillo.
Marvin Aguilar García
La lista de los posibles “salvados” la encabeza el orteguista Marvin Aguilar, con 27 años en el cargo y actual “magistrado presidente en funciones” del Poder Judicial. Aguilar es señalado como el verdadero poder de la Corte con el respaldo del poderoso asesor presidencial Néstor Moncada Lau.
Reportes periodísticos indican que Aguilar, de 66 años, formó parte de la seguridad del Estado en el primer Gobierno sandinista. El también secretario político nacional de los CLS fue sancionado por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020, por coordinar la persecución de los miembros de la oposición.
“Como secretario político nacional, Aguilar está en contacto directo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y, según se informa, coordina la persecución de los miembros de la oposición a favor de la democracia”, indicó la nota del Departamento de Estado de EE. UU.
Juana Méndez Pérez
Juana Méndez Pérez fue nombrada como magistrada de la CSJ en 2007, tiene 66 años de edad y lleva dieciséis años en el cargo. También es miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y exmiembro de la Dirección General de Seguridad del Estado en los años ochenta.
Cuando era jueza se hizo conocida porque sobreseyó a Daniel Ortega en el caso por abuso sexual en contra de su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo. También tuvo a su cargo el proceso contra el expresidente Alemán, a quien condenó por corrupción.
En 2007, el FSLN –con el respaldo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Alemán– la nombró magistrada de la CSJ después de beneficiar al exmandatario con la posibilidad de circular libremente por todo el país.
Armengol Cuadra López
Armengol Cuadra López, de 69 años de edad, fue nombrado magistrado de la CSJ en el 2000. Es presidente de la Sala Penal y miembro de la Sala Civil. Pertenece al FSLN desde los años ochenta y siempre ha defendido el sandinismo desde su cargo, aunque sus posturas se radicalizaron desde que Ortega regresó al poder en 2007. Fue uno de los que apoyó la reelección presidencial en 2012.
Armando Juárez
Armando José Juárez, de 64 años de edad, es magistrado de la CSJ desde 2014, reelecto en junio de 2022. Es presidente de la Sala Constitucional y miembro de la Sala Penal. Reportes periodísticos indican que formó parte de la Dirección General de Seguridad del Estado en el primer Gobierno sandinista. También se desempeñó como inspector general de la Fiscalía y fiscal electoral.
Como fiscal electoral, se destacó persiguiendo desde 2008 a los organismos de la sociedad civil y cuando llegó a ser inspector general de esa institución, para luego “saltar” a la Corte Suprema de Justicia como magistrado del partido de Gobierno.
Gerardo Arce Castaño
Gerardo Arce Castaño, de 66 años de edad, es magistrado de la CSJ desde 2014, reelecto en junio de 2022. Es miembro de la Sala Civil y de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es comisionado mayor de la Policía Nacional en retiro y hermano del asesor presidencial para temas económicos Bayardo Arce Castaño, integrante de la Dirección Nacional del FSLN de 1979 a 1998 y exdiputado de la Asamblea Nacional durante varios períodos.
Ellen Joy Lewin Downs
Ellen Joy Lewin Downs, de 50 años, es magistrada de la CSJ desde 2014 y reelecta en junio de 2022. Es miembro de la Sala Penal y de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Fue jueza local en el Caribe y promovida a magistrada, a pesar de no haber pasado por los tribunales de Apelación, como requiere la ley.
La pugna de Ortega y Murillo y las vacantes pendientes
En junio de 2022, cuando la Asamblea Nacional dejó cinco vacantes en la CSJ, fuentes ligadas al Poder Judicial afirmaron a CONFIDENCIAL que esas sillas vacías no se completaron por “desacuerdos” de la pareja presidencial. Ahora, la pareja dictatorial debe llenar el doble de plazas.
La gestión judicial se ha caracterizado en los últimos años por legalizar la represión contra los opositores, y mantiene al menos a 130 presos políticos en las cárceles de la dictadura o bajo el régimen de “casa por cárcel” o “ciudad por cárcel”, con una maquinaria integrada por policías, jueces y fiscales al servicio de la dictadura.
Abogados y juristas sostienen que estos funcionarios judiciales cometen los delitos de “prevaricato” y “tortura” en el caso de los reos de conciencia.
Una reforma constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional en 2014, estableció que los magistrados en los poderes del Estado seguirán en sus cargos hasta “que no sean elegidos y tomen posesión quienes deben sustituirlos”.
Ante el golpe de Estado en la CSJ y la barrida nacional en el Poder Judicial, la pugna de la pareja por los nombramientos debería estar resuelta, pero aún no se revelan los nombres de quiénes serán los “premiados”.
*Nota del Editor: Esta nota se publicó originalmente el 16 de noviembre de 2023 y se actualizó con nueva información en los días posteriores.
