1 de noviembre 2023
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Una nueva barrida en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya suma a al menos un centenar de funcionarios hasta este martes 31 de octubre, en una lista que encabezan funcionarios allegados a la magistrada presidenta Alba Luz Ramos, desalojada por la Policía de su oficina en el Poder Judicial, el 26 de octubre. La lista aún sigue creciendo a otras instancias centrales y locales. Mientras, Marvin Aguilar es citado como "magistrado presidente en funciones" de la CSJ intervenida, en una circular publicada este mismo día.
Entre los destituidos en la CSJ está el asesor jurídico de la Presidencia, Silvio Grijalva, y las magistradas de los Tribunales de Apelaciones, Martha Quesada, de Managua, y Martha Leiva, de Masaya.
También fueron destituidos tres sobrinos de la magistrada Ramos Vanegas: Adda Benicia Vanegas Ramos, magistrada de la Sala de Violencia de Familia del TAM; Abelardo Alvir Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia, de Managua; y Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia de Managua.
Otros destituidos son el coronel en retiro, Pablo Corea, secretario general interino; Edgar Solórzano, director de Relaciones Públicas; Esperanza Fonseca, directora de Inspectoría Judicial; Marlin Jarquín, directora general de Registro y Control de Abogados y Notarios; y Ángela Rosa Acevedo, secretaria técnica de Género.
Otras fuentes aseguraron a CONFIDENCIAL que los despidos también incluyen a "funcionarios de los despachos de todos los magistrados" de la CSJ, a excepción del despacho de Aguilar. "Es un tsunami que ha arrasado a militantes y simpatizantes históricos y de la nueva hornada", agregó una de las fuentes.
Marvin Aguilar a la cabeza de los despidos en Poder Judicial
Fuentes de la Corte revelaron a CONFIDENCIAL que Grijalva fue despedido por una resolución del Consejo Administrativo del Poder Judicial, que está siendo presidido por el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ y secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista.
Aguilar ha asumido como "magistrado presidente en funciones" según una circular de este 31 de octubre en la que se orienta a los trabajadores del Poder Judicial las indicaciones por los asuetos con goce de salario del 2 de noviembre y el asueto a cuenta de vacaciones del 3 de noviembre, por ocasión del Día de los Fieles Difuntos. La circular indica que los trabajadores judiciales se reintegrarán a sus labores el lunes 6 de noviembre. Pero la incertidumbre crece entre los servidores públicos, porque los despidos continúan.
Sobre las magistradas de Apelación, Quezada y Leiva, las fuentes indicaron que fueron "destituidas de facto" y sacadas de sus oficinas a eso de las dos de la tarde. Sin embargo, no precisan si en el desalojo participó la Policía como lo hizo hace una semana con la magistrada Ramos Vanegas.
Las magistradas Quezada y Leiva, además de ser muy cercanas a la magistrada Ramos Vanegas, son viejas militantes del Frente Sandinista. Por tal razón, el abogado nicaragüense exiliado, Yader Morazán, asegura que su destitución ha caído como "bomba" en el Poder Judicial.
Mientras tanto, en el área de Relaciones Públicas, luego de la destitución de Solórzano, los oficiales de la Policía ocuparon los teléfonos y las computadoras del personal.
Temor e incertidumbre en trabajadores
Las fuentes del Poder Judicial también indicaron que el edificio de la CSJ permanece vigilado por la Policía desde la destitución de Berman Martínez, situación que ha generado un ambiente de temor e incertidumbre entre los trabajadores del máximo tribunal de justicia.
Señalan que el control de ingreso es cada vez más exhaustivo. Todos los días la Policía revisa minuciosamente los vehículos y con lista en mano verifican los carnés de los trabajadores.
Además, aseguran que en interior del edificio hay oficiales uniformados y otros vestidos de civil y que en el área de administración general ha sido colocado un cordón de seguridad.
"Los trabajadores ya no saben cómo proceder en su gestión laboral", comenta el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, quien monitorea de cerca la situación. "Como han descabezado a los jefes de área, la orden es que quedan suspendidos todos los proyectos que esas personas estaban promoviendo", agrega.
El desalojo de Alba Luz Ramos
La barrida en el Poder Judicial tomó impulso desde el 26 de octubre, cuando la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la magistrada Yadira Centeno González, de la Sala Civil de la CSJ, fueron desalojadas de sus oficinas en el alto tribunal y enviadas a sus viviendas, por una orden de la Presidencia y la Secretaría del FSLN en El Carmen.
El desalojo abrupto de Ramos —ocurrido la mañana del martes de 24 de octubre de 2023— fue ejecutado por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional.
Mientras el desalojo de la magistrada Centeno González ocurrió la mañana de este 26 de octubre y siguió el mismo patrón que con Ramos: llegó la Policía y la enviaron a su vivienda.
Una fuente judicial señaló entonces que la acción contra Ramos es consecuencia inmediata de la destitución de Berman Martínez, secretario de organización del Frente Sandinista y secretario general administrativo de ese poder del Estado, y del director de Informática Martín García. Ambos exfuncionarios están siendo investigados por supuestos actos de corrupción en las licitaciones para la construcción de nuevos edificios y la compra de equipos informáticos.
Barridas previas en el Poder Judicial
El 28 de septiembre, el orteguista Berman Martínez Martínez fue destituido de su cargo político, como secretario de organizaciones del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y es probable que también sea suspendido como secretario general administrativo de ese poder del Estado, confirmaron fuentes judiciales a CONFIDENCIAL.
Junto a Martínez, Walter Sobalvarro, exdirigente de la Juventud Sandinista en Managua y director de la oficina de Servicios Generales en la Corte, y Carlos Alberto López Tinoco, líder sindicalista, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua (CONFETRAJUN) también fueron destituidos.
Los tres funcionarios sandinistas coordinaban la “sucursal” de la granja de troles instalada en la Corte y dedicada a difundir propaganda y a atacar a quienes el régimen considera opositores a través de las redes sociales, reveló un reportaje de CONFIDENCIAL.
Cacería viene desde 2022
A mayo de 2023, ya se contaban entre 60 y 120 trabajadores del Poder Judicial retirados de sus cargos.
El reportaje La cacería del FSLN en el Poder Judicial busca al "enemigo interno" publicado por CONFIDENCIAL en mayo de 2023 reveló que el ahora destituido, Berman Martínez, era el responsable de ejecutar los despidos de colaboradores de la Corte, siguiendo órdenes del vicepresidente, magistrado Marvin Aguilar quien, a su vez, atendía orientaciones de Néstor Moncada Lau desde la Secretaría del Frente Sandinista.
Además, en octubre de 2022 también fueron destituidas por “órdenes superiores” Katia Jaentschke Acevedo y Ruth Tapia Roa, directora de relaciones internacionales y Protocolo, respectivamente, confirmaron fuentes del Poder Judicial en su momento.
Antes, la dictadura orteguista también ejecutó una serie de destituciones y secuestros de trabajadores de la CSJ, como Roberto Larios Meléndez, exvocero y director del área de Comunicación. Además de Moisés Abraham Astorga Sáenz y los hermanos María José y Hans Camacho Chévez, exasesores de la presidenta de la Corte, magistrada Alba Luz Ramos. Todos desterrados a Estados en febrero pasado con los 222 presos políticos excarcelados
Otros despidos sonados fueron el de Leónidas Tapia, exasesor de la presidencia de la CSJ, a quien no dejaron pasar del portón del máximo tribunal de Justicia. El director de Medicina Legal, Zacarías Duarte, a quien echaron luego de asistir a un congreso sin permiso de la dictadura en mayo de 2022. Y la supuesta renuncia de la magistrada Ileana Pérez.
Al menos otras 120 personas fueron despedidas u obligadas a renunciar a sus cargos en el Poder Judicial en 2022, como parte de una cacería del Frente Sandinista a lo interno de una de las instituciones del Estado que está bajo control de la dictadura, relataron fuentes a CONFIDENCIAL.
