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La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, con casos que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad, y expresó su “profunda preocupación” por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de la declaración Situación de Nicaragua —aprobada por consenso el 23 de junio de 2026—, los cancilleres de la OEA lamentaron que el régimen nicaragüense haya ignorado las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mediante las cuales requirieron “información sobre las condiciones de encierro” y “protección de la vida” de Brooklyn Rivera.
También, expresaron preocupación “por las denuncias de represalias” contra familiares de Rivera y “miembros de la comunidad” indígena. Según organizaciones nacionales de derechos humanos, seis familiares del líder indígena viajaron desde Bilwi a Managua, el 31 de mayo de 2026, para reclamar el cuerpo. La dictadura rechazó su solicitud y los encarceló.
La OEA “condena el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, e insta al Estado de Nicaragua a liberar de inmediato e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitraria o injustamente, incluidas todas las personas sometidas a desaparición forzada o cuyo destino o paradero se desconoce”, se lee en la declaración.
Continúan señalando su condena a “las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos”, documentados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El asesinato de Samcam en Costa Rica
Los cancilleres de la OEA reconocieron, además, “los esfuerzos realizados por las autoridades de Costa Rica para investigar el asesinato de un ciudadano nicaragüense (Roberto Samcam), incluyendo la detención y el enjuiciamiento de varios sospechosos, y reafirma la importancia de garantizar que todos los responsables de la planificación y ejecución de este crimen rindan cuentas ante la justicia”, dice la declaración.
El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, condenó al asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, refugiado nicaragüense en Costa Rica, ocurrido el 19 de junio de 2025.
“Destacamos la actuación de las autoridades nacionales costarricenses que han llevado a cabo la detención y procesamiento de varios sospechosos. Costa Rica continuará actuando con firmeza para garantizar que todos los responsables comparezcan ante la justicia y que ninguna forma de violencia o intimidación encuentre su espacio en la impunidad”. manifestó el canciller costarricense.
La Fiscalía de Costa Rica acusó a cinco costarricenses sospechosos de ser los autores materiales del asesinato de Samcam. Cuatro de los acusados se encuentran detenidos, entre ellos, Luis Fernando Carvajal, de 21 años, señalado de ser el gatillero que disparó; otro de los acusados es Danilo Chaves Medina, señalado de ser uno de los intermediarios en la organización criminal.
“Cero tolerancia para los regímenes totalitarios”
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, exigió respeto a “las libertades fundamentales para los nicaragüenses” y reclamó que “debería haber cero tolerancia para regímenes totalitarios en nuestro hemisferio”.
La declaración de la OEA pidió así al Estado de Nicaragua “que garantice una participación política amplia y efectiva, estableciendo las bases para futuros procesos electorales de conformidad con las normas interamericanas”.
Precisamente fue en noviembre de 2021, días después de la reelección para ese quinto mandato, que el Gobierno nicaragüense notificó la decisión de denunciar la Carta de la OEA, que dio inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esa organización.
Sin embargo, la declaración dejó un espacio al diálogo con el llamado a que Nicaragua regrese a la OEA, “reiterando la disposición de los estados miembros a facilitar dicho proceso”.
Además instó a las autoridades nicaragüenses a respetar la libertad de expresión, de religión o creencias, y a cesar las medidas para despojar o negar la ciudadanía a sus nacionales, garantizando el retorno seguro de los nicaragüenses en el exilio.
Restaurar la democracia en Nicaragua, Cuba y Venezuela
En otra declaración simultánea, la Secretaría General de la OEA expresó su preocupación por la situación democrática en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y reiteró la necesidad de restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas.
Recordó que Nicaragua, Cuba y Venezuela forman parte de la comunidad interamericana, por lo que reconoció “con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos”.
La Secretaría General, destacó la urgencia de que “existan sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”, en línea con los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos en los tres países y consideró que la detención de personas por motivos políticos es “incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano”.
“En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”, afirmó la Secretaría General, que además reiteró la petición de “liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos”.
La Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, y con el apoyo de la comunidad internacional cuando sea requerido.
