30 de octubre 2023
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La vicepresidenta Rosario Murillo se hizo con el poder total en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al sacar —en la última semana— a su presidenta Alba Luz Ramos, y destituir a los directores de áreas claves de ese poder del Estado.
El exfuncionario judicial Yader Morazán, especialista en administración de justicia, y el exdiputado Eliseo Núñez, analista político, coincidieron en que la “barrida” de Rosario Murillo en el Poder Judicial se puede calificar como “un golpe de Estado”.
“Técnicamente es un golpe de Estado. Están sustituyendo el poder de un poder del Estado. En este caso, están pasando por encima de la inmunidad de dos magistradas”, dijo Morazán en un panel compartido con Núñez en el programa Esta Semana, que se transmite por YouTube debido a la censura televisiva impuesta por la dictadura.
“Están sustituyendo el poder de manera abrupta, violenta e ilícita. No es lo mismo gobernar por debajo de la mesa, que llegar y suplantar el poder”, destacó el exfuncionario.
Bajo órdenes de la Presidencia y la Secretaría del FSLN en El Carmen, un grupo de policías —encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha— desalojaron de su oficina y enviaron a su vivienda a la magistrada Ramos, el martes 24 de octubre. Dos días después, hicieron lo mismo con la magistrada Yadira Centeno González, presidenta de la Sala Civil y de Familia, aunque Centeno regresó a trabajar a la Corte Suprema de Justicia.
El retiro abrupto de Ramos fue precedido por la destitución de Berman Martínez, secretario de organización del FSLN y secretario general administrativo de la CSJ, y del director de Informática Martín García. Ambos exfuncionarios fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. Son investigados por supuestos actos de corrupción en las licitaciones para la construcción de nuevos edificios y la compra de equipos informáticos, según fuentes del Poder Judicial.
Rosario Murillo avanza en la “sucesión”
La Corte está descabezada institucionalmente y administrativamente, intervenida políticamente por Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad, a través de órdenes ejecutadas por el comisionado Rocha, comentaron fuentes judiciales a CONFIDENCIAL.
Para Núñez, la primera dama busca eliminar “focos de resistencia” a su ascenso como sucesora del dictador Daniel Ortega. “Muchas de las filtraciones que se dan (a la prensa) y muchos de los temas que no se fallan a como ella dice son parte de la resistencia”.
“Ella (Murillo) ahora está eliminando todos los focos de resistencia y está ocupando la fuerza para arreglar todo esto”, apostilló.
El exdiputado subrayó que Daniel Ortega y Rosario Murillo han implantado un “sistema que funciona colgando cabezas en plazas públicas”, por lo que la primera dama no puede “enseñar algo de debilidad” o “negociar y arreglarse con alguien” para que la apoyen en la sucesión.
“(Murillo) está volando cabezas emblemáticas y enseñándolas en plaza pública para causar terror a los que pudiesen pensar, siquiera, en oponerse a su sucesión”, opinó.
Morazán resaltó que con la barrida en el Poder Judicial han desarticulado “todas las estructuras” que existían antes de las protestas cívicas de 2018, pero que seguían operando, pese a la inconformidad de la vicepresidenta.
“Esta escalada de represión aumenta el control no solamente institucional, sino de las actuaciones de cada uno de los funcionarios del Estado. Están permeando y tomando el control absoluto”, valoró.
Rosario Murillo “no va a negociar”
Núñez recordó que estas estructuras orteguistas existían en la Corte antes que el Frente Sandinista retomara la presidencia en 2007. “El Poder Judicial era usado como un método de recaudación de Ortega, a través de sentencias judiciales amarradas. Estos operadores políticos eran quienes controlaban la Corte para Ortega”.
Explicó que estos operadores o “redes” —bajo la tutela de Bayardo Arce y Lenín Cerna— crearon sus “propios feudos o cotos de caza”, una situación que Murillo no ve con buenos ojos.
“Murillo tiene un mando mucho más centralizado que Ortega. Ella no quiere negociar con ellos, porque de alguna manera esta gente negociaba con Ortega. No es que se le imponían a Ortega, pero había una ida y venida de negociación, pues vienen de la guerrilla, del mismo estamento”, detalló el exdiputado.
Para el analista político, la vicepresidenta sustituirá a estos funcionarios con integrantes de la Juventud Sandinista (JS), una organización paraestatal que responde directamente al control de Rosario Murillo.
“El modus operandi es poner gente que jamás hubiera llegado a ese cargo por la vía de escalada profesional, es gente que le debe todo a Murillo”, agregó.
El papel de Marvin Aguilar
En círculos de la Corte Suprema, circulan versiones de que la magistrada Alba Luz Ramos se verá obligada a presentar su renuncia como presidenta de la Corte ante la Asamblea Nacional en los próximos días, mientras que en la Secretaría del Frente Sandinista “barajan el nombramiento de la magistrada Juana Méndez como sustituta”.
Lo único seguro, por el momento, es que el poder político de la Corte seguirá a cargo del magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ y ejecutor directo de las órdenes de Moncada Lau.
Para Morazán, la oficina del magistrado Aguilar, secretario político del FSLN, “es el centro de operaciones de la actividad represiva judicial”.
“Después de 2018, Marvin Aguilar pasa a jugar un papel preponderante dentro de las estructuras político partidarias, e incluso colabora en actividades de la represión”, recordó el exfuncionario judicial.
Según Núñez, “Murillo no está dispuesta a negociar con quienes eran los capos del sistema anterior, sino que ahora es un solo capo. Ya no hay varios capos manejando las distintas áreas”.
Ejército el siguiente en la lista
El exdiputado aseguró que las barridas en las instituciones no se detendrán en la Corte Suprema, y que el Ejército es el siguiente en la lista. “El Consejo Supremo Electoral ya lo tienen limpio, ya tienen limpia la Policía y el Poder Judicial, ahora viene el Ejército”, dijo.
Enfatizó que en Nicaragua “se está dando un proceso de sucesión familiar. Un cambio de poder”.
Las fuentes del Poder Judicial indicaron a CONFIDENCIAL que los cambios en la Corte obedecen a “luchas de poder internas entre Ortega y Murillo”, porque la vicepresidenta aspira a obtener cada vez más espacio en las dos instituciones que el dictador ha manejado con más celo: el Ejército y el Poder Judicial.
“El Ejército cree que es intocable, pero en la medida en que vayan completando el resto de los golpes, el golpe al Ejército es inminente. Es un golpe que Rosario va a ejecutar igual que en la Corte”, comentó Núñez.
“Todos esos militares —prosiguió— que hoy creen que están en el paraíso porque están haciendo negocios. Esos mismos negocios, que hoy Rosario les está ofreciendo, son los negocios que van a ocupar para después acusarlos de corrupción y dejarlos a mitad del camino en este juego del poder”.
“(La barrida en el Ejército) es lo que sigue para controlar todo el poder por parte de Rosario”, adelantó el analista político.
