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Desterrado en Guatemala desde septiembre de 2023, el exreo político Abdul Montoya permanece a la espera de que el Gobierno de España le diga si le concede la nacionalidad. Ya antes Estados Unidos y Canadá rechazaron aceptarlo en sus respectivos territorios. Por eso, ante la expectativa de una nueva negativa, gestiona poder irse a otro país en el que recomenzar su vida. Aunque esté a unos meses de cumplir 67 años.
En entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL, que se transmite el domingo 8 de junio en el canal de CONFIDENCIAL en YouTube, Montoya desde su exilio narra que está viviendo su tercer calvario. El primero fue cuando estuvo preso desde agosto de 2018 hasta junio de 2019, fecha en que salió por una Ley de Amnistía. El segundo, entre abril de 2023 a septiembre de 2024, cuando fue encarcelado acusado por cometer supuestos “ciberdelitos” y “menoscabo” a la Soberanía Nacional. El tercero comenzó cuando fue desterrado a Guatemala, junto con otros 134 excarcelados, país donde permanece sin empleo desde hace nueve meses.
Dos veces preso
Montoya es un exguerrillero, ingeniero agrónomo zootecnista de profesión. Estuvo ligado al Frente Sandinista por mucho tiempo, hasta que en 2014 rompió con ese partido. Al estallar la Rebelión de Abril de 2018, se puso a la par de quienes exigían el fin del régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
El resultado personal fue verse privado de la libertad por dos veces. La primera, a partir de agosto de 2018, cuando se le achacó el asesinato de una persona en la ciudad de Matagalpa luego que participó en una marcha pacífica el 11 de agosto de ese año. La Policía lo capturó en su propia casa, y lo trasladó a El Chipote.
Luego de un proceso judicial espurio fue condenado a 62 años de cárcel, de los que solo cumpliría unos meses, al verse beneficiado con la polémica Ley de Amnistía que decretó el régimen para borrar los crímenes cometidos por ellos mismos. Enterado de que había amenazas contra su vida si salía libre, decidió desaparecer. Cambió su nombre y se fue a trabajar a una hacienda cafetalera en Jinotega.
Los tres años que estuvo en esa finca fueron razonablemente tranquilos: podía laborar en su profesión, ver por su familia y que ellos pudieran verlo a él visitándolo en la hacienda. Llamarse ‘Julio Valenzuela’, y no Abdul Montoya, le dio una capa adicional de protección para mantenerse a salvo de cualquier fanático seguidor del régimen que quisiera cobrar venganza en contra suya.
Su situación cambió en abril de 2023, cuando fue detectado y capturado por la Policía jinotegana, con la complicidad del mandador de la hacienda. Revivió el temor de caer en manos de los agentes del régimen. También la incertidumbre de los interrogatorios policiales que, en algunos casos, hacían referencia a su involucramiento en la Rebelión de Abril de 2018.
Ni arrepentimiento ni claudicación
Si la primera vez la razón alegada para arrestarlo fue la supuesta comisión de un asesinato, la segunda vez fue la tenencia ilegal de armas, hecho que él admitió explicando que la compró para su defensa después de conocer las amenazas que había en contra de su vida. Pese a que en ambas ocasiones había sido detenido en el norte del país, las dos veces fue trasladado hasta Managua, obviando el mandato de ley que manda ser juzgado en su localidad.
Luego de permanecer dos meses en las oficinas de Auxilio Judicial en el Distrito Tres en la capital, Montoya fue trasladado al Centro Penitenciario La Modelo, en Tipitapa. Ahí, y a través de una videollamada, fue juzgado y condenado a 23 años de cárcel. La acusación incluyó ciberdelitos, menoscabo de la integridad territorial, organizar grupos para armarlos y lanzarlos contra el Gobierno, o declarar que había que aplicar a los policías “ojo por ojo, diente por diente”.
También terrorismo, asegurando que quería quemar la sede de la alcaldía de Matagalpa, y la de Jinotega; y que tenía contacto con personal de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA). El juicio fue tan espurio como cualquiera de los que se le siguieron a varias decenas de opositores. Entre las irregularidades detectadas, asegura que su abogado defensor -de oficio- era un leal al régimen.
“Una vez le dije, ‘doctor, ¿me permite?’, y me dijo: no podemos hablar aquí. Nunca más volví a verlo. No tuve opción a defenderme. Otra vez que quise hablar, un policía me dio un golpe en las costillas y me dijo ‘no tenés derecho a hablar; solo a oír. No tenés derecho a pararte. Aquí vas a pasar sentado y te vas a parar hasta que vayas de viaje a La Modelo’. Está bien, le dije. Gracias por decírmelo. Así pasé y me condenaron”.
Después de siete años de lucha, asegura que no se arrepiente ni claudica. “Yo estoy decidido a ver que Nicaragua sea libre y lo vamos a hacer. Vamos a volver. Es cierto que me quitaron la nacionalidad, pero eso es por derecho, porque de hecho, yo soy nicaragüense. Nací en Matagalpa. La gente me conoce, y esté donde esté, no voy a retirarme. Voy a seguir en la lucha”.
Viviendo de ayudas
Si bien no hay nada como la libertad, el exreo político admite que su exilio en Guatemala, ha sido duro, porque su situación económica “es complicadísima”. Recuerda que en los primeros meses de su llegada a ese país recibió ayuda de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También de Conigua, la Comisión de Nicaragüenses en Guatemala, “pero ya eso se cortó”.
Al quedarse sin ningún ingreso para sobrevivir en Guatemala, comenzó a pedir ayuda a familiares en Estados Unidos y a algunos amigos, que le ayudaron a pagar hospedaje y alimentación. Con todo, asegura que no va a darse por vencido, y que está buscando opciones en un tercer país.
Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni España
El vuelo a Guatemala, efectuado el 5 de septiembre de 2024, fue una fiesta de esperanza. En especial, al ver los pasaportes y saber que los iban a soltar. Que iban libres, y que tenían la posibilidad de ser admitidos en Estados Unidos. Así se los dijo una persona que trabajaba en la embajada de ese país cuando llegaron al aeropuerto muy temprano ese día. La explicación fue que iban libres gracias a una negociación del Gobierno de Estados Unidos con el de Nicaragua, pero que harían una escala en Guatemala, donde aterrizaron a las 06:20 de la mañana.
Al llegar a Guatemala fueron recibidos por personal del Gobierno de ese país y de ACNUR, para realizar el papeleo antes de trasladarlos a hoteles. Dice que después de eso y hasta ahora, “esto ha sido sumamente duro”, porque está desterrado, desnacionalizado, sin opción de regresar al país, ni poder ver a su familia, lamenta.
La entrevista con la funcionaria de Migración de Estados Unidos que evaluaría su petición para entrar a ese país, no fue una entrevista. Fue un interrogatorio de cuatro horas, relata. “Me dice el traductor: ‘dice la señora que en cuanto termine de traducir su pregunta al español, conteste inmediatamente. No tiene derecho a pensar’”. Añade con incredulidad que el resultado de ese proceso es que su caso “no es creíble”.
¿Cuántas pruebas más necesita, señora?
Su contrariedad es mayor, al considerar que presentó documentos emitidos por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como una carta de la Comisión de Derechos Humanos, y otra de la Asociación de Presos Políticos de Nicaragua. Esgrime a su favor los dos hechos comprobados, de las dos veces que estuvo preso.
Luego del rechazo estadounidense, lo visitó personal de ACNUR para pedirle que eligiera otros dos países a los que le gustaría viajar, para que ellos iniciaran gestiones a ver cuál lo recibía. Sus opciones fueron Canadá y España. Unos días después lo llamaron de ACNUR para decirle que “no era elegible” para Canadá, y que seguirían las gestiones con España, opción con la que él estuvo de acuerdo. Era noviembre de 2024. Pidió nacionalizarse español, pero sigue esperando respuesta.
Por lo pronto, asegura que ya tomó la decisión de irse de Guatemala a un tercer país que no quiso identificar. Espera que ese país sea la estancia final de su destierro. “Me refiero a llegar ahí y asentarme cumpliendo los requisitos de ese país para buscar trabajo, y empezar a ayudar a mi familia, porque la situación económica en Nicaragua está muy dura. Ya no puedo estar más tiempo en Guatemala. Tengo que viajar a ese otro país”, sentencia.
