23 de junio 2023
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El secreto mejor guardado en el sistema de justicia sobre los presos políticos Víctor Ticay y Abdul Montoya Vivas, capturados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a inicios de abril de 2023, son los detalles de los procesos en su contra, escondidos por el Estado, mientras el dolor y la incertidumbre son cada vez mayores entre los familiares de estas víctimas de abusos de derechos humanos, dijeron fuentes judiciales.
Ticay, un joven periodista detenido en la ciudad de Nandaime— al sur del país—por transmitir la procesión conocida como La Reseña en Semana Santa, fue declarado culpable la madrugada del viernes 9 de junio de 2023 por los delitos de “propagación de noticias” y “conspiración por menoscabo para la integridad nacional”, pero nunca se conoció ningún detalle de su juicio. Tampoco la sentencia que le fabricaron en secreto.
La única información disponible es que su expediente fue ingresado al sistema electrónico de los juzgados el 14 de junio de 2023 y está radicado bajo el número de asunto 000029-0509-2023-PN. Lo lleva la jueza Karen Chavarría Morales, quien está a cargo del Tribunal Noveno Distrito Penal de Audiencia en Managua y fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2022.
Estos datos se conocieron hasta la noche del 22 de junio de 2023, es decir, 2 meses y 17 días después de la captura del periodista.
Fuentes consultadas por CONFIDENCIAL aseguraron que el periodista Ticay se encuentra en la prisión Jorge Navarro conocida como “La Modelo” en el Sistema Penitenciario de Nicaragua (SPN), pero otra historia es la forma cómo sus familiares se enteraron de su paradero. La búsqueda retrata la angustia que viven los parientes de presos políticos, tratando de confirmar dónde los tienen encarcelados.
De acuerdo con estas mismas fuentes, Ticay estuvo inicialmente en el distrito III de la Policía en Managua. A ese lugar, han llegado varias madres buscando sin seguridad a sus hijos. Para aclarar las dudas, ellas entregan comidas o una muda de ropa interior. Si la aceptan entonces —¡eureka!— han encontrado a su pariente, sino la búsqueda seguirá entre otras cárceles, incluida la prisión policial El Chipote, denunciada como un centro de torturas de la dictadura.
Sobre el expediente del periodista aún se desconoce el nombre del fiscal y quién es el abogado nombrado por el Estado para asumir su defensa.
Si este caso impresiona por la falta de garantías, el de Montoya Vivas es peor. Se trata de un excombatiente sandinista crítico de Ortega y recapturado en Semana Santa. Le abrieron un proceso en la ciudad de Jinotega —al norte del país— por tenencia ilegal de armas, pero nunca prosperó esa causa judicial, porque se encontraba prisionero en Managua y la Policía se negó a llevarlo a audiencia o a presentarlo a través de una videoconferencia como pidió sin ser oída la judicial.
Mientras este proceso en Jinotega fue público, le abrieron otro juicio secreto a Montoya Vivas en la capital. Igual que con Ticay, la orden de destrabar algunos detalles de su juicio secreto se conoció anoche: La jueza es Gloria María Saavedra, del Décimo Distrito Penal de Audiencia en Managua, quien tiene antecedentes persiguiendo a presos políticos.
La información suministrada por las fuentes indica que lo han presentado dos veces ante la judicial y lo acusaron por los de delitos de “terrorismo”, “traición a la patria”, pero esos detalles tampoco aparecen en su expediente que fue inscrito bajo el número de asunto 000024-510-2023-PN.
“Me parece que todo es como un circo: los tienen presos en La Modelo, les están montando delitos y, mientras tanto, aseguran que los están alimentando bien y les están dando sus medicinas. A los familiares les dicen que los tienen en buenas condiciones”, agregó un jurista que conoce el caso de Montoya Vivas.
Las violaciones al debido proceso en el caso del acusado matagalpino fueron denunciadas por su sobrina Eilen Montoya este jueves 22 de junio de 2023 en un foro organizado en Washington por el organismo Race and Equality, en el marco de la reuniones de la sociedad civil que se están dando de manera paralela a la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La voz de Eilen se quebró casi al final de su intervención, cuando pidió la libertad de su pariente y la de todos los reos de conciencia en Nicaragua. Los casos de estos presos políticos se suman a las denuncias de violaciones a derechos humanos que cuestionan el sistema judicial nicaragüense. Desde 2018, se han procesado a miles de personas por razones políticas. En todos los casos que involucran a críticos de Ortega y Murillo, ha imperado la negación al derecho a la defensa, la falta de acceso a los expedientes y la subordinación de una maquinaria judicial—integrada por policías, fiscales y jueces—que ha garantizado la condena de los reclusos de conciencia.
Tamara Taraciuk: “No hay Estado de derecho”
Para Tamara Taraciuk, directora del programa sobre Estado de derecho de Diálogo Interamericano, un prestigioso centro de pensamiento con sede en Washington, DC., las actuaciones judiciales son cuestionables.
“En Nicaragua, la justicia ya ni siquiera se toma el trabajo de pretender que se cumplen con las reglas básicas en los procesos penales contra opositores y críticos. La falta de transparencia, acceso a expedientes judiciales y a un abogado defensor de confianza son graves violaciones al debido proceso y condenar a alguien en estas circunstancias deja en evidencia que en Nicaragua no hay Estado de derecho”, sostuvo Taraciuk.
Las violaciones al debido proceso alcanzan a miles de personas. Por ejemplo, el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, Rolando José Álvarez, fue secuestrado por la Policía en agosto de 2022 tras un asalto violento a la casa cural matagalpina, lo condujeron a la fuerza a Managua, y lo recluyeron en la casa de unos familiares en Managua. Finalmente, fue acusado en diciembre siguiente y condenado a 26 años y cuatro meses de prisión en febrero de 2023, después que se negó a aceptar el ofrecimiento de destierro realizado por Ortega el día que expulsó del país a otros 222 presos políticos.
De Álvarez ni siquiera se conoció una acusación formal, mientras de la sentencia solo publicaron la última parte donde se establece la condena. Los detalles fueron ocultados por las autoridades, de la misma manera como ha ocurrido con otros ciudadanos víctimas del sistema judicial de Nicaragua.
Para el abogado Juan Carlos Arce, del equipo del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, el régimen de Ortega se ha especializado en violar todas las garantías de los ciudadanos, afectando sus derechos para someterlos a procesos que ni siquiera merecen ese nombre.
“Ni siquiera me atrevería a llamarlo juicios, porque no cuentan con ningún sustento legal o garantía que les brinde ese estatus. Son el equivalente a las ejecuciones de la época feudal. Actos desprovistos de legalidad y de garantías. Son sustraídos de su Juez Natural, (son) desaparecidos y condenados en un solo acto”, explicó Arce.
El defensor de derechos humanos se refiere a las violaciones de lo que llama “territorialidad” que ocurren cuando la dictadura envía a los procesados ante jueces de otro territorio o circunscripción, distinta donde ha ocurrido el delito. Esa práctica, el régimen de Nicaragua la ha radicalizado desde 2018, causando muchas dificultades a los procesados y sus familiares.
Según Arce, muchos de los acusados no pueden nombrar a un abogado defensor de su confianza al pertenecer a un municipio lejano de la capital. Tampoco ellos cuentan con el apoyo de sus familias porque, en las circunstancias ordenadas por el sistema de justicia actual, la movilización representa mayores gastos para ellos.
“De tal manera que el régimen de Ortega y las autoridades judiciales que no responden a la ley—sino todo lo contrario— violan las garantías del debido proceso, entre ellas el derecho a la defensa. Este tipo de procesos judiciales dejan en absoluta indefensión a las víctimas”, lamentó Arce.
