21 de mayo 2023
AA
Diana Isabel Jarquín Valle, jueza del Tribunal Local Penal de Jinotega, demandó un “informe” a las autoridades “correspondientes” sobre el caso del reo político Abdul Montoya Vivas, procesado por el supuesto delito de “tenencia ilegal de armas” en este departamento.
Montoya Vivas, un preso de conciencia recapturado por el régimen de Daniel Ortega el lunes Santo, se enfrenta a un proceso en esta localidad, aunque se encuentra encarcelado en el Distrito III de la Policía de Managua desde el 8 de abril de 2023, a 141.9 kilómetros de distancia.
La jueza informó en el acta levantada en el último intento de audiencia preliminar, que la Policía no lo ha presentado al acusado y tampoco lo ha conectado vía teleconferencia. El jefe de control de reos, el teniente Denis Castro, fue quien notificó a la judicial de que el preso político no sería presentado.
“Esta es la tercera ocasión que se cita a audiencia preliminar. No ha sido trasladado, ni tampoco conectado a videoconferencia para la celebración de la respectiva audiencia. Por lo que quedamos a la espera del respectivo informe por parte de la autoridad correspondiente para la celebración de la audiencia preliminar”, puntualizó Jarquín el 27 de abril de 2023.
Montoya Vivas, de 62 años, es un excombatiente antisomocista matagalpino que cuestionó a Ortega en las protestas masivas de 2018, cuyo calvario reinició cuando lo bajaron de un bus en Jinotega, donde llevaba una vida clandestina bajo el nombre de “Julio Valenzuela”.
El recapturado ha sufrido persecución desde que lo excarcelaron el 11 de junio de 2019, tras el fin de otro proceso en que lo acusaron de asesinar a un antiguo cliente suyo en Matagalpa.
El reo de conciencia participó en el movimiento estudiantil. En su lucha contra Somoza, él compartió escenarios de lucha con sandinistas históricos como el propio padre de la jueza Jarquín, Francisco, a quien conocen popularmente como “Chico Plomo”.
Todo el poder en manos de la Policía
La suerte de Montoya Vivas está en manos de las autoridades policiales, representadas en Jinotega por el comisionado general Marvin Castro, quien ostenta todo el poder incluso sobre los jueces del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según el relato contado por testigos del secuestro de la víctima, los oficiales encontraron la llave del cuarto al revisarlo, entre una lista de medicinas que pensaba comprar.
Sin embargo, fuentes policiales confirmaron a CONFIDENCIAL que la investigadora Martha Yamileth Blandón narró en su informe que ejecutó el allanamiento de “urgencia” el 3 de abril de 2023, porque obtuvo información de que él acusado tenía un arma en su "cuarto dormitorio".
La oficial Blandón aseguró que Montoya Vivas no está autorizado por la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM), adscrita a la Policía, para portar la pistola calibre 9 mm, marca Tangfoglio con un cargador “conteniendo 14 proyectiles”.
Dos de los tres testigos son policías: Benjamín Zeledón Zelaya y la misma suboficial. La otra "prueba" es una constancia de la Policía que dice que no estaba autorizado para portar el arma.
Gonzalo Carrión denuncia “cinismo” y “retardo injustificable”
Al coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, Gonzalo Carrión, la aseveración de la Policía le parece cínica, tomando en cuenta que las autoridades no hicieron lo mismo--acusarlos-- con los paramilitares orteguistas que dispararon contra la ciudadanía en las manifestaciones de 2018.
“Abdul es una víctima de una detención arbitraria. Es característica del trato que la dictadura da a los presos políticos: Una absoluta violación de sus derechos hasta dejarlos en indefensión, y separarlos del lugar donde son originarios, para trasladarlos, en este caso, a Managua”, explicó Carrión.
Para el defensor de derechos humanos, la Policía está cometiendo el delito de desacato. Se preguntó si acaso no habrían usado la fuerza ya si el detenido fuese el que estuviera incumpliendo una resolución de la jueza Jarquín.
Recordó que la Constitución de Nicaragua establece que el detenido debió haber sido puesto a la orden de las autoridades correspondientes, por lo que las actuaciones policiales tienen un “retardo injustificable”.
“La forma de mantenerlo le aumenta sufrimiento de esa persona privada de libertad, mantenerlo en la incertidumbre, todo eso confirma que se trata de un castigo”, lamentó Carrión.
Otro abogado de derechos humanos, bajo condición de anonimato, dijo que ese sufrimiento impuesto a Montoya Vivas es extensivo a los familiares del detenido, cuyos gastos son mayores para garantizar llevarle algo de alimento. Les resulta más lejano venir hasta Managua, que si les tocara en el vecino departamento de Jinotega.
El 29 de abril de 2023, CONFIDENCIAL relató por primera vez el caso de Abdul Montoya en su etapa de recapturado. En ese momento, fuentes advirtieron además que podrían estar intentando también montarle un caso con la fabricación de un perfil en Facebook, donde aparecían posiciones críticas a la dictadura publicadas el día en que la Policía decidió trasladarlo sorpresivamente a Managua.
Según el Monitoreo Azul y Blanco, la dictadura detuvo a 30 personas durante Semana Santa, incluido Montoya Vivas. La represión se ha intensificado. En mayo, en un operativo policial en 13 de 15 departamentos y dos regiones autónomas del Caribe en Nicaragua detuvieron a otras 57 personas.
De manera exprés, los fiscales de la dictadura acusaron a una treintena de personas en los tribunales de Managua. Los obligaron, a partir de entonces, a reportarse ante las delegaciones policiales de sus respectivos departamentos. El asedio continuó a las puertas de sus casas, provocando que algunos decidieran irse al exilio como relataron el miércoles 17 de mayo de 2023 al programa televisivo Esta Noche. “Quieren acallar las voces críticas”, afirmaron dos víctimas de la redada del 3 de mayo.
