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El presidente del Gobierno de Costa Rica, Rodrigo Chaves, continuó su silencio en torno al asesinato del exmayor del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam. El exmilitar fue ejecutado por un sicario en su casa de habitación, en Moravia, (San José), el jueves 19 de junio de 2025. En contraste con el silencio oficial, una mayoría de diputados de oposición demandaron mayor celeridad al Poder Ejecutivo, y alertaron de la violación de soberanía que implica la operación de grupos extranjeros en su territorio.
Chaves compareció ante los medios durante la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Además de explicar los motivos de la visita de la funcionaria de Donald Trump, habló del crecimiento de las exportaciones, de la baja en el precio del arroz, de delincuencia juvenil y de seguridad portuaria. Igual como ha sucedido durante sus recientes apariciones públicas, no abordó el crimen del opositor a la dictadura nicaragüense, que desde 2018 se encontraba resguardado en Costa Rica como refugiado, y a partir de 2023 como ciudadano español, después que el régimen decidiera despojarlo de su nacionalidad.
Mientras tanto, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y el Departamento de Estado de Estados Unidos, condenaron el crimen calificado como un asesinato político. También demandaron una investigación a fondo sobre la presunta operación terrorista de células orteguistas en territorio costarricense.
Samcam había alertado a las autoridades de ese país del riesgo que corría su vida, alegando la presencia de grupos al servicio del régimen Ortega-Murillo. Los dos atentados en contra de Joao Maldonado así lo demostraban. “En ambos casos se sospecha que operan grupos criminales afines al Gobierno de Daniel Ortega”, declaró el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista.
Para el diputado Ariel Robles Barrantes, del Partido Frente Amplio, “lo que ha sucedido con don Roberto (Samcam) es una acción de un régimen autoritario que busca medidas ejemplificantes, con las personas que salen de su seno. Cuando una persona decide rebelarse y usar su micrófono ante un régimen dictatorial como el que vive Nicaragua, corre el riesgo de enfrentar mayor presión, porque los buscan para ejemplificar lo que le sucede a quienes levantan la voz”.
“No puede ser que en Costa Rica pase eso. No puede ser que en Costa Rica se guarde silencio ante eso”, clamó.
Diputado oficialista: no hay suficientes policías para cuidarlos a todos
A pesar del silencio del mandatario, el diputado Daniel Vargas Quirós, del oficialista Partido Progreso Social Democrático, dijo que en Costa Rica hay 23 354 refugiados: 9942 provenientes de Nicaragua, y 7471 de Colombia. También, que hay 224 000 solicitantes de refugio, “que son personas que ya viven aquí en el país”.
Vargas Quirós usó esas cifras para contrastarlas con el hecho que solo hay de 18 000 a 20 000 policías en el país, por lo que no alcanzaría para asignar un policía para cada refugiado. “¡Cuánta ignorancia, por Dios, para seguir justificando la ineptitud del Gobierno!”, respondió la diputada Monserrat Ruiz Guevara, del Partido Liberación Nacional. “Esto es seguridad nacional, y nosotros tenemos convenios internacionales que cumplir”, en materia de personas refugiadas, recordó.
Vargas Quirós también opinó que “que no es procedente exigir al Gobierno actuar con diligencia en la investigación de este crimen, porque quien investiga los crímenes es el [Organismo de Investigación Judicial] OIJ. Si vamos a exigirle a alguien que investigue el crimen ocurrido, es al OIJ al que deberíamos estar recurriendo para efectos de que realice tal investigación”.
Su colega, Gilberto Campos Cruz, diputado por el Partido Liberal Progresista, contestó al oficialista, señalando que “este tema tiene que ver con seguridad nacional. La operación de células de inteligencia del régimen Ortega-Murillo dentro del territorio costarricense, es un asunto de seguridad nacional”. Por ello, urgió al Gobierno costarricense “que es quien maneja la Dirección de Inteligencia y Seguridad”, a que investigue.
Expresó que, aunque el crimen de Samcam puede querer verse como un crimen más, para decir que lo investigue el OIJ, la verdad es que “el territorio costarricense ha sido violentado. No lo mataron producto de un asalto en la calle. Le tocaron la puerta: es un crimen político. Es un crimen que debe investigarse de otras formas”.
Es una violación a la soberanía tica
La diputada Priscilla Salazar, representante por el Frente Amplio, instó a “usar todos los todos los mecanismos y todas las herramientas para llegar al final y dar con la persona responsable, no únicamente material, pero intelectual también. Sabemos que esto viene en una línea de amenazas y advertencias que ya la comunidad tiene muy presente”.
El diputado y excandidato presidencial, Eliécer Feinzaig, dijo que la presencia y la impunidad con la que operan en Costa Rica, lo que él denominó como “grupos criminales afines al Gobierno de Daniel Ortega, nos tiene que llamar a hacer una reflexión. No lo podemos permitir. Somos un estado soberano, y tenemos que garantizar la seguridad de las personas que buscan refugio en nuestro país”.
Feinzag hizo “un llamado de atención al Gobierno, porque es la segunda vez en año y medio que sucede una cosa así, y no conocemos de ninguna investigación especial que se esté llevando adelante para determinar si hay presencia de agentes de los servicios militares, o de inteligencia, o policial de Nicaragua, persiguiendo aquí a los refugiados nicaragüenses”.
Pidió que averigüen quiénes están operando en Costa Rica, “y no solo quién fue el gatillero, sino quién dio la orden y quiénes están en nuestro país, para evitar su presencia acá”
En el mismo acto legislativo, los diputados aprobaron una moción para que la Comisión de Derechos Humanos del parlamento, convoque a audiencia al director de la DIS para que rinda un informe sobre la denuncia que habría presentado Samcam, en la que advertía sobre las amenazas por parte del régimen nicaragüense, poco antes de su asesinato.
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