AA
Share
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, considera que el asesinato político del exmayor del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, en San José, Costa Rica, el 19 de junio de 2025, “es una novedad por la manera tan impune que el régimen (Ortega Murillo) está usando sicarios para ejecutar a exiliados o refugiados en territorio costarricense, es una abierta invitación a que sigan por la misma vía”, y le resulta “verdaderamente inadmisible e indignante”.
En una conversación en el programa Esta Semana, transmitido el domingo 22 de junio en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, la exmandataria afirmó que este asesinato político debería ser “una de las prioridades a investigar” y espera que “llame la atención del Gobierno”. Sin embargo, lamentó que la Presidencia de Costa Rica “ni siquiera ha expresado su consternación”.
Expresidenta, ¿cuál es su reacción ante el atentado criminal contra el exiliado y refugiado nicaragüense, Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, que ocurrió el jueves en un residencial en San José, Costa Rica?
Mucho dolor por Roberto, por su familia, por lo que esto también representa para otros nicaragüenses que se encuentran bajo amenazas, que hoy, ciertamente, estarán justificadamente alarmados. Una profunda indignación, porque ya uno no sabe qué más le falta al régimen despótico de Nicaragua, ya ni siquiera dejar vivir en paz a quienes han dejado su tierra de manera forzada.
También desconcierto, porque después que han ocurrido eventos similares, igualmente trágicos en territorio costarricense, después de que sabemos que varias de las víctimas de amenazas han llevado esto a las autoridades, es imposible comprender cómo con tanta facilidad llegaron a Roberto para matarlo de la manera en que lo hicieron.
En 2024 se produjo un segundo atentado contra otro exiliado y refugiado, Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, en San José. Antes habían asesinado a otro refugiado en Upala. ¿Hay un patrón de violencia política contra exiliados nicaragüenses en Costa Rica?
Totalmente. Ya esto está confirmado. Aquí hay gente que empieza ahora a hablar de que hay espionaje del régimen (de Nicaragua) en Costa Rica. El régimen siempre ha tenido personas aquí sembradas en Costa Rica, encubiertos, gestionando información, dando seguimiento a cierto tipo de personas, es cierto. Esas actividades siempre se han tenido, pero está dentro de lo que, en principio, se admite muchas veces entre naciones vecinas y particularmente naciones vecinas que puedan tener regímenes o sistemas de gobierno contrastantes.
Lo que sí es una novedad es que de manera tan impune el régimen esté ya usando sicarios para ejecutar exiliados o refugiados en territorio costarricense. Lo que pasó (el jueves 19 de junio) es una abierta invitación a que sigan por la misma vía. Eso es lo que a mí me resulta verdaderamente inadmisible e indignante.
En Costa Rica hay, al mismo tiempo, una crisis de seguridad ciudadana que se ha venido agravando en estos años. Hay una especie de industria de sicariato, y por otro lado, esta labor de espionaje y de intervención política de la dictadura nicaragüense en este país para fomentar la violencia. ¿Dónde está la frontera entre la crisis de seguridad ciudadana y esta intervención política de la dictadura Ortega Murillo?
Desafortunadamente, hay que reconocer que van de la mano, porque si estamos teniendo la crisis sin precedente de seguridad es porque también se ha bajado la guardia por parte de las autoridades. En esto quiero salvar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que es el que termina siempre llegando a recoger a los muerticos y a tratar de resolver los casos.
Pero desde el punto de vista de prevención, de levantar esas barreras para que el crimen organizado disminuya sus operaciones, lo que está ocurriendo es lo contrario, una intensificación de los homicidios. De manera que van de la mano.
Lo que me preocupa es que efectivamente el régimen esté midiendo esas debilidades que Costa Rica está mostrando en materia de seguridad para decir: “Aquí tenemos cancha abierta para poder salirnos con las nuestras” y que entonces veamos intensificarse los asesinatos de tipo político, que eso sí es absolutamente novedoso en nuestro país.
Costa Rica ha acogido a lo largo de la historia distintos grupos disidentes de todas las Américas y más allá, y siempre han venido aquí a vivir en tranquilidad. Esto no tiene precedente, y de ahí que sea una alarma, que yo espero llame la atención del Gobierno.
El jueves, más de 90 exiliados nicaragüenses, la mayoría refugiados en Costa Rica, y también en otras partes, han demandado protección, seguridad, al Estado costarricense y también una investigación que esclarezca este asesinato y lo lleve a la justicia. ¿Tiene el Estado costarricense capacidad para prevenir y para dar protección? Y, ¿para investigar y esclarecer estos crímenes?
Empiezo con lo segundo. Costa Rica tiene una de las tasas de esclarecimiento de homicidios más altas, por lo menos en toda nuestra región, en las Américas. Eso sigue siendo algo esperanzador. Tenemos que reconocer, las mismas autoridades lo están diciendo, tanto los peritos como los mismos oficiales del OIJ están teniendo una sobrecarga en un momento en que no se han hecho muchas inversiones adicionales.
Precisamente por el precedente que está sentando este asesinato político, uno esperaría que se convierta en una de las prioridades a investigar.
Desde el punto de vista de la prevención, aquí el problema es que pareciera que, en lo que respecta a Costa Rica, es que ni siquiera se intentó un nivel mínimo de protección y de alerta, ni cámaras ni cosas que hubiesen, por lo menos, advertido a Roberto, que tenía que cambiar rutinas o que tendría que tener unas medidas adicionales de seguridad. Muchísimo menos pensar en que les estén dando protección física, yo no veo ninguno con ningún acompañamiento.
Entonces, sí hay que exigir protección, si no, Costa Rica va a terminar también, más allá de las tragedias que esto supone, ocupando primeras planas, ya no como un país violento, desde el punto de vista delincuencial, sino un país en donde hay violencia política.
Roberto Samcam, además de ser refugiado en Costa Rica, acogido a la ley, también adquirió la ciudadanía española después de que fue desnacionalizado por la dictadura, como muchos otros nicaragüenses. Este es un crimen que también está dirigido contra un ciudadano español y ha generado muchísima reacción en distintos gobiernos. Sin embargo, hasta hoy no conocemos una reacción de parte de las autoridades del Gobierno de Costa Rica.
A mí me tiene muy sorprendida y me parece que el gesto mínimo era expresar el dolor, expresar la consternación. Había una hija ahí que también pudo haber sido víctima. Es un hombre que ha estado con nosotros muchos años, que nos acostumbró a contar con insumos muy rigurosos para poder entender mejor la situación en Nicaragua. Si las autoridades hubieran sabido, que yo creí que tal vez lo sabían, de la valía que tenía Roberto por su formación en temas de seguridad. La actitud del Gobierno pareciera que es una actitud absolutamente de espaldas a la comunidad nicaragüense.
¿A quién le correspondería liderar las acciones dirigidas al esclarecimiento de este caso y a la protección? ¿A el OIJ, a la Dirección de Inteligencia, o a la Presidencia?
Lo ideal habría sido ver al presidente conmoviéndose por esto. Pero si no, por lo menos, el ministro de Seguridad o la Cancillería. El ministro de Seguridad, simplemente salió para a decir que esto no era con ellos, que esto es con el OIJ. Sí, el OIJ está haciendo ahora su trabajo, pero no era obligación del OIJ el tratar de prevenir que estas cosas sucedieran. Y ni siquiera hubo unas palabras de consuelo ante la familia o de tranquilidad ante el resto de los nicaragüenses que hoy, de manera, insisto, justificada, también están temiendo por su integridad física.
