7 de abril 2025
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Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), identifica a 54 altos funcionarios del Estado de Nicaragua, del Ejército, la Policía, y también agentes no estatales vinculados al Frente Sandinista, como ejecutores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, desde que estallaron las protestas de abril en 2018.
El informe está basado en 1631 entrevistas con testigos, víctimas y perpetradores de la represión, y 8483 documentos, incluidos algunos de tipo confidencial, y tras ser evaluadas las pruebas le permiten al Grupo de Expertos de la ONU tener “motivos razonables para creer”, que los 54 funcionarios señalados han estado involucrados en la ejecución de delitos de asesinato, encarcelación, ejecuciones extrajudiciales, tortura, deportación, y persecución.
En el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva, conversamos con Reed Brody, el jurista norteamericano, conocido internacionalmente como “el cazadictadores”, por su trayectoria como investigador penal frente a las dictaduras de Chile, Haití, Chad, y los genocidas de Ruanda, que se integró al GHREN en septiembre de 2024.
Reed analizó las implicaciones de este informe del GHREN sobre los 54 represores de la cadena de mando de la dictadura Ortega Murillo: “el hecho de que Naciones Unidas te señala en un informe ya es grave”, pero “no estamos diciendo que son responsables y no estamos condenando a nadie”, todos gozan de la presunción de inocencia, “y solamente pueden ser condenados en un tribunal que tiene competencia”.
Sobre las posibles vías para ejercer la justicia, Brody mencionó “la justicia penal internacional, donde un juez argentino emitió un mandato contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, y otros 30 funcionarios del Estado. La idea es que en algún momento que haya un juez, tal vez un juez nicaragüense que retome esos señalamientos y les ofrece a las personas señaladas la oportunidad de defenderse”.
Con un voto favorable de 29 países, 14 abstenciones y cuatro en contra (China, Cuba, Bolivia y Vietnam), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas prorrogó por dos años más el mandato del GHREN para que continúe vigilando las violaciones los derechos humanos en Nicaragua, y presente en septiembre de 2025 un informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Hay un aislamiento creciente del Gobierno de Nicaragua, el Gobierno se autoaisla, retirándose del Consejo de Derechos Humanos, pero no se va a retirar de la Asamblea General de la ONU, eso marca una condena creciente a la la represión en Nicaragua”, afirmó Brody.
Las pruebas sobre los 54 represores
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), identifica a 54 altos funcionarios del Estado de Nicaragua, del Ejército, la Policía, el Frente Sandinista, y también agentes no estatales, que son señalados de cometer graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. ¿Se puede identificar quiénes están al frente de la cadena de mando?
En la cúspide tenemos al presidente Daniel Ortega y a Rosario Murillo. En el informe vamos por delito, examinamos las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en 2018, después el delito de tortura, las confiscaciones, las desnacionalizaciones, cómo en los hechos se produjeron esos abusos, violaciones o delitos.
Por ejemplo, la represión de 2018 fue una operación conjunta con la Policía, el Ejército, los grupos paramilitares, con mandos del Frente Sandinista. Señalamos a las personas más claves: los 54. Tenemos muchos más nombres, pero tenemos un umbral de prueba y no podemos poner todos los nombres que están denunciados por las fuentes. Nos concentramos en las figuras claves, en el Ejército, por ejemplo, el general Julio César Avilés, que es responsable por la represión sistemática del Ejército en abril de 2018; en la Policía, (el primer comisionado) Francisco Díaz, pero también el subdirector Ramón Avellán. Néstor Mónca Lau, el asesor presidencial de Seguridad, que es un actor clave en las estructuras paralelas; Fidel Moreno, el secretario general de la alcaldía de Managua, otra figura clave que hace el enlace entre muchas cadenas de mando y actuando como operador político a múltiples niveles.
En el informe se dice reiteradamente que el GHREN tiene “motivos razonables para creer”, que un funcionario tiene responsabilidad en la ejecución de delitos de asesinato, encarcelación, ejecuciones extrajudiciales, tortura, deportación, persecución. ¿Qué quiere decir “motivos razonables para creer”? ¿Es un término probatorio?
Claro, estamos señalando personas, no estamos diciendo que son responsables y no estamos condenando a nadie. El umbral probatorio de “motivos razonables de creer”, es más o menos lo mismo que hace un procurador para presentar cargos. Yo soy un procurador, pero no somos aquí procuradores, somos expertos de la ONU y estamos señalando, como parte de nuestro mandato, los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos. Todos gozan de la presunción de inocencia. Y solamente pueden ser condenados en un tribunal que tiene competencia y que les ofrece todos los derechos de la defensa y de un debido proceso. Son señalamientos razonables si un observador tiene motivos para creer que esas personas participaron en el delito.
¿Ese “motivo para creer” está basado en pruebas?
Sí, pero no hay una fórmula mágica. Hay personas (sobre las) que tenemos muchas fuentes, hay otros que tenemos un documento firmado por ellos.
No es muy habitual en los grupos de Naciones Unidas señalar responsabilidades. Nosotros pensábamos que, a esa altura, era muy importante para la rendición de cuentas, que pongamos nombres y apellidos. Pero somos muy prudentes, tenemos muchas más personas. Además, en los gráficos que anexamos al informe, tenemos siluetas de personas que hemos identificado, pero que no vamos a nombrar, porque pensamos que el hecho de que Naciones Unidas te señala en un informe ya es grave.
Hay funcionarios que fueron señalados en informes anteriores y no aparecen ahora en esta lista de estos 54. ¿Significa esto que han sido excluidos, liberados de su responsabilidad?
No, no estamos excluyendo a nadie, estamos diciendo que las 54 personas pasaron por filtros, tenemos un staff de siete personas que presentaron los hallazgos y nosotros, los expertos, decidimos si como personas razonables, vamos a asumir la responsabilidad de nombrar esas personas y ponerlos en un informe de Naciones Unidas. La vara (de pruebas) era bastante alta, y cada vez que hubo duda, excluimos a la persona.
La última vez que conversamos en este programa, hace un mes, el GHREN no presentó nombres porque decía que estaba enviando antes al Gobierno de Nicaragua el informe, para que los señalados pudieran presentar su versión. ¿Hubo alguna reacción de parte de las autoridades del Gobierno o del Ejército o de otras instituciones?
No, desgraciadamente, nunca hemos tenido ninguna contestación, diálogo, ningún intercambio por parte del Gobierno. Hubiéramos querido hablar con las personas señaladas, no sabemos si nuestras cartas han llegado a sus manos. En algún momento, si hubiera cargos contra esas personas u otras sanciones, sería importante que sus versiones sean escuchadas.
En la presentación de este informe, vos decías que la identificación de esta lista, de esta cadena de mando, es una guía o una ruta para la justicia. ¿Cómo se puede llevar estos casos ante la justicia internacional?
Hay muchas justicias internacionales, como la justicia penal internacional, donde un juez argentino emitió un mandato contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, y otros 30 funcionarios del Estado, es penal. También muchos países han aplicado sanciones individuales, que eso no es justicia internacional, pero son sanciones económicas o administrativas. Evidentemente, la idea es que, en algún momento, haya un juez, tal vez un juez nicaragüense, que retome esos señalamientos y les ofrece a las personas señaladas la oportunidad de defenderse.
Seis generales y cinco coroneles del Ejército
Las nuevas revelaciones del informe señalan a altos militares del Ejército de Nicaragua que preside el general Julio César Avilés en la represión. Por ejemplo, al mayor general, Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor, lo señalan de haber bajado la orden presidencial a los mandos militares en una reunión el 20 de abril de 2018 de “neutralizar” a los manifestantes. ¿Cuál es la responsabilidad del jefe del Estado Mayor?
El GHREN, desde su primer informe hace tres años, encontró que a partir de 2018 hubo crímenes de lesa de humanidad. O sea, que el Gobierno, Daniel Ortega, Rosario Murillo y las otras personas involucradas, han librado un ataque contra un sector de la población nicaragüense y lo calificamos como crimen de lesa humanidad.
Todas las personas que han participado en conciencia de ese ataque contra el pueblo nicaragüense, su participación puede calificarse de crimen de lesa humanidad. El soldado raso que participó y que mató una persona, tanto él, como la persona que dio la orden, habrían participado en el mismo crimen de lesa humanidad. Entonces, el jefe del Estado Mayor, que leyó la orden, las personas que ejecutaron la orden, los comandos regionales que señalamos en el informe, esas personas, de probar que los hechos propuestos en el informe son verosímiles, podrían tener responsabilidad en el crimen de lesa Humanidad.
El general Rigoberto Balladares, exjefe de la inteligencia política del Ejército, la Dirección de Información para la Defensa, y el general Leonel Gutiérrez, jefe de la Inteligencia y la Contrainteligencia Militar, son señalados de haber participado con el exdirector de la inteligencia policial, Adolfo Marenco, en la represión. ¿Qué tipo de actividades desarrollaron los jefes de la inteligencia del ejército?
El general Balladares fue señalado por asumir el control operativo de la represión en coordinación con los otros grupos. Su rol incluyó tareas de inteligencia, vigilancia táctica, el uso de drones, cámaras térmicas. Él dirigió conjuntamente con el general de la brigada Leonel Gutiérrez, que dirigía la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y colaboró con la Policía, con otras divisiones del Ejército, en operativos en que promovieron el uso de francotiradores y la utilización de armamentos reservados para uso militar.
El Ejército continúa negando totalmente su participación en cualquiera de esos actos, pero además de las fuentes “de adentro” que han hablado con nosotros, tenemos las evidencias de la utilización de francotiradores, de armas de uso privativo del Ejército. También las instrucciones, las formación para policías y para grupos armados en tácticas militares, todo eso confluye en señalar la responsabilidad del Ejército y de esas personas.
También se señala al jefe del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, el coronel Manuel Salvador Gaitán, que participó junto con la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, la DOE, en la represión, y a otros cinco coroneles del Ejército, jefes de los cuatro comandos de las regiones militares y el destacamento sur que participaron en la represión. ¿También hubo participación de militares en acciones represivas?
Ese es el sentido de nuestro hallazgo. El general Salvador Gaitán era uno de los principales responsables para el despliegue de los francotiradores y bajo su mando se ejecutaron operaciones con armas de alta precisión. Y después, señalamos, los comandos regionales y mostramos en el informe, cuántos muertos, cuántas ejecuciones extrajudiciales hubo bajo cada mando en los enfrentamientos y en los asesinatos por región, por comando.
El informe afirma que algunos documentos prueban el funcionamiento de esta cadena de mando y cómo se emiten las órdenes, pero que después que se intensificó la represión, la mayoría de las órdenes dejaron de ponerse por escrito y solo se transmitieron de manera verbal. ¿Cómo se pueden probar esas responsabilidades?
A partir de un cierto momento, no hubo órdenes por escrito, y a muchas de las órdenes escritas, tampoco tenemos acceso. Son fuentes que tenemos, personas que participaron, personas dentro del sistema. Evidentemente, no podemos revelar las fuentes y claro que en algún momento, si hubiera un proceso contradictorio, sería complicado, porque esas personas no quieren o no pueden hablar públicamente.
Los agentes estatales y progubernamentales
Además del Ejército, la Policía y algunas otras agencias estatales, el informe también describe la operación que llevan a cabo las fuerzas progubernamentales, las fuerzas de choque, los paramilitares que ahora han sido institucionalizados como policía voluntario en la Policía.
Tenemos los grupos de choque, la Juventud Sandinista. Señalamos personas como Pedro Orozco, Milton Ruiz García, de la Juventud Sandinista, que estuvieron bajo una operación en conjunto con la Policía Nacional, con el Ejército, y estaban bajo el mando conjunto de esas operaciones.
Otra cosa que se destaca es cómo han trabajado juntos el partido y los mandos de los cuerpos represivos, y una persona clave en eso es Fidel Moreno, que desempeña un papel central y transversal en el aparato represivo del Estado.
En 2018, el fue el que transmitió la orden de la vicepresidente, conocida como “vamos con todo”, pero también juega un papel en la fabricación de casos o en las purgas las personas despedidas del Poder Judicial, es una persona que tiene un rol transversal en la represión. Él ha estado a cargo del mapeo de las organizaciones sin fines de lucro, identificándolos para su cancelación y se ha cancelado, como se sabe, más de 5000 oenegés. También, es la persona que elabora las listas de personas considerado amenazas. Y es una de esas personas que, aunque no tenga cargo en un cuerpo represivo, se encuentra en muchos momentos y en muchas de las distintas violaciones.
El informe describe la más reciente fase de la represión, que esta enfocada en la persecución política, las desnacionalizaciones, las confiscaciones, deportaciones y denegaciones de ingreso al país a los nicaragüenses.
Todas las instituciones tienen su rol. En el Poder Judicial señalamos a Alba Luz Ramos, a Marvin Aguilar, al juez Rothschuh, que leyó las sentencias. Es como una fábrica donde hay que señalar a las personas, condenarlas, despojarlas de la nacionalidad, confiscar sus bienes.
Hay distintas personas en distintos momentos. La Asamblea Nacional, nombramos a Gustavo Porras, por ejemplo, que legalizó las confiscaciones. Después, las personas que fabricaron los casos, (los magistrados) que avalaron las confiscaciones, como Juana Méndez, los jueces que ejecutan las sentencias y las confiscaciones. Es una confluencia de personas, y ahí nombramos a varias personas, Karen Chavarría, y otras que están en el informe.
El informe señala al viceministro del Interior, Luis Cañas, como una de las personas claves en todo el proceso de la denegación de ingreso al país de personas y deportaciones.
Él trabaja en el Ministerio de Interior y también lo señalamos por obstruir los procesos judiciales y trato discriminatorio contra reos políticos. También en el Ministerio del Interior está Franya Urey Blandón, que es una de las responsables por la cancelación masiva de las ONG. Hay muchas instituciones implicadas.
Estos funcionarios civiles ¿podrían alegar que ellos les ha correspondido aplicar la ley, o podrían decir que simplemente les ha tocado cumplir órdenes y apelar al principio de la obediencia debida para evadir su responsabilidad?
Tenemos (los nombres de) todas las personas, desde los que fabricaron los pasaportes de los expulsados, hasta las personas que firmaron decretos. Intentamos poner personas con algún rol activo. Separamos lo que son crímenes por su naturaleza, como asesinatos, como ejecuciones extrajudiciales, donde no se puede acatar una orden manifestamente ilegal. Y después, cosas más administrativas, o sea, una confiscación, o expedir un pasaporte. Ahí solamente ponemos personas que tuvieron una voluntad propia de participar y donde ellos tuvieron la posibilidad de no participar. Las personas que fabricaron casos, los jueces que repetidamente emitieron órdenes contra los derechos de las personas, esas personas sí participaron, a su nivel, en ese gran crimen de la lesa humanidad, que es el ataque contra el pueblo de Nicaragua.
La condena a Nicaragua en la ONU
Esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra se aprobó una resolución de condena a estas violaciones del Estado de Nicaragua con el voto favorable de 29 países, hubo 14 y abstenciones y cuatro votos en contra: China, Cuba, Bolivia y Vietnam. ¿Qué significa esta participación mayoritaria y qué espera usted de las recomendaciones que este informe le está haciendo a la comunidad internacional?
El voto fue muy significativo, hace dos años, cuando se renovó el mandato del grupo, hubo 21 votos a favor y este año 29 sobre 57, cuatro negativos y el resto de abstención.
Hay un aislamiento creciente del Gobierno de Nicaragua, el Gobierno se autoaisla, retirándose del Consejo de Derechos Humanos, y no participando en el Examen Periódico Universal de la ONU.
Esa resolución eleva el rango del informe del grupo a ítem en la agenda donde se discute países problemáticos y, además, nos pide que informemos a la Asamblea General de Naciones Unidas. Nicaragua se puede retirar del Consejo de Derechos Humanos, pero no se va a retirar de la Asamblea General. Eso marca una condena creciente, hay que decir que la situación y la represión en Nicaragua también se ha incrementado en el último año.
Eso quiere decir que en la Asamblea General de la ONU en septiembre de este año, el GHREN va a comparecer ante la ONU, ¿van a presentar un nuevo informe?
Vamos a presentar el mismo informe, pero con una presentación oral, un oral update, que va a dar cuenta de los sucesos de los últimos meses.
El consejo amplió el mandato del GHREN por otros dos años, ¿cuál es su objetivo principal después de haber presentado ya esta lista de los 54 funcionarios y los otros informes?
Hasta el día de hoy se nos han acercado más fuentes con más información. Además, a raíz de la reforma constitucional, ahora se están cambiando un sinnúmero de leyes y tenemos que evaluar el apego de esas leyes a los derechos humanos. También vamos a vigilar, que es el mandato primero del grupo, observar y señalar las violaciones que se producen. Queremos profundizar en nuestro estudio cómo funcionan las instituciones del Gobierno, tal vez vamos a ver cosas de corrupción económica, cuál es el business plan de los gobernantes. Desgraciadamente, hay mucho que hacer todavía.
