3 de abril 2025
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años más, hasta 2027, el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) para seguir documentando las violaciones a derechos humanos que ocurren en el país.
“La situación de derechos humanos en Nicaragua es extremadamente grave y ha empeorado con los años”, enfatizó el embajador alterno de Costa Rica ante la ONU en Ginebra, Christian Guillermet.
La prórroga fue aprobada junto a una resolución que denuncia el deterioro de la situación política y social en Nicaragua, presentada por nueve países latinoamericanos. En total hubo 29 votos a favor, 14 abstenciones y cuatro votos en contra de Bolivia, Cuba, China y Vietnam.
El representante costarricense lamentó la decisión irrevocable del Gobierno de Ortega y Murillo de desvincularse del Consejo de la ONU y aseguró que están “sumamente alarmados por la situación en el terreno”.
“Los informes del Alto Comisionado nos han convencido de mantener esta situación en un lugar destacado de la agenda del Consejo en línea con su mandato”, dijo.
Preocupa aislamiento sin precedentes de Nicaragua
Varios representantes de países de la región también mostraron su preocupación. Colombia expuso la preocupación general por el retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos, así como de otras entidades multilaterales, como la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Internacional del Trabajo.
“Esto evidencia que ha decidido darle la espalda al multilateralismo y a la protección internacional de derechos humanos”, dijo el embajador colombiano, Gustavo Gallón.
Incluso, España instó a los países europeos a votar a favor y recordó que “no puede haber paz, ni desarrollo sostenible sin justicia, rendición de cuentas y respeto por todos los derechos humanos”.
Chile destacó que el principal problema que observa es que Nicaragua “ha optado por un aislamiento sin precedentes”.
“El caso de Nicaragua no es uno que permita matices. La situación de derechos humanos exige la atención de este Consejo” señaló la embajadora chilena, Claudia Fuentes.
Por su parte, los aliados de la dictadura como China y Cuba abogaron a favor de Nicaragua. La representante del país asiático dijo que “respetan la soberanía e independencia territorial de Nicaragua y respeta también los derechos de este pueblo de decidir de manera independiente su futuro”.
El representante cubano afirmó que “Nicaragua mostró su voluntad política y disposición al dialogo y la cooperación, envío informes en respuesta a las solicitudes que se le hicieron, participó en la fase inicial del Examen Periódico Universal pero solo recibió más hostilidad y más confrontación”.
Sin embargo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mintió en el informe que entregó para la cuarta ronda del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Denuncian cierre de instituciones y persecución
Hablando en nombre de todos, Costa Rica dijo en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que es necesario mantener en un lugar prominente de la agenda de este foro la grave situación en Nicaragua y denunció, entre otros abusos, el cierre de universidades, la confiscación de registros académicos y profesionales, así como la persecución de artistas y trabajadores culturales.
El Grupo de Expertos reveló en su último informe, publicado este 3 de abril de 2025, una lista de 54 altos funcionarios nicaragüenses con nombre y apellidos y cargos son identificados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país.
La lista incluye a seis generales y cinco coroneles del alto mando el Ejército de Nicaragua, el primer comisionado, ocho comisionados generales y un comisionado mayor de la Policía, que forman parte del aparato represivo, controlado directamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El documento también detalla de forma exhaustiva las estructuras institucionales, las cadenas de mando y las responsabilidades “estatales e individuales” de cada uno de los implicados en la represión dirigida por el Estado tras el estallido de la insurrección de abril de 2018.
“Con la renovación del mandato del GHREN, la comunidad internacional se asegura de que la brutal represión de los derechos humanos por parte del gobierno nicaragüense no se quede sin respuesta”, dijo Raphaël Viana David, director de programas para Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés).
Viana reitertó que “las autoridades de Managua pueden intentar ocultarse, pero tarde o temprano, ya sea en Nueva York o en Ginebra, tendrán que rendir cuentas ante el resto del mundo”.
Por su parte, Claudia Paz y Paz, directora del programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, afirmó que el trabajo del GHREN “ha aportado evidencias irrefutables que ayudan a conocer la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos fundamentales en Nicaragua, por medio de su sistema de represión”.
**Con información de EFE**
