4 de abril 2025
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Once altos mandos del Ejército de Nicaragua son señalados de cumplir órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo para dirigir y coordinar acciones represivas e incluso “aniquilar” a manifestantes durante la Rebelión de Abril, según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN), publicado el 3 de abril de 2025 en Ginebra, Suiza.
Según el informe, que está basado en más de 1600 entrevistas con testigos, víctimas, y perpetradores, el Ejército participó en al menos 11 de 40 ejecuciones extrajudiciales, analizadas por el GHREN, que ocurrieron durante la represión de las protestas de 2018 y se llevaron a cabo en colaboración con la Policía Nacional y grupos paramilitares.
El informe menciona que seis generales y cinco coroneles del alto mando del Ejército de Nicaragua acataron las órdenes emanadas desde la “cúspide de la cadena de mando”, donde están Daniel Ortega y Rosario Murillo, que son quienes dirigen las acciones represivas. “Las órdenes eran claras: la actuación del Ejército era defender al país de las agresiones, inclusive si eso significaba aniquilar personas”, detalla el documento del GHREN.
Las “órdenes” las canalizó el general Julio César Avilés Castillo, como jefe del Ejército, y posteriormente se las transmitió a través del Jefe del Estado Mayor, mayor general Bayardo Rodríguez, a los comandantes de cada unidad para su ejecución.
Aunque la institución castrense ha negado su participación en la represión, testimonios y documentos recopilados por el GHREN revelan que suministró armas y “colaboró estrechamente” con estrategias de inteligencia y operaciones encubiertas que resultaron en asesinatos selectivos y persecución de opositores, indica el GHREN en su informe publicado este 3 de abril de 2025.
Las 11 ejecuciones extrajudiciales, según el GHREN, podrían atribuirse a una acción conjunta entre el Ejército, la Policía y grupos armados progubernamentales.
Los 11 altos mandos señalados
El documento del GHREN detalla de forma exhaustiva las estructuras institucionales, las cadenas de mando y las responsabilidades “estatales e individuales” de cada uno de los implicados en la represión dirigida por el Estado tras el estallido de la insurrección de abril de 2018. En el caso del Ejército, menciona por nombres, cargos y responsabilidades a los siguientes altos mandos:
- General del Ejército, Julio César Avilés, Jefe del Ejército.
- Mayor general Bayardo Ramón Rodríguez, Jefe del Estado Mayor.
- Rigoberto Balladares Sandoval, exjefe de la Dirección de Información para la Defensa, General de Brigada.
- Leonel Gutiérrez López, general de brigada y jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia.
- Álvaro Peña Núñez, coronel, y jefe de la Dirección de Información para la Defensa, tras la caída de Rigoberto Balladares.
- Marvin Antonio Paniagua, general de brigada y jefe de la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales, antes jefe del Sexto Comando Militar Regional.
- Manuel Salvador Gaitán, general de brigada, Jefe de la Dirección General de Doctrina y Enseñanza, antes Coronel de Infantería, Jefe, Comando de Operaciones Especiales, Ejército Nacional (2018).
- Denis Hernández Martínez, Coronel de Infantería, Jefe del Quinto Comando Militar Regional.
- Vladimir Ilich Martínez, Coronel de Artillería, Jefe, Segundo Comando Militar Regional.
- Álvaro Rivas Castillo, Coronel de Infantería, Jefe del Destacamento Militar Sur.
- José Hilcias Rizo, Coronel de Infantería, Jefe del Primer Comando Militar Regional.
Ejército entregó armas
El Ejército —según el GHREN— proporcionó “armamento a la Policía y a los grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes en riesgo de exclusión social y funcionarios públicos”.
“La Policía Nacional, el Ejército Nacional y grupos armados progubernamentales hicieron uso excesivo y letal de la fuerza para reprimir manifestaciones y desmantelar barricadas, lo que provocó centenares de ejecuciones extrajudiciales y otras lesiones corporales graves”, detalla el documento.
Al menos 17 de las 40 ejecuciones extrajudiciales analizadas ocurrieron en Managua. El resto de los asesinatos ocurrieron en Masaya (9); Carazo (4); Estelí (4); Jinotega (3); Chinandega (1) y León (1). La mayoría de estas muertes ocurrieron en el contexto de las marchas, barricadas o en la “Operación Limpieza”, acción llevada a cabo por la dictadura que constituyó una de las mayores estrategias de represión a las protestas sociales.
El Grupo de Expertos determinó que tres de las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en las “inmediaciones de sitios estratégicos de protección del Ejército”. Los expertos determinaron que se usaron armas de fuego, tipo AK y otras armas largas en 39 de los 40 casos.
Orden era “neutralizar” a manifestantes
Según el Grupo, se dejó de emitir órdenes por escrito y “todas las instrucciones fueron transmitidas de manera verbal y directa, con el objetivo de no generar registros documentales”. Un ejemplo de esto ocurrió el 20 de abril de 2018, cuando el mayor general Bayardo Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor del Ejército, junto con Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en seguridad e inteligencia, realizó una reunión en el auditorio Carlos Agüero Echeverría del Estado Mayor en Managua, durante la cual se bajaron órdenes que consistían en “neutralizar a los líderes de las manifestaciones”.
Rodríguez Ruiz —agrega el informe— leyó una orden presidencial similar a una “disposición de combate” en la que advertía que el país enfrentaba a un “golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.
El Ejército adaptó el Plan Montoya, una estrategia que originalmente era para vigilancia fronteriza, para proteger puntos estratégicos y ahí “la orden era que cualquier amenaza a estos objetivos debía ser aniquilada”, añade el documento del GHREN.
Trabajos de inteligencia
El Grupo de Expertos afirma que la institución castrense forma parte de una “extensa red de vigilancia e inteligencia” junto con otras instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio de Salud, así como por miembros de las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El general de brigada, Rigoberto Balladares, quien hasta julio de 2024 desempeñaba en el cargo de jefe de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, mantuvo el “control” sobre las operaciones de inteligencia y coordinó con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, dirigida por el general de brigada Leonel José Gutiérrez López, y con la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, liderada por Adolfo Joel Marenco Corea, quien se unió por orden del entonces subdirector de la Policía, Francisco Díaz Madriz.
La Policía proporcionaba al Ejército “toda la información que tenía sobre los manifestantes”.
Militares infiltrados en las protestas
A partir de abril de 2018, el reclutamiento de oficiales del Ejército para formar parte del aparato de inteligencia de la dictadura se incrementó significativamente, con casi un 80% del personal militar destinado a este órgano.
Los oficiales — de todas las unidades y oficiales retirados— eran sometidos a un “curso relámpago de 15 días sobre inteligencia y contrainteligencia” impartido por la misma Dirección de Inteligencia, para luego ser enviados a las calles a “infiltrarse en las manifestaciones”. El objetivo principal era detectar a los líderes de las protestas, añade el informe.
Los militares “se dejaban crecer la barba y el pelo para evitar ser identificados, andaban de civil y armados. También había civiles”.
La Dirección de Información para la Defensa, bajo la dirección del general de brigada Rigoberto Balladares, asumió el “control operativo de la represión de las manifestaciones”, trabajando estrechamente con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, liderada por el general de brigada Leonel José Gutiérrez López.
Esta colaboración también incluía a otras instituciones como la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, dirigida por Adolfo Joel Marenco Corea, y el Comando de Operaciones Especiales del Ejército, encabezadas por el coronel de infantería, Manuel Salvador Gaitán.
Además, el GHREN indica que Gaitán, quien dirigía el Comando de Operaciones Especiales del Ejército, tuvo un papel crucial en la organización y ejecución de la represión, ordenando el “despliegue de francotiradores con rifles de precisión diseñados para disparos de largo alcance”.
“El despliegue de francotiradores en los operativos de represión —subraya el informe— sugiere una intencionalidad dirigida a causar la muerte de las personas manifestantes”.
Coroneles coordinaron operaciones represivas
El Grupo de Expertos sostiene que, bajo la dirección de los coroneles José Hilcias Rizo Rizo, Vladimir Ilich Martínez Jarquín, Denis Manuel Hernández Martínez, Marvin Antonio Paniagua Pineda y Álvaro Francisco Rivas Castillo, se implementó un despliegue conjunto de fuerzas militares en las regiones donde se desarrollaban las manifestaciones.
“Ordenaron la participación de personal de sus unidades militares, en la represión del 2018, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la Policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno”, detalla el informe, lo que resultó en una represión sistemática y violenta en toda Nicaragua durante el año 2018.
En 2018, personal del Ejército participó en actos de represión armada contra la población civil, empleando uniformes policiales y vistiéndose de civil para aparentar ser integrantes o de la Policía o de grupos armados progubernamentales.
“Estaban vestidos de la misma manera. Los identificábamos nosotros por el movimiento y por cómo se acomodaban el arma. Hay una foto de ellos con la rodilla a tierra, eran militares, es la forma en la que identificamos que eran del Ejército”, confirmó un testigo entrevistado por el Grupo de Expertos.
El reciente informe del GHREN identifica a 54 altos funcionarios de la dictadura como responsables de la represión en el país.
