19 de febrero 2025
AA
Share
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) fichó y entregó información a Argentina sobre diez de los 15 altos funcionarios nicaragüenses que, junto al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, tienen una orden de indagatoria y de detención internacional por parte de la justicia argentina, confirmó el fiscal federal, Eduardo Taiano.
El judicial argentino, quien presidió este martes 18 de febrero de 2025 un conversatorio en San José, Costa Rica, no especificó el nombre o cargo de los diez funcionarios, o si entre ellos estaban Ortega o Murillo.
Taiano afirmó que son 15 funcionarios los que tienen una orden en contra; sin embargo, en la resolución emitida por el juez federal, Ariel Lijo, se indicó que son 18 nicaragüenses, entre ellos la pareja dictatorial. Estos son señalados de posibles responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en 2018.
Además de Ortega y Murillo, en la orden emitida por el juez Lijo, el 30 de diciembre de 2024, se nombran a:
- El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, señalado de proveer a los grupos paramilitares armamentos.
- El primer comisionado, Francisco Díaz Madriz, quien es el y director de la Policía Nacional, institución que ejecutó las detenciones y violaciones a derechos humanos.
- Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad y responsable de la inteligencia y contrainteligencia de identificar a disidentes.
- El titular del Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Óscar Mojica Obregón, responsable de diseñar e implementar el plan “exilio, cárcel o muerte”.
- El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, señalado de intervenir en la represión de las protestas de abril de 2018.
- El director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto José López, quien habría colaborado con Porras.
- El mayor general en retiro, Óscar Balladares, quien es asesor presidencial en temas de seguridad y defensa, y se le acusa de ser “parte de la planificación de la represión”.
- Sonia Castro González, exministra de Salud de Nicaragua, por ordenar no atender a los heridos en las protestas y despedir a los médicos que no acataron la orden.
- Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central, por financiar a la familia Ortega Murillo y a sus actividades criminales.
- Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de la Alcaldía de Managua.
- José Francisco López Centeno, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
- Ramón Antonio Avellan Medal, comisionado mayor y subdirector de la Policía Nacional.
- Lumberto lgnacio Campbell Hooker, magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE).
- La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez.
- La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
- La exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, quien era la directora de la esta institución durante la represión de abril de 2018.
Taiano aseguró que la alerta de detención “todavía está en trámites, es un trámite largo (...) eso depende ya de Interpol”.
Comentó que, a partir de ahora, el proceso será lento porque, aunque se tenga la orden de captura, “es muy difícil que estos funcionarios salgan del país”. Sin embargo, “es importante para el futuro”.
“Nosotros no somos cazadores, somos pescadores. Y si por alguna circunstancia, en algún momento, por algún viaje, aparecen en otro país, se lo puede detener. No podemos ir a cazar a personas”, refirió Taiano.
Eduardo Taiano: “No habrá juicio en ausencia”
El juicio contra Ortega, Murillo y demás funcionarios se encuentra arraigado ante un juez penal argentino, bajo el principio de la “jurisdicción universal”. Después de una denuncia inicial, realizada en agosto de 2022, se han presentado nueve ampliaciones de pruebas, con la comparecencia de víctimas, testigos expertos, y testigos reservados.
Eduardo Taiano aclaró que la justicia argentina “no tiene contemplado” juzgar en ausencia a los señalados. La dictadura no se ha pronunciado sobre este juicio ni ha respondido a los llamados a declarar.
En caso de que se consiguiera la extradición, Taiano explicó que se iniciará un “juicio muy complejo” porque ellos alegarán que “no quieren que se los extraditen porque son ciudadanos nicaragüenses, por lo tanto no quieren que se le juzgue en Argentina”.
“En caso de que se dé esa circunstancia, no se hace la extradición, sino que esa persona viene a Argentina y se toma declaración indagatoria, que es el primer acto de defensa de cualquier persona en cualquier causa. Una vez que se lo indaga y se redactan los hechos y la prueba, el juez tiene diez días para dictaminar el procesamiento de esa persona”, detalló el fiscal federal.
El acusado puede apelar a la causa, “y una vez que se apele y se confirma por la Cámara Federal los procesamientos, se corren vista a la Fiscalía, o sea nosotros, para que hagamos la elevación a juicio y se hace un juicio”, sostuvo.
Causa penal está sustentada
La causa penal contra la dictadura está sustentada, hasta el momento, con siete informes de organismos de derechos humanos internacionales, que recopilaron testimonios y los hechos de represión ocurridos en Nicaragua desde abril de 2018. También recoge, los testimonios de al menos ocho víctimas de la represión de Ortega y Murillo.
Los informes que se tomaron como prueba fueron redactados por:
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Human Rights Watch.
- La Organización de las Naciones Unidas.
- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
- Amnistía Internacional.
- El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
- La organización “Coalición Nicaragua Lucha”
Por lo cual, Eduardo Taiano descartó que se continúen recibiendo testimonios porque toda la información que recabaron “es bastante prueba como para seguir avanzando”.
