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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el lunes 8 de junio de 2026 que otorgó medidas cautelares a favor del opositor nicaragüense Beyker Enrique Ferreti Hernández, en prisión en Nicaragua desde octubre de 2022.
En su resolución, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares en beneficio de Ferreti Hernández tras considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.
Beyker Ferreti fue condenado sin pruebas por el asesinato del niño Teyler Lorío, de 14 meses, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza el 23 de junio de 2018.
El padre del menor, Nelsón Lorío, rechazó la acusación contra Beyker Ferreti. Lorío aseguró que es la tercera persona que la dictadura intenta involucrar en la muerte de su pequeño.
Según la CIDH, el joven —que participó en las protestas sociales en 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo— está privado de su libertad desde 2022 en el Centro Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, sin acceso a atención médica para tratar padecimientos de salud.
Asimismo, sería objeto de agresiones físicas, amenazas, malos tratos y en condiciones inapropiadas de detención.
Dictadura calla sobre caso de Beyker Ferreti
Por su parte, el Estado de Nicaragua no proporcionó información a la comisión, que es un ente autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que el beneficiario se encontraría recluido en condiciones de detención inadecuadas, en total desprotección y en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos.
La CIDH solicitó, por tanto, al Estado de Nicaragua, entre otras peticiones, que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Ferreti Hernández, así como que garantice que las condiciones de su detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.
En la misma vía, la CIDH indicó que el Estado nicaragüense debe tomar medidas para garantizar que el beneficiario no sea objeto de agresiones, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia; y que también informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
*Con información de EFE.
