25 de septiembre 2024
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El abogado húngaro-estadounidense Reed Bródy, conocido como el “cazador de dictadores”, inició su carrera internacional como defensor de derechos humanos hace más de 40 años en Nicaragua. Desde la semana pasada tiene la misión de investigar para la ONU los crímenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las libertades fundamentales de los nicaragüenses.
Bródy es conocido por haber investigado a la contrarrevolución nicaragüense, los genocidas de Ruanda, y llevado ante la justicia internacional al dictador de Chad, Hissène Habré. Además, participó en la investigación y documentación de crímenes cometidos por los dictadores Augusto Pinochet, en Chile, y Jean-Claude Duvalier, en Haití.
Durante 20 años fue consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch. Ha encabezado misiones de la ONU en la República Democrática del Congo y El Salvador. Representó a mujeres exiliadas del Tibet en la conferencia de la ONU en Pekín y desde hace algunos años anda detrás del exdictador de Gambia, Yahya Jammeh, que está exiliado en Guinea Ecuatorial.
En la última actualización al Consejo de Derechos Humanos en su 57º período de sesiones, el 10 de septiembre de 2024, el Grupo de Expertos advirtió que la situación de los derechos humanos en Nicaragua empeoró drásticamente desde 2023, y que el régimen de Ortega “seguía facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos de los derechos humanos”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2022. Lo encabeza, desde entonces, el abogado alemán Jan-Michael Simon, experto sobre criminalidad, seguridad y derecho, especializado en derecho penal comparado, política criminal y derecho internacional. Además, lo integra la jurista uruguaya Ariela Peralta, experta en derecho internacional humanitario y legislación sobre derechos humanos.
Cuarenta años después de la investigación en la que Bródy detalló las “atrocidades” de la Contra nicaragüense y que ayudó al Gobierno sandinista a cortar el patrocinio de EE. UU., volverá a poner la mirada en Nicaragua. Esta vez su investigación se centrará en los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo desde abril de 2018.
Estos son los casos que Bródy ha investigado en sus cuarenta años de carrera y que lo han hecho merecedor del título de el “Cazador de dictadores”.
Denunció “atrocidades” de la Contra en Nicaragua
En 1984, siendo fiscal general adjunto en Nueva York, Bródy estuvo en Nicaragua registrando la revolución sandinista y la contrarrevolución, que era financiada por el Gobierno de Ronald Reagan. Su investigación fue presentada en el Congreso de Estados Unidos y más tarde sirvió como prueba en el caso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre actividades militares y paramilitares en el país. Así inició su recorrido por el camino de los derechos humanos.
Nicaragua demandó al gobierno de EE. UU. ante la CIJ por patrocinar a la contrarrevolución, incluyendo entre sus pruebas el informe que Bródy elaboró en Nicaragua. La Corte de La Haya dictaminó, el 27 de junio de 1986, que Estados Unidos tenía que indemnizar a Nicaragua por los daños ocasionados por las “actividades militares y paramilitares” que emprendió para desestabilizar al entonces gobierno revolucionario sandinista. Años más tarde la deuda fue perdonada por el Estado nicaragüense.
“Conocía a un cura americano que me permitió hablar con supervivientes y víctimas de la Contra, la guerrilla antisandinista financiada por el Gobierno de Ronald Reagan. Regresé después a Nicaragua cuatro meses más y escribí un informe que acabó siendo portada del New York Times y se presentó en el Congreso. Eso fue clave para cortar la financiación estadounidense al grupo”, comentó Bródy en una entrevista que brindó al Diario.es en febrero de 2024.
Su compromiso fue tan grande que dejó su puesto como fiscal general adjunto de Nueva York para centrarse en Nicaragua. “Abordaba derechos del consumidor, llevaba empresas a juicio: casos de familias hispanas que mandaban sus pertenencias a sus países y a veces se perdían, sin garantías. Me encantaba el trabajo porque me sentía como Santa Claus, actuaba en nombre del Estado contra grandes compañías y repartía regalos a la gente”, dijo Bródy en otra entrevista con el diario El País.
El arresto del dictador chileno Augusto Pinochet
Bródy participó en el arresto de Agusto Pinochet en 1998. El general chileno fue detenido en Londres tras una orden de captura emitida por el juez español Baltasar Garzón. Este hecho desató una tormenta política en Chile y contribuyó a cambiar la aplicación del derecho penal internacional en el mundo.
Desde Human Rights Watch (HRW), Bródy coordinó el trabajo en la cámara de los Lores en Londres y “cuando determinaron que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser arrestado y extraditado en cualquier parte del mundo, a pesar de su calidad de exjefe de Estado, vimos que teníamos un arma, un nuevo instrumento en el derecho internacional para llevar la justicia a las personas que parecían fuera de su alcance”, explicó el defensor de derechos humanos al Diario.es.
El arresto de Pinochet representó un cambio en la aplicación e interpretación del derecho internacional en materia de derechos humanos, reafirmando principios fundamentales como el alcance de la jurisdicción universal y la ausencia inmunidad para los exjefes de Estado acusados de delitos como tortura y crímenes de lesa humanidad.
Después de una larga batalla judicial, Pinochet fue liberado el 2 de marzo de 2000 por decisión del ministro del Interior inglés, Jack Straw, quien consideró que el general no estaba en condiciones de ser juzgado por razones de salud.
Condena al dictador de Chad Hissène Habré
Una de las colaboraciones más destacadas de Bródy derivó en el enjuiciamiento en 2013 del dictador de Chad, Hissène Habré. Quien fue condenado en 2016, en Senegal, por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y tortura.
El dictador chadiano fue sentenciado a cadena perpetua después de 26 años que ocurrieron los crímenes, durante el tiempo que estuvo en el poder (1982-1990).
El juicio contra Habré es considerado un proceso histórico debido a que fue la primera vez que un exjefe de Estado fue juzgado por un tribunal de otro país. Fue también la primera vez que un tribunal africano utilizó la jurisdicción universal; es decir, la potestad de los tribunales de cualquier país para perseguir graves violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero.
Bródy opinó entonces que el juicio demostró “que víctimas y activistas con tenacidad y perseverancia pueden crear las condiciones políticas para llevar a su dictador a la justicia”.
El proceso contra el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier
En 2011, Bródy estuvo al frente de la investigación y documentación de los crímenes cometidos por el dictador haytiano Jean-Claude Duvalier, cuyo régimen se extendió de 1971 a 1986 y se caracterizó por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Duvalier regresó a Haití el 16 de enero de 2011, luego de casi 25 años de exilio, y fue acusado de diversos delitos financieros y crímenes de lesa humanidad.
El juicio prometía ser “la causa penal más importante de la historia de Haití”, pero este nunca progresó y el dictador murió en 2014 sin haber sido juzgado.
Investigaciones sobre los genocidios en Ruanda
Entre sus experiencias negativas, Bródy ha señalado su investigación en la República Democrática del Congo, donde fue enviado por Kofi Annan cuando este fue secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Me nombra tras el genocidio en Ruanda para investigar las masacres contra los hutus que se habían refugiado en Congo, pero nuestro informe fue enterrado y 23 años después continúa el mismo ciclo de atrocidades e impunidad en aquel país. Si cambias las fechas, da lo mismo: los hechos son iguales”, Bródy al País en 2021.
Tras el dictador de Gambia Yahya Jammeh
En febrero de 2024, Bródy señaló que continúa detrás de Yahya Jammeh, el dictador que oprimió Gambia entre 1994 y 2016 para luego exiliarse en Guinea Ecuatorial.
Durante los 22 años de la dictadura de Jammeh, los gambianos sufrieron masacres por escuadrones de la muerte, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y desapariciones forzadas. Los periodistas y la oposición fueron silenciados.
Jammeh —inclusive— retiró a su país de la Commonwealth e inició el proceso de salida de la Corte Penal Internacional, al tiempo que transformaba a Gambia en una República Islámica.
