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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado “una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia”, para monitorear las actividades de los nicaragüenses, inclusive, “más allá de las fronteras” del país. Dicha red le ha permitido “hostigar, desacreditar y amenazar” a nicaragüenses en el exilio, concluyó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Este sistema de vigilancia “amplio y metódico” hace un uso sustancial de tecnologías digitales y está dirigido principalmente contra excombatientes sandinistas y de la Contra, exmiembros del Ejército, periodistas, figuras políticas, activistas y defensores de derechos humanos, precisó el Grupo de Expertos en su informe Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos.
El documento, que fue presentado el 23 de septiembre de 2025, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, revela que la “vigilancia transnacional” se organiza a través de “una arquitectura de inteligencia de múltiples capas” en la que participan el Ejército, la Policía, el servicio exterior y agentes no estatales. “En su núcleo se encuentra una red coordinada por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, la agencia de inteligencia militar”, subraya.
Los operadores del régimen tienen la tarea de “identificar y monitorear ‘amenazas’ internas y externas”, advierte el informe. “Funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones y, en algunos casos, las hostigan y amenazan directamente”, remarca.
Agrega que los servicios de inteligencia de la Policía Nacional mantienen “una estrecha coordinación” con el Ejército, compartiendo perfiles de disidentes e interceptando comunicaciones y datos sobre movilidad.
Vigilancia física y digital
El Grupo de Expertos enfatiza que los blancos son identificados mediante el monitoreo de sus redes sociales, en actividades públicas o por su asociación con grupos opositores. “Una vez perfilados, son objeto de vigilancia física por funcionarios encubiertos o informantes, y digital mediante el pirateo de cuentas, programas espía e interceptación de comunicaciones”, destacan.
Algunos nicaragüenses exiliados informaron al Grupo haber sido fotografiados, seguidos, hostigados, abordados por personas desconocidas y amenazados mientras se encontraban en Costa Rica y Honduras, pero también en Bélgica, Guatemala, España y los Estados Unidos.
“Detrás de donde vivo yo está un policía de los que me secuestraron en el 2020. Lo he visto varias veces y, cuando me ve, se esconde. Yo sentía que alguien me observaba mucho, hasta que un día llegué a la conclusión de que era él”.
Víctima entrevistada por el Grupo
Estas acciones “son dirigidas desde Nicaragua y ejecutadas por redes de informantes, que incluyen, según la información recabada, tanto a nicaragüenses como a personas reclutadas localmente”, se lee en el informe.
El documento también señala “un patrón sostenido de espionaje digital patrocinado por el Estado contra personas exiliadas y sus familiares”. El cual incluye la interceptación de llamadas telefónicas, el pirateo de plataformas de mensajería y la instalación de programas espía en dispositivos como teléfonos móviles y computadoras.
“En muchos casos, las víctimas informaron que mensajes compartidos en privado fueron posteriormente utilizados para amenazarlas o desacreditarlas mediante campañas anónimas en redes sociales. Esto indica que Nicaragua dispone de capacidades de monitoreo sistémicas que involucran tanto a operadores estatales como a agentes privados afines al Gobierno” destaca.
El asesinato de Samcam
El Grupo de Expertos advierte que la violencia física contra nicaragüenses en el exilio se ha convertido en “una preocupación creciente en los últimos años”, particularmente en Costa Rica y Honduras. Países donde se han registrado asesinatos e intentos de asesinato de nicaragüenses exiliados, siendo el más reciente el asesinato del mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam.
Samcam abandonó Nicaragua tras la represión a las protestas de 2018, pero —desde su exilio en Costa Rica— continuó denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Era considerado un fuerte crítico del régimen nicaragüense y con frecuencia aparecía en programas de análisis político para denunciar la brutalidad del régimen y advertir sobre la existencia de células que operaban desde la embajada de Nicaragua en San José para vigilar a las personas exiliadas.
“Todo lo que ha pasado a Roberto Samcam ha creado una presión. Muchas personas están considerando salir [de Costa Rica]”.
Víctima entrevistada por el Grupo
El Grupo de Expertos también registró otros nicaragüenses exiliados víctimas de ataques como: Joao Maldonado, que sobrevivió a dos atentados en 2021 y 2024 en Costa Rica, y Rodolfo Rojas Cordero, que fue hallado muerto en 2022 en Honduras. Enfatizan que, tanto las víctimas sobrevivientes como las fallecidas habían sido objeto de hostigamiento y habían recibido amenazas de muerte y advertencias antes de los ataques.
Agregan que los asesinatos y otros incidentes de violencia física “ponen de relieve la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional, reforzar los mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan”.
Vigilan redes sociales y comunicaciones telefónicas
De acuerdo con el Grupo de Expertos, las plataformas de redes sociales se han convertido en “un eje central” de esta vigilancia digital patrocinada por el Estado.
Señalan que “unidades especializadas” de la Dirección de Información para la Defensa y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, así como de la Policía Nacional, “monitorean publicaciones, fotografías, comentarios y conexiones digitales. Utilizan algoritmos y seguimiento de palabras clave para identificar contenidos considerados críticos del Gobierno”.
Las personas que expresan críticas públicas al régimen “son perfiladas” y “se convierten en objeto de “doxing” (revelación de información personal por internet sin su consentimiento), son amenazadas, incluso de muerte, y sometidas a campañas de difamación orquestadas por “granjas de troles” y redes de “bots” vinculadas a la Juventud Sandinista, las Unidades de Victoria y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor)” dice el documento.
“En redes sociales he recibido amenazas, diciéndome que voy a acabar muerto en una cuneta en España, porque ese es el destino de los traidores”
Víctima entrevistada por el Grupo
Las campañas de difamación con frecuencia acusan falsamente a las y los disidentes de haber cometido delitos o de estar vinculados al narcotráfico y al terrorismo, con el fin de socavar solicitudes de asilo y otros procesos de reubicación.
También las comunicaciones telefónicas son frecuentemente interceptadas por el Estado con la cooperación de proveedores de telecomunicaciones. “Las víctimas reportaron caídas de llamadas, interferencias, ecos y la activación repentina de micrófonos, signos consistentes con tecnologías de vigilancia”, señala el informe.
En algunos casos, agregan, los exiliados recibieron llamadas de números desconocidos en las que “se repetían conversaciones privadas o se les amenazaba describiendo sus movimientos recientes, lo que indica un rastreo en tiempo real”.
Esta vigilancia digital ha generado un clima de miedo y aislamiento entre nicaragüenses en el exilio. El Grupo indica que “muchas personas ya no se sienten seguras comunicándose con amistades o aliados de confianza, mientras que otras han limitado drásticamente su comunicación con familiares en Nicaragua, por temor a represalias. En algunos casos, los propios familiares les han solicitado que cesen la comunicación”.
Represión transnacional
La vigilancia, amenazas y hostigamiento a los nicaragüenses exiliados es parte de la represión transnacional del régimen Ortega-Murillo, que continúa ejerciendo una serie de violaciones transnacionales de los derechos humanos que afectan a los exiliados y sus familiares, dentro y fuera de Nicaragua.
Entre las violaciones transnacionales documentadas por el Grupo de Expertos destacan: la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de entrada al propio país, la negativa a expedir o renovar pasaportes, la supresión de documentos del registro civil, la revocación de títulos académicos y profesionales, la confiscación de bienes y pensiones, así como la vigilancia, las amenazas y el hostigamiento.
Las personas exiliadas también se ven expuestas a actos de violencia física en el extranjero y a la instrumentalización de mecanismos internacionales, entre ellos el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol, la difusión de alertas falsas sobre documentos de viaje y la manipulación de las normativas de cumplimiento financiero para bloquear el acceso al sistema bancario.
Estas acciones se complementan con medidas dirigidas contra sus familiares en Nicaragua, quienes son objeto de hostigamiento, detenciones arbitrarias, despidos, confiscación de bienes y restricciones a su libertad de circulación únicamente debido a su parentesco.
Todos estos actos “forman parte de una política estatal coherente y deliberada destinada a silenciar la disidencia, erradicar las voces opositoras en el exterior y garantizar la impunidad por los crímenes cometidos dentro de Nicaragua”, dice el informe.
“Se trata de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos que, en algunos casos, constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad”, indica el documento.
