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Atentado contra Joao Maldonado desata inseguridad entre refugiados nicas en Costa Rica

Dulce Porras, Ana Quirós, Marcia Aguiluz demandan al Gobierno de Costa Rica cesar el “boleo” y realizar una investigación a fondo del atentado.

Joao Maldonado

El vehículo en el que se trasladaban Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto. Foto: Cortesía

15 de enero 2024

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Cuatro días después del segundo atentado armado contra el líder opositor nicaragüense originario de Carazo, Joao Maldonado, en una zona céntrica de San José, Costa Rica, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves aún no ha presentado los resultados de una investigación judicial sobre quiénes son los responsables materiales e intelectuales del intento de matar a Maldonado y su pareja, Nadia Robleto. 

El atentado ha provocado conmoción entre la comunidad nicaragüense refugiada en Costa Rica, después de la represión desatada en Nicaragua tras la protesta nacional de abril 2018, y el “boleo” entre las distintas instituciones de investigación y la presidencia de la República, ha agravado la incertidumbre. 


En una conversación con el programa Esta Semana, la refugiada nicaragüense, originaria de Carazo, Dulce Porras, la exdirectora de CISAS en Nicaragua, Ana Quirós, y la jurista Marcia Aguiluz, presidenta del colectivo de derechos humanos “Nicaragua Nunca +”, alertaron sobre el clima de inseguridad que predomina en Costa Rica.

¿Se conoce cuál es el estado de salud de Joao y Nadia, después de este atentado en el que fueron acribillados a balazos el miércoles pasado? 

Dulce Porras. Lo que ha sucedido es difícil, sobre todo para el exilio de Carazo y para la gente que está dentro del país. Joao Maldonado es uno de esos líderes juveniles que en 2018 se destacaron en las protestas contra Ortega y lógicamente, pues a ellos les ha dolido. Ellos no han terminado de asimilar el hecho de que en Jinotepe se les haya hecho resistencia y el día de la “operación limpieza” el pueblo haya salido a las calles a defender a estos muchachos y ellos se defendieron, que es un derecho humano. Y esto le ha dolido a la dictadura porque muchachos jóvenes dejaron en vergüenza al Ejército, a la Policía. Entonces lo han perseguido de manera tenaz a Joao. Antes de la “operación limpieza” ellos quisieron hablar con él. Fueron a hablar con Tomás (Maldonado, padre de Joao) y le pidieron a Joao, la gente de la Inteligencia Militar (del Ejército), que los apoyara. Le ofrecieron el cielo, la tierra y las estrellas. Y Joao les dijo que no, que en ningún momento. Que estaban matando a sus compañeros y que él no se iba a prestar a eso. Entonces lo amenazaron y él les dijo aquí los espero. Este muchacho fue de los más destacados en la lucha de Carazo. 

Nadia está fuera peligro, siempre con un coma inducido, pero mejorando. La bala que tiene en la cervical le produjo problemas y están tratando de descartar con estudios, daños en la médula. Pero que sí estaba fuera de peligro de muerte. 

En el caso de Joao son siete balazos los que tiene el cuerpo. Su situación es crítica, pero está resistiendo. Está vivo. Tiene dos balazos en la cara, en la cabeza, y el resto de balas las tiene alojadas en el tórax. Hay otra bala, creo yo, en el abdomen. Lo que sabemos es que fue intervenido, una intervención quirúrgica de seis horas, el día que lo hirieron. Y ayer por la noche lo volvieron a intervenir nuevamente. Esa es la información que hemos tenido.

El Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más ha demandado al Estado costarricense, igual que otras organizaciones, una investigación para determinar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de este atentado para llevarlos ante la justicia. ¿Qué expectativa tiene sobre las investigaciones que está realizando el OIJ, de acuerdo a lo que han dicho hasta hoy? 

Marcia Aguiluz. Efectivamente, desde el colectivo expresamos una contundente preocupación y además protesta, porque esto nunca había ocurrido. Él ya había sufrido un atentado una vez, tenía que haber sido adecuadamente protegido. De manera que es un atentado absolutamente imputable, digamos, a las autoridades mínimo por negligencia. 

Las expectativas, por supuesto, son altas. O sea, el Estado costarricense tiene la obligación de esclarecer y no solamente por lo que significa para Joao y para su compañera, que están graves, y aún fuera de peligro,  eso tendrá serias consecuencias. Pero esto tiene un efecto muy importante para la comunidad nicaragüense en el país y por lo tanto esa obligación de investigar no es solamente para esas dos personas concretas, sino también para las personas refugiadas, migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Esa pregunta tiene que responder el Organismo de Investigación Judicial. El Gobierno, por su parte, sacó un comunicado dando algunas declaraciones. En realidad el Organismo de Investigación Judicial es el que es competente para investigar, pero el Gobierno debe apoyar y debe darle todos los recursos necesarios al Organismo de Investigación Judicial para que realice esta investigación pronta, porque los indicios de que exista acá una célula que esté respondiendo a la dictadura nicaragüense es algo con serias consecuencias para las personas que están viviendo acá, para la imagen de Costa Rica, otrora un país en el que uno se podía sentir seguro, estamos en este momento en el país en una crisis de inseguridad que afecta a todas las personas. Pero esto que acaba de pasar con Joao definitivamente levanta todas las alarmas y merece que no sea un incidente más. 

Las circunstancias del segundo atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, apuntan a motivaciones políticas de los sicarios.

El comunicado de la Presidencia de la República dice que este es un caso puntual y que se está investigando por parte de las autoridades correspondientes, pero descarta de antemano que en Costa Rica existan células del régimen de la dictadura de Nicaragua que puedan operar en este país. ¿Cómo valora ese mensaje? 

Ana Quirós. Las declaraciones, tanto el propio día del atentado como las dadas el día de ayer y el día de hoy por la OIJ levantan más preocupación que seguridad. En primer lugar, porque entre el Ministerio Público, la Dirección de Seguridad y la OIJ, se bolearon, como se dice popularmente, y entre todos dijeron que no fui yo, fue Teté, o sea, no era yo, le tocaba al otro. Una declaración similar hace hoy el representante de la OIJ. en el caso de la Presidencia, cuando descarta de buenas a primeras el que haya una célula de parte del orteguismo en operando en Costa Rica, cuando en distintos momentos incluso hemos visto las sesiones de trabajo entre la Embajada y residentes nicaragüenses afines al Gobierno Creo que fue precipitado por parte de la Presidencia decir que no existe ninguna célula. Debería haber dicho: –vamos a tomar con mucha preocupación y seriedad esta situación y darle una respuesta. Debemos recordar que el primer atentado fue hace ya más de dos años y hoy no tenemos certeza de qué fue lo que pasó ni quiénes fueron los responsables en este primer atentado. en septiembre de 2021. 

Joao recibió cinco balazos y, hace dos días, él recibió siete y la compañera recibió dos. Las autoridades costarricenses deberían tomar cartas en el asunto Creo que, lo que les corresponde es tomar con mucha seriedad lo que está sucediendo. Efectivamente, hay una situación de inseguridad general, pero esta actuación en contra de Joao Maldonado que debe esclarecerse, es responsabilidad de las autoridades gubernamentales esclarecer lo que pasó en 2021 y lo que pasó el día 10 de enero. No puede nada más lavarse las manos y prácticamente decir que ellos no tienen nada que ver. 

Joao Maldonado declaró al diario La Nación, en septiembre del año pasado, que él había sido alertado por la Dirección de Inteligencia de que existían planes de nuevos atentados y que por ese motivo incluso ellos lo reubicaron fuera de San José. ¿Vos conociste de esa reubicación? 

Dulce Porras. Sí, conocí de esa reubicación y hay pruebas de esa reubicación, y si hay testigos de esa reubicación. Salió alguien ahí del OIJ diciendo que no, que ellos no lo tenían bajo su tutela y esas cosas, pero si siguen manteniendo a la familia de él bajo su tutela. Lo que no quieren es reconocerlo y, como dice Ana, se están boleando el asunto. Porque cuando Joao llega a retirar su pasaporte a la Embajada de España llega custodiado, llega con tres hombres de civil armados y en una camioneta Toyota blanca y ahí había dos personas nicaragüenses que andaban en lo mismo retirando su pasaporte y vieron a Joao y saben que estaba bajo custodia. Es más, ellos se bajaron y dijeron Joao Maldonado tiene una cita para tal hora e inmediatamente lo pasaron, inmediatamente le entregaron el pasaporte. Esas son pruebas. Ahora, Joao a mí siempre me manifestó que sí, que estaba bajo la tutela de ellos. Yo sí estoy segura que ellos estaban protegiéndolo ¿hasta dónde? No sabría decir porque ya ves lo que pasó. Pero sí, a mí me parece que es importante que ellos asuman su responsabilidad y digan: sí, lo estábamos protegiendo por esto y estas razones. Porque cuando a él le llegaron a traer a su casa y lo llevaron a través de madrugada y lo sacaron de su casa para llevarlo a donde actualmente vive, porque estaba siendo amenazado. Después del 23 de julio, él nos empezó a manifestar que había amenazas contra todos los de Carazo y que no solo a él lo estaban amenazando. Entonces empezamos a tener más cuidado. Y fue esa declaración que publicó el diario La Nación. 

Las autoridades dicen que la Dirección de Inteligencia no puede brindar un programa de protección judicial, que eso solo le corresponde al OIJ y que él no estaba incluido en un programa de protección policial, de protección judicial. Pero eso no niega que haya existido una investigación preventiva sobre los riesgos que estaba enfrentando. Se supone que ese es el rol que hace la inteligencia. Entiendo que a eso es lo que se refiere Joao y no necesariamente a una protección judicial como tal. 

Marcia Aguiluz Sí, yo creo que lo que está pasando es un tecnicismo. Efectivamente, la DIS no es parte del Organismo Judicial, pero está la Fiscalía que tiene un sistema de protección de testigos. Está la OIJ que también tiene la obligación de proteger. La Policía también tiene que coadyuvar y lo cierto es que desde el momento en que tuvo su primer atentado, el Estado costarricense estaba en la obligación de protegerlo. Entonces, si más bien dicen que no, que resulta que nadie lo estaba protegiendo, pues peor para el Gobierno es, porque no investigaron los hechos del atentado, Por lo tanto, era muy probable que esto iba a ocurrir nuevamente. Entonces, lo que veo es un tecnicismo que pretende confundir, porque si él está ahora protegido y por negligencia o por la que las razones que sean lo dejan al descubierto, hay responsabilidad y si no está protegido también es responsabilidad, porque no era la primera vez que le pasaba y ya el Gobierno estaba al tanto de que esta persona estaba en riesgo. Entonces, creo que eso es irrelevante en términos de qué es lo que le está generando responsabilidad al Estado y lo que el Estado tiene que hacer ahora, que es tomarse muy en serio esta situación e investigar y poner todos los recursos a su disposición, inclusive a pedir ayuda si es necesario para investigar este hecho. 

¿Qué se puede esperar del alcance de esta investigación? El diario La Nación decía un editorial que se necesita una investigación a fondo, no solo por razones humanitarias, por el hecho de que hayan ocurrido estos dos atentados, sino también por un asunto de seguridad y de soberanía nacional de Costa Rica. 

Marcia Aguiluz.  Efectivamente, por eso se decía que este hecho tiene diversas dimensiones, la dimensión personal que tiene que ver con el derecho a la vida de Joao y de su compañera y por lo tanto una obligación de investigar lo que pasó. Una dimensión, digamos colectiva, que es el impacto de este tipo de acontecimientos en la comunidad nicaragüense que está acá y que Costa Rica se comprometió a proteger. Y luego, efectivamente, una dimensión de la soberanía. Si aquí opera una célula de la dictadura nicaragüense, entonces ¿qué pasa con nuestra soberanía? ¿Qué pasa con el sistema de inteligencia del país? Y resulta que el presidente Chaves, por ejemplo, dice que de vez en cuando habla con Daniel Ortega, Entonces se alarma uno de pensar si más allá de negligencia y omisiones hay inclusive hasta un grado mayor de complicidad, de no investigar ese tipo de acontecimientos. Entonces la única forma de desmentir estas preocupaciones es con una investigación seria, diligente, que haga que todos los recursos a esclarecer qué fue lo que pasó, a identificar los responsables, a juzgarlos y a sancionarlos. 

Hay bastante preocupación también entre distintos Gobiernos que apoyan, las políticas de derechos humanos de Costa Rica,  ACNUR, por ejemplo, se ha pronunciado y las agencias de Naciones Unidas con preocupación sobre este hecho. Y hay un programa de migración segura y reubicación en el que estaba inscrito Joao, su esposa y su familia, para reubicarse en Estados Unidos. Supongo que ese programa sigue en pie. 

Ana Quirós. El programa sigue en pie y hay una cantidad importante de personas que han sido beneficiadas y que están por beneficiarse. Sin lugar a duda, es necesaria la actuación conjunta. Si el Gobierno no tiene la capacidad, como pareciera que no la tiene, que solicite el apoyo de otras fuerzas, ya sea organismos multilaterales u otros Gobiernos, para poder esclarecer y sancionar. Porque no es solo que nos digan que fueron estos o los otros, es que se ejecuten las sanciones necesarias para que esto no vuelva a pasar. Lo que el atentado de 2021 y lo de estos días nos dicen, es que aquí puede operar cualquiera. Ayer mismo hubo, en otra parte de San José, una balacera y nadie supo nada. Entonces, la señal que está dando, el Gobierno de Costa Rica al no actuar, es abrir las puertas para que cualquiera venga y decida tomar la vida de otras personas sin ninguna sanción, sin ninguna protección y que aquí al final del cuento resulta que todos y todas incluyendo, por supuesto, los más de 5 millones de  pobladores costarricenses están en un altísimo riesgo y nadie va a hacer nada. Es indispensable que el Gobierno y las autoridades tomen con seriedad esta situación.

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Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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