EE. UU. sanciona a Daniel Edmundo y Maurice Ortega Murillo y operadores de red minera china
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No solo son los atentados: el régimen también presiona y vigila, además de confiscar, amenazar y desnacionalizar a opositores en el exilio
Operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para capturar a unos sospechosos del asesinato del mayor retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam. // Foto: Tomada de redes sociales
La represión transnacional ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de sus adversarios dentro y fuera de Nicaragua alcanza tal nivel, que sus ecos se perciben hasta el otro lado del Atlántico. “Queremos posicionar a nivel internacional los nuevos patrones de represión del régimen nicaragüense”, explicó Marina Galles, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), durante el foro “La represión transnacional del régimen nicaragüense”, efectuado en esa ciudad catalana.
En vez de disminuir, la represión aumenta a medida que pasa el tiempo. La dictadura ya no solo persigue dentro del territorio nacional a las personas que considera “opositores”, sino que sus acciones también alcanzan a los que están fuera del país.
El asesinato del mayor en retiro, Roberto Samcam, confirmó los mayores temores de muchos nicaragüense exiliados en Costa Rica, y validó las advertencias del propio exmilitar asesinado, en el sentido de que había una red al servicio de la dictadura, que operaba desde Costa Rica.
“Las personas nicaragüenses no están a salvo: la represión transnacional se expresa también en redes de seguimiento y vigilancia sobre las organizaciones, y sobre los líderes que se han exiliado, incluyendo ataques directos contra opositores que tienen el estatus de protección internacional”, señaló Galles.
Al elogiar el trabajo que han hecho la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos, Claudia Vargas, viuda de Samcam, reiteró las palabras del Fiscal General de la República de Costa Rica, Carlo Díaz, en el sentido de que “las únicas líneas de investigación (del crimen) son políticas. El Ejército está detrás de esto también. Lo recibimos como una reivindicación de lo que hemos dicho muchas veces”.
Vargas también reconoció que el contexto global que enfrentan los nicaragüenses al denunciar este tipo de persecución es cada vez más difícil y desafiante, dado que hay tantas crisis a la vez en distintas partes del mundo. A eso se suma el hecho que “Costa Rica ya nos ha dicho varias veces que no puede protegernos”, relató.
No es porque a las autoridades costarricenses no les interese lo que ocurra a los nicaragüenses en su territorio —aunque el presidente del Gobierno, Rodrigo Chaves, se abstuvo de comentar el crimen ocurrido a unos cuantos kilómetros de la Casa Presidencial— sino por la magnitud del desafío. “Hay un brazo cruzando la frontera, que nos persigue de manera selectiva. Uno a uno. Que no perdona que nos hayamos levantado, y que sigamos levantando la voz desde el exilio”, graficó Vargas.
La también defensora de derechos humanos aseveró que “si es cierto que existe esta persecución, también lo es que existe en el exilio la voluntad de no callar en contra de esta represión feroz”. En esa misma línea, Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, interpretó que el mensaje al atentar contra Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, y Samcam era: “Cállense. Estén donde estén, los podemos alcanzar”.
Indicó que el mensaje de respuesta es “vamos a seguir hablando, y vamos a asumir las consecuencias de lo que eso implique”.
El defensor dijo que el Colectivo ha documentado una serie de acciones que muestra cómo el régimen implementa esa represión transnacional. Recordó que Samcam era una de las voces más poderosas, potentes y precisas, que denunciaba cómo se estaba construyendo en Costa Rica un entramado de vigilancia, incluso desde la embajada de Managua en San José, “lo que constituye una violación a la soberanía de Costa Rica”.
Algunas de esas acciones represivas son la vigilancia, las agresiones físicas y las ejecuciones extrajudiciales. También, el cierre de cuentas bancarias de exiliados nicaragüenses sin darles mayor explicación, y la apatridia de facto, por medio de la desnacionalización. Esta última genera mucho temor de que le pase lo mismo a los demás, sabiendo que implica pérdida de propiedades, ahorros, pensiones, etc.
Edipcia Dubón es una de más de 400 nicaragüenses que han sufrido esa venganza política. Ella recordó que fueron declarados prófugos de la justicia, y sufrieron la confiscación de sus bienes, y de sus pensiones de la seguridad social. Les cancelaron sus derechos “a perpetuidad”, y anularon sus títulos académicos, lo que afecta su posibilidad de sostenerse económicamente.
No fue solo que les retiraran la cédula y el pasaporte. Es que con la desnacionalización de facto, se activa otro tipo de indefensión, porque los afectados no pueden acreditar ser víctimas de la apatridia, explicó.
Lea Bolt, de la Fundación Sin Límites, dijo que ese centro de pensamiento ha hecho estudios que señalan que “en Costa Rica hay una serie de eventos que demuestran la existencia de represión transnacional”.
Añadió que seis de cada diez personas con las que hablaron, estaban viviendo lo que denominó “represión circular”, en referencia a “situaciones de hostigamiento o de amenazas en Costa Rica, dirigidas contra sus familiares que están en Nicaragua”.
Todo ello eleva la dificultad que tienen las organizaciones para hacer sus investigaciones, porque el miedo está instalado a ambos lados de la frontera, tal como puede evidenciarlo la propia Nadia Robleto, quien explicó que luego de sobrevivir a dos atentados junto con su esposo Joao Maldonado, tiene dificultades físicas y sicológicas para dormir. La traumatizante experiencia la hace depender de una silla de ruedas y, aunque también siente el miedo, sabe que seguir denunciando es una necesidad siempre presente.
En ese proceso se necesita la voz potente de los Estados y las organizaciones, coincidieron Bolt y Arce. “Hay que subir la parada”, reclama él. Asevera que el régimen “se presenta al mundo como duro e imbatible, pero no es tan cierto. Ceden. Lo han hecho. La liberación de las personas presas políticas, no ha sido una concesión de Rosario Murillo, ni de Daniel Ortega”.
Por ello, insiste en que también la Unión Europea debe elevar la parada. Recuerda que “hay convenios de libre comercio que tienen cláusulas claras de derechos humanos. Lo que pasa en Nicaragua no debe ser aceptado, ni tolerado, porque luego otros lo copian. Ortega va probando hasta donde lo dejan llegar… y llegará hasta donde la comunidad internacional lo deje llegar”, sentenció.
Bolt mencionó que se necesitan recursos para seguir protegiendo a los activistas dentro y fuera de Nicaragua. Aclaró que la represión transnacional hace que este sea un problema regional, poniendo como ejemplo que “en El Salvador se está replicando el modelo, casi con las mismas características”. Y mientras expresaba su confianza de que habrá un cambio, también señala que “lo único constante en estos siete años, es que la represión se ha incrementado”.
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Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.
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