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De la cárcel al rechazo, el doble castigo contra 39 desterrados a Guatemala

Delitos fabricados por dictadura siguen afectando a exreos políticos. Una madre de abril, un activista y dos universitarias comparten sus historias

Excarcelados políticos rechazados por Estados Unidos.

Edder Muñoz, Mayela Campos, Gabriela Morales y Nelly López son cuatro de 39 excarcelados políticos rechazados por Estados Unidos debido a los delitos que les inventó la dictadura orteguista. // Collage: CONFIDENCIAL

Redacción Confidencial

19 de enero 2025

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Las “falsas” acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, hechas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los presos políticos, se han convertido en el principal causa para que 39 de los 135 desterrados a Guatemala, el 5 de septiembre de 2024, sean rechazados por Estados Unidos para reasentarse en ese país a través del programa de Movilidad Segura para refugiados.

El rechazo de Estados Unidos ha generado indignación entre los afectados, que reclaman que su excarcelación y traslado a Guatemala fueron gestionados por el Gobierno de ese país y ahora el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) está asumiendo como verdaderas las “acusaciones fabricadas” en su contra.

Uscis también ha señalado que algunos testimonios de los excarcelados carecen de “credibilidad”. Un señalamiento que, aseguran, les “duele” porque pone en duda su experiencia como víctimas de la represión en Nicaragua. 

Conscientes de que no existe apelación en este caso, los rechazados han decidido someter sus casos a revisión, no solo para ser reubicados en EE. UU. sino por honor. Estas son algunas de sus historias.

Nelly López: “Me duele que digan que mi testimonio no es creíble”


La dictadura asesinó a su sobrino y por exigir justicia sufrió persecución y cárcel. Fue excarcelada, desterrada y despojada de su nacionalidad, pero Estados Unidos consideró que su testimonio "no creíble"

Nelly López
Nelly López se unió a las Madres de Abril tras el asesinato de su sobrino Erick Antonio Jiménez, en la Operación Limpieza, el 17 de julio de 2018 en Monimbó, Masaya. // Foto: Cortesía | Edición: CONFIDENCIAL

Nelly Griselda López García, de 42 años, fue despojada de su nacionalidad nicaragüense y desterrada hacia Guatemala, luego de permanecer un año y medio como presa política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el argumento para recharzarla dijeron que su testimonio no fue suficientemente “creíble” para ser admitida en el Programa de Movilidad Segura para refugiados. 

López supo del programa horas después que —ella y otros 134 presos políticos excarcelados— aterrizaron en Guatemala. La Cancillería guatemalteca les informó que tendrían 90 días para regular su situación migratoria y representantes del Gobierno de Estados Unidos les dijeron que podían aplicar al programa de Movilidad Segura. Nelly López no esperaba ser rechazada y peor aún, que se pusiera en duda su testimonio.

“Me duele que digan que mi testimonio no es creíble, si desde 2018 yo ando luchando contra el régimen y demandando justicia por mi sobrino”, comenta.

López es miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA) desde el asesinato de su sobrino Erick Antonio Jiménez, en la Operación Limpieza, el 17 de julio de 2018 en Monimbó, Masaya. Por exigir justicia fue víctima de vigilancia y persecución. El 15 de abril de 2023, López fue arrestada mientras organizaba una judea de Semana Santa y días después fue acusada de “conspiración”. Lamenta que estas acciones de las cuales fue víctima no fueron procesadas debidamente por los oficiales de migración de EE. UU.

El 20 de diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos le informó que su solicitud para el reasentamiento como refugiada en Estados Unidos había sido rechazada, y tampoco tendría un permiso de permanencia temporal a través del parole humanitario.

La razón principal de Uscis para negarle el reasentamiento a López fue la falta de “credibilidad”. En el documento que le entregaron se indica que “después de una cuidadosa consideración de la totalidad de las circunstancias y todos los factores relevantes (incluida la evidencia y testimonio proporcionado en su entrevista de estatus de refugiado) no encontramos creíble su testimonio”. 

Ante el rechazo de las autoridades migratorias de Estados Unidos, López —al igual que otros 38 presos políticos desterrados— se encuentran en un “limbo migratorio” en Guatemala y en la búsqueda de otras alternativas para establecerse permanente. 

Mientras tanto, solicitará la revisión de su caso no solo por los beneficios del programa de Movilidad Segura sino, advierte, “para limpiar mi nombre”.


Edder Muñoz: “Dejarlo así sería como aceptar que soy un delincuente”

Su activismo contra la dictadura lo llevó a la cárcel en tres ocasiones y la CIDH le otorgó medidas cautelares porque fue condenado sin pruebas reales. Pero Estados Unidos le negó refugio, porque la dictadura le fabricó delitos de narcotráfico

Edder Muñoz
Edder Muñoz fue encarcelado en 2018, 2019 y 2021 por ser opositor a la dictadura en Nicaragua. // Foto: Cortesía

Edder Oniel Muñóz Centeno, de 34 años, es otro de los presos políticos desterrados a quienes el Gobierno de Estados Unidos no admitió en el programa de Movilidad Segura para refugiados. Ese rechazo ha sido para él como “el golpe de gracia” después de estar tres veces encerrado en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La razón principal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para considerarlo inadmisible en el programa, es que sobre él pesan acusaciones de tráfico de estupefacientes, para lo cual “no hay una exención disponible” en la legislación estadounidense.

Uscis también señaló problemas de “credibilidad” en el testimonio presentado por Muñoz. Agregan que “Después de una cuidadosa consideración de la totalidad de las circunstancias y todos los factores relevantes (incluida la evidencia y testimonio presentado en su entrevista de estatus de refugiado), no encontramos creíble su testimonio”.

Para Muñoz es “indignante” que las autoridades migratorias de EE. UU. le den tanto valor a las “acusaciones falsas” hechas por el régimen, a pesar que su caso es político y que fue condenado en un juicio sin ningún tipo de garantías, tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de septiembre de 2022, al otorgarle medidas cautelares.

“No sé por qué avalan todo lo que la dictadura nos está imputando”, reclama Muñoz. 

Asegura que someterá su caso a revisión porque siente que “si lo dejo así, con lo que dice esa resolución, sería como confirmar que soy un delincuente y que cometí esos delitos”, y enfatiza “yo no he cometido ningún delito. La dictadura me los imputó para mantenerme en la cárcel y que no me organizara políticamente”.

Muñoz es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en el departamento de Masaya. Fue detenido por primera vez en noviembre de 2018, acusado por el delito de terrorismo y excarcelado bajo el régimen de convivencia familiar el 20 de mayo de 2019.

Fue recapturado el 22 septiembre de 2019 y liberado horas después. En esa ocasión denunció que, durante esa detención, fue agredido físicamente por oficiales de la Policía.

El 23 de noviembre de 2021, la Policía lo detuvo por tercera ocasión. Fue acusado por tráfico interno de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y portación ilegal de armas de fuego o municiones. Luego, fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión y el 5 de septiembre de 2024, fue excarcelado y desterrado hacia Guatemala. Cinco días después, el 10 de septiembre de 2024, fue despojado de la nacionalidad nicaragüense.


Gabriela Morales: “Hubiese preferido que pusieran en la carta que no nos querían en Estados Unidos”

Recién excarcelada y desterrada, fue una de las primeras entrevistadas para reasentarse en Estados Unidos, y fue rechazada por los delitos fabricados en su contra. Considera que su estado emocional afectó su entrevista, pero está determinada a limpiar su nombre

Gabriela Morales
Trabajadora Social egresada de la confiscada Universidad Juan Pablo II. Participó activamente en las protestas desde 2018 hasta que fue detenida el 19 de agosto de 2023. // Foto: Cortesía

Gabriela Ivonne Morales López, de 27 años de edad, es otra de 39 presos políticos desterrados a Guatemala que no fueron admitidos para el programa de Movilidad Segura de Estados Unidos. Fue rechazada porque las autoridades migratorias de ese país consideran que su testimonio “no es creíble”, argumento que pone en entredicho su historial como víctima de la represión en Nicaragua. 

Morales asegura que no le afecta tanto que le negaran el reasentamiento, sino que en la carta, que le entregó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unido diga que después de una exhaustiva revisión no encontraron creíble su testimonio. 

“Nosotros respetamos la negación de Estados Unidos, pero hubiésemos preferido que nos pusieran en la carta que no nos querían en Estados Unidos y no que el testimonio no es creíble”, comenta la joven activista política. 

Señala que, recién llegada a Guatemala, fue de las primeras personas entrevistadas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), situación que pudo haber influido negativamente en su entrevista.

“Emocionalmente no estábamos bien, físicamente no estábamos bien, no teníamos noción del tiempo. Dimos fechas que ni por cerca, y no lo hicimos porque queríamos, sino porque venimos de una situación súper difícil y entrar a una entrevista súper dura, fue tal vez como un error”, reflexiona.

Agrega que en otra entrevista con un funcionario de migración estadounidense se sintió como en un interrogatorio policial. “Esa entrevista no fue tan larga, pero sí fue muy pesada. Fue un interrogatorio, pero creo que era necesario”, comenta.

Morales es Trabajadora Social egresada de la confiscada Universidad Juan Pablo II. Participó activamente en las protestas desde 2018 hasta que fue detenida el 19 de agosto de 2023, por quemar una bandera del Frente Sandinista. Fue condenada a ocho años de cárcel por delitos de terrorismos, menoscabo a la integridad nacional, ciberdelitos, alteración al orden público y daños al patrimonio nacional.

Después de haber sido rechazada del programa de Movilidad Segura, Morales está decidida a someter su caso a revisión. “No sé sí para irme a Estados Unidos, pero sí para que se limpie mi nombre”, subraya.


Mayela Campos: “Los cargos inventados nos siguen afectando”

Estados Unidos tomó en cuenta las acusaciones falsas en su contra para negarle el asilo. Campos considera la decisión como una injusticia y un ataque a su dignidad, y apelará la decisión para limpiar su nombre

Mayela Campos
Mayela Campos fue detenida el 19 de agosto de 2023 por quemar una bandera del Frente Sandinista. // Foto: Cortesía

Mayela Campos, presa política desterrada a Guatemala, fue rechazada del programa de Movilidad Segura de Estados Unidos por “depravación moral, terrorismo y tráfico de sustancias controladas”, señalamientos hechos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que siguen teniendo peso en su expediente judicial.

Campos estudiaba el tercer año de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), cuando fue detenida el 19 de agosto de 2023 por quemar una bandera del Frente Sandinista. Sin embargo, fue procesada y condenada por  terrorismo, ciberdelito, conspiración, menoscabo al integridad nacional y supuesto tráfico de drogas.

Estos cargos “inventados” por el régimen “nos siguen afectando”, valora Campos. “La injusticia sigue persiguiéndonos”, continúa.

Campos es parte de los 135 presos políticos excarcelados y desterrados a Guatemala como resultado de una serie de negociaciones entre el régimen orteguista y el Gobierno de EE. UU, por lo que le cuesta entender que el el Uscis asuma como ciertas las acusaciones en su contra.

“Ellos mismos (el Gobierno de EE. UU.) participaron en las negociaciones para recibirnos acá en Guatemala cuando fuimos expulsadas de Nicaragua. Ellos mismos tenían todas las pruebas de que somos presos políticos”, cuestionó la joven activista nicaragüense.

Para Campos, la forma en que —ella y otros 38 presos políticos desterrados— fueron rechazados del programa de Movilidad Segura se sintió como un “pisotón a su dignidad”.

“Nosotros respetamos mucho la decisión de Estados Unidos. También estamos muy agradecidos por todo el trabajo que hicieron para sacarnos de las cárceles de Nicaragua. Sin embargo, sí tenemos este descontento”, agrega la joven. 

Campos ha decidido someter su caso a revisión por dos razones de peso:  limpiar su nombre y evitar que esas acusaciones le afecten más en el futuro.

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Redacción Confidencial

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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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