31 de octubre 2023
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La justicia orteguista fabricó un tercer delito en contra de las tres líderes universitarias detenidas en agosto, tras el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA). Ahora también las señala de "posesión de marihuana", además de los delitos de “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional”, confirmó una fuente que tuvo acceso a la ampliación de la acusación. El tercer delito fue notificado el viernes 27 de octubre y el juicio está programado para el martes 7 de noviembre.
“Ahora dice -la Fiscalía- que les encontraron bultos de marihuana”, señala la fuente, que asegura se desconocen las supuestas pruebas que tiene el Ministerio Público en contra de las jóvenes.
Las dirigentes estudiantiles Adela Espinoza Tercero, graduada de la carrera de Comunicación Social en UCA; Gabriela Morales, de la cancelada Universidad Juan Pablo II y Mayela Campos Silva, estudiante de tercer año de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), fueron arrestadas por separado, sin que la Policía justificara su detención. Las llevaron al Distrito III de Policía, en Managua, y en menos de una semana, fueron trasladadas a la cárcel de mujeres, La Esperanza, donde permanecen aisladas.
Fiscalía inventa que fueron detenidas juntas
Las tres jóvenes fueron incluidas en una sola causa judicial, en la que la Fiscalía, argumenta que las detuvieron juntas, cuando no sucedió así, refutó la fuente. Espinoza y Morales fueron secuestradas el sábado 19 de agosto en sus respectivas viviendas y a Campos la detuvieron el lunes 21 de agosto.
Un abogado penalista que accedió hablar con CONFIDENCIAL bajo anonimato, explicó que la Fiscalía puede ampliar la acusación contra las presas políticas amparándose en el artículo 259 del Código Procesal Penal (CPP), que indica la posibilidad de modificar la acusación antes que inicie el juicio.
“El fiscal podrá ampliar la acusación, mediante la inclusión de un nuevo hecho que modifique la calificación jurídica o la pena o resulte conexo”, detalla el artículo. Sin embargo, también establece que “se brindará al acusado un plazo razonable, en criterio del juez, para preparar su defensa”.
El problema, señala el penalista, es que la justicia orteguista violenta el derecho a la defensa de los presos políticos. La situación ha empeorado después del destierro de 222 presos políticos en febrero de 2023, ya que a los detenidos, después de esa fecha, les imponen defensores públicos y restringen por completo los expedientes judiciales.
Acusar por droga, viejo patrón de la dictadura
No es la primera vez que el régimen orteguista acusa a un preso político de posesión o tráfico de drogas, señala el penalista. Desde el estallido de la Rebelión de Abril en 2018, la justicia orteguista echó mano de diferentes delitos para encarcelar y procesar judicialmente a centenares de reos de conciencia.
Las principales acusaciones en 2018 contra los presos políticos eran por terrorismo y en 2019 fueron por delitos comunes, como robo, asesinatos, tenencia ilegal de armas y, sobre todo, tráfico y posesión de estupefacientes. La mayoría de los 35 presos políticos que el régimen no excarceló, tras el destierro de los 222 en febrero pasado, están cumpliendo sentencias por delitos comunes, entre ellos, posesión de drogas.
Es el caso de Kevin Emilio Castillo Prado, capturado en dos ocasiones. En 2019 lo procesaron por el supuesto robo de una bicicleta y lo condenaron a un año de prisión. Salió de la cárcel en 2020, pero el 3 de septiembre de 2021 fue apresado y acusado por supuesta tenencia de drogas.
El preso político Misael de Jesús Escorcia Rugama, originario de Sébaco, Matagalpa, recapturado el 8 de mayo de 2021, fue acusado por el supuesto delito de tráfico de drogas, tras encontrarle cuatro libras de marihuana, según una nota de la Policía.
Igual al opositor Edder Muñoz Centeno, originario de Masaya y detenido por tercera vez el 23 de noviembre de 2021, lo condenaron a nueve años por supuesto tráfico de drogas y portación ilegal de armas, cargos rechazados por sus familiares que aducen se debe a un motivo político por su activismo.
La dictadura orteguista mantiene más de 130 presos políticos en Nicaragua, entre los que están en penales y los que permanecen "casa por cárcel" o "ciudad por cárcel".
¿Quiénes son las líderes estudiantiles?
Adela Espinoza, de 26 años, es graduada de Comunicación Social de la UCA, activista feminista y madre de dos menores de edad. En una entrevista que su madre, Flor Tercero, brindó a 100% Noticias, contó que ella participó activamente en las protestas de 2018 y que posteriormente se integró a las organizaciones de mujeres. “Ella es una feminista”, enfatizó.
Gabriela Morales es Trabajadora Social egresada de la Universidad Juan Pablo II, también confiscada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ella participó activamente en las protestas de 2018 y se presume que habría sido detenida por algunas publicaciones en las redes sociales.
Mayela Campos también se involucró en la lucha cívica y se cree que la detuvieron por un video que compartió en redes sociales.
