10 de noviembre 2023
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La justicia orteguista declaró culpables de tráfico de estupefacientes —marihuana— a las tres líderes universitarias detenidas en agosto, y no culpables por los delitos de “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional”. La Fiscalía pidió ocho años de cárcel y 800 días multa para las jóvenes, cuya lectura de sentencia será el próximo 14 de noviembre, confirmó una fuente conocedora del caso.
Desde su detención, las jóvenes fueron acusadas de “menoscabo” y “propagación”. Sin embargo, el pasado 27 de octubre el Ministerio Público amplió la acusación, con el delito de tráfico de drogas. Y precisamente, ese fue el único delito que la Fiscalía se dedicó supuestamente a probar. No presentaron informes de redes sociales ni de videos, que son dos pruebas recurrentes en los casos de presos políticos, señaló la fuente.
“El Ministerio Público solo se dedicó a supuestamente probar lo de la droga, y no probó las otras dos acusaciones” agregó. Sobre el tráfico de droga, la Fiscalía indicó que a las tres jóvenes les encontraron supuestamente marihuana -aproximadamente un kilo-. Un abogado penalista explicó bajo anonimato a CONFIDENCIAL que no descarta que el régimen orteguista regrese al viejo patrón de instrumentalizar delitos comunes contra reos políticos.
En 2018, cuando iniciaron las protestas cívicas, el régimen orteguista acusó a los presos políticos de terrorismo y en 2019 de delitos como robo, asesinatos, tenencia ilegal de armas y, sobre todo, tráfico y posesión de estupefacientes. La mayoría de los 35 presos políticos que el régimen no excarceló, tras el destierro de los 222 en febrero pasado, están cumpliendo sentencias por delitos comunes, entre ellos, posesión de drogas.
El juicio de las líderes estudiantiles fue realizado el pasado martes 7 de noviembre, a cargo de la judicial Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito de Juicio de Managua, quien es parte de la maquinaria de jueces y fiscales que han condenado a decenas de reos de conciencia.
Fiscalía inventa que fueron detenidas juntas
Las tres jóvenes fueron incluidas en una sola causa judicial, en la que la Fiscalía, argumenta que las detuvieron juntas, cuando no sucedió así, refutó la fuente. Espinoza y Morales fueron secuestradas el sábado 19 de agosto en sus respectivas viviendas y a Campos la detuvieron el lunes 21 de agosto.
Adela Espinoza, de 26 años, es graduada de Comunicación Social de la UCA, activista feminista y madre de dos menores de edad. En una entrevista que su madre, Flor Tercero, brindó a 100% Noticias, contó que ella participó activamente en las protestas de 2018 y que posteriormente se integró a las organizaciones de mujeres. “Ella es una feminista”, enfatizó.
Gabriela Morales es Trabajadora Social egresada de la Universidad Juan Pablo II, también confiscada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ella participó activamente en las protestas de 2018 y se presume que habría sido detenida por algunas publicaciones en las redes sociales.
Mayela Campos, estudiante de tercer año de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), también se involucró en la lucha cívica y se creía que la detuvieron por un video que compartió en redes sociales. Las tres permanecen en la cárcel de mujeres, La Esperanza.
