31 de octubre 2023
AA
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE) que mandata que todos los registros públicos pasen a la administración de la Procuraduría General de la República (PGR), institución encargada de ejecutar las confiscaciones ilegales contra cientos de oenegés canceladas por la dictadura.
En sesión del 31 de octubre, los diputados primero aprobaron, en primera legislatura, una reforma al artículo 165 de la Constitución Política, que deroga el numeral 4 del artículo 165. Este daba al Consejo Nacional de Carrera Judicial la atribución de “supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
La reforma también incluyó cambios en los numerales 5 y 6 "para desvincular a los Registros Públicos de la administración de justicia, función propia del Poder Judicial".
Ambas legislaciones fueron aprobadas con 81 votos a favor y la abstención de los diez diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Esta nueva ley y la reforma constitucional ocurren menos de una semana después de que el FSLN ordenó el desalojo abrupto de la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, y de la magistrada Yadira Centeno, mientras continúa la barrida de cargos en el Poder Judicial.
Más inseguridad jurídica en Nicaragua
De acuerdo con los legisladores oficialistas, estos cambios tienen el fin de "agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles", porque dicen que es "prioridad" del Estado "garantizar la seguridad jurídica de las familias nicaragüenses".
Sin embargo, el abogado constitucionalista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, argumenta que estas nuevas legislaciones tienen un "trasfondo político", en medio del desalojo de la presidenta de la CSJ, quien a la vez preside el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
Barberena apunta que, derogando la supervisión de los registradores en todo el país, pasándolos a depender de un órgano más centralizado, en este caso la PGR, "garantizan mayor control del régimen en el tema de propiedades y sociedades mercantiles".
"Es clara la proscripción de la seguridad jurídica y de la propiedad", sostuvo el abogado.
La nueva decisión del régimen crea mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas "en un país que arrastra al menos 40 años de inseguridad en el tema de las propiedades, con confiscaciones y piñatas", asegura el abogado Juan Diego Barberena.
Para el jurista la entrega de atribuciones a la PGR es una "absoluta violación de principio de independencia de poderes del Estado" porque está subordinando los registros a una institución que depende directamente del Poder Ejecutivo".
"La Procuraduría es la institución que ejerce como abogada del Estado y al darle control total de los registros públicos, va en detrimento de las personas particulares y socios de empresas mercantiles, lo que vulnera la seguridad jurídica", indicó.
Barberena dijo a CONFIDENCIAL que "otro elemento importante a resaltar es que la reforma constitucional ha adolecido vicios de procedimiento", porque --argumentó-- "la reforma ha sido exprés sin cumplir los requisitos de conformar una comisión especial y abrir la iniciativa a consulta y dictamen".
Además, aseguró que la ley que entrega los Registros a la PGR "es inconstitucional" porque aún la reforma constitucional que le resta atribuciones a la CSJ solo fue aprobada en primera legislatura.
Más poder a la Procuraduría
La recién aprobada ley establece que la PGR ejercerá "la Dirección, Control y Supervisión del Sistema Nacional de Registros (Sinare) y de su patrimonio y asignaciones presupuestarias que le corresponden".
Asimismo, establece que el director nacional de Registros y su adjunto, los registradores públicos titulares y auxiliares a nivel nacional deberán tomar promesa de ley ante el procurador general de la república. La PGR actualmente está a cargo de la orteguista Wendy Morales Urbina, sancionada por el Gobierno de Estados Unidos el 19 de julio de 2023 con la Lista Engel.
Esa ley también faculta a la PGR a "nombrar, remover o destituir al director o directora nacional de los Registros, al director o directora nacional de Registros adjunto, así como a los registradores públicos, a propuesta de la Dirección Nacional de Registros". También, faculta a la Procuraduría para la creación de los registros públicos según el ámbito territorial.
Además, indica que se "transfiere a favor del Estado de la República de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República, los recursos financieros, patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos, y sistemas informáticos y de oficina, mobiliarios, y cualquier otro bien que estén inscritos a nombre del Sinare, Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, o cualquiera otra de sus dependencias, en los que actualmente operan los Registros Públicos y sus dependencias a nivel nacional, o sea intrínseco a las funciones registrales que realizan.
El control de Murillo en la CSJ
El pasado 26 de octubre, la vicepresidenta Rosario Murillo se hizo con el poder total de la Corte Suprema de Justicia, al sacar —en la última semana— a su presidenta Alba Luz Ramos, y destituir a los directores de áreas claves del Poder Judicial.
Bajo órdenes de la Presidencia y la Secretaría del FSLN en el despacho y residencial presidencial en El Carmen, un grupo de policías —encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha— desalojaron de su oficina y enviaron a su vivienda a la magistrada Ramos, el martes 24 de octubre. Dos días después, hicieron lo mismo con la magistrada Yadira Centeno González, presidenta de la Sala Civil y de Familia, aunque Centeno regresó a trabajar a la Corte Suprema de Justicia.
El retiro abrupto de Ramos fue precedido por la destitución de Berman Martínez, secretario de organización del FSLN y secretario general administrativo de la CSJ, y del director de Informática Martín García. Ambos exfuncionarios fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. Son investigados por supuestos actos de corrupción en las licitaciones para la construcción de nuevos edificios y la compra de equipos informáticos, según fuentes del Poder Judicial.
